Carlos Oliva denuncia el colapso institucional de Sarrià-Sant Gervasi bajo el PSC.
El grupo de VOX en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi ha denunciado la parálisis institucional y el abandono que sufre el distrito bajo la gestión del Partido Socialista. Durante la sesión plenaria celebrada este pasado lunes, el portavoz de VOX en el distrito, Carlos Oliva, ha calificado la situación de «debacle» y ha criticado duramente la inacción de un equipo de gobierno que, a su juicio, ha dado la espalda a las necesidades reales de los vecinos.
Oliva ha sido tajante al señalar que el actual consejo de distrito se ha convertido en un auténtico «sainete» donde la gestión brilla por su ausencia. Según los datos facilitados por la formación, el PSC ha incumplido más de 80 propuestas que ya habían sido aprobadas previamente por el pleno, demostrando una falta de respeto absoluta a la voluntad democrática de los representantes de los vecinos. Además, la opacidad del gobierno municipal es alarmante, ya que la mayoría de las más de 150 iniciativas presentadas directamente por VOX ni siquiera han recibido respuesta por parte de los responsables socialistas.
Carlos Oliva ha sido contundente al afirmar que hoy han llevado al pleno la debacle del desgobierno socialista y la estafa de los grupos de la falsa oposición. El portavoz ha insistido en que su formación es la última oportunidad para devolver la libertad de circulación, acometer una auténtica rebaja fiscal y garantizar la limpieza y seguridad que el barrio ha perdido bajo el mandato del PSC.
El representante de VOX también ha tenido palabras para el grupo municipal de Junts, a quienes ha acusado de falta de coherencia y de actuar a remolque de las propuestas de su formación. Oliva ha recordado que, hasta hace escasos días, los miembros de Junts mendigaban entrar a gobernar con los socialistas, lo que les inhabilita para presentarse ahora como una oposición firme frente al declive del barrio.
Para VOX, la realidad del distrito es la de un barrio en caída libre donde el contraste entre la presión fiscal y la calidad de los servicios es insostenible. El portavoz ha lamentado que, mientras se acribilla a los vecinos a impuestos, el mantenimiento de las calles y los servicios públicos son cada día peores, creando un agravio comparativo inaceptable para quienes residen en la zona. Ante lo que consideran una gestión agotada, Oliva ha concluido reafirmando que la única alternativa real es VOX para cambiarlo todo y devolver a Sarrià-Sant Gervasi la dignidad que el PSC le ha arrebatado.
Antonio Jesús Fernández exige refuerzo policial tras 26 asaltos a negocios.
El portavoz de VOX en Alhaurín el Grande, Antonio Jesús Fernández, ha exigido un refuerzo inmediato de los efectivos de seguridad en el municipio tras conocerse la detención de varias personas por su presunta implicación en 26 asaltos a negocios en el Valle del Guadalhorce.
Fernández ha advertido de que “estos hechos no son casos aislados, sino la confirmación de una tendencia preocupante que los vecinos y comerciantes vienen denunciando desde hace tiempo”. A su juicio, “la sensación de inseguridad ha aumentado de forma evidente en Alhaurín el Grande y en el conjunto de la comarca, y no podemos mirar hacia otro lado”.
A estos hechos se suman los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, que reflejan que en Alhaurín el Grande se han registrado 962 infracciones penales hasta el cuarto trimestre de 2025, lo que supone un incremento aproximado del 11,21% respecto al mismo periodo del año anterior.
El portavoz de VOX ha señalado que “cuando se producen 26 asaltos a negocios en una misma zona, estamos ante un problema estructural de seguridad que requiere una respuesta contundente y coordinada”. En este sentido, ha reiterado la reclamación ya histórica de VOX de más medios materiales y humanos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como una mayor presencia policial en las zonas comerciales e industriales del municipio.
Fernández ha vinculado además el incremento de determinados delitos con “la inmigración ilegal, descontrolada y masiva que se está promoviendo desde el Gobierno central”, asegurando que “las políticas de puertas abiertas generan un efecto llamada y acaban teniendo consecuencias directas en nuestros pueblos, en nuestros barrios y en nuestros negocios”.
“No se trata de estigmatizar a nadie, sino de decir la verdad: cuando no hay control en las fronteras ni exigencia de cumplimiento de la ley, aumentan los problemas de convivencia y también la delincuencia”, ha afirmado.
Desde VOX, ha concluido Fernández, “seguiremos defendiendo una política firme en materia de seguridad, el refuerzo real de efectivos y la expulsión inmediata de quienes delincan y se encuentren en situación irregular, porque la prioridad deben ser siempre nuestros vecinos, nuestros trabajadores y nuestros comerciantes”.
