Casanueva: «No puede haber dependientes de primera y de segunda»
La senadora del Grupo Parlamentario Popular por Córdoba, Cristina Casanueva, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de castigar a las personas dependientes que no viven en el País Vasco, y ha reclamado que el resto de comunidades autónomas “queremos igualdad de trato y de derechos”.
Casanueva se ha pronunciado así tras preguntar al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la sesión de control al Gobierno, qué medidas prevé adoptar el Ejecutivo para reforzar el Sistema de Dependencia, de manera que las comunidades autónomas y, en particular Andalucía, puedan ofrecer una atención digna, eficaz y sostenible a las personas en situación de dependencia.
La senadora popular ha advertido de que la falta de Presupuestos Generales del Estado está teniendo consecuencias muy graves, ya que “se congelan las partidas destinadas a dependencia para las comunidades autónomas, se paraliza el Plan de Choque y, al mismo tiempo, se imponen nuevos servicios sin financiación”.
“Andalucía y el resto de comunidades están asumiendo en solitario los costes derivados de la modificación de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, así como el incremento de las necesidades del Servicio de Ayuda a Domicilio”, ha remarcado.
En este contexto, Casanueva ha acusado directamente al ministro Bustinduy de no hacer nada por las personas dependientes, denunciando que “no hay créditos extraordinarios para la dependencia, pero sí para todo lo demás”.
Agravio a los andaluces
La senadora del PP ha sido tajante al afirmar que “los andaluces queremos la misma financiación y las mismas condiciones que los vascos en situación de dependencia”, y ha acusado al ministro de ser “cómplice de que existan dependientes de primera y de segunda”.
Como ejemplo de este agravio, Casanueva ha puesto en valor el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía, señalando que entre 2019 y 2026, con Juanma Moreno como presidente, Andalucía habrá invertido 10.573,9 millones de euros en dependencia, frente a los 4.475 millones aportados por el Gobierno de Sánchez.
“Pese al trato injusto y arbitrario del Ejecutivo central, Andalucía sigue sosteniendo el sistema y aportando más inversión para garantizar la atención a quienes más lo necesitan”, ha subrayado.
La senadora ha denunciado además el desequilibrio flagrante en la financiación, recordando que mientras la Junta de Andalucía aporta de media 1.749 euros al mes por plaza en residencias, el Gobierno de España solo contribuye con 130 euros.
“Esto es un auténtico escándalo”, ha afirmado.
Para concluir, Cristina Casanueva ha exigido al Gobierno que priorice de una vez las necesidades de millones de familias y ha sido contundente en su mensaje final:
“Si usted y su partido no son capaces de defender a las personas que más lo necesitan, no arrastren más a los españoles a esta decadencia de un Gobierno que va de escándalo en escándalo y fuercen ya la convocatoria de elecciones generales”.
Amaia Martínez: «Más suelo, menos impuestos y prioridad a los nuestros en el acceso a vivienda».
Amaia Martínez, parlamentaria vasca de VOX, ha registrado hoy las enmiendas del partido a la proposición de ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo, “un simple parche y que mantiene una filosofía en materia de vivienda errónea, un proyecto legislativo que aborda mejoras muy tibias en cuestiones de procedimiento urbanístico, pero que no entra de lleno en lo verdaderamente sustancial en materia de vivienda”.
52 enmiendas parciales que de ser aprobadas supondrían una enmienda de totalidad a una norma legal con la que el Gobierno Vasco “totalmente insuficiente para resolver el grave problema de vivienda que sufrimos en el País Vasco, entre otras cuestiones, porque no aborda la raíz del problema y mantiene los vicios de la actual Ley de Vivienda impulsada por el PSE y apoyada por Bildu”.
Vox pone el acento en la imperiosa necesidad de introducir la nacionalidad española o la residencia legal en País Vasco como requisitos indispensables para acceder a una vivienda pública, “lo que permitiría reducir tensiones habituales en los sorteos de Etxebide”.
“Urge también”, explica Amaia Martínez, “a que las personas víctimas de una okupación ilegal sean considerados como colectivo vulnerable y puedan disponer de un alojamiento dotacional hasta que dispongan de su vivienda en condiciones de habitabilidad y sin ningún coste para ello”. E insta a que quienes hayan okupado no pueda optar a unja vivienda pública.
