Actualidad Política

19 de agosto de 2026

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La Parlamentaria Vasca por Álava, Ana Morales, ha criticado el apartamiento de la periodista Isabel Durán del programa Directo al grano, señalando que este hecho evidencia la falta de neutralidad en la radiotelevisión pública.

Morales ha afirmado que “así se las gasta la Radio Televisión de Pedro Sánchez”, denunciando que quienes no siguen determinadas líneas editoriales son apartados de los espacios públicos.

Críticas a la gestión de RTVE

Desde el Partido Popular se cuestiona el modelo de gestión de RTVE, señalando que no está actuando como un medio público independiente al servicio de todos los ciudadanos.

Morales ha advertido que este tipo de decisiones refuerzan la percepción de que RTVE responde a intereses políticos, alejándose de su función de servicio público.

Defensa de una televisión pública independiente

El Partido Popular defiende una radiotelevisión pública basada en la pluralidad, la objetividad y el respeto a la libertad de información.

En este sentido, Morales ha subrayado que “no es la televisión de todos los españoles, sino una televisión al servicio del sanchismo, pese a que la financian todos los ciudadanos”.

Morales ha reiterado su compromiso con garantizar la independencia de los medios públicos y el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y plural.

La portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido Knörr, ha criticado que el Gobierno Vasco haya decidido no celebrar el pleno de control previsto, “prefiriendo hacer puente” en un momento que —según ha señalado— requiere explicaciones y responsabilidad política.

En una rueda de prensa, Garrido ha reprochado al Ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales que, pese a “alardear de buena gobernanza y transparencia”, haya optado por suspender una sesión clave de control parlamentario.

Críticas por el contexto social

El Partido Popular ha enmarcado esta decisión en una semana especialmente complicada en Euskadi, marcada por denuncias de coacciones y actos vandálicos durante una huelga convocada por los sindicatos ELA y LAB, así como por el señalamiento a la Ertzaintza y a responsables institucionales.

Garrido ha denunciado también el señalamiento a profesores universitarios por defender la libertad de expresión, así como la utilización partidista de eventos sociales y culturales y las amenazas recibidas por el presidente del Athletic Club, a quien ha trasladado el apoyo del Partido Popular.

Cuestionamiento del “oasis vasco”

La portavoz popular ha rechazado el relato del “oasis vasco” que, a su juicio, promueve el Gobierno autonómico. “Coacciones, actos vandálicos, hostigamiento y amenazas no reflejan ningún oasis”, ha afirmado.

Asimismo, ha alertado del deterioro económico en el territorio, señalando cierres de empresas, deslocalizaciones y pérdida de oportunidades industriales en distintas zonas.

Defensa del modelo del PP

Frente a esta situación, el Partido Popular ha reivindicado un modelo de “política útil” centrado en resolver los problemas reales de los ciudadanos, generar estabilidad y garantizar oportunidades para el desarrollo personal y profesional en Euskadi.

“El Partido Popular defiende un proyecto que aporte tranquilidad, crecimiento y futuro para todos los vascos”, ha concluido Garrido.

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier De Andrés, ha denunciado que el paquete de 1.047 millones de euros anunciado por el Gobierno Vasco como “escudo industrial” es “un envoltorio de propaganda”, ya que, según ha señalado, se trata de fondos que “ya estaban contemplados en los Presupuestos”.

De Andrés ha criticado que el Ejecutivo autonómico intente presentar como nuevas unas medidas que “ya se conocían”, sin abordar los problemas estructurales que afectan a la industria vasca.

CRÍTICAS AL MODELO INDUSTRIAL

El líder del PP vasco ha advertido de que Euskadi atraviesa un proceso de declive industrial que no puede atribuirse únicamente a factores externos como el contexto internacional. “Cuando empresas que iban a invertir cientos de millones y generar empleo deciden marcharse a otras comunidades, algo está fallando aquí”, ha afirmado.

En este sentido, ha señalado la necesidad de “atacar por muchos flancos” esta situación, destacando que uno de los principales problemas es “cultural”, relacionado con la conflictividad laboral, el absentismo y la pérdida de valores asociados al esfuerzo y la excelencia empresarial.

FALTA DE CONDICIONES PARA LA INVERSIÓN

De Andrés ha subrayado que Euskadi necesita generar un entorno atractivo para la inversión y la creación de empleo, algo que, a su juicio, no se está logrando en la actualidad. “En otras comunidades como Madrid o Aragón, las inversiones llegan porque se han creado las condiciones adecuadas, no por el reparto de ayudas”, ha explicado.

Asimismo, ha defendido la necesidad de recuperar una cultura de apoyo a la empresa y al trabajo, que permita fortalecer el tejido industrial y garantizar el crecimiento económico.

