Gotxi carga contra Jauregi por dejar escapar la inversión de Hithium a Navarra.
El Partido Popular del País Vasco ha denunciado el “fiasco de la inversión de Hithium en Euskadi” después de que la empresa china Hithium Energy Storage Technology haya decidido finalmente instalar en Navarra su proyecto de sistemas de almacenamiento energético, una inversión estimada en 400 millones de euros que podría generar más de 1.000 empleos directos e indirectos.
El portavoz de Industria del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, Álvaro Gotxi, ha criticado duramente la gestión del Gobierno vasco y del consejero de Industria, Mikel Jauregi, recordando que el 9 de mayo de 2025 anunció en el pleno del Parlamento un acuerdo de colaboración con esta compañía para desarrollar el proyecto en Euskadi junto a centros tecnológicos y empresas industriales vascas.
Sin embargo, según ha señalado Gotxi, el anuncio realizado recientemente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirma que la inversión se realizará finalmente en Navarra, lo que supone la pérdida de una importante oportunidad industrial para Euskadi.
Críticas a la gestión del Gobierno vasco
Para el portavoz popular, la pérdida de esta inversión es “un auténtico fiasco” que evidencia la falta de una estrategia industrial sólida por parte del Ejecutivo vasco.
“Es una nueva tomadura de pelo de este consejero y de este Gobierno vasco que no apuestan seriamente por la industria en este país y que, si lo hacen, ni trabajan bien ni saben por dónde les está dando el aire en políticas industriales”, ha afirmado Gotxi.
El parlamentario popular ha criticado que el consejero “vendió humo en sede parlamentaria”, anunciando un proyecto que finalmente no se materializará en Euskadi.
Iniciativas del PP en el Parlamento Vasco
Ante esta situación, el Partido Popular ha registrado dos iniciativas parlamentarias.
Por un lado, ha solicitado la comparecencia del consejero de Industria para que explique la pérdida de esta inversión que había sido anunciada previamente en el Parlamento Vasco.
Por otro lado, ha registrado una solicitud de información sobre el Memorándum de Entendimiento (MoU) firmado con la empresa Hithium, un acuerdo que en su momento fue presentado como un paso clave para consolidar a Euskadi como referente europeo en la industria del almacenamiento energético.
Respuesta a las declaraciones del lehendakari
El portavoz popular también se ha referido a las declaraciones realizadas por el lehendakari Imanol Pradales, quien ha asegurado que el Gobierno vasco continúa trabajando en otros proyectos industriales y que existe interés de inversores extranjeros por instalarse en Euskadi.
Para Gotxi, el lehendakari debería haber realizado autocrítica por la pérdida de esta inversión estratégica.
“Los hechos desmienten sus palabras. No parece hoy el mejor día para hablar del interés extranjero por invertir en Euskadi”, ha concluido.
Samuel Vázquez: «El País Vasco vive una explosión de criminalidad desde 2017»
El portavoz nacional de VOX de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, ha intervenido desde Vitoria para denunciar lo que ha calificado como una “nueva realidad criminal” en el País Vasco desde el año 2017, fecha que ha situado como punto de inflexión en las políticas de seguridad.
Según ha señalado, desde entonces los homicidios se han duplicado, las agresiones sexuales se han cuadriplicado y otros delitos vinculados al establecimiento de bandas, como el tráfico de drogas o las riñas tumultuarias con lesiones graves, han aumentado de forma exponencial.
Vázquez ha puesto especial énfasis en la situación de la capital alavesa, donde, según sus datos, las agresiones sexuales habrían aumentado un 1.125% desde 2017. “Es un escenario que hasta hace poco solo veíamos en determinadas zonas conflictivas de Europa y ahora lo estamos viendo aquí”, ha advertido.
Críticas a la gestión del Gobierno autonómico
El dirigente de VOX ha cuestionado la gestión del Ejecutivo vasco en materia de seguridad y ha criticado el nombramiento del consejero de Interior, al considerar que no reúne la experiencia necesaria para afrontar la situación actual. A su juicio, “no se puede dirigir la seguridad desde el desconocimiento ni desde planteamientos ideológicos”.