Importante dar facilidades “a la necesaria colaboración público-privada”, favoreciendo la viabilidad económica de los proyectos urbanísticos, rebajando del 75% al 65% la reserva para vivienda protegida, del 60% al 50% en el caso de actuaciones prioritarias, “consideración que también merecen promociones mixtas”.
“Consideramos que es contraria a la rentabilidad que cualquier promotor tenga que ceder obligatoriamente el 15% del suelo a los ayuntamientos, porcentaje que jamás debería superar el 5%”. “Y es imprescindible aumentar el suelo disponible para la promoción urbanística porque a más oferta, suelo más barato y más promociones, que es lo que necesitamos”.
Amaia Martínez explica que “con estas enmiendas VOX quiere favorecer el acceso a una vivienda protegida a los de casa o a los que residan legalmente entre nosotros, impulsar la construcción de un mayor número de vivienda protegida garantizando su viabilidad económica, ofreciendo una respuesta institucional al problema de la okupación ilegal en País Vasco”.
Isabel Pérez Moñino: «La realidad de Bilbao en cifras: hurtos +75%, robos violentos +86%, agresiones sexuales +200%».
La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado la grave situación de inseguridad que, según ha señalado, padecen los vecinos del País Vasco, especialmente en barrios como San Francisco (Bilbao).
“Los vascos ya denuncian uno de los problemas que es la inseguridad, la inseguridad en este barrio de San Francisco, que hemos visto de primera mano, como en tantos otros barrios y en tantos municipios de España. Y no es para menos. Los datos de inseguridad en el País Vasco son alarmantes”, afirmó Pérez Moñino.
La portavoz recordó que en los últimos cuatro años los hurtos han aumentado un 75%, los robos con violencia un 86% y las agresiones sexuales con penetración un 200,6%, unas cifras que achacó directamente a las “políticas de la casta bipartidista” y al Partido Nacionalista Vasco, al que acusó de mirar hacia otro lado mientras los vecinos sufren un clima de creciente delincuencia.
Frente a lo que calificó como “mensajes buenistas” y “políticas de fronteras abiertas, reparto de ilegales y paguitas”, Isabel Pérez Moñino subrayó que VOX tiene una alternativa clara:
- Expulsión inmediata de quienes hayan entrado de forma ilegal en España.
- Deportación de inmigrantes legales que cometan delitos graves o reincidan en delitos leves.
- Expulsión de quienes “han venido a vivir del esfuerzo de los españoles o a imponer su cultura”.
“Nosotros vamos a expulsar y vamos a deportar a todos. No nos va a temblar el pulso, no vamos a abandonar ningún barrio, por mucho que estos totalitarios nos griten o intenten echarnos. No vamos a retroceder ni un solo milímetro”, declaró con firmeza.
En este sentido, Pérez Moñino exigió a los responsables políticos que dejen de mirar hacia otro lado y que actúen frente a “los machetazos, las violaciones y el aumento de delitos violentos que están sufriendo los vascos y los bilbaínos”.
“Lo que tienen que hacer es alzar la voz por los vecinos, por las familias trabajadoras que viven cada día con miedo, y no seguir protegiendo a quienes traen la inseguridad a nuestras calles”, concluyó.
Jonathan Romero: «Proteger a los hijos debería ser intocable y en Bernedo fue pisoteado».
Todos han de ser supervisados por la Diputación de Álava, se trata de confirmar si hubo dejación de responsabilidades o desidia a la hora de actuar ante las irregularidades denunciadas.
VOX ha solicitado en las Juntas Generales de Álava la comparecencia de la diputada foral de Cultura y Deporte, Ana Del Val, para que dé explicaciones acerca de “los lamentables sucesos en el campamento de verano de Bernedo”, para que confirme que se ha producido una negligente dejación de responsabilidades o si ha sido la desidia institucional la que “ha hecho que fuera posible lo impensable en un campamento que debería haber supervisado la Diputación”.
Jonathan Romero, juntero de Vox en la provincia, ha registrado la correspondiente solicitud de comparecencia con la pretensión de que Del Val explique “qué conocimiento tenía de la forma de proceder de la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, si recibía o no subvenciones públicas para realizar sus campamentos, además de los motivos por los que no realizaron inspección alguna una vez conocido lo que sucedía en Bernedo”.
