Nieves Martínez: «Los enfermos de ELA no pueden esperar al calendario electoral».
Les Corts han aprobado, a propuesta del PP, que el Gobierno “financie con la máxima urgencia” la Ley ELA y no desvíe su responsabilidad a las comunidades autónomas.
La portavoz del PP en la comisión de sanidad, Nieves Martínez, ha explicado que “la PNL aprobada hoy con el voto en contra del PSPV y Compromís, solicita al Gobierno de España en primer lugar dotar, de manera urgente, de una partida presupuestaria específica y suficiente destinada a financiar el desarrollo y la aplicación integral de la Ley, garantizando así su implementación efectiva en todas las comunidades autónomas”.
“El real decreto aprobado recientemente refleja las acciones de un gobierno que está sin presupuestos generales desde hace tres años. La izquierda legisla para hacer titulares pero sin una financiación concreta difícilmente se puede ejecutar aquello que la ley desarrolla. La ley se aprobó hace un año y hoy en día, un año después es una eternidad para un paciente ELA, son incapaces de financiar la ELA pese al decreto que intenta maquillarlo”.
Martínez ha señalado que “el nuevo decreto del Gobierno es una chapuza y una tomadura de pelo. Una forma bien intencionada pero vacía. No desarrolla la ley, la interpreta a la baja. No convierte los derechos en hechos, no detalla los recursos, ni establece plazos de respuesta ni protocolos de aplicación. No asegura derechos solo los promete. Sigue anclado en la burocracia con retrasos de meses. Pasa la patata caliente a las comunidades autónomas, cuando aquí seguimos sin saber de dónde vamos a sacar esa financiación porque estamos infrafinanciados”.
La portavoz de sanidad del GPP, Nieves Martínez, ha señalado que “en la Comunitat Valenciana hay 430 casos en la actualidad, son enfermos que se sienten frustrados y engañados. No pueden permitirse que esta situación insostenible se prolongue. De hecho, desde que se aprobó la ley el año pasado, han fallecido tres pacientes al día afectados por ELA. Es inhumano negar los recursos necesarios para salvar vidas y mejorar la calidad de quienes padecen esta enfermedad terminal”.
La diputada popular ha recordado que “la legislación establece claramente que el Estado debe asumir íntegramente los costes asociados a esta ley, pero permanece de brazos cruzados y lo único que hace es pasárselo a las comunidades autónomas”.
Patricia Rodríguez: «Las mujeres no necesitan un Gobierno que se proteja, necesitan un Gobierno que las proteja».
La diputada nacional del Partido Popular, Patricia Rodríguez Calleja, ha denunciado en la Comisión de Igualdad del Congreso la “hipocresía” del Gobierno en materia de política de mujer y ha acusado a la ministra de Igualdad de “utilizar de forma burda y evidente el feminismo con fines políticos”.
Rodríguez Calleja recordó que el propio diario El País, el pasado 18 de junio, reconocía que el Ministerio de Igualdad había anunciado un anteproyecto de ley para abolir la prostitución “que nunca llegó a ver la luz”.
“La ministra prometió en junio un anteproyecto abolicionista y estamos en noviembre. ¿Dónde está ese texto? Se lo digo yo: en el cajón, junto a la Ley Integral contra la Trata”, reprochó la diputada.
En su intervención, la parlamentaria popular afirmó que el retraso de ambas leyes responde a las divisiones internas dentro del Consejo de Ministros, “donde hay quien quiere regular la prostitución mientras la ministra pretende abolirla”.
“Ninguna mujer de este país se cree que este Gobierno quiera acabar con la prostitución, porque el número uno del Ejecutivo ha convivido con quienes se han lucrado de ella y todos hemos escuchado los audios de cómo se trataba a mujeres prostituidas como mercancía por parte de sus compañeros”, denunció.
Rodríguez Calleja reprochó además a la titular de Igualdad su “abandono” de la causa abolicionista y lamentó que el Gobierno “haya convertido la defensa de las mujeres en un instrumento de cálculo político”.