Asimismo, ha asegurado que numerosos agentes de la Ertzaintza le trasladan su frustración ante lo que consideran una falta de respaldo político y medios adecuados para ejercer su labor con eficacia.
Reconstruir lo que se ha destruido
Vázquez ha vinculado el actual contexto con una transformación social y política que, según ha afirmado, ha afectado a la convivencia y a la percepción de seguridad en la comunidad autónoma.
En ese sentido, ha asegurado que VOX trabajará para “reconstruir todo lo que se ha destruido” y devolver la seguridad a los barrios, situando a los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad “en el centro de la estrategia, con criterios técnicos y no ideológicos”.
Llamamiento a priorizar la seguridad
El representante de VOX ha apelado directamente a los ciudadanos vascos para que sitúen la seguridad como prioridad política y social. “La ideología no protegerá a vuestros hijos. La seguridad, sí”, ha afirmado, insistiendo en la necesidad de “cambiar el paradigma” y adoptar políticas firmes frente a la criminalidad.
Finalmente, ha asegurado que el crecimiento electoral de VOX en el País Vasco responde al respaldo de jóvenes y ciudadanos que, según ha dicho, “no se resignan a la degradación ni a la violencia” y que buscan una alternativa política centrada en la seguridad y la defensa de la convivencia.
Cuca Gamarra: «Bildu cobra su apoyo con la libertad de Txeroki»
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha calificado como “la amnistía más inmoral que ha otorgado Pedro Sánchez por seguir siendo presidente del Gobierno” la salida de prisión del exdirigente etarra ‘Txeroki’, denunciando que forma parte del “pacto encapuchado” del PSOE con Bildu, a quienes ha definido como “los herederos de ETA”.
Gamarra ha señalado que, de todos los acuerdos que mantiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el de Bildu es “el más indigno”, ya que permite que los presos salgan de la cárcel sin colaborar con la Justicia ni mostrar arrepentimiento alguno. En este sentido, ha recordado las palabras de Arnaldo Otegi, en las que defendía cambiar apoyos presupuestarios por presos: “No hace falta colaborar con la Justicia si se colabora para que Sánchez siga en Moncloa”.
La dirigente popular ha advertido de que la excarcelación se ha producido tras la cesión de competencias penitenciarias al Gobierno vasco, lo que ha permitido que “los presos puedan estar en la calle en libertad”. Y ha alertado de que, del mismo modo que se ha denunciado públicamente que Sánchez se reunió con Otegi para fraguar su investidura, “no sería extraño que sean los propios terroristas quienes confirmen que obtuvieron la libertad a cambio de apoyo político”.
Gamarra ha señalado también al PNV como “el socio más dócil” del presidente del Gobierno y “colaborador necesario” de la política de aumento de la criminalidad del sanchismo, reprochándole que, pese a tener capacidad de influir, “nunca cambia nada”. En este contexto, ha recordado su respaldo a medidas como la protección del okupa o el bloqueo de la ley contra la multirreincidencia.
La vicesecretaria del PP ha augurado que este domingo el sanchismo será “vapuleado” en las urnas de Aragón, como respuesta de los ciudadanos ante un Gobierno que permite que los delincuentes campen a sus anchas y que, para mantenerse en el poder, libera a un exjefe de ETA.
Asimismo, ha vinculado el incremento de la criminalidad que sufre España con la forma de gobernar de Sánchez, basada —ha dicho— en “ocupar sillones y sobrevivir políticamente, no en garantizar la seguridad”. “El sanchismo se ha convertido en un paraíso para delincuentes y okupas”, ha advertido.
Frente a ello, Gamarra ha reivindicado la respuesta del PP con políticas, acciones y leyes, como la ley antiokupación y la ley contra la multirreincidencia, bloqueadas por el PSOE durante más de año y medio. Además, ha anunciado que el PP presentará una iniciativa en el Congreso para endurecer el uso de armas blancas, con el objetivo de frenar el aumento de la delincuencia.
