La portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Sofía Acedo, ha exigido al Gobierno que aclare cuántos millones de euros destinará a financiar la regularización masiva de inmigrantes en comunidades autónomas, ciudades y ayuntamientos, advirtiendo de que se trata de una medida “irresponsable y profundamente lesiva”.
Acedo ha denunciado que la iniciativa del Ejecutivo “premia la irregularidad y castiga la legalidad”, generando un agravio comparativo para quienes han cumplido los requisitos y han esperado durante años para regularizar su situación en España. “No estamos ante una simple decisión administrativa, sino ante una de las decisiones más graves en política migratoria de los últimos años”, ha subrayado.
La diputada popular ha criticado que el Gobierno impulse una regularización masiva “sin datos fiables, sin planificación, sin recursos y sin coordinación institucional”, y ha acusado a la ministra Elma Sáenz de “no conocer siquiera las cifras reales”, recordando que informes técnicos estiman un posible impacto de hasta 1.200.000 personas.
Asimismo, ha alertado de que el sistema de extranjería ya se encuentra saturado y que esta medida es “imposible de absorber”. A su juicio, la tramitación urgente del Real Decreto busca evitar el control parlamentario, ya que no incluye memoria económica ni evaluación del impacto en los servicios públicos.
Acedo ha advertido del “efecto llamada”, del riesgo para la seguridad y del fortalecimiento de las mafias, señalando que España podría convertirse en el país donde “la irregularidad termina en regularización automática”. En este sentido, ha calificado de “barbaridad” la posibilidad de sustituir certificados oficiales de antecedentes penales por declaraciones responsables.
La portavoz del PP también ha acusado al Ejecutivo de romper la coherencia europea y debilitar el sistema Schengen, recordando que el Pacto Europeo de Migración se basa en el control de fronteras, la responsabilidad compartida y los retornos efectivos.
Además, ha denunciado que el decreto permitiría regularizar incluso a personas con órdenes de expulsión o antecedentes penales, algo que considera “inasumible”.
Frente a esta política, Acedo ha defendido la alternativa del Partido Popular: una inmigración legal y ordenada vinculada al mercado laboral, retornos eficaces y acuerdos con países de origen, expulsión de delincuentes, lucha contra las mafias, blindaje frente al fraude y ayudas condicionadas a la residencia legal y a la contribución al sistema.
Por último, ha reclamado la retirada inmediata del decreto y ha instado al Gobierno a escuchar a comunidades autónomas, ayuntamientos, oficinas de extranjería y fuerzas de seguridad, advirtiendo de que la medida pone en riesgo los servicios públicos, la seguridad jurídica y la credibilidad de España en Europa.