Ricardo López Olea exige la dimisión de la concejal de IU condenada por agresión en Pinos Puente.
El presidente de VOX Granada, Ricardo López Olea, y el portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Pinos Puente, Antonio Duarte, han exigido la dimisión inmediata de la concejal de Izquierda Unida, Margarita Álvarez, tras conocerse la sentencia que la condena por un delito de lesiones.
La sección penal del Tribunal de Instancia de Granada ha impuesto a la edil nueve meses de multa, una orden de alejamiento durante un año y el pago de 3.852 euros en concepto de indemnización por la agresión a una vecina del municipio en junio de 2023.
Ricardo López Olea ha sido contundente al afirmar que “no es compatible ostentar responsabilidades públicas con haber sido condenada por agredir a una vecina”, subrayando además la “paradoja” de que la condenada ostente la Concejalía de Igualdad. Por ello, ha reclamado su dimisión inmediata y ha instado al Partido Popular a actuar “con coherencia”.
VOX critica el pacto entre PP e IU
Desde VOX recuerdan que el Partido Popular forma parte del actual equipo de gobierno en Pinos Puente tras la moción de censura presentada junto a IU e independientes, cuando ya se conocía la existencia del procedimiento judicial contra la edil.
López Olea ha calificado este acuerdo como una “unión antinatura entre PP e IU que hoy queda aún más retratada”. En este sentido, ha señalado que “el PP sabía que existía este proceso judicial y, aun así, decidió desalojar al PSOE y entregar el gobierno municipal a una coalición con Izquierda Unida”.
Asimismo, el dirigente provincial de VOX ha hecho referencia a la reciente visita institucional a Pinos Puente del presidente de la Diputación y presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, asegurando que su presencia supone un “aval político” al pacto. “Esperamos que, además de la foto, exija públicamente la dimisión de la concejal condenada”, ha afirmado.
VOX reclama ejemplaridad en la vida pública
Por su parte, Antonio Duarte ha señalado que “Pinos Puente no merece un gobierno sostenido por pactos de conveniencia entre partidos que dicen ser incompatibles pero que se unen para repartirse el poder”.
El portavoz municipal ha insistido en que “la ejemplaridad debe ser la base de cualquier responsabilidad pública” y ha reiterado la exigencia de dimisión inmediata de la edil condenada.
VOX ha concluido reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa de la convivencia frente a cualquier forma de violencia.
Patricia Rueda advierte que la vivienda protegida no puede ser para «los cercanos al poder»
VOX ha exigido máxima transparencia al equipo de gobierno del PP en Benahavís tras la publicación del listado provisional de admitidos y excluidos en el proceso de adjudicación de las 30 viviendas de promoción pública (VPP) construidas en 2009 y que, 17 años después, siguen sin entregarse.
La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha advertido que “cuando hablamos de vivienda protegida hablamos de oportunidades para jóvenes y familias trabajadoras, no de privilegios para quienes están cerca del poder político”. En este sentido, ha señalado que “si en un listado provisional figuran familiares directos de cargos públicos o de responsables municipales, el Ayuntamiento tiene la obligación de despejar cualquier duda con total transparencia y sin excusas”.
Rueda ha insistido en que “no basta con afirmar que se cumplen los requisitos; es imprescindible que el procedimiento sea ejemplar, verificable y accesible a la oposición” y ha añadido que “la promoción pública no puede gestionarse desde la opacidad porque lo que está en juego es la confianza de todo un municipio”. Asimismo, ha subrayado que “cuando un proceso genera sospechas, la responsabilidad política exige aclararlas de inmediato, no esperar a que el malestar crezca”.
Por su parte, la portavoz de VOX en Benahavís, Daniela Vega, ha centrado sus críticas en la gestión municipal del proceso. “Estas viviendas llevan años anunciándose en cada campaña electoral como uno de los grandes compromisos del PP. En 2023 volvieron a prometer su adjudicación, en 2024 se abrió la convocatoria y durante meses no hubo avances. Ahora, cuando se publica el listado provisional, lo que encontramos es indignación entre muchos vecinos”, ha afirmado.
Vega ha explicado que, aunque no puede afirmarse que se incumplan los requisitos al no haberse facilitado el acceso íntegro al expediente, “resulta poco ético que determinadas personas vinculadas al propio Ayuntamiento se presenten a una convocatoria de vivienda social sin que exista una transparencia absoluta sobre el cumplimiento de los baremos”. También ha denunciado que el grupo municipal ha recibido documentación parcial: “Como concejales de la oposición tenemos derecho al acceso íntegro a la información baremable para ejercer nuestra labor de fiscalización”.