PROPUESTAS PARA REVERTIR LA SITUACIÓN

El presidente del PP vasco ha insistido en la importancia de adoptar medidas estructurales que fomenten la inversión, mejoren la competitividad y refuercen el compromiso con la actividad industrial.

“El Partido Popular defiende políticas que generen confianza, estabilidad y oportunidades para las empresas, frente a la propaganda y la falta de soluciones reales”, ha concluido.

El Partido Popular ha registrado en el Parlamento Vasco una Proposición de Ley para modificar la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con el objetivo de permitir el bingo social sin ánimo de lucro en centros de mayores y entidades sociales.

La iniciativa busca excluir de la normativa vigente aquellas actividades recreativas tradicionales, como el bingo con cantidades simbólicas de dinero, cuando se desarrollen con fines sociales, de convivencia o recreativos, y sin ánimo de lucro.

La parlamentaria del Grupo Popular Vasco, Ainhoa Domaica, ha denunciado que la legislación actual genera situaciones “injustas y desproporcionadas”, recordando casos recientes en los que centros de mayores se han enfrentado a sanciones de hasta 60.000 euros por actividades de ocio con apuestas simbólicas.

“Es un despropósito que un centro de personas mayores o cualquier entidad social sin ánimo de lucro pueda enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros por jugar al bingo con cantidades mínimas”, ha afirmado Domaica.

SENTIDO COMÚN Y SEGURIDAD JURÍDICA

Desde el Partido Popular del País Vasco se subraya que esta iniciativa pretende aportar “tranquilidad, sentido común y seguridad jurídica” a las personas mayores y a las entidades sociales.

La propuesta plantea modificar el artículo 1.2 de la Ley del Juego para excluir expresamente del ámbito de aplicación aquellos juegos de carácter recreativo y tradicional, siempre que no exista explotación económica.

Asimismo, se recoge de forma específica que quedarán excluidos los bingos organizados por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en ámbitos sociales, sanitarios, sociosanitarios y de ocio, siempre que su finalidad sea social, recreativa o de convivencia.

Domaica ha criticado la “pasividad” del Gobierno Vasco y ha defendido que el Partido Popular “da un paso adelante” para adaptar la normativa a la realidad social y proteger actividades tradicionales que fomentan la convivencia y el bienestar de las personas mayores.

El Partido Popular defiende una legislación basada en el sentido común, la seguridad jurídica y el apoyo a las actividades sociales que contribuyen al bienestar y la cohesión, especialmente entre las personas mayores.

La parlamentaria del Partido Popular por Álava, Ana Morales, ha exigido explicaciones al Gobierno Vasco por el gasto de 100 millones de euros en dos canales de televisión públicos que, según ha denunciado, “no los ve nadie”.

Durante su intervención parlamentaria, Morales ha cuestionado directamente a la vicelehendakari sobre quién asume la responsabilidad política de este gasto, poniendo el foco en el uso de los recursos públicos.

Críticas al uso del dinero público

La dirigente popular ha señalado que este desembolso resulta especialmente grave en un contexto en el que muchas familias vascas tienen dificultades para llegar a fin de mes.

“A los vascos nos cuesta mucho pagar los impuestos y hay muchas familias que lo están pasando mal”, ha afirmado, criticando que se destinen.

El Partido Popular del País Vasco ha denunciado la situación generada en el Colegio Público de Educación Especial Gorbeialde de Vitoria-Gasteiz, donde, con motivo de la jornada de huelga convocada en Euskadi, no se han establecido servicios mínimos ni de comedor ni de transporte, afectando directamente al alumnado con mayores necesidades.

La parlamentaria del PP vasco, Muriel Larrea, ha calificado esta situación como “especialmente grave”, al tratarse del único centro público de educación especial en Euskadi, lo que deja sin cobertura a alumnos que requieren atención específica y continuada.

“El Gobierno Vasco no puede dejar desamparadas a las personas con más necesidades. Las administraciones tienen la obligación de garantizar una atención mínima incluso en jornadas de huelga”, ha subrayado Larrea.

Falta de atención a alumnado vulnerable

Desde el Partido Popular han advertido de que la ausencia de servicios mínimos supone una dejación de responsabilidades por parte de la Administración, ya que estos alumnos necesitan apoyos constantes y especializados.

En este sentido, han recordado que la normativa educativa vigente establece la obligación de garantizar una atención integral al alumnado con necesidades educativas especiales, así como de asegurar los recursos necesarios en cualquier circunstancia.

“Estamos hablando de alumnos que requieren atención permanente. No garantizar ni transporte ni comedor es una situación inadmisible”, ha señalado la parlamentaria.