Romero ha señalado, además, que “es urgente y más necesario que nunca conocer los protocolos de seguridad y bienestar infantil que la Diputación Foral de Álava exige que se cumplan en campamentos de las características del de Bernedo, además de las medidas que se van a poner en marcha para evitar que sucesos tan lamentables se vuelvan a suceder”.
Es preciso recordar que en el campamento organizado por la asociación en cuestión, tal y como hemos podido saber a través de los medios de comunicación, los menores eran expuestos a situaciones tales como ser obligados a utilizar duchas mixtas en compañía de monitores desnudos, “prácticas que han generado una enorme alarma social y que ponen en cuestión los mecanismos de control de la Diputación Foral de Álava”.
El juntero alavés de Vox ha recordado que “la propia diputada reconoció públicamente, tras negarlo en un primer momento, que la la administración foral alavesa tenía conocimiento de la existencia de estos campamentos, aunque justificó la falta de supervisión con excusas inaceptables en el sentido de que no puede ir por todos los pueblos”.
Son, a su juicio, “declaraciones intolerables que reflejan una actitud reactiva e irresponsable en lo que a la protección de los menores se refiere”, un comportamiento que entiende que compromete la confianza de la ciudadanía en el buen hacer de la institución foral.
Y ha descartado que estemos ante un hecho aislado. Jonathan Romero sostiene que sucesos como los acontecidos en Bernedo “son un ejemplo nítido de cómo la ideólogía de género, respaldada por todos los partidos políticos que han hecho del buenismo su forma de proceder, se ha impuesto también en espacios de ocio infantil, pervirtiendo y confundiendo a los menores con prácticas que atentan contra su seguridad, su dignidad y su desarrollo profesional”.
Amaia Martínez: «La inmigración ilegal está ligada al aumento de agresiones sexuales».
Amaia Martínez, parlamentaria vasca de Vox, ha visitado una vez más el Parque Arriaga de Vitoria donde hace apenas 15 días una mujer joven fue salvajemente violada por un inmigrante magrebí, al parecer expareja de la víctima. Un hecho en exceso frecuente en los últimos meses, ha asegurado, íntimamente relacionado con la avalancha migratoria descontrolada que estamos sufriendo desde hace años.
Martínez ha recordado que en el primer semestre de 2025 han sido denunciadas en País Vasco 158 agresiones sexuales con penetración, cifra que supone un 309% más que las registradas en el mismo periodo de 2021. “Hace 2 años el 72% de las personas detenidas en País Vasco por agresión sexual eran extranjeras, algo más que significativo cuando apenas representan el 12% del total de la población vasca. Esto evidencia la estrecha relación entre inmigración y agresiones sexuales”.
Ante los medios de comunicación, la parlamentaria vasca de Vox ha denunciado las políticas de puertas abiertas a la inmigración ilegal y un modelo de acogida, el vasco, basado en el reconocimiento de derechos, nunca de obligaciones, en la protección de extranjeros delincuentes y en el ingente gasto de dinero público en acogida y atención de personas que entran de forma ilegal en nuestro país.
Amaia Martínez ha criticado con dureza la postura del Gobierno Vasco ante un problema cada vez más grave que el lehendakari y su equipo se niegan a priorizar en su agenda política. En este sentido ha recordado que “el pasado jueves el lehendakari Pradales no hizo mención alguna a esta lamentable realidad en el Pleno de Política General, lo que evidencia que luchar contra la creciente inseguridad no es una de sus prioridades, como no lo es frenar la invasión migratoria descontrolada que amenaza a nuestra sociedad tal y como la conocemos”.
La portavoz del Grupo Vox en el Parlamento Vasco ha sido contundente: “no estamos dispuestos a dar por perdida esta batalla absolutamente necesaria y seguiremos reclamando que aquellas personas que ponen en peligro nuestra cultura y nuestras costumbres sean deportadas a sus países de origen. También aquellas que ya en situación legal hacen de la delincuencia su forma de vida y, por supuesto, todo inmigrante que haya entrado de forma ilegal a nuestro país”.