Finalmente, Patricia Rueda ha recordado que Benahavís se sitúa entre los municipios con el precio por metro cuadrado más elevado de la provincia de Málaga y del conjunto nacional, lo que dificulta el acceso a la vivienda para los vecinos de toda la vida. “Precisamente por esa realidad, estas 30 viviendas no pueden convertirse en un foco de sospecha. Deben ser un ejemplo de justicia y transparencia”, ha concluido.
Juan Antonio Prados impulsa el ‘Defensor del Deporte’ para frenar insultos en las gradas.
Las faltas de respeto desde la grada se han convertido en habituales en las competiciones deportivas. Jugadores, entrenadores, jueces y árbitros se ven obligados a sufrir improperios, amenazas e, incluso, agresiones; por lo que el concejal de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Juan Antonio Prados, ha propuesto la creación del ‘Defensor del Deporte’ para su erradicación.
Esta figura, según explican desde VOX, tendría como labor supervisar el cumplimiento de un código de conducta elaborado por el Instituto Municipal de Deportes en el que se penalice los comportamientos antideportivos de cualquier espectador, pudiendo llegar a decidir si es necesario expulsar del recinto a los implicados o paralizar la actividad hasta que no se solucione el altercado.
“No podemos seguir permitiendo que niños se vean expuestos a estas situaciones. Es urgente actuar contra ellas y desde el Ayuntamiento lo podemos hacer endureciendo el control en las instalaciones deportivas municipales, donde el IMD es el responsable del uso y orden interno”, señalaba Prados.
Así, el concejal de la formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal ha lamentado que este equipo de gobierno ya rechazara una iniciativa en el mismo sentido alegando una falta de recursos. “Con carteles no es suficiente y el ‘Defensor del Pueblo’ giraría en torno a personas voluntarias a las que se le ofrece formación especializada en gestión de conflictos. No hay ninguna excusa para no llevarlo a cabo”.
Y es que Juan Antonio Prados ha apuntado, además, que esta iniciativa incluiría la firma de un acuerdo con los clubes federados, el compromiso firmado de padres y deportistas y un reconocimiento en la Gala del Deporte a la afición más respetuosa, para incentivar la deportividad.
“Con el ‘Defensor del Deporte’ no solo mejoramos la práctica deportiva, sino la educación de nuestra sociedad. Es una iniciativa que fomenta el juego limpio y reduce la presión a nuestros menores. Ahora, está en las manos del Partido Popular aprobarla o no”, ha concluido el concejal de VOX en el Ayuntamiento ejidense.
Toni Balboa denuncia que 207 personas están empadronadas en el Ayuntamiento.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha sacado a la luz una situación que califican de «escándalo administrativo«. Tras una pregunta formal realizada por el portavoz de la formación, Toni Balboa, el equipo de gobierno ha reconocido que actualmente hay 207 personas empadronadas legalmente en el edificio del Ayuntamiento.
Del total de inscritos en la sede consistorial, 59 son de nacionalidad española, mientras que 148 son extranjeros (el 72 % del total). Para Balboa, estos datos confirman que el gobierno local, encabezado por el PSC y sus socios, ha convertido el edificio municipal en un «piso patera institucional«.
El portavoz de VOX ha sido tajante al valorar la respuesta del consistorio: «Es una vergüenza que 207 personas vivan oficialmente en el edificio consistorial. Tener a 148 extranjeros empadronados en la sede municipal es una estafa a los vecinos y una alfombra roja a la inmigración ilegal«.
VOX vincula este «empadronamiento masivo» con un efecto llamada que sobrecarga los servicios públicos y degrada la convivencia en los barrios. Balboa ha reprochado que, mientras los adrianenses sufren para pagar el alquiler, el Ayuntamiento se utilice para «dar cobertura a quienes entran sin permiso«.
En su mensaje político, la formación subraya la necesidad de aplicar la Prioridad Nacional, exigiendo que los recursos y la protección administrativa del municipio se orienten primero a los españoles:
«Basta de buenismo y de fraude. El que entra ilegalmente no merece un hueco en el padrón, merece un billete de vuelta a su país. Es un insulto que el 72 % de los empadronados en el Ayuntamiento sean extranjeros«, ha afirmado Toni Balboa.
Desde VOX aseguran que muchos de estos empadronados en el Ayuntamiento son los mismos que forman parte de los asentamientos y campamentos improvisados que se han extendido por distintos barrios de Sant Adrià de Besòs.
La formación reclama transparencia inmediata y un control estricto del padrón para evitar que la sede institucional se convierta en un refugio administrativo para la inmigración ilegal. VOX concluye advirtiendo que seguirá denunciando cualquier política que priorice a quienes llegan de fuera frente a los vecinos del municipio que afrontan graves dificultades económicas.