Por último, ha subrayado que a las personas vulnerables deben protegerlas los poderes públicos y no los propietarios, exigiendo el desalojo de okupas en 24 horas. “El verdadero escudo social de los españoles es una ley contra los okupas”, ha afirmado, vinculando la actual crisis de la vivienda a la inseguridad jurídica generada por el Gobierno, que está perjudicando especialmente a los jóvenes que quieren acceder a un alquiler.
García Calvo exige firmeza contra quienes hacen del delito su forma de vida.
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Iñaki García Calvo, ha alertado del fuerte incremento de la delincuencia multirreincidente en la ciudad y ha reclamado medidas firmes para garantizar la seguridad y la convivencia.
García Calvo ha señalado que en 2025 un total de 67 delincuentes habituales cometieron 156 delitos en Vitoria-Gasteiz, lo que refleja una tendencia claramente preocupante. Según los datos expuestos, en solo cinco años este tipo de delincuencia ha aumentado un 91%, convirtiéndose en un problema estructural que exige una respuesta inmediata por parte de las administraciones competentes.
El portavoz popular ha detallado que el 37% de los delitos fueron cometidos por personas de origen nacional y el 63% por personas de origen extranjero, y que estos delincuentes están detrás de robos con violencia, robos con fuerza, hurtos y lesiones, delitos que afectan directamente a la seguridad de los vecinos y comerciantes.
“El Partido Popular está harto de ver cómo delincuentes multirreincidentes entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra”, ha denunciado García Calvo, quien ha insistido en la necesidad de endurecer las penas contra quienes hacen del delito su modo de vida.
Desde el Partido Popular de Vitoria-Gasteiz se defiende que la ley debe proteger a los ciudadanos que cumplen las normas, y no amparar la impunidad. “Quien hace del delito su forma de vida tiene que pagarlo caro, con penas de prisión efectivas o con su expulsión si no cumple los requisitos legales para permanecer en nuestro país”, ha afirmado.
El Partido Popular reitera su compromiso con la seguridad, el respeto a la ley y la convivencia, y exige al Gobierno central y a las instituciones competentes que actúen con determinación para frenar la multirreincidencia y devolver la tranquilidad a las calles de Vitoria-Gasteiz.
Casanueva: «No puede haber dependientes de primera y de segunda»
La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Córdoba, Cristina Casanueva, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de castigar a las personas dependientes que no viven en el País Vasco, y ha reclamado que el resto de comunidades autónomas “queremos igualdad de trato y de derechos”.
Casanueva se ha pronunciado así tras preguntar al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la sesión de control al Gobierno, qué medidas prevé adoptar el Ejecutivo para reforzar el Sistema de Dependencia, de manera que las comunidades autónomas y, en particular Andalucía, puedan ofrecer una atención digna, eficaz y sostenible a las personas en situación de dependencia.
La senadora popular ha advertido de que la falta de Presupuestos Generales del Estado está teniendo consecuencias muy graves, ya que “se congelan las partidas destinadas a dependencia para las comunidades autónomas, se paraliza el Plan de Choque y, al mismo tiempo, se imponen nuevos servicios sin financiación”.
“Andalucía y el resto de comunidades están asumiendo en solitario los costes derivados de la modificación de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el incremento de las necesidades del Servicio de Ayuda a Domicilio”, ha remarcado.
En este contexto, Casanueva ha acusado directamente al ministro Bustinduy de no hacer nada por las personas dependientes, denunciando que “no hay créditos extraordinarios para la dependencia, pero sí para todo lo demás”.
Agravio a los andaluces
La senadora del PP ha sido tajante al afirmar que “los andaluces queremos la misma financiación y las mismas condiciones que los vascos en situación de dependencia”, y ha acusado al ministro de ser “cómplice de que existan dependientes de primera y de segunda”.
Como ejemplo de este agravio, Casanueva ha puesto en valor el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía, señalando que entre 2019 y 2026, con Juanma Moreno como presidente, Andalucía habrá invertido 10.573,9 millones de euros en dependencia, frente a los 4.475 millones aportados por el Gobierno de Sánchez.
“Pese al trato injusto y arbitrario del Ejecutivo central, Andalucía sigue sosteniendo el sistema y aportando más inversión para garantizar la atención a quienes más lo necesitan”, ha subrayado.
