Santi Rodríguez: «El modelo actual solo genera menos vivienda y más precios»
El Partido Popular de Cataluña ha defendido la necesidad de impulsar un cambio en las políticas de vivienda para aumentar la oferta, apostando por medidas que favorezcan la seguridad jurídica, reduzcan la burocracia y fomenten la colaboración público-privada.
El secretario general del PPC, Santi Rodríguez, ha señalado que “para mejorar la oferta de vivienda hay que dotar de mayor seguridad jurídica a los propietarios, reducir la burocracia, modificar la Ley del Suelo, establecer una fiscalidad más adecuada y reforzar la colaboración público-privada”.
Críticas a la gestión en Cataluña
Rodríguez ha criticado la situación actual en Cataluña, señalando que “no se pueden dar lecciones cuando hay servicios en crisis”, en referencia a las huelgas en sectores como educación y sanidad, así como al colapso de Rodalies y otros problemas estructurales.
Asimismo, ha contrapuesto la gestión presupuestaria en Andalucía con la situación catalana, destacando la falta de aprobación de nuevas cuentas en la comunidad.
La vivienda, eje del debate
El dirigente popular ha señalado que las políticas actuales han reducido la oferta de vivienda en alquiler, calificando la Ley de Vivienda como “restrictiva y equivocada”.
Como ejemplo, ha apuntado a la situación de Barcelona, donde —según ha indicado— la oferta es muy inferior a la de otras ciudades como Madrid, Sevilla o Palma.
“El Partido Popular defiende que limitar precios sin aumentar la oferta solo agrava el problema”, ha afirmado.
Propuestas para aumentar la oferta
Rodríguez ha insistido en la necesidad de aplicar medidas estructurales que permitan incrementar la disponibilidad de vivienda:
- Mayor seguridad jurídica para propietarios
- Reducción de trámites administrativos
- Reforma de la Ley del Suelo
- Fiscalidad más adecuada
- Impulso de la colaboración público-privada
Recurso a la Ley de Vivienda
El secretario general del PPC ha recordado el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Vivienda, señalando tres aspectos principales:
- La retroactividad en la protección oficial de viviendas
- La regulación de alquileres temporales y por habitaciones
- La limitación de precios mediante mecanismos sin debate parlamentario
“El Partido Popular considera que estas medidas generan inseguridad jurídica y reducen la oferta de vivienda”, ha concluido.
El Partido Popular reafirma así su apuesta por políticas de vivienda eficaces que incrementen la oferta y faciliten el acceso a la vivienda.
Santi Rodríguez: «Hemos tenido que corregir al Gobierno en todo, porque ni entienden la delincuencia ni quieren combatirla».
El Grupo Popular consigue incorporar al Dictamen de la futura norma todas las modificaciones planteadas al texto, para garantizar una aplicación más clara y coherente del derecho penal, reforzar la seguridad jurídica y asegurar una respuesta efectiva contra la comisión repetitiva de hurtos, estafas o pequeños robos por sujetos que cuenten con condenas previas
El nuevo paquete de medidas aprobadas -siete transaccionales y dos correcciones técnicas- se suman a las cuatro enmiendas que el PP logró aprobar en Ponencia, sobre hurtos reiterados de móviles, casos de estafas multirreincidentes y la tipificación del petaqueo de combustible usado para el narcotráfico que, como proponía el PP, verán endurecidas las penas
Entre las nuevas enmiendas transaccionadas, el diputado del GPP Santi Rodríguez destaca el pacto sobre la dotación de jueces de adscripción territorial, según los criterios que expresen los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades, estableciendo un mínimo
También resalta el voto favorable del PP a una enmienda de Junts, para eliminar indeterminaciones en la valoración de los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas
Critica que el PSOE solo vea en esta norma “una oportunidad para congraciarse con Puigdemont y que Sánchez se mantenga algún día más en La Moncloa, alargando la agonía de este Gobierno”
Subraya que “la norma no puede ser eficaz por sí misma”, puesto que requiere de “un sistema judicial adecuadamente dimensionado y de medios humanos y materiales para las FyCSE, algo que en manos de este Gobierno de corrupción no será posible”
Hace hincapié en que “el valor anual de los hurtos y estafas en los comercios españoles es de 2.800 millones, lo que representa a su vez más de 500 millones de perjuicio para las Administraciones Públicas”
Denuncia asimismo que la Proposición de Ley del PP sobre multirreincidencia sigue paralizada “en el congelador de Armengol”, acumulando 52 prórrogas al texto 17 meses después de su toma en consideración, “cuando lo lógico hubiera sido unir el trámite parlamentario de esta iniciativa y la de Junts en solo uno, como se hizo con las cuatro proposiciones de ley sobre la ELA”