Actualidad Política

31 de julio de 2026

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El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha denunciado desde Vitoria el ataque vandálico sufrido recientemente contra la sede de la formación en Álava, donde, según ha explicado, “los de siempre” lanzaron piedras, pintura e incluso intentaron incendiar las instalaciones.

Durante su comparecencia ante los medios, Garriga ha trasladado “todo el apoyo” de VOX a los cargos, afiliados y simpatizantes del partido en el País Vasco y ha asegurado que la formación “no va a dar ni un paso atrás” frente a quienes pretenden “acabar con la libertad política mediante la intimidación y la violencia”.

“VOX no va a abandonar a aquellos vascos que quieren recuperar la libertad y una política basada en la prioridad nacional en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda protegida”, ha afirmado.

El dirigente de VOX ha centrado gran parte de su intervención en denunciar las consecuencias de las políticas migratorias impulsadas, según ha señalado, por “el Partido Popular, el Partido Socialista y los partidos separatistas”.

Garriga ha asegurado que estas políticas han provocado “terribles consecuencias en materia de seguridad e identidad” y ha citado datos obtenidos, según ha indicado, gracias al trabajo de VOX en el Parlamento Vasco.

En este sentido, ha afirmado que “más del 60 % de los detenidos en 2025 fueron extranjeros” y que “más del 70 % de los responsables de delitos violentos fueron personas extranjeras de origen magrebí”.

Asimismo, ha denunciado que “muchos vascos se sienten extranjeros en su propia tierra” y ha asegurado que “el 90 % de las solicitudes para acceder a vivienda protegida en régimen de alquiler fueron realizadas por personas con apellidos árabes”.

El secretario general de VOX también ha criticado la construcción de una gran mezquita en Vizcaya en un espacio anteriormente ocupado por una discoteca.

“Las políticas migratorias del bipartidismo han logrado que donde antes se bailaba ahora sea un lugar de rezo islámico”, ha afirmado.

Frente a esta situación, Garriga ha defendido que VOX seguirá trabajando “para recuperar la seguridad en los barrios y devolver la prosperidad a familias y trabajadores”.

El dirigente nacional también ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha definido como “el Gobierno de la ruina, de la corrupción y del saqueo del bolsillo de los españoles”.

Garriga ha acusado al PSOE de organizar “un entramado criminal” y ha recordado que VOX está personado en las distintas causas judiciales relacionadas con corrupción que afectan al entorno socialista.

Además, ha anunciado que la formación ha solicitado “el ingreso en prisión de Rodríguez Zapatero” y la comparecencia judicial “de todo el Consejo de Ministros responsable del rescate fraudulento de Plus Ultra”.

Por último, Garriga ha asegurado que VOX continuará trabajando para “recuperar la dignidad de las instituciones” y situar la prioridad nacional “como eje de la acción política”.

El portavoz nacional de VOX de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez, ha intervenido desde Vitoria para denunciar lo que ha calificado como una “nueva realidad criminal” en el País Vasco desde el año 2017, fecha que ha situado como punto de inflexión en las políticas de seguridad.

Según ha señalado, desde entonces los homicidios se han duplicado, las agresiones sexuales se han cuadriplicado y otros delitos vinculados al establecimiento de bandas, como el tráfico de drogas o las riñas tumultuarias con lesiones graves, han aumentado de forma exponencial.

Vázquez ha puesto especial énfasis en la situación de la capital alavesa, donde, según sus datos, las agresiones sexuales habrían aumentado un 1.125% desde 2017. “Es un escenario que hasta hace poco solo veíamos en determinadas zonas conflictivas de Europa y ahora lo estamos viendo aquí”, ha advertido.

Críticas a la gestión del Gobierno autonómico

El dirigente de VOX ha cuestionado la gestión del Ejecutivo vasco en materia de seguridad y ha criticado el nombramiento del consejero de Interior, al considerar que no reúne la experiencia necesaria para afrontar la situación actual. A su juicio, “no se puede dirigir la seguridad desde el desconocimiento ni desde planteamientos ideológicos”.

Asimismo, ha asegurado que numerosos agentes de la Ertzaintza le trasladan su frustración ante lo que consideran una falta de respaldo político y medios adecuados para ejercer su labor con eficacia.

Reconstruir lo que se ha destruido

Vázquez ha vinculado el actual contexto con una transformación social y política que, según ha afirmado, ha afectado a la convivencia y a la percepción de seguridad en la comunidad autónoma.

En ese sentido, ha asegurado que VOX trabajará para “reconstruir todo lo que se ha destruido” y devolver la seguridad a los barrios, situando a los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad “en el centro de la estrategia, con criterios técnicos y no ideológicos”.

Llamamiento a priorizar la seguridad

El representante de VOX ha apelado directamente a los ciudadanos vascos para que sitúen la seguridad como prioridad política y social. “La ideología no protegerá a vuestros hijos. La seguridad, sí”, ha afirmado, insistiendo en la necesidad de “cambiar el paradigma” y adoptar políticas firmes frente a la criminalidad.

Finalmente, ha asegurado que el crecimiento electoral de VOX en el País Vasco responde al respaldo de jóvenes y ciudadanos que, según ha dicho, “no se resignan a la degradación ni a la violencia” y que buscan una alternativa política centrada en la seguridad y la defensa de la convivencia.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer con todo lujo de detalles en qué se gastan los fondos públicos obtenidos mediante impuestos cada vez mayores y más gravosos, pero que no se traducen en mejores servicios públicos. Tiene derecho a conocer cuánto gastan las administraciones públicas en atender las necesidades de cada vez más inmigrantes que llegan de forma ilegal a nuestro país”.

Esta es parte de la justificación de la PNL que Amaia Martínez ha registrado hoy para que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fiscalice el gasto en inmigración ilegal tanto del Gobierno Vasco como de las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos de Vitoria, Bilbao y San Sebastián.

La parlamentaria vasca de Vox recuerda que “la masiva y descontrolada llegada de inmigrantes ilegales a España es una cuestión que cada vez preocupa más a la ciudadanía, ya sea por su impacto en nuestro mercado laboral, por la creciente inseguridad en nuestros pueblos y ciudades, o por el deterioro perceptible en diferentes servicios públicos debido a la saturación de los mismos y a una menor dotación presupuestaria debido al dinero público que se dedica a atender a población extranjera sin papeles”.

Recuerda que la dispersión competencial en País Vasco, sumada a las resistencias de las diferentes administraciones a aportar información detallada sobre esta cuestión, hacen prácticamente imposible saber “cuántos fondos públicos se dedican a acoger y atender a cientos de personas que han llegado a nuestro país de forma ilegal y viven entre nosotros de forma irregular”.

“La población de País Vasco tiene derecho a saber, insiste Martínez, de ahí la importancia de un informe de estas características, también que sea presentado en el Parlamento Vasco y que se ponga alcance de la opinión pública, para que sepa qué, quién, cuánto y para qué se destinan ingentes cantidades de dinero público”.

“Hasta ese momento seguiremos trabajando con estimaciones. Según datos en nuestro poder, sólo el gasto en atención a menores extranjeros no acompañados ronda los 23 millones de euros al año”. Pero hay muchas más partidas: servicios municipales de acogida y atención a inmigrantes, atención sanitario, educación… “En cualquier caso, las cifras reales, las que no conocemos, seránn escandalosas” augura la parlamentaria vasca de Vox.

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