La senadora ha denunciado además el desequilibrio flagrante en la financiación, recordando que mientras la Junta de Andalucía aporta de media 1.749 euros al mes por plaza en residencias, el Gobierno de España solo contribuye con 130 euros.
“Esto es un auténtico escándalo”, ha afirmado.
Para concluir, Cristina Casanueva ha exigido al Gobierno que priorice de una vez las necesidades de millones de familias y ha sido contundente en su mensaje final:
“Si usted y su partido no son capaces de defender a las personas que más lo necesitan, no arrastren más a los españoles a esta decadencia de un Gobierno que va de escándalo en escándalo y fuercen ya la convocatoria de elecciones generales”.
Amaia Martínez: «Más suelo, menos impuestos y prioridad a los nuestros en el acceso a vivienda».
Amaia Martínez, parlamentaria vasca de VOX, ha registrado hoy las enmiendas del partido a la proposición de ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, “un simple parche y que mantiene una filosofía en materia de vivienda errónea, un proyecto legislativo que aborda mejoras muy tibias en cuestiones de procedimiento urbanístico, pero que no entra de lleno en lo verdaderamente sustancial en materia de vivienda”.
52 enmiendas parciales que de ser aprobadas supondrían una enmienda de totalidad a una norma legal con la que el Gobierno Vasco “totalmente insuficiente para resolver el grave problema de vivienda que sufrimos en el País Vasco, entre otras cuestiones, porque no aborda la raíz del problema y mantiene los vicios de la actual Ley de Vivienda impulsada por el PSE y apoyada por Bildu”.
Vox pone el acento en la imperiosa necesidad de introducir la nacionalidad española o la residencia legal en País Vasco como requisitos indispensables para acceder a una vivienda pública, “lo que permitiría reducir tensiones habituales en los sorteos de Etxebide”.
“Urge también”, explica Amaia Martínez, “a que las personas víctimas de una okupación ilegal sean considerados como colectivo vulnerable y puedan disponer de un alojamiento dotacional hasta que dispongan de su vivienda en condiciones de habitabilidad y sin ningún coste para ello”. E insta a que quienes hayan okupado no pueda optar a unja vivienda pública.
Importante dar facilidades “a la necesaria colaboración público-privada”, favoreciendo la viabilidad económica de los proyectos urbanísticos, rebajando del 75% al 65% la reserva para vivienda protegida, del 60% al 50% en el caso de actuaciones prioritarias, “consideración que también merecen promociones mixtas”.
“Consideramos que es contraria a la rentabilidad que cualquier promotor tenga que ceder obligatoriamente el 15% del suelo a los ayuntamientos, porcentaje que jamás debería superar el 5%”. “Y es imprescindible aumentar el suelo disponible para la promoción urbanística porque a más oferta, suelo más barato y más promociones, que es lo que necesitamos”.
Amaia Martínez explica que “con estas enmiendas VOX quiere favorecer el acceso a una vivienda protegida a los de casa o a los que residan legalmente entre nosotros, impulsar la construcción de un mayor número de vivienda protegida garantizando su viabilidad económica, ofreciendo una respuesta institucional al problema de la okupación ilegal en País Vasco”.
Isabel Pérez Moñino: «La realidad de Bilbao en cifras: hurtos +75%, robos violentos +86%, agresiones sexuales +200%».
La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado la grave situación de inseguridad que, según ha señalado, padecen los vecinos del País Vasco, especialmente en barrios como San Francisco (Bilbao).
“Los vascos ya denuncian uno de los problemas que es la inseguridad, la inseguridad en este barrio de San Francisco, que hemos visto de primera mano, como en tantos otros barrios y en tantos municipios de España. Y no es para menos. Los datos de inseguridad en el País Vasco son alarmantes”, afirmó Pérez Moñino.
La portavoz recordó que en los últimos cuatro años los hurtos han aumentado un 75%, los robos con violencia un 86% y las agresiones sexuales con penetración un 200,6%, unas cifras que achacó directamente a las “políticas de la casta bipartidista” y al Partido Nacionalista Vasco, al que acusó de mirar hacia otro lado mientras los vecinos sufren un clima de creciente delincuencia.
