La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado una ofensiva parlamentaria en la Comisión de Investigación sobre la SEPI tras conocerse el auto judicial contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Senado, García ha avanzado nuevas comparecencias en la comisión, entre ellas la del exministro José Luis Escrivá, así como la de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero; Cristóbal Cano, gestor vinculado al caso Plus Ultra; y Manuel Aaron Fajardo, señalado como colaborador de Zapatero en Venezuela.
La dirigente popular ha asegurado que los españoles “tienen derecho a saber quién tomaba realmente determinadas decisiones durante la pandemia y quién se benefició de ellas”.
Alicia García ha denunciado que el auto judicial “describe una red estable de influencia política y económica actuando alrededor del poder, de las instituciones y del dinero público”.
Asimismo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber permitido las actuaciones investigadas y ha asegurado que “si Zapatero pudo hacer todo esto es porque el Gobierno sanchista le abrió la caja con el dinero de los españoles y le dejó barra libre para sus negocios”.
La portavoz popular ha defendido que el Partido Popular seguirá exigiendo responsabilidades políticas “a todos los que participaron, colaboraron o miraron hacia otro lado”.
En relación con las comparecencias anunciadas, García ha señalado que el Senado buscará aclarar el papel desempeñado por las personas vinculadas al entorno de Zapatero y el rescate de Plus Ultra, así como las decisiones adoptadas desde distintos organismos públicos.
La portavoz del GPP también ha cargado contra el Gobierno y el PSOE por desacreditar las investigaciones parlamentarias y judiciales.
“Los bulos son los del Gobierno y el fango es donde están Cerdán, Ábalos, Koldo, Sánchez y Zapatero”, ha afirmado.
Por último, Alicia García ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales ante la gravedad política e institucional de los hechos investigados.
“En cualquier democracia sana, un presidente del Gobierno en estas circunstancias habría disuelto las Cortes, dimitido y convocado elecciones”, ha concluido.
