La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado hoy la puesta en marcha de una nueva Comisión de Investigación sobre la SEPI para esclarecer si el Gobierno de España benefició al régimen de Nicolás Maduro con dinero público, a través del rescate de empresas con vinculaciones chavistas como Plus Ultra y de la trama de los hidrocarburos.
Durante una rueda de prensa en la Cámara Alta, García ha subrayado que España no puede permitirse un Estado capturado por la corrupción, y ha advertido de que “el PP y el Senado no van a mirar hacia otro lado cuando la corrupción entra por la puerta”. En este sentido, ha recordado las reiteradas ocasiones en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió al dictador Nicolás Maduro, permitió la entrada en España de Delcy Rodríguez pese a la prohibición europea y silenció a la oposición democrática venezolana.
La dirigente popular ha calificado la situación política actual como “vergonzante e incompatible con una democracia normal”, denunciando que “nunca un presidente del Gobierno ha estado tan rodeado de corrupción, imputaciones y escándalos judiciales como Pedro Sánchez”. A su juicio, no se trata de hechos aislados, sino de “una forma de ejercer y degradar el poder”.
García ha anunciado además que el próximo 15 de enero se celebrará un pleno extraordinario en el Senado para que comparezcan la vicepresidenta primera y responsable de la SEPI, María Jesús Montero, y la vicepresidenta Teresa Ribera Aagesen, cuyo departamento está implicado en la trama de hidrocarburos que pudo beneficiar al régimen venezolano.
La SEPI, en el centro de la corrupción
La portavoz del PP ha denunciado que la SEPI administra miles de millones de euros de dinero público, pero se ha convertido en “la caja negra del Estado al servicio de la corrupción, un cajero automático para pagar favores políticos, empresariales e internacionales”. Ha alertado de que casi 1.000 millones de euros del Fondo de Ayuda a la Solvencia están bajo investigación judicial, mientras las pérdidas de las empresas participadas se han duplicado desde que gobierna Sánchez.
Asimismo, ha recordado que, tras la pandemia, se concedieron rescates millonarios a compañías hoy investigadas, mientras autónomos y pequeños empresarios quedaban abandonados a su suerte. “El juez investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal”, ha remarcado.
García ha sido especialmente dura con el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha calificado como “el embajador de Maduro en España”, recomendándole que “permanezca localizable” porque las investigaciones sobre la corrupción del Gobierno continúan abiertas, especialmente en la Comisión Koldo–Ábalos–PSOE.
Finalmente, ha advertido de que los registros practicados por la UCO en dos vicepresidencias y distintos ministerios demuestran la gravedad de la situación: “Cuando la Guardia Civil entra en dos vicepresidencias no cabe silencio, escondite ni excusas”, ha sentenciado.
