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Día 10 de octubre de 2025

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La Agencia de lucha contra el fraude y la corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) ha comunicado al GPP de Les Corts la confirmación de la contratación irregular del Ayuntamiento de Morella con la empresa que gestiona el hermano de Ximo Puig.

El GPP y el portavoz en Morella, Jesús Lecha, presentaron en abril de 2023 una denuncia a la Agencia Antifraude contra el Ayuntamiento de Morella por el pago de facturas sin contrato a las empresas del hermano de Ximo Puig desde 2015.

En concreto trasladó 629 pagos por valor de 408.000 sin seguir ningún proceso de licitación ni de contratación, es decir, pagaron cientos de facturas sin ningún tipo de soporte legal. El montante total abonado de manera irregular ha podido elevar el coste para las arcas municipales en más de un millón de euros desde 1996, año en que comienza la contratación habitual a esta empresa por parte de este Ayuntamiento con el mismo procedimiento.

Ahora, dos años después, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha confirmado esas irregularidades en la contratación de los gastos de publicidad y patrocinio en el Ayuntamiento de Morella.

La notificación de Antifraude con la Resolución final de la investigación concluye que se “constata la irregular contratación de la publicidad institucional por parte del Ayuntamiento de Morella durante el periodo investigado”.

La AVAF formula una serie de recomendaciones al Ayuntamiento de Morella, entre ellas, “la instrucción del oportuno procedimiento de revisión de oficio de las facturas abonadas sin contrato relativas a publicidad institucional (…) sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que, vinculadas a esta práctica irregular de contratación pública, pudieran derivarse”.

Cabe recordar que la empresa gestionada por el hermano de Ximo Puig ya ha sido condenada en firme por el TSJ de la Comunitat Valenciana por formar parte de un cartel de empresas con la finalidad de amañar concursos públicos y falseamiento de la competencia. La Fiscalía le pide 4 años de prisión por delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa por el presunto cobro irregular de ayudas públicas.

La desviación de dinero público con finalidad espuria hacia las empresas de su hermano ha sido una práctica habitual en la gestión de Puig en las diferentes responsabilidades públicas que ha ocupado durante años, tanto como alcalde en el Ayuntamiento de Morella como luego como president de la Generalitat.

El portavoz adjunto del GPP en Les Corts, Salvador Aguilella, ha señalado que “el siguiente paso, una vez analizado el informe íntegro que hemos solicitado a la AVAF, será estudiar emprender las posibles acciones legales que correspondan y se deriven de las irregularidades detectadas”.

El portavoz adjunto del GPP en Les Corts, Salvador Aguilella, ha señalado que “las mentiras del Gobierno sobre los avisos de Aemet hoy se han caído por su propio peso”.

“El jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, reconoce ahora, diez meses después de la tragedia causada por las inundaciones, que no lo hicieron muy bien ese día y que no sabían lo que iba a ocurrir. Reconoce que se equivocaron. Y no hablamos de un error cualquiera: este señor es el mismo que, mientras la emergencia golpeaba a nuestra tierra, se dedicaba a grabar y filtrar audios del CECOPI. Eso es inadmisible”.

Para Aguilella, “han tenido que pasar diez meses para que, por fin, un organismo estatal reconozca los errores cometidos aquel día y admitir que no sabían lo que iba a suceder y, por tanto, no dieron avisos claros”.

El portavoz popular ha indicado que “las palabras de Núñez se contradicen de forma flagrante con lo mantenido por Aemet y por el propio Gobierno durante los diez últimos meses, en los que han mantenido que la Generalitat tenía toda la información para afrontar la emergencia y que su gestión fue ejemplar y modélica. Las declaraciones de Núñez desmontan esa versión y evidencian que no hubo previsión real ni aviso temprano. Lo que hasta ahora se ha venido vendiendo como una gestión perfecta del Gobierno fue en realidad un fracaso de previsión y alerta. Es evidente que la Generalitat no recibió avisos útiles por parte de los organismos estatales, de la CHJ y Aemet. La mentira oficial se cae por su propio peso”.

Aguilella ha afirmado que “la Aemet comunicó aquel día que la tormenta se iba hacia Cuenca, cuando todos sabemos que no fue así. Mintieron entonces y siguen intentando maquillar su responsabilidad ahora. La pregunta es de sentido común: ¿hubo algún informe de la AEMET que las autoridades no siguieran? Si la respuesta es no, ¿por qué tardan diez meses en admitir que fallaron? Y lo más grave: ¿por qué no lo contó ante la jueza? Ese relato falso, que hoy se derrumba, no es un error: ha sido un intento premeditado de la izquierda de engañar a todos los valencianos”.

