Actualidad Política

2 de agosto de 2026

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La portavoz de Derechos Humanos del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Marisa Gayo, ha defendido la respuesta humanitaria de la Generalitat ante la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela y ha recordado que el Consell ha movilizado cerca de 900.000 euros para atender las necesidades de la población afectada.

“Que no nos den lecciones de solidaridad con Venezuela quienes la borraron de la cooperación valenciana durante ocho años”, ha afirmado Gayo en relación con la enmienda presentada por el PSPV sobre la emergencia humanitaria en el país latinoamericano.

Gayo recuerda la exclusión de Venezuela del Plan Director

La portavoz popular ha señalado que el anterior Gobierno del Botànic excluyó a Venezuela de la lista de países prioritarios del Plan Director de la Cooperación Valenciana y no destinó ayudas al país en materia de cooperación al desarrollo.

“Fue precisamente el Botànic quien expulsó a Venezuela de la lista de países prioritarios de la Cooperación Valenciana. El PSPV y Compromís ignoraron al pueblo venezolano durante ocho años y ahora se acuerdan de él”, ha manifestado.

Gayo ha calificado la enmienda socialista como “un ejercicio de propaganda” y ha explicado que no plantea crear una nueva línea de ayuda, sino reducir en cinco millones de euros una partida de 8,7 millones destinada a cooperación internacional para sustituirla por otra.

Cerca de 900.000 euros para actuaciones humanitarias

Frente a esta propuesta, la diputada popular ha puesto en valor la rapidez con la que actuó el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca tras los terremotos registrados el 24 de junio.

Según ha explicado, la Generalitat movilizó equipos de rescate en apenas 48 horas y activó ayudas cercanas a los 900.000 euros para desarrollar actuaciones humanitarias inmediatas.

A través de los convenios de cooperación con Farmamundi y Cruz Roja, se desplegaron tres centros ambulatorios de atención sanitaria y se distribuyeron suministros de primera necesidad y equipos de cocina para situaciones de emergencia.

El Ejecutivo valenciano también ha previsto una línea específica dirigida a la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas, cuya publicación está prevista para septiembre.

“Este Gobierno actúa con rapidez, eficacia y responsabilidad”, ha subrayado Gayo, quien ha destacado que la respuesta de la Generalitat se puso en marcha desde los primeros momentos de la emergencia.

Respuesta activada en dos días

Gayo también ha comparado los tiempos de reacción de ambos gobiernos autonómicos ante distintas emergencias internacionales.

La portavoz popular ha recordado que, después del terremoto de Siria, el Ejecutivo del Botànic tardó cerca de dos meses en convocar el Comité de Acción Humanitaria y de Emergencia y tres meses en resolver las ayudas.

En el caso de Venezuela, ha señalado, el actual Consell activó el mecanismo de emergencia en dos días y resolvió la convocatoria en poco más de dos semanas.

“Esa es la diferencia entre utilizar las tragedias para hacer política y ponerse a trabajar desde el primer momento”, ha concluido.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana reafirma su compromiso con una cooperación internacional eficaz, responsable y capaz de ofrecer una respuesta inmediata ante las emergencias humanitarias.

La diputada del GPP, Marisa Gayo, ha pedido que Les Corts “condenen la persecución en Irán” y “muestren su apoyo a la Comunidad Bahaí que reside en la Comunitat Valenciana”.

El Grupo Popular ha presentado una Proposición no de Ley en Les Corts en la que solicita al Gobierno de España “clasificar y condenar las acciones del gobierno iraní como una violación sistemática de los derechos humanos, especialmente de los Bahaís”.

Marisa Gayo ha explicado que “los Bahaís en la República islámica de Irán siguen enfrentándose a arrestos arbitrarios, encarcelamientos y restricciones en el acceso a la educación y a los medios de subsistencia, dirigidas únicamente contra ellos por sus creencias religiosas”.

La diputada popular ha mantenido una reunión con ciudadanos iranís exiliados en Valencia quienes le han transmitido la actual situación crítica y de persecución que padece esta comunidad agravada especialmente por la guerra.

