García Martín detalla una reforma que transformará la forma de legislar en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid va a revolucionar el actual sistema normativo con cambios pioneros que permitirán actualizar las leyes autonómicas de manera periódica, introduciendo fecha de caducidad en algunas y revisándolas cada cuatro años. Se trata de un compromiso de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en su programa electoral con el fin de avanzar siempre hacia una Administración eficaz, segura y orientada al ciudadano.
El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de hoy el proyecto de decreto que regulará esta iniciativa, cuya aprobación está prevista para el primer semestre del año, y que establece la obligatoriedad de llevar a cabo, al menos, una evaluación ex post de la normativa antes de que transcurran cuatro años desde la entrada en vigor de cada disposición, salvo en aquellos casos con rango de ley que establezcan otro plazo.
También se establecerá fecha de caducidad en las leyes autonómicas de carácter organizativo, es decir, las que se encargan de regular la Administración o entidad pública de manera interna -estructura, funciones, competencias, órganos o procedimientos, entre otros-. No desarrollan sustantivamente materias jurídicas generales, sino que se limitan a explicar la manera de actuar y cómo se distribuyen los servicios.
Por ejemplo, son las leyes que hacen referencia al funcionamiento de un órgano colegiado, o los decretos que establecen los principios y actuaciones de la Mesa de Diálogo Social o el Consejo para la Promoción del Comercio de la Comunidad de Madrid.
Además, la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y Simplificación Normativa deberá formular en el periodo de un año, desde la puesta en marcha del decreto, una propuesta de revisión de los procedimientos administrativos, con el objetivo de priorizar, en beneficio de los ciudadanos, el silencio positivo en defecto de resolución expresa en plazo.
El procedimiento de evaluación de la normativa incluye una fase de consulta pública para fomentar la participación de los ciudadanos y las empresas, y concluirá con un informe elaborado por la consejería competente. Asimismo, establece la pérdida de vigencia de las disposiciones reglamentarias de carácter organizativo (con excepción de los decretos de estructura orgánica), así como de aquellas que regulen la organización y el funcionamiento de los órganos colegiados, transcurrido los cinco años desde su entrada en vigor, salvo que como resultado de la evaluación ex post, se estime necesario mantenerlas.
Con este tipo de cambios, el Gobierno podrá verificar si las medidas adoptadas han alcanzado los objetivos previstos o si resulta necesario ajustarlas al contexto actual.
Menos plazos de tramitación y mayor seguridad jurídica
La medida incorpora, además, un procedimiento abreviado para determinadas leyes que, por su simplicidad, así lo permitan, siempre que hayan superado todos los controles y consultas pertinentes. Este mecanismo será equivalente, en el ámbito de la Administración, a la tramitación en la Asamblea de los proyectos y proposiciones de ley en lectura única, y permitirá una reducción sustancial en los plazos de gestión.
La Comunidad de Madrid continuará avanzando en la reducción del exceso de regulación con el fin de impulsar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y facilitar la vida a los ciudadanos. El principal objetivo de esta iniciativa es simplificar y modernizar el marco normativo existente, eliminar cargas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica tanto para los madrileños como para empresas y e inversores.
La Comunidad de Madrid consolida las bonificaciones al transporte público un año más.
La Comunidad de Madrid prorrogará a partir del 1 de enero de 2026 las bonificaciones extraordinarias al transporte público que se aplican desde el 1 de julio de 2025, manteniendo idénticos precios, gratuidades y descuentos en todos los títulos del sistema tarifario del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).
La medida beneficiará a cerca de seis millones de usuarios, que podrán seguir desplazándose en Metro, autobuses urbanos e interurbanos y Metro Ligero en las mismas condiciones económicas vigentes durante el último semestre. El acuerdo ha sido aprobado en el Consejo de Administración del CRTM, presidido por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
De este modo, se mantienen las tres modalidades de abono gratuito: la tarjeta infantil hasta los 7 años, la de mayores de 65 años —financiadas íntegramente por el Ejecutivo autonómico— y la gratuidad para los menores hasta 14 años incorporada en julio de 2025.
Asimismo, se prorroga el descuento del 50% en el Abono Joven, destinado a jóvenes de entre 15 y 25 años, que podrán seguir viajando por toda la región por 10 euros al mes.