Por último, Salvador Aguilella ha exigido a “Morant, Bernabé y sus corifeos sanchistas que rectifiquen y salgan a pedir disculpas por todas las acusaciones vertidas contra el Consell en los últimos meses, ahora que se ha demostrado lo que muchos ya sabíamos: que la principal negligencia la cometieron sus propios organismos. Sánchez y sus seguidores han construido un muro de mentiras sobre la DANA. Y como todos los muros falsos, tarde o temprano, se derrumba”.

El portavoz de Industria del GPP, Salvador Aguilella, ha lamentado que mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado “por la singularidad nuclear en Cataluña, dispuesto a ampliar el plazo para el cierre de sus centrales”, en el caso de la Comunitat Valenciana “nos está abocando a la pérdida de miles de puestos de trabajo si no hace lo mismo con Cofrentes”.

Ante ello, Aguilella ha exigido desde el parlamento valenciano que el Congreso tramite con urgencia la Proposición de Ley del Grupo Popular para garantizar la continuidad de la energía nuclear en todo el país y no sólo en Cataluña.

El diputado popular ha advertido que “el 70% de los españoles apoya revisar y posponer el cierre de las nucleares, y a pesar de ello, Pedro Sánchez negocia con los nacionalistas una continuidad exclusiva para Cataluña, dejando fuera a territorios como la Comunitat Valenciana, lo que supondría castigar otra vez a nuestra tierra y a todos los valencianos”.

La solución para por aprobar la propuesta legislativa cuya tramitación ya ha sido aprobada por mayoría en el Congreso, pero el Gobierno y sus socios ya han bloqueado el debate y votación de 41 iniciativas populares sobre vivienda, energía, protección del litoral o lucha contra la okupación ilegal. “Lo que está haciendo la izquierda es un fraude democrático para impedir que se escuchen y se aprueben leyes que sí mejoran la vida de los ciudadanos”, ha denunciado Aguilella.

“El cierre de Cofrentes sería un desastre energético y económico para los valencianos”

El portavoz popular ha calificado como “desastre energético” la hoja de ruta ideológica del Gobierno de Sánchez para cerrar las centrales nucleares sin alternativa. “Pone en riesgo la seguridad del suministro eléctrico nacional, la viabilidad de más de 12.000 empresas industriales en sectores clave de la Comunitat y el empleo de más de 180.000 valencianos”, ha señalado Aguilella.

“Cerrar Cofrentes y alargar las centrales catalanas es un nuevo privilegio para los nacionalistas, y un ataque directo a la economía y a las familias valencianas”, ha afirmado. “Exigimos el mismo trato y que se amplíe la vida útil de Cofrentes, una central que produce energía limpia, segura y estable para todo el territorio valenciano”.

Además, Aguilella ha recordado que la eliminación de la energía nuclear aumentará la factura de la luz, “el recibo de la luz puede subir hasta un 23% en hogares y un 35% en empresas sin la energía nuclear”. La Proposición de Ley presentada por el Grupo Popular plantea mantener operativas las centrales nucleares bajo condiciones de máxima seguridad y como pieza clave para una transición energética equilibrada, que reduzca emisiones, garantice el suministro y baje los precios.

“No se trata de elegir entre nucleares o renovables. Se trata de apostar por nucleares y renovables. No hay transición ecológica sin un sistema eléctrico seguro, estable y asequible”, ha remarcado Aguilella. “Este Gobierno, al que le quedan dos telediarios, no puede tomar una decisión irreversible que pagaremos todos durante décadas. No se puede cerrar Cofrentes por ideología mientras Europa apuesta por mantener o ampliar sus nucleares”.

Finalmente, el dirigente popular ha reclamado “sentido común” y ha instado a PSPV y Compromís a “permitir inmediatamente el debate de esta ley en el Congreso”.

El PP ha presentado una propuesta en Les Corts en la que insta al Gobierno de España a “dar su apoyo firme e incondicional al sector cerámico como motor económico, laboral y social de la provincia de Castelló”.

En la iniciativa registrada en la cámara autonómica también se solicita “aumentar las inversiones en redes eléctricas en la provincia de Castelló para asegurar el incremento real de demanda eléctrica”.

El portavoz de Industria y Comercio del GPP, Salvador Aguilella, ha señalado que “es necesario apoyar y defender la industria de la Comunitat Valenciana y, en concreto, al sector cerámico de la provincia de Castellón que se enfrenta a diversos vaivenes como los fuertes aranceles económicos, la afectación de las exportaciones a países en conflicto o los elevados costes energéticos”.

En concreto, el portavoz popular ha indicado que “de cara a 2030, si la Unión Europea no reduce sus expectativas, la industria tiene que empezar a reducir de manera drástica sus emisiones de CO₂. Como el producto se fabrica en hornos de gas, y no hay tecnología suficiente madura que lo pueda sustituir, el azulejo es una de las actividades industriales más difíciles de descarbonizar. Esto pone en riesgo a la principal industria de Castelló y a miles de puestos de trabajo”.