“Quizá por eso trae hoy este debate a la Comisión de Igualdad, sin siquiera contar con el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial, solo para desviar la atención de la prostitución y de la corrupción”, señaló.
La diputada popular concluyó su intervención reclamando rigor, coherencia y compromiso real en la lucha contra la explotación sexual y contra todas las formas de violencia hacia las mujeres.
“El Partido Popular defiende una igualdad real y efectiva, no de consignas, sino de hechos, con políticas útiles que protejan a las víctimas y castiguen a los responsables”, subrayó Rodríguez Calleja.
Janette Novo: «Lo único fijo en Rivas es la falta de transparencia».
La portavoz del Partido Popular de Rivas Vaciamadrid, Janette Novo, ha denunciado en el Pleno de octubre la “opacidad y falta de transparencia” del Gobierno municipal en la gestión financiera de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), tras conocerse una nueva operación de crédito avalada por el Ayuntamiento.
Novo explicó que, para la construcción de 83 viviendas de alquiler, la EMV solicitó inicialmente un préstamo de 7,9 millones de euros a Unicaja con un interés fijo del 1,43%, que resultó insuficiente. En lugar de ampliar ese crédito, el Gobierno local optó por solicitar otro préstamo adicional a Cajamar por casi 2 millones de euros.
Ahora, en el Pleno de octubre, el Ejecutivo municipal propone un nuevo préstamo de 5 millones de euros con Bankinter, a tipo de interés variable (Euríbor mensual + 0,87%), es decir, aproximadamente un 2,78%, con el aval directo del Ayuntamiento.
Según ha señalado la portavoz popular, “el Ayuntamiento asegura que cancelará el préstamo promotor inicial porque Unicaja exigía renegociar las condiciones, pero esas supuestas condiciones ventajosas no aparecen en la documentación que se somete al Pleno”. Novo ha criticado que el nuevo préstamo “resulta claramente más gravoso que el anterior” y que “una vez más, se actúa sin la debida transparencia en las decisiones económicas que comprometen el dinero de los vecinos de Rivas”.
Janette Novo ha insistido en que el PP exigirá toda la documentación y explicaciones necesarias en la Comisión del Área de Economía y Organización, para aclarar una operación “que pagarán los ciudadanos” y que “demuestra la falta de rigor y de planificación del Gobierno municipal en la gestión de los recursos públicos”.
El Partido Popular de Rivas reafirma su compromiso con la gestión responsable, la transparencia y la rendición de cuentas, pilares esenciales de la buena administración local que el PP defiende en toda España.
Isabel Díaz Ayuso: «Madrid refuerza su apoyo a los autónomos con 37 millones más en los Presupuestos de 2026».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que los Presupuestos de la Comunidad para 2026 contemplan un incremento del 17,7% en las ayudas destinadas a los trabajadores autónomos, reafirmando el compromiso del Gobierno madrileño con quienes generan empleo y dinamizan la economía regional.
Durante su intervención, Ayuso ha destacado que se invertirán 37 millones de euros adicionales en partidas destinadas a los autónomos. Además, ha detallado que se ampliará la tarifa cero para incluir a los mayores de 52 años y se incrementarán un 40% las ayudas directas para el inicio de nuevos negocios, alcanzando hasta 6.200 euros por emprendedor.
La presidenta ha subrayado que estas medidas buscan acompañar el crecimiento y consolidación del tejido empresarial madrileño, con especial atención a los pequeños negocios que lleven más de tres años en funcionamiento y deseen seguir expandiéndose.
“Vamos a financiar las inversiones de los pequeños negocios que quieran crecer, porque ese es el periodo crítico. En Madrid somos libres y podemos presentar nuestros presupuestos sin estar sometidos a intereses ajenos”, afirmó Díaz Ayuso.
Con estas iniciativas, el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúa fortaleciendo su política de libertad económica, apoyo al emprendimiento y reducción de trabas burocráticas, en línea con el modelo de gestión del Partido Popular, centrado en premiar el esfuerzo y generar oportunidades reales de empleo y prosperidad.
Antonio José Mesa: «Getafe registró 9.000 delitos el último año mientras la alcaldesa mira hacia otro lado».
