Álvaro de Lamadrid: «Si Milei no echa a Adorni, el Congreso debe hacerlo»
El político argentino Álvaro de Lamadrid elevó el tono de sus críticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y reclamó que el Congreso utilice las herramientas previstas por la Constitución Nacional para avanzar en una moción de censura y eventual remoción del funcionario.
“Cómo Milei protege a Adorni, el Parlamento debe echarlo. Hay causales para la moción de censura y remoción. La interpretación constitucional habla de casos de mala gestión o negligencia. Es un voto de no confianza. Es saludable que las instituciones funcionen y se salve la Constitución Nacional”, sostuvo.
Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para Adorni. El funcionario enfrenta cuestionamientos políticos y judiciales relacionados con su patrimonio, la declaración de activos y las explicaciones que brindó sobre fondos que no habían sido informados al fisco.
Aunque Adorni niega haber cometido delito alguno y sostiene que los fondos provienen de ahorros e inversiones previas a su ingreso al Gobierno, sus explicaciones no han logrado cerrar la polémica. Por el contrario, cada nueva aclaración abre más interrogantes que respuestas.
De Lamadrid sostiene que las cuentas no terminan de cerrar. Los montos reconocidos, las fechas informadas y los mecanismos utilizados para justificar el origen y la declaración de los fondos han generado una creciente desconfianza política, incluso entre sectores que inicialmente evitaron sumarse a los pedidos de renuncia.
A ello se suma que el propio Adorni decidió acogerse a un régimen de regularización fiscal impulsado por el Gobierno, una decisión que, si bien es legal, ha sido utilizada por sus críticos como argumento para cuestionar la consistencia de su discurso público sobre transparencia y ejemplaridad en la función pública.
Para De Lamadrid, la discusión ya no gira únicamente en torno a la eventual existencia de responsabilidades judiciales. El problema, afirma, es político e institucional.
“El jefe de Gabinete es una figura clave del sistema constitucional argentino. Cuando las explicaciones dejan más dudas que certezas y la confianza pública se deteriora, corresponde que el Congreso ejerza los mecanismos de control que le otorga la Constitución”, señalan desde sectores que impulsan la ofensiva parlamentaria.
El artículo 101 de la Constitución
La Constitución Nacional establece en su artículo 101 que el jefe de Gabinete puede ser interpelado por cualquiera de las cámaras para el tratamiento de una moción de censura y que puede ser removido mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
Se trata de una herramienta concebida para los casos en los que el Congreso considera que un funcionario ha perdido la confianza política necesaria para continuar en el cargo, independientemente de la existencia o no de una condena judicial.
Mientras Javier Milei mantiene un respaldo cerrado a Adorni, la presión política continúa creciendo. Para la oposición, la cuestión ya no es solamente qué hizo el funcionario, sino cuánto desgaste institucional está dispuesto a asumir el Gobierno para sostenerlo.
Hasta Menem le habría pedido la renuncia a Adorni.
La crisis que envuelve a Manuel Adorni ya no es únicamente un problema judicial o patrimonial. Es, sobre todo, un problema político.
Durante meses, Javier Milei construyó buena parte de su capital político sobre una promesa sencilla de entender para los argentinos: terminar con los privilegios, los abusos y las prácticas de una dirigencia que había perdido toda credibilidad. Sin embargo, cuando uno de sus principales colaboradores quedó envuelto en una sucesión de escándalos vinculados a viajes, patrimonio y declaraciones contradictorias, la reacción presidencial fue cerrar filas y sostenerlo en el cargo.
Adorni sostiene que no cometió ningún delito. Afirma que los fondos cuestionados provenían de ahorros e inversiones en criptomonedas realizadas antes de llegar al Gobierno y denuncia una operación política y mediática en su contra. Milei, por su parte, asegura que no piensa condenar a un funcionario sin pruebas concluyentes ni sentencia judicial.
Sus detractores, en cambio, señalan que el problema ya no es únicamente legal. La discusión gira sobre la credibilidad. Porque un funcionario que primero asegura tener todo declarado y después admite haber omitido informar cientos de miles de dólares genera una crisis de confianza difícil de ignorar.
Y es ahí donde aparece una comparación incómoda para el propio oficialismo.
Javier Milei nunca ocultó su admiración por Carlos Menem. Sin embargo, incluso durante los años más cuestionados del menemismo, la lógica política indicaba que un funcionario convertido en un problema cotidiano para el Gobierno terminaba dejando el cargo para evitar que el escándalo contaminara al conjunto de la administración.
Menem gobernó rodeado de causas judiciales, denuncias de corrupción, funcionarios procesados y episodios que marcaron una de las etapas más controvertidas de la democracia argentina. Sin embargo, la supervivencia política de un gobierno exigía, al menos, preservar la autoridad presidencial apartando a quienes se convertían en un pasivo político.
Hoy la situación parece invertida. Mientras crecen las denuncias, las contradicciones y los pedidos de explicaciones, Milei ha decidido convertir la defensa de Adorni en una cuestión personal.
La pregunta ya no es si Adorni podrá demostrar judicialmente el origen de su patrimonio. La pregunta es cuánto costo político está dispuesto a pagar Milei para sostenerlo.
Porque en política existe una máxima tan antigua como vigente: cuando un funcionario se transforma en noticia por sus problemas y no por su gestión, deja de ser un activo para convertirse en un problema para quien lo mantiene en el cargo.