La crisis que envuelve a Manuel Adorni ya no es únicamente un problema judicial o patrimonial. Es, sobre todo, un problema político.
Durante meses, Javier Milei construyó buena parte de su capital político sobre una promesa sencilla de entender para los argentinos: terminar con los privilegios, los abusos y las prácticas de una dirigencia que había perdido toda credibilidad. Sin embargo, cuando uno de sus principales colaboradores quedó envuelto en una sucesión de escándalos vinculados a viajes, patrimonio y declaraciones contradictorias, la reacción presidencial fue cerrar filas y sostenerlo en el cargo.
Adorni sostiene que no cometió ningún delito. Afirma que los fondos cuestionados provenían de ahorros e inversiones en criptomonedas realizadas antes de llegar al Gobierno y denuncia una operación política y mediática en su contra. Milei, por su parte, asegura que no piensa condenar a un funcionario sin pruebas concluyentes ni sentencia judicial.
Sus detractores, en cambio, señalan que el problema ya no es únicamente legal. La discusión gira sobre la credibilidad. Porque un funcionario que primero asegura tener todo declarado y después admite haber omitido informar cientos de miles de dólares genera una crisis de confianza difícil de ignorar.
Y es ahí donde aparece una comparación incómoda para el propio oficialismo.
Javier Milei nunca ocultó su admiración por Carlos Menem. Sin embargo, incluso durante los años más cuestionados del menemismo, la lógica política indicaba que un funcionario convertido en un problema cotidiano para el Gobierno terminaba dejando el cargo para evitar que el escándalo contaminara al conjunto de la administración.
Menem gobernó rodeado de causas judiciales, denuncias de corrupción, funcionarios procesados y episodios que marcaron una de las etapas más controvertidas de la democracia argentina. Sin embargo, la supervivencia política de un gobierno exigía, al menos, preservar la autoridad presidencial apartando a quienes se convertían en un pasivo político.
Hoy la situación parece invertida. Mientras crecen las denuncias, las contradicciones y los pedidos de explicaciones, Milei ha decidido convertir la defensa de Adorni en una cuestión personal.
La pregunta ya no es si Adorni podrá demostrar judicialmente el origen de su patrimonio. La pregunta es cuánto costo político está dispuesto a pagar Milei para sostenerlo.
Porque en política existe una máxima tan antigua como vigente: cuando un funcionario se transforma en noticia por sus problemas y no por su gestión, deja de ser un activo para convertirse en un problema para quien lo mantiene en el cargo.