El portavoz del Partido Popular de Getafe, Antonio José Mesa, ha denunciado hoy la situación de “inseguridad insostenible” que viven los vecinos del municipio y ha criticado que la alcaldesa socialista siga negando el problema.
Mesa ha señalado que “la criminalidad en Getafe se ha disparado” y que el año pasado se registraron más de 9.000 delitos, una cifra muy superior a la de otros municipios de la zona sur de Madrid, como Fuenlabrada, que con mayor población contabilizó 5.900. “Estos datos son la prueba de que Getafe se ha convertido en uno de los municipios más inseguros de la Comunidad de Madrid”, ha afirmado.
El dirigente popular ha destacado que en barrios como El Bercial, los vecinos y padres “viven preocupados por la proliferación de bandas juveniles violentas que atemorizan a los jóvenes”, y ha subrayado que este problema “no se limita a una sola zona, sino que afecta a todo el municipio con distintos tipos de delitos”.
Ante esta situación, Mesa ha anunciado que el Partido Popular llevará este grave problema al Congreso de los Diputados el próximo miércoles, “para exigir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que refuerce los efectivos de la Policía Nacional en Getafe y dote de más medios materiales y humanos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Asimismo, ha reclamado a la alcaldesa de Getafe que “cubra todas las vacantes de la Policía Local y ponga fin a los problemas endémicos del cuerpo”, como la falta de emisoras operativas o los vehículos policiales en mal estado.
“Getafe necesita más policías, más medios y menos excusas. La alcaldesa debe dejar de negar la realidad y empezar a escuchar a los vecinos, que lo único que piden son calles seguras”, ha concluido Mesa.
Ruiz Jódar: «Nunca se había usado la salud con tanta indecencia política».
La diputada regional del Partido Popular, Mari Carmen Ruiz Jódar, ha denunciado la “burda manipulación del PSOE con el cáncer”, criticando que, “con el delegado de Pedro Sánchez a la cabeza, sigan utilizando la salud de las mujeres para hacer política”.
“Si al PSOE de verdad le preocupara la salud pública, hoy estaría clamando contra la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a modificar el presupuesto para destinar más recursos para los programas de vigilancia del cáncer”, ha afirmado Ruiz Jódar, quien ha calificado esta actitud de “irresponsable y miserable”.
De esta manera ha explicado que durante la reunión del Consejo Interterritorial de Salud celebrada ayer, “quedó patente que este órgano se ha convertido en un instrumento político y sectario”. “Nunca, a lo largo de la historia del Consejo Interterritorial, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del Gobierno de España”, ha denunciado la diputada. Es más, “el Ministerio de Sanidad, que no ha completado su propio trabajo, pretende ahora fiscalizar el de los demás”.
Ruiz Jódar ha defendido la gestión sanitaria del Gobierno regional, recordando que en el programa de cribado de cáncer de mama no existe lista de espera. Además, de que la espera de media para las mamografías es de 19 días, como apuntan las listas de espera del SMS; estas pruebas se hacen en una fecha cercana a la consulta para garantizar la asistencia de calidad.
Con todo, “queda patente que el Ministerio busca crear polémica sobre un tema tan serio para tapar su desgobierno y los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo de Pedro Sánchez”.
María Casajús: «El Mar Menor no puede esperar más: necesitamos obras, no excusas».
El Partido Popular ha criticado la “parálisis absoluta” del Gobierno de España en la ejecución del Cinturón Verde del Mar Menor, porque “no hay ni una sola actuación de las comprometidas ejecutada” y ha acusado al socialista Francisco Lucas en la Región de eludir su responsabilidad como Delegado del Gobierno de Pedro Sánchez.
La diputada del PP, María Casajús, ha incidido en que la infraestructura “llamada a reducir la llegada de escorrentías y reducir el riesgo de inundaciones en los municipios del entorno del Mar Menor”, ha sido anunciada por el Ministerio para la Transición Ecológica como «pieza clave de la recuperación del Mar Menor, pero en realidad solo han movido papeles porque no hay ninguna obra licitada y mucho menos iniciada, y lo peor es que irá para largo».