Aguilella ha señalado que “la electrificación es vista actualmente como la alternativa más viable y rápida porque el azulejo avanzo en la descarbonización y cumpla con los objetivos marcados por la Unión Europea en 2030. Por lo tanto, se necesita multiplicar por 15 su potencia eléctrica en la provincia para cubrir la demanda, puesto que para conseguir estos objetivos un 10% de los 306 hornos del sector azulejero tendrían que ser eléctricos en 2030 para cumplir con la descarbonización”.

“Ante esta situación, es Red Eléctrica, la empresa participada mayoritariamente por el Gobierno y responsable de la operación y el transporte del sistema eléctrico en España, quien tiene que autorizar y realizar las inversiones necesarias en la provincia de Castellón para asegurar las necesidades energéticas presentes y futuras. Por eso es necesario que aumente la inversión en la provincia”, ha concluido.

Diputados del GPP han realizado una visita a la central de Iberdrola en Cortes de Pallás para poner en valor “el complejo hidroeléctrico más grande de Europa”.

El portavoz adjunto del GPP, Salvador Aguilella, ha destacado la tremenda importancia de esta instalación. “En la Comunitat Valenciana no somos conscientes de que contamos con el complejo hidroeléctrico más grande de Europa, con la posibilidad de bombear y ‘turbinar’. De hecho, tras el apagón del 28 de abril, esta central fue la primera en ponerse en marcha en la zona de Valencia y Murcia tras el ‘cero energético’ gracias a poder arrancar de forma autónoma”.

Aguilella, acompañado de los diputados populares Dora Llop, José Forés y Alejo Font de Mora, ha visitado el complejo hidroeléctrico de Iberdrola de Cortes-La Muela en Cortes de Pallás para conocer de primera mano las instalaciones y su funcionamiento. En concreto han visitado la zona del embalse, el depósito de cien hectáreas situado medio kilómetro más arriba y las cavernas ubicadas dentro de la montaña en las que se alojan los siete grupos reversibles de turbinas que actúan como un circuito cerrado en el que el agua sube y baja. La energía eléctrica que genera garantiza el suministro de 600.000 hogares al año.

El portavoz popular ha señalado que “el papel de la central hidroeléctrica resulta clave; es capaz de abastecer el consumo diario doméstico de 6,75 millones de personas. Además, junto con la central nuclear de Cofrentes, es la principal fuente de riqueza e ingresos en la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes”.

En este sentido, el portavoz popular ha recordado que Les Corts aprobaron una proposición no de ley “solicitando al Gobierno de Pedro Sánchez la continuidad de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030 para evitar una clausura que nos privaría de nuestra principal fuente de energía, lo que duplicaría el coste de la factura de la luz para todos los valencianos y amenazaría la competitividad de nuestras empresas. No vamos a dejar de reivindicar la pervivencia de la Central nuclear. Su desmantelamiento supondría un suicidio energético sustentado únicamente en planteamientos ideológicos, pero no en argumentos económicos o medioambientales”.

“Las instituciones gobernadas por el Partido Popular son las que han rescatado a los municipios de la cuenca del Mijares con una inversión que supera los 6,5 millones de euros y que ha dado respuestas ágiles y eficaces a los 15 municipios afectados en la comarca”.

Así lo ha declarado el secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, quien ha lamentado que el Gobierno de España esté “desaparecido”, porque mientras el PP ha inyectado desde las instituciones que gobierna 40 millones de euros a la provincia para dar soluciones, “el PSOE solo se ha hecho fotos. Su inversión ha sido de 0 euros”.


Más de 6,5 millones de euros llegan a la comarca del Alto Mijares para dar solución a depuradoras, servicios, suministros, carreteras, senderos, caminos rurales y pistas forestales. Los vecinos de 15 municipios “saben con quién pueden contar”, dice

Aguilella exige al Gobierno de España que actúe en las 91 zonas inundables que tiene la provincia. “De los 40 millones que el PP ha invertido en la provincia, el PSOE solo han anunciado 0,6 millones para limpieza. Una cifra ridícula que demuestra un absoluto abandono”, declara


Los pueblos, como Torrechiva, Arañuel o Montanejos, afectados por la riada “saben en quién pueden confiar”. “Su falta de recursos se palía con la buena gestión del PP, que ha inyectado 3.071.897,68 euros de forma directa a 15 ayuntamientos”. “Hemos actuado en las depuradoras de Arañuel, Cirat, Fuente la Reina, Montán, Montanejos y Toga con un desembolso de 211.685,63 euros, y la inversión de Diputación en caminos rurales ha superado los 100.000 euros”, ha concretado Aguilella.

Completan las actuaciones las 80 pistas forestales que se están adecuando con 2,25 millones aportados por el Consell y los dos puentes, en Arañuel y Torrechiva, con un desembolso conjunto de 900.000 euros.