“Pedimos que se condenen los arrestos, las torturas y las ejecuciones con intención genocida hacia la Comunidad Bahaí en Irán por parte del Régimen islámico. Es una violación sistemática de los derechos humanos, especialmente de los Bahaís”.

En la propuesta también se solicita al Gobierno de España “apoyar las declaraciones institucionales del Parlamento Europeo, que denuncian la represión y exigir la libertad religiosa en Irán; liderar la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el régimen europeo de sanciones por terrorismo; instar a las Naciones Unidas a la creación de una Misión independiente para la protección y ayuda a los Bahaís; e instar a la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos Humanos a seguir adoptando resoluciones que condenen específicamente la persecución de los Bahaís en Irán”.

El Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes (PPCV) ha registrado una proposición no de ley para instar al reconocimiento de la persecución de cristianos en el mundo como crimen de lesa humanidad.

La portavoz de Derechos Humanos del GPP en Les Corts, Marisa Gayo, ha alertado de la gravedad de la situación, señalando que “existen territorios donde los cristianos son fuertemente perseguidos, provocando la muerte de miles de personas y el desplazamiento forzoso de millones”.

Según ha explicado, más de 315 millones de cristianos sufren persecución por motivos religiosos en países como Corea del Norte, Somalia, Yemen, Sudán, Eritrea, Siria, Nigeria, Pakistán, Libia, Irán, Afganistán, India, Arabia Saudí, Nicaragua, Myanmar o Malí. Solo en 2025, ha destacado, fueron asesinados 3.490 cristianos en Nigeria.

Ante esta situación, la iniciativa reclama al Gobierno de España que priorice en su política exterior la defensa de la libertad religiosa, así como la protección de las comunidades cristianas perseguidas. Asimismo, solicita impulsar en organismos internacionales resoluciones firmes de condena y promover el reconocimiento de estas persecuciones como graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

El texto también propone la creación de mecanismos internacionales de investigación y justicia que permitan documentar, juzgar y sancionar a los responsables de ataques, masacres y crímenes contra comunidades cristianas.

Además, se plantea impulsar campañas de sensibilización y educación tanto en España como en el ámbito europeo para concienciar sobre esta realidad y promover valores de libertad, respeto y tolerancia religiosa.

La iniciativa incluye igualmente la defensa de la libertad religiosa como condición en los acuerdos internacionales de la Unión Europea y de España con terceros países, vinculando la cooperación al respeto efectivo de los derechos humanos, así como el impulso de medidas de protección a través del Consejo de Europa y la ONU.

Marisa Gayo ha lamentado que el Gobierno de España “permanezca de brazos cruzados ante una realidad dramática”, recordando que más de 388 millones de cristianos sufren distintos niveles de persecución en más de 50 países, enfrentándose a ataques, secuestros, ejecuciones, desplazamientos forzosos y destrucción de lugares de culto.

El Partido Popular defiende la protección de la libertad religiosa como un derecho fundamental y un pilar esencial de las sociedades democráticas, promoviendo acciones firmes frente a cualquier forma de persecución o intolerancia.

Las diputadas del GPP en la comisión de política social de Les Corts, Marisa Gayo y Lucia Peral, han señalado que las instalaciones del CAMP Santa Faz de Alicante “no registran ningún problema de salubridad”.

Marisa Gayo ha señalado que “las imágenes difundidas por Compromís son antiguas y no se corresponden con la situación actual del centro ni reflejan la realidad de las instalaciones. No hay ningún problema de salubridad en el centro, solo situaciones puntuales por la zona agreste donde está ubicado, una circunstancia habitual en este tipo de entornos. No obstante, el centro cuenta con controles de plagas periódicos y desde Conselleria ya han anunciado que se va a realizar una fumigación especial”.

La diputada alicantina ha recordado que “la Generalitat ha invertido un total más de 1.4 millones de euros en las obras de reparación del edificio que presentaba patologías graves en el inmueble. Desde la Generalitat se actúa y se toman medidas para que todas las instalaciones estén en condiciones de uso y seguridad adecuados. Mientras la Generalitat trabaja en mejorar los servicios sociales, otros solo critican, manipulan y mienten con fines partidistas. Quienes ahora salen poniendo el grito en el cielo son los mismos que estuvieron callados durante los ocho años de Gobierno del Botànic pese al paulatino deterioro de los servicios sociales en el que no hicieron nada”.