Eugenio Moltó acusa al PP de no oponerse a la regularización de 500.000 inmigrantes.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Marbella ha criticado el resultado del pleno celebrado el pasado viernes, en el que el equipo de gobierno del PP votó en contra de la moción presentada para instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a frenar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes en situación irregular.
Durante su intervención, el portavoz de VOX, Eugenio Moltó García, ha advertido de que esta medida, impulsada mediante Real Decreto, “genera un efecto llamada, debilita el principio de legalidad y desautoriza a quienes acceden de forma regular y ordenada a nuestro país”. Asimismo, ha subrayado que “la inmigración masiva sobrecarga de manera directa servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales o la seguridad”.
Moltó ha recordado que “España mantiene un paro estructural de más de cuatro millones de personas”, por lo que considera “profundamente contradictorio promover una regularización masiva cuando existen millones de españoles en desempleo y una evidente presión sobre el mercado laboral”.
El portavoz ha insistido en que “los ayuntamientos somos la primera línea y quienes soportamos el impacto inmediato en el padrón municipal, la vivienda y la convivencia vecinal”, especialmente en un contexto de emergencia habitacional y creciente preocupación por la inseguridad.
Desde VOX han calificado de “lamentable” que el PP se haya negado a respaldar propuestas como la auditoría de concesiones de nacionalidad, el refuerzo contra el empadronamiento fraudulento o la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales. Del mismo modo, han considerado “triste” que OSP haya optado por “mirar hacia otro lado y negar la realidad que viven muchos vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara ante una inmigración ilegal descontrolada”.
Moltó ha concluido afirmando que “VOX seguirá defendiendo una política migratoria firme, ordenada y responsable, porque lo que está en juego es la sostenibilidad de nuestros servicios públicos y la convivencia en nuestros barrios”.
Fernando Hernández acusa al bipartidismo de proteger la ocupación en El Molar.
Desde su entrada en el Ayuntamiento, VOX El Molar asegura haber puesto el foco en una realidad que, según afirma, “demasiados prefieren ignorar”: los empadronamientos ilegales y el uso de recursos públicos que, a su juicio, estarían contribuyendo a perpetuar la ocupación y la inseguridad jurídica de los propietarios.
El portavoz de la formación, Fernando Hernández, sostiene que no se trata de un fenómeno aislado ni reciente, sino de una situación estructural que otros partidos “no solo han consentido, sino alentado”. Según VOX, tanto en El Molar como en el conjunto de España existiría conocimiento político sobre empadronamientos irregulares sin que se hayan adoptado medidas contundentes para corregirlos.
“Cuando una administración tolera lo irregular, deja de ser espectadora y pasa a formar parte del problema”, ha denunciado Hernández.
Servicios sociales y ayudas bajo revisión
El edil también ha señalado el funcionamiento de los servicios sociales, afirmando que en determinados casos se estarían tramitando ayudas en contextos de hacinamiento y falta de control. Hernández advierte de situaciones que, según explica, generan alarma vecinal y cuestiona la emisión de informes de vulnerabilidad que posteriormente pueden presentarse ante los juzgados.
A juicio de VOX, estos informes podrían utilizarse para dilatar procedimientos de desalojo en casos de ocupación o “inquiokupación”, prolongando durante meses los procesos judiciales y perjudicando económicamente a los propietarios. “Mientras tanto, el propietario paga; el ocupante se beneficia; y la administración se desentiende”, ha criticado el portavoz.
Críticas a la Mancomunidad Vega del Guadalix
Hernández ha recordado que ha sido objeto de reprobaciones en distintos plenos municipales —incluidos los de El Molar, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix y Guadalix de la Sierra— por sus denuncias sobre el funcionamiento de los servicios sociales de la Mancomunidad Vega del Guadalix.
Según el concejal, estos servicios “no están cumpliendo la función para la que fueron creados” y ha señalado que si su actuación depende de directrices de la Comunidad o del Gobierno central, “queda aún más claro que quienes gobiernan tienen responsabilidad directa”.
Revisión de empadronamientos y defensa del propietario
VOX El Molar reclama revisar empadronamientos sospechosos, reforzar controles administrativos, garantizar la protección de menores y asegurar que las ayudas públicas lleguen a quienes realmente las necesitan. Al mismo tiempo, insiste en la necesidad de defender el derecho de propiedad y evitar que la vulnerabilidad se utilice como argumento para perjudicar a ciudadanos cumplidores.
“El Molar no merece instituciones que se resignen. Merece transparencia, control, responsabilidad y valentía para actuar”, ha concluido Hernández.