Ha anunciado que preguntarán al consejero vasco de Seguridad sobre esta cuestión en el pleno de control a celebrar el próximo viernes, a la espera de que el Gobierno de España aporte datos a Vox sobre la situación en la que se encuentra el violador magrebí que el pasado 6 de septiembre violó a una joven en Vitoria, hoy en prisión y para el que el partido solicita su rápida deportación, «para que cumpla condena en su país de origen».
Martínez ha denunciado la desinformación a la que las administraciones, con el Gobierno Vasco a la cabeza, someten a la población, su reiterada negativa a facilitar la nacionalidad de los delincuentes, a sabiendas de que hoy delincuencia e inmigración ilegal son términos íntimamente relacionados.
Se ha preguntado “¿Por que protege a esas personas con la ocultación de su procedencia?», para anotar después que “este buenismo se les está yendo de las manos… necesitamos saber para protegernos, necesitamos que los agresores nacionales pasen largos años en la cárcel, que los agresores extranjeros sean deportados a los países de los que proceden”. Considera que la ocultación sólo protege a los delincuentes y deja indefensas a sus víctimas.
Asesinato a machetazos en Bilbao
Amaia Martínez también se ha referido al asesinato a machetazos en Bilbao, ocurrido esta misma noche. De “patética” ha calificado una realidad casi diaria, “volvemos a sufrir una inseguridad importada… lo de los machetes lo deja todo claro”.
Y ha recordado el caso de un inmigrante magrebí en Vitoria, detenido en 7 ocasiones en tan solo 10 días, un peligroso delincuente que se pasea libre por las calles de la ciudad. “La policía nos ha trasladado que es violento e incontrolable. No entiendo que las instituciones permitan que gente como esta esté paseando libremente a nuestro lado. Cualquier día vamos a tener un disgusto y no valdrá con llevarse las manos a la cabeza. Hay que actuar antes”.
Amaia Martínez: «Pradales vende miedo al cambio porque sabe que se le acaba el chollo».
Discurso vacío, carente de autocrítica creíble, sin referencias a los problemas reales de la población, cargado de autocomplacencia y de discursos catastrofistas, alentando el miedo a un posible cambio político en España. Estas han sido, a juicio de Amaia Martínez, las claves de la intervención del lehendakari Imanol Pradales en su primer pleno de Política General.
La parlamentaria vasca de Vox ha asegurado en rueda de prensa que “en lugar de comprometerse con acciones concretas para resolver problemas reales, ha situado al probable renovado panorama político nacional como el mayor riesgo para los vascos, obviando que son dirigentes como él, como su colega Otegi, como su socio Sánchez, los que verán peligrar sus poltronas. Se acabará el mercadeo, se acabará la subasta de lo que nos hace españoles”.
Amaia Martínez ha puesto de manifiesto su sorpresa tras un discurso vacío, incluso más de lo que había previsto. “Hemos asistido al discurso de un pretendido líder internacional, del canciller de un país imaginario con imaginada capacidad para influir en el ámbito europeo e internacional. El inicio de su intervención parecía más el de un destacado dirigente en la Asamblea General de la ONU, una ensoñación en torno a la que gira todo su proyecto político”.
Y ha criticado con dureza que haya obviado problemas como la creciente inseguridad y su relación con la avalancha migratoria, el mal estado de salud de Osakidetza o la falta de propuestas para resolver el problema de la vivienda también en País Vasco. Sin olvidar, por supuesto, la desidia institucional que contribuye a la ocupación impune de espacios públicos por la izquierda proetarra, de la que hace responsable a este Gobierno Vasco.
“Se nota que su particular Osakidetza no es la de todos, que no padece los problemas de la mayoría para acceder a una vivienda digna, que se mueve con escoltas, alejado de la creciente inseguridad que todos los demás sufrimos, que mira de reojo al partido que promete convertirse en primera fuerza política en País Vasco después de haber sido convenientemente blanqueado”, ha anotado la parlamentaria vasca de Vox.
“El lehendakari nos ha regalado una avalancha de promesas vacías, de foros, plataformas y grupos de trabajo, pero ni una sola solución, ni un solo cómo hacer lo que promete. Lleva un año haciendo nada y promete seguir haciendo nada otro año más. Eso sí, ha dejado claro lo que de verdad le importa del autogobierno: va a gestionar 820 millones de euros derivados de la transferencia de la gestión del paro, dinero que pone España para repartir entre los suyos, nulos beneficios para demandantes de empleo y parados vascos. Invito yo, pero pagas tú” ha ironizado Amaia Martínez.