Además ha señalado que, más de cuatro años después de la presentación del llamado Marco de Actuaciones Prioritarias, el Cinturón Verde, del que a penas se ha ejecutado el 15%, los filtros verdes y las áreas de renaturalización continúan en fase administrativa, pendientes en muchos casos de redacción de proyectos, adquisición de terrenos y sin iniciar la contratación. “Es decir, todavía queda una larga tramitación por delante antes de ver la primera obra, si es que algún día comienza”, han lamentado.
En este sentido, ha ironizado al incidir en que “el Cinturón Verde está hoy ‘más verde’ que nunca, no porque se haya plantado vegetación, sino porque no han hecho absolutamente nada. La realidad es que dejan desprotegido al Mar Menor y los vecinos siguen sufriendo cuando llueve y los papeles siguen en los despachos”.
La diputada ha avanzado, además, que “los proyectos están en peligro” porque el Gobierno de Sánchez se comprometió a ejecutar estas actuaciones con fondos europeos, cuyo plazo de ejecución expira en diciembre de 2026, y sin embargo, no ha sido capaz ni siquiera de iniciar el proceso de obras, lo que pone en riesgo la financiación. “Si no se actúa ya, no solo perderemos tiempo; perderemos los fondos. Y eso sería un perjuicio irreparable para el Mar Menor y para la Región”, ha aseverado.
Asimismo, ha criticado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, “prefiera señalar a la Comunidad Autónoma y culpar a terceros, en lugar de asumir la responsabilidad que tiene el Estado en la ejecución del Cinturón Verde, así como todas las obras de contención de inundaciones que duermen en los cajones del Gobierno de Pedro Sánchez”. Según Casajús, esta actitud “demuestra la voluntad del Gobierno de Sánchez de lavarse las manos, eludiendo sus obligaciones mientras seguimos sufriendo las inundaciones y su inacción”.
“El Mar Menor no puede esperar a que el Gobierno de Sánchez decida cuándo empezar a hacer lo que prometió. Necesitamos obras ya, no más titulares”, ha concluido la diputada.
Antonio Landáburu: «El Gobierno es el único responsable de los cortes de agua».
El diputado regional del Partido Popular, Antonio Landáburu, ha denunciado “las mentiras y manipulaciones del PSOE”, que intenta vincular los recientes cortes de agua potable en el entorno del Mar Menor con el Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor.
Según Landáburu, “ese argumento es rotundamente falso y busca confundir a los vecinos, aprovechando su preocupación para lanzar acusaciones sin fundamento, al dictado del delegado del Gobierno de Pedro Sánchez, para tapar su ineptitud. “Los vecinos se han quedado sin agua por la inacción del Estado apoyada por el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez, Francisco Lucas, no por un plan territorial”, ha afirmado.
“Los cortes se deben exclusivamente a los graves daños sufridos en las infraestructuras de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es decir, del Gobierno central”, ha resaltado Landáburu para añadir que “la responsabilidad está claramente delimitada por ley: el abastecimiento de agua es competencia exclusiva del Estado”, ha recordado Landáburu.
Landáburu ha exigido al Gobierno de España que “asuma de una vez su responsabilidad” y ejecute las infraestructuras hidráulicas pendientes para evitar nuevos cortes de agua y episodios de inundaciones”.
Una década de abandono del Estado
“Este episodio no es nuevo: ya ocurrió en 2016, cuando aún no existía la Ley del Mar Menor ni el Plan de Ordenación, y el Gobierno central no ha hecho nada en diez años para prevenir que vuelva a suceder”, ha señalado el diputado.
“Ni el Gobierno regional ni los ayuntamientos del Mar Menor tienen competencia en el mantenimiento o gestión de esas infraestructuras. Los vecinos se han quedado sin agua por la inacción del Estado, no por un plan territorial”, ha subrayado Landáburu.
De hecho, el Plan de Ordenación no puede sustituir las infraestructuras que el Estado debe ejecutar. “La Ley del Mar Menor ya protege el entorno y establece las limitaciones necesarias; lo que hace falta son obras”, ha recalcado el diputado.