Exigencia de medidas inmediatas

El PP vasco ha exigido al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que aclare de inmediato lo sucedido y adopte las medidas necesarias para garantizar la atención mínima imprescindible en este tipo de centros.

“Una sociedad que aspira a ser inclusiva no puede permitir que quienes más apoyo necesitan queden sin cobertura en un día como este”, ha concluido Larrea.

El Grupo Popular Vasco ha registrado una queja y solicitud de amparo ante la Mesa del Parlamento Vasco tras recibir documentación oficial de la Ertzaintza en la que aparece, como marca de agua, el nombre y los dos apellidos de la parlamentaria del PP Vasco Ainhoa Domaica Goñi, junto a la referencia a su grupo parlamentario.

Según ha denunciado el Grupo Popular Vasco, esa identificación nominal aparece incorporada en todas las páginas de los documentos remitidos por el Departamento de Seguridad, en respuesta a una solicitud de información parlamentaria formulada en el ejercicio de la función de control al Gobierno Vasco.

La documentación, relativa a instrucciones sobre la normalización del uso del euskera en la Ertzaintza, no solo fue remitida con esa marca de agua, sino que posteriormente ha quedado publicada en la web institucional del Parlamento Vasco, de manera que cualquier ciudadano puede acceder a ella con la referencia personal y política permanente de la parlamentaria.

Ainhoa Domaica ha denunciado que una solicitud de documentación realizada dentro de su labor parlamentaria haya derivado en una práctica que considera inadmisible, arbitraria e impropia de una institución pública.

La parlamentaria ha subrayado que, en su condición de representante pública, tiene derecho a recabar información del consejero de Seguridad para desarrollar su labor de control, pero no a quedar señalada nominalmente en documentos oficiales de la Ertzaintza que posteriormente son difundidos públicamente.

Desde el Grupo Popular Vasco consideran grave la actuación del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, al entender que socava el respeto institucional que debe regir la relación entre el Gobierno Vasco y el Parlamento Vasco y que vulnera la neutralidad exigible a cualquier administración pública por el uso improcedente de recursos institucionales.

Por ello, la parlamentaria popular ha reclamado la retirada inmediata de los documentos publicados con esa marca de agua, así como la remisión de la documentación en su formato original sin referencias personales ni políticas.

Asimismo, ha solicitado la adopción de medidas que eviten que un hecho de esta naturaleza vuelva a repetirse, y ha exigido una explicación sobre quién ordenó incorporar esa marca de agua y con qué criterio se realizó.

“Ningún representante público puede verse expuesto de esta manera por ejercer un derecho parlamentario básico”, ha concluido Ainhoa Domaica.

La presidenta del Partido Popular de Gipuzkoa y parlamentaria vasca, Muriel Larrea, ha advertido del incremento de la criminalidad en Euskadi y ha reclamado mayor transparencia en la gestión de la seguridad pública. Según ha señalado, los datos correspondientes a 2025 reflejan un récord histórico de infracciones penales, con 143.000 delitos registrados, lo que supone una media de 390 delitos al día en el conjunto del País Vasco.

Larrea ha mostrado su preocupación por el impacto de estas cifras en la percepción de seguridad de los ciudadanos y ha afirmado que “Euskadi ya no es ese territorio seguro del que presumíamos”, insistiendo en la necesidad de analizar las causas y adoptar medidas eficaces para revertir esta situación.

En este sentido, ha puesto el foco en los delitos contra la libertad sexual, que afectan especialmente a las mujeres. La dirigente popular ha subrayado la magnitud del problema señalando que el número de víctimas registradas permitiría llenar varias veces instalaciones deportivas como el polideportivo Artaleku, lo que refleja la dimensión social de esta problemática.

Durante su intervención, Larrea también ha cuestionado la eficacia de las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y ha preguntado “dónde están los resultados de las políticas y subvenciones destinadas a prevenir y paliar esta violencia”, en referencia al trabajo desarrollado por organismos como Emakunde.

Asimismo, ha criticado la falta de transparencia en algunos ámbitos de la gestión pública. En concreto, ha recordado que recientemente en el Ayuntamiento de Irún se debatió una iniciativa para publicar datos sobre la procedencia de los autores de delitos, propuesta que finalmente no salió adelante.

Para la presidenta del PP de Gipuzkoa, disponer de información completa es fundamental para diseñar políticas de seguridad eficaces. “Si no conocemos con exactitud los datos y las circunstancias en las que se producen los delitos, será mucho más difícil adoptar medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos”, ha afirmado.

Finalmente, Larrea ha defendido la necesidad de reforzar las políticas de prevención, mejorar la coordinación institucional y garantizar que las administraciones públicas ofrezcan respuestas eficaces ante el aumento de la criminalidad.

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