Eloy Suárez dinamita la versión del Gobierno: «Plus Ultra se rescató sin informes internos»
El senador del Partido Popular, Eloy Suárez, ha denunciado que la comparecencia del exdirector de Participadas de la SEPI, José Ángel Partearroyo, “ha desmontado la versión oficial del Gobierno y de la SEPI” sobre el rescate público concedido a Plus Ultra.
Durante la Comisión de Investigación de la SEPI en el Senado, Partearroyo reconoció que “en Plus Ultra no hubo informes internos”, contradiciendo así las afirmaciones realizadas anteriormente por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, así como por otros responsables de la SEPI.
Para Eloy Suárez, estas declaraciones evidencian “gravísimas contradicciones” en torno a la tramitación de un rescate financiado con dinero público.
“Hoy hemos sabido que el rescate de Plus Ultra se tramitó sin informes internos favorables y apoyándose exclusivamente en informes externos”, ha señalado.
El senador popular ha denunciado además que las consultoras externas asumían como válida toda la documentación entregada por la compañía sin verificar su autenticidad ni exactitud.
“Cientos de millones de euros públicos se concedieron sobre documentación cuya verificación nadie asumía”, ha criticado.
Eloy Suárez ha considerado “especialmente grave” que Plus Ultra recibiera 53 millones de euros pese a representar únicamente el 0,03% del tráfico aéreo nacional y pese a las dudas existentes sobre determinadas operaciones financieras actualmente investigadas por la justicia.
“Lo que hoy ha quedado acreditado es que el Gobierno y la SEPI construyeron un relato falso para justificar decisiones políticas nunca suficientemente avaladas desde el punto de vista técnico”, ha afirmado.
El senador del Partido Popular también ha mostrado su preocupación por la rapidez “absolutamente excepcional” con la que se aprobó el rescate de Air Europa, cifrado en 475 millones de euros y tramitado en apenas 60 días.
Según ha señalado, otras empresas con mayor peso estratégico y más empleo tardaron más de un año en completar expedientes similares.
Asimismo, Suárez ha preguntado durante la comisión sobre posibles contactos, reuniones o presiones internas vinculadas a la trama Ábalos-Aldama para agilizar ayudas públicas a Air Europa y Plus Ultra.
El dirigente popular ha denunciado que las comparecencias celebradas hasta ahora reflejan “una cadena de contradicciones, omisiones y falta de transparencia incompatible con la correcta gestión de recursos públicos”.
Además, ha puesto el foco sobre otras operaciones vinculadas a la SEPI, como la gestión de Correos Cargo, préstamos concedidos y contrataciones de directivos.
“La comisión continuará investigando hasta conocer toda la verdad sobre unas operaciones con demasiadas coincidencias, demasiadas contradicciones y demasiadas decisiones difíciles de justificar técnicamente”, ha concluido Eloy Suárez.
Salvador de Foronda cuestiona el uso de fondos públicos en ayudas millonarias.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Investigación de la SEPI, Salvador de Foronda, ha denunciado que los rescates millonarios concedidos por el Estado a empresas como Plus Ultra o Air Europa “no eran donativos”, sino operaciones que convirtieron al Estado en “socio capitalista, silenciado y utilizado como muleta de élites”.
Durante su intervención en la Comisión, De Foronda ha cuestionado la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, señalando que se trata de un organismo clave que maneja fondos públicos estratégicos y cuya actuación, a su juicio, ha estado marcada por “deficiencias e irregularidades”.
El senador ha recordado que la Unidad Central Operativa (UCO) ha investigado posibles indicios de blanqueo en operaciones vinculadas a estos rescates, mencionando prácticas como el incremento de costes o vínculos con sociedades offshore, y ha planteado interrogantes sobre el destino de estos fondos.
Asimismo, ha puesto el foco en el rescate de Plus Ultra, señalando el papel de José Luis Rodríguez Zapatero, así como en el caso de Air Europa, cuyo rescate de 475 millones de euros, según ha indicado, fue fraccionado para evitar controles europeos.
De Foronda ha criticado también la gestión de otros expedientes como Tubos Reunidos o Eurodivisas, apuntando a posibles irregularidades en la concesión de ayudas públicas y cuestionando la legalidad de determinadas operaciones.
En este contexto, ha advertido a la presidenta de la SEPI de la necesidad de esclarecer los hechos, señalando que “si no se investigan estos indicios, se incumple el