Frente a lo que calificó como “mensajes buenistas” y “políticas de fronteras abiertas, reparto de ilegales y paguitas”, Isabel Pérez Moñino subrayó que VOX tiene una alternativa clara:
- Expulsión inmediata de quienes hayan entrado de forma ilegal en España.
- Deportación de inmigrantes legales que cometan delitos graves o reincidan en delitos leves.
- Expulsión de quienes “han venido a vivir del esfuerzo de los españoles o a imponer su cultura”.
“Nosotros vamos a expulsar y vamos a deportar a todos. No nos va a temblar el pulso, no vamos a abandonar ningún barrio, por mucho que estos totalitarios nos griten o intenten echarnos. No vamos a retroceder ni un solo milímetro”, declaró con firmeza.
En este sentido, Pérez Moñino exigió a los responsables políticos que dejen de mirar hacia otro lado y que actúen frente a “los machetazos, las violaciones y el aumento de delitos violentos que están sufriendo los vascos y los bilbaínos”.
“Lo que tienen que hacer es alzar la voz por los vecinos, por las familias trabajadoras que viven cada día con miedo, y no seguir protegiendo a quienes traen la inseguridad a nuestras calles”, concluyó.
Jonathan Romero: «Proteger a los hijos debería ser intocable y en Bernedo fue pisoteado».
Todos han de ser supervisados por la Diputación de Álava, se trata de confirmar si hubo dejación de responsabilidades o desidia a la hora de actuar ante las irregularidades denunciadas.
VOX ha solicitado en las Juntas Generales de Álava la comparecencia de la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, para que dé explicaciones acerca de “los lamentables sucesos en el campamento de verano de Bernedo”, para que confirme que se ha producido una negligente dejación de responsabilidades o si ha sido la desidia institucional la que “ha hecho que fuera posible lo impensable en un campamento que debería haber supervisado la Diputación”.
Jonathan Romero, juntero de Vox en la provincia, ha registrado la correspondiente solicitud de comparecencia con la pretensión de que Del Val explique “qué conocimiento tenía de la forma de proceder de la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, si recibía o no subvenciones públicas para realizar sus campamentos, además de los motivos por los que no realizaron inspección alguna una vez conocido lo que sucedía en Bernedo”.
Romero ha señalado, además, que “es urgente y más necesario que nunca conocer los protocolos de seguridad y bienestar infantil que la Diputación Foral de Álava exige que se cumplan en campamentos de las características del de Bernedo, además de las medidas que se van a poner en marcha para evitar que sucesos tan lamentables se vuelvan a suceder”.
Es preciso recordar que en el campamento organizado por la asociación en cuestión, tal y como hemos podido saber a través de los medios de comunicación, los menores eran expuestos a situaciones tales como ser obligados a utilizar duchas mixtas en compañía de monitores desnudos, “prácticas que han generado una enorme alarma social y que ponen en cuestión los mecanismos de control de la Diputación Foral de Álava”.
El juntero alavés de Vox ha recordado que “la propia diputada reconoció públicamente, tras negarlo en un primer momento, que la la administración foral alavesa tenía conocimiento de la existencia de estos campamentos, aunque justificó la falta de supervisión con excusas inaceptables en el sentido de que no puede ir por todos los pueblos”.
Son, a su juicio, “declaraciones intolerables que reflejan una actitud reactiva e irresponsable en lo que a la protección de los menores se refiere”, un comportamiento que entiende que compromete la confianza de la ciudadanía en el buen hacer de la institución foral.
Y ha descartado que estemos ante un hecho aislado. Jonathan Romero sostiene que sucesos como los acontecidos en Bernedo “son un ejemplo nítido de cómo la ideólogía de género, respaldada por todos los partidos políticos que han hecho del buenismo su forma de proceder, se ha impuesto también en espacios de ocio infantil, pervirtiendo y confundiendo a los menores con prácticas que atentan contra su seguridad, su dignidad y su desarrollo profesional”.