Respecto a la situación de los trabajadores, Gayo ha afirmado que “las incidencias puntuales que han ocasionado retrasos en el abono de determinadas nóminas y complementos retributivos ya han sido resueltos. Estas demoras responden a cuestiones de carácter administrativo. La práctica totalidad de las incidencias detectadas ya han sido resueltas y todos los importes pendientes están debidamente reconocidos y serán abonados”.

Por último, la diputada popular ha recordado que “el problema real se deriva de la infrafinanciación que padece la Comunitat, que afecta especialmente a servicios sociales donde el Gobierno de España debe a la Comunidad Valenciana 4.000 millones de euros en materia de dependencia. El peso del pago de este servicio recae sobre las infrafinanciadas arcas autonómicas que cubren el 80% del coste, cuando la ley establece que debería ser 50/50 con el Gobierno de España”.

La portavoz de Derechos Humanos del GPP, Marisa Gayo, ha mostrado su “apoyo, reconocimiento y respaldo a la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, por su lucha por una transición pacífica en Venezuela frente a la actual dictadura” y ha emplazado a PSPV y Compromís “a seguir este camino y sumarse a una felicitación pública”.

La diputada popular ha avanzado que el PPCV llevará una moción a Les Corts Valencianes para reconocer “el valor de la larga lucha de Machado y la de su partido contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, en un intento por recuperar la libertad venezolana”. Ella, ha indicado Gayo, “es la inspiración de todos los demócratas, es la dignidad de un pueblo y es el alma de las ansias de libertad de los venezolanos”.

“Desde el PPCV exigimos al Gobierno que cumpla de una vez el mandato del Congreso de los Diputados de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela” y además, “pedimos la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela, y en particular de todos los ciudadanos españoles encarcelados de manera arbitraria”.

La portavoz de Derechos Humanos ha advertido que “debemos impedir que España se convierta en un refugio de impunidad y plataforma de blanqueo para los jerarcas, testaferros y colaboradores del régimen de Nicolás Maduro, mediante la identificación y bloqueo de sus bienes y redes financieras en nuestro país”.

En esa línea, Marisa Gayo ha denunciado la situación que atraviesa Venezuela “desde hace más de un cuarto de siglo, con una grave crisis política, institucional, económica y humanitaria sin precedentes en América Latina”. “El régimen instaurado por Hugo Chávez y perpetuado por Nicolás Maduro ha desmantelado el Estado de Derecho, colapsado la economía y convertido el terrorismo de Estado en forma habitual de gobierno” ha lamentado la portavoz del GPP.

En ese sentido, Gayo ha subrayado que “el resultado de esta deriva es devastador: casi ocho millones de venezolanos han huido del país; la pobreza afecta a tres de cada cuatro ciudadanos; y el encarcelamiento de opositores, activistas y simples críticos se ha institucionalizado como instrumento de control social y moneda de cambio en una deleznable estrategia de chantaje”.

La ponente del Grupo Parlamentario Popular para el Proyecto de Ley del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Marisa Gayo, ha defendido durante el debate del texto en Les Corts que “esta ley es una herramienta necesaria para convertir las buenas acciones de voluntad en un voluntariado que perdure en el tiempo”.

Gayo ha puesto en valor el trabajo de los más de 8.000 voluntarios que hay en la Comunitat con historias personales de valencianos y valencianas que dedican su tiempo y su dinero a los demás. “Centenares de voluntarios en nuestra tierra inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa y más justa”, ha afirmado.

La diputada popular ha recordado que “24 años después de la primera ley sobre voluntariado de la Comunitat”, esta norma garantiza el derecho de la ciudadanía a participar de forma consciente y activa en la construcción de una sociedad “más solidaria y justa”. En esta línea, el texto “establece un marco actualizado y flexible” para el desarrollo y promoción de la acción voluntaria.

