El político argentino Álvaro de Lamadrid elevó el tono de sus críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reclamó que el Congreso utilice las herramientas previstas por la Constitución Nacional para avanzar en una moción de censura y eventual remoción del funcionario.
“Cómo Milei protege a Adorni, el Parlamento debe echarlo. Hay causales para la moción de censura y remoción. La interpretación constitucional habla de casos de mala gestión o negligencia. Es un voto de no confianza. Es saludable que las instituciones funcionen y se salve la Constitución Nacional”, sostuvo.
Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para Adorni. El funcionario enfrenta cuestionamientos políticos y judiciales relacionados con su patrimonio, la declaración de activos y las explicaciones que brindó sobre fondos que no habían sido informados al fisco.
Aunque Adorni niega haber cometido delito alguno y sostiene que los fondos provienen de ahorros e inversiones previas a su ingreso al Gobierno, sus explicaciones no han logrado cerrar la polémica. Por el contrario, cada nueva aclaración abre más interrogantes que respuestas.
De Lamadrid sostiene que las cuentas no terminan de cerrar. Los montos reconocidos, las fechas informadas y los mecanismos utilizados para justificar el origen y la declaración de los fondos han generado una creciente desconfianza política, incluso entre sectores que inicialmente evitaron sumarse a los pedidos de renuncia.
A ello se suma que el propio Adorni decidió acogerse a un régimen de regularización fiscal impulsado por el Gobierno, una decisión que, si bien es legal, ha sido utilizada por sus críticos como argumento para cuestionar la consistencia de su discurso público sobre transparencia y ejemplaridad en la función pública.
Para De Lamadrid, la discusión ya no gira únicamente en torno a la eventual existencia de responsabilidades judiciales. El problema, afirma, es político e institucional.
“El jefe de Gabinete es una figura clave del sistema constitucional argentino. Cuando las explicaciones dejan más dudas que certezas y la confianza pública se deteriora, corresponde que el Congreso ejerza los mecanismos de control que le otorga la Constitución”, señalan desde sectores que impulsan la ofensiva parlamentaria.
El artículo 101 de la Constitución
La Constitución Nacional establece en su artículo 101 que el jefe de Gabinete puede ser interpelado por cualquiera de las cámaras para el tratamiento de una moción de censura y que puede ser removido mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
Se trata de una herramienta concebida para los casos en los que el Congreso considera que un funcionario ha perdido la confianza política necesaria para continuar en el cargo, independientemente de la existencia o no de una condena judicial.
Mientras Javier Milei mantiene un respaldo cerrado a Adorni, la presión política continúa creciendo. Para la oposición, la cuestión ya no es solamente qué hizo el funcionario, sino cuánto desgaste institucional está dispuesto a asumir el Gobierno para sostenerlo.