La inacción que desespera

“En el otro lado está el Gobierno de España, con Pedro Sánchez. Nos negaron ayudas por parte del Estado porque excluyeron a nuestra provincia negando los daños graves y evidentes que sufrimos. Y se dedicaron a hacerse fotos para no hacer nada más, porque hechos, ninguno”, ha lamentado Salvador Aguilella.

La provincia de Castellón cuenta con 91 zonas inundables que “exigen una actuación urgente por parte de la administración competente, el Ejecutivo”. Asimismo, es necesario establecer un sistema de alerta moderno y eficaz para garantizar la prevención.

Sin embargo, la realidad “es que el PSOE solo ha hecho anuncios. Y los ha hecho con un compromiso ridículo de 600.000 euros frente a los 40 millones de euros comprometidos y aprobados por las instituciones gobernadas por el PP”. El Estado “ha invertido 67 veces menos dinero que Consell y Diputación. Y lo que es más grave, desatiende sus obligaciones porque actuar en estos cauces es de su plena competencia”.

El secretario general del PPCS en la provincia de Castellón, Salvador Aguilella, ha puesto en valor «la política útil» que el PP pone al servicio de los ciudadanos que traza sinergias entre instituciones y agentes económicos para sembrar oportunidades que crean empleo y bienestar.

Así lo ha afirmado el número dos del PPCS tras la firma, el pasado jueves en la Cámara de Comercio, del protocolo de intenciones suscrito a tres bandas, Generalitat Valenciana, Diputación de Castellón y Cámara de Comercio, para fijar una hoja de ruta que garantice a los sectores económicos de la provincia «capacidad de innovación, competitividad y desarrollo frente a los desafíos a los que nos enfrentamos a nivel económico».

El reto, tal y como ha señalado Aguilella, «es que nadie se quede atrás». Y por este motivo el proyecto camina de norte a sur, de este a oeste, «estudiando el perfil de cada comarca y planificando las acciones oportunas para los sectores que caracterizan a cada rincón de nuestra provincia».

Y el proyecto nace «con la voluntad de avanzar». «No queremos que nadie se quede estancado. Deseamos ser aliados de los pilares de nuestra economía para que desde el sector primario al servicios, sin abandonar la industria, «seamos capaces de dar soluciones eficaces que aseguren un impulso y relanzamiento económico al servicio de nuestros ciudadanos».

«Esta provincia es una oportunidad», ha considerado Aguilella. «Y sabemos que hay tanto potencial que no debemos desaprovecharlo». Ser capaces de «evaluar sus capacidades, identificar y desarrollar proyectos estratégicos y trazar un plan de cooperación institucional que analice resultados con la voluntad de alcanzar el éxito son nuestros objetivos». «Porque el impacto positivo redundará en la promoción de empleo y la mejor calidad de vida que debemos dar a nuestros ciudadanos. Ese es el reto al que nos enfrentamos con la voluntad de servir a los castellonenses».

El PP ha pedido en el pleno de Les Corts no cerrar la central nuclear de Cofrentes en 2030 para evitar apagones, reducir la factura de la luz y mejorar la sostenibilidad.

En su intervención, el portavoz de industria del GPP, Salvador Aguilella, ha defendido la PNL señalando que “la propuesta del PP es a favor de los valencianos y del futuro energético de nuestra Comunidad. Es una propuesta para asegurar un suministro eléctrico estable, reducir la factura de la luz y contribuir activamente a la reducción de emisiones de CO₂. Es decir, para reducir la factura de la luz de nuestros vecinos y asegurar la misma todos los días del año, por la competitividad de nuestras empresas, por la sostenibilidad de nuestro entorno y por la soberanía energética de nuestra tierra”.

El diputado popular ha pedido al resto de grupos que abandonen el dogmatismo y ha afirmado que “las energías no tienen ideología. Lo que es ideológico es querer cerrar una central nuclear plenamente operativa, segura y eficiente solo por motivos partidistas y en contra del valencianos y valencianas”.

Aguilella ha advertido que “el cierre precipitado de la central de Cofrentes tendrá consecuencias muy graves, con facturas más altas para los valencianos, más emisiones contaminantes y un riesgo real de apagones”.

“La izquierda quiere que los valencianos paguemos la factura más alta de la luz de toda Europa. Es lamentable que seamos el único país del mundo que se gira de espaldas a la nuclear, el único país con un plan para cerrar todas sus centrales nucleares. No se entiende el cierre de Cofrentes. Supondrá una mayor dependencia del gas, más emisiones, y más costes para todos”.

Aguilella ha concluido que “el debate no es entre nucleares o renovables. Es entre responsabilidad e ideología. La energía no tiene ideología, pero cerrarla por sectarismo sí que es ideológico”.

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