Entre las principales novedades de la ley, Gayo ha destacado la creación del Registro de Entidades de Voluntariado y de la Tarjeta del Voluntario, que “servirá para acreditar competencias, dar seguridad jurídica y garantizar derechos”, así como el desarrollo de planes de voluntariado y la coordinación entre entidades públicas y privadas a través del Consejo Valenciano del Voluntariado. La parlamentaria ha explicado que esta tarjeta “ha sido una reivindicación de las organizaciones que han participado en el desarrollo de esta norma”.

“Somos una Comunitat comprometida, con una rica historia de solidaridad, con un compromiso arraigado que promociona los valores y principios de los castellonenses, alicantinos y valencianos. Somos un pueblo que sale el primero a la calle a ayudar, lo hemos hecho siempre. Somos un pueblo cuyo valiente corazón nos impulsa a realizar una acción de buena voluntad ante cualquier circunstancia”, ha concluido.

La portavoz de Derechos Humanos del GPP, Marisa Gayo, ha denunciado que el Ministerio del Interior está contratando traductores marroquíes para los saharauis que solicitan asilo en nuestro país y ha lamentado que “la contratación de estos intérpretes está provocando incomodidad entre los saharauis considerando el enfrentamiento en los respectivos países de origen”.

Gayo ha remarcado que se están imponiendo traductores de origen marroquí, pese a tratarse de diferentes dialectos, lo que dificulta la comunicación de los solicitantes de asilo. En algunos casos los afectados alegaron que se saltaron todos los procedimientos y el más absoluto derecho a la defensa al no recogerse de forma correcta sus declaraciones.

La diputada popular considera que desde que el actual Gobierno Central unilateralmente cambió la posición de España respecto al Sáhara Occidental los saharauis están siendo abandonados. “El Ministerio del Interior está llevando a una situación de desamparo y de denegaciones de protección internacional”, concluye la diputada del GPP.

Por ello, el PPCV va a solicitar, a través de una proposición no de ley en Les Corts, la contratación de traductores e intérpretes de la misma nacionalidad del solicitante de asilo. Asimismo, reclama al Ministerio del Interior que agilice los trámites de asilo o apátrida para los saharauis que lo soliciten.

La diputada del GPP, Marisa Gayo, ha pedido al Gobierno de España fortalecer el trabajo de Cooperación con las comunidades autónomas.

En este sentido, el GPP ha presentado una propuesta en Les Corts en la que pide al Gobierno de España “trabajar con las comunidades autónomas para actuar de manera unificada” e insta al Consell a “continuar el compromiso con la Cooperación valenciana al desarrollo”.

Gayo ha explicado que “la Cooperación al desarrollo es vital para frenar los flujos migratorios masivos y, con ello, la perdida de tantas vidas humanas. Resulta vital que desde el Gobierno de España se impulse una Cooperación Internacional suficiente y necesaria para atajar los graves problemas estructurales que sufrimos actualmente, y trasladar a la Unión Europea la necesidad de una Cooperación unitaria de los veintisiete miembros”. 

“El Gobierno de España tiene que tomarse en serio la Cooperación y contar con las Comunidades autónomas para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos reconocidos. La inmigración es una cuestión de fondo que requiere medidas profundas a medio y largo plazo, y no actuar a golpe de titular como viene haciendo. Para esto es necesario una política exterior en condiciones”, ha señalado. 

La propuesta presentada en les Corts recoge una serie de peticiones concretas, entre las que destacan reforzar los equipos de la Secretaría de Estado de Cooperación internacional y a su Dirección general de políticas al desarrollo sostenible para aumentar su capacidad de gestión, con medios adecuados presupuestarios y personal suficiente y formado; que se cubran los puestos vacantes de las oficinas técnicas y acabar con el déficit de personal; que se aplique el VI Plan Director de la política de cooperación para el desarrollo sostenible, tras el retraso prolongado en el desarrollo del mismo; que se apruebe la reforma de la AECID, la Ley de subvenciones para el Desarrollo o que el Gobierno lidere ante la Unión Europea el impulso y compromiso de los estados miembros con la Cooperación al desarrollo”.

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