Amaia Martínez: «El gasto en inmigración ilegal es escandaloso y nos lo ocultan».
“La ciudadanía tiene derecho a conocer con todo lujo de detalles en qué se gastan los fondos públicos obtenidos mediante impuestos cada vez mayores y más gravosos, pero que no se traducen en mejores servicios públicos. Tiene derecho a conocer cuánto gastan las administraciones públicas en atender las necesidades de cada vez más inmigrantes que llegan de forma ilegal a nuestro país”.
Esta es parte de la justificación de la PNL que Amaia Martínez ha registrado hoy para que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fiscalice el gasto en inmigración ilegal tanto del Gobierno Vasco como de las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián.
La parlamentaria vasca de Vox recuerda que “la masiva y descontrolada llegada de inmigrantes ilegales a España es una cuestión que cada vez preocupa más a la ciudadanía, ya sea por su impacto en nuestro mercado laboral, por la creciente inseguridad en nuestros pueblos y ciudades, o por el deterioro perceptible en diferentes servicios públicos debido a la saturación de los mismos y a una menor dotación presupuestaria debido al dinero público que se dedica a atender a población extranjera sin papeles”.
Recuerda que la dispersión competencial en País Vasco, sumada a las resistencias de las diferentes administraciones a aportar información detallada sobre esta cuestión, hacen prácticamente imposible saber “cuántos fondos públicos se dedican a acoger y atender a cientos de personas que han llegado a nuestro país de forma ilegal y viven entre nosotros de forma irregular”.
“La población de País Vasco tiene derecho a saber, insiste Martínez, de ahí la importancia de un informe de estas características, también que sea presentado en el Parlamento Vasco y que se ponga alcance de la opinión pública, para que sepa qué, quién, cuánto y para qué se destinan ingentes cantidades de dinero público”.
“Hasta ese momento seguiremos trabajando con estimaciones. Según datos en nuestro poder, sólo el gasto en atención a menores extranjeros no acompañados ronda los 23 millones de euros al año”. Pero hay muchas más partidas: servicios municipales de acogida y atención a inmigrantes, atención sanitario, educación… “En cualquier caso, las cifras reales, las que no conocemos, seránn escandalosas” augura la parlamentaria vasca de Vox.
Amaia Martínez: «El autogobierno del PNV no ha servido para mejorar la vida de los vascos, sino para empobrecerla».
Amaia Martínez, señaló que muchas voces aseguran que en Euskadi se vive mejor que en otras regiones de España y que disfrutamos de mejores prestaciones. Puede ser cierto, pero no hay que olvidar que el País Vasco ya era un territorio históricamente pujante mucho antes de la llegada del Partido Nacionalista Vasco al poder.
El punto de partida era alto. La clave está en saber si el llamado “autogobierno” y su gestión durante décadas han servido para mejorar la economía, la calidad de vida de los vascos y mantener el liderazgo económico que tuvimos en el pasado. Y la respuesta, a la vista de los datos, es rotundamente no.
Cada año, miles de jóvenes vascos, altamente cualificados, abandonan nuestra tierra porque aquí no se les ofrece ni futuro, ni oportunidades. Mientras tanto, el Gobierno vasco y el resto del arco parlamentario han elegido el camino de la ideología verde, del intervencionismo, del clientelismo político y del relato identitario.
El País Vasco necesita un cambio profundo. Y para ello es imprescindible cambiar de timonel.
El PNV y su manido discurso del autogobierno no han servido para fortalecer a Euskadi, sino para empobrecerla. No han apuntalado el liderazgo industrial ni económico; al contrario: la brecha con otros territorios crece, la industria se debilita, los jóvenes emigran y la economía pierde músculo mientras se multiplican los discursos huecos.
Hoy debatimos en esta Cámara sobre el estado de la economía vasca, y lo hacemos mientras contemplamos una Euskadi estancada, subordinada a la ideología y alejada del esfuerzo, el mérito y la prosperidad.
Esta es la realidad. Y este es el resultado de décadas de gestión nacionalista que ha antepuesto la agenda separatista a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
Desde VOX planteamos un cambio de modelo real: sin privilegios, sin nacionalismos y con una economía abierta al talento, al empleo y a la libertad.