Los títulos mensuales para usuarios de entre 26 y 64 años conservarán una rebaja del 40%, manteniendo las siguientes tarifas: zona A (32,70 €), B1 (38,20 €), B2 (43,20 €) y B3, C1 y C2 (49,20 €). El bono de 10 viajes de Metro, EMT y ML1 seguirá costando 7,30 euros.
Estas bonificaciones están financiadas por la Comunidad de Madrid, junto al resto de administraciones adheridas al CRTM y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.
El Partido Popular defiende una política de movilidad basada en la accesibilidad, el apoyo a las familias y los jóvenes, y la contención de precios, garantizando un transporte público asequible y de calidad para todos los madrileños.
García Martín destaca la inversión en vehículos municipales para mejorar servicios locales.
La Comunidad de Madrid ha destinado 19,7 millones de euros a la renovación y ampliación de los vehículos municipales en 86 municipios de la región, con el objetivo de mejorar la prestación de los servicios públicos locales.
Esta actuación se financia a través del Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26 y contempla la adquisición de nuevos vehículos para servicios esenciales como la recogida de residuos, emergencias, limpieza viaria, Policía Local, así como maquinaria para obras municipales y barredoras.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado este viernes Braojos de la Sierra para conocer de primera mano la flota asignada a esta localidad.
Durante la visita, García Martín ha subrayado que “para el Gobierno autonómico es una prioridad que todos los madrileños, vivan donde vivan, cuenten con las mejores infraestructuras y dotaciones”. Asimismo, ha recordado que el Ejecutivo regional consignará una nueva partida de más de 11 millones de euros destinada a que las mancomunidades puedan adquirir barredoras, camiones de recogida de residuos y otros vehículos de mantenimiento, garantizando así “unos servicios públicos suficientes y de calidad también en los entornos con menor población”.
García Martín: «La L6 reabre antes de tiempo y entra en fase de automatización total».
La Comunidad de Madrid comenzará en enero del próximo año la instalación de las puertas de andén en las 28 estaciones de la Línea 6 de Metro. Se trata de la segunda fase del proyecto de automatización de la Circular, tras la finalización de las obras de remodelación integral del arco este, entre Legazpi y Moncloa por avenida de América. Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras avanzar la presidenta Díaz Ayuso, en la Asamblea regional, la reapertura completa de la línea el próximo sábado 20 de diciembre, 11 días antes de lo previsto.
García Martín: «La nueva autopista unirá nueve municipios y acabará con los cuellos de botella históricos del sur».
La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la construcción de la futura Autopista Madrileña del Suroeste, una infraestructura que mejorará la movilidad de más de 100.000 residentes de esta zona de la región. En concreto, la vía contará con una longitud de más de 41 kilómetros y conectará las carreteras M-503 y la M-407.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy los primeros contratos vinculados al proyecto, que suman una inversión de 4,2 millones de euros. Así, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras sacará a licitación la redacción del estudio de viabilidad técnica, el análisis de impacto ambiental, el estudio económico-financiero y el anteproyecto de construcción y explotación de esta infraestructura. Todos estos trabajos tendrán un plazo de ejecución de 15 meses.
De esta forma, el Ejecutivo autonómico avanzará a lo largo del próximo año en el refuerzo de los más de 2.500 kilómetros de vías regionales mediante esta nueva carretera, que tendrá un impacto directo en la movilidad y seguridad de hasta nueve municipios: Valdemorillo, Villanueva de la Cañada, Brunete, Sevilla La Nueva, Navalcarnero, El Álamo, Batres, Serranillos del Valle y Griñón. Se trata de un corredor que conectará estas localidades y mejorará su enlace con dos ejes importantes de la red, como la A-6 y la A-4, desde otras arterias de gran afluencia como la M-503, M-501, A-5 y M-407.
Esta actuación, incluida en la Ley de Presupuestos Generales de la región para 2026, permitirá optimizar los desplazamientos entre poblaciones, acortar los tiempos de viaje y aumentar la seguridad, favoreciendo al mismo tiempo la cohesión y el crecimiento económico de la zona. Se estima que la vía registrará una intensidad media diaria de entre 10.000 y 17.000 vehículos, según el tramo.
La futura Autopista Madrileña del Suroeste se enmarca en las actuaciones recogidas en el plan de la Comunidad de Madrid para modernizar y reforzar la red de carreteras, al que se destinan 234,5 millones de euros el próximo año. Precisamente a través de estos contratos se podrá definir la configuración de esta nueva infraestructura y determinar la inversión estimada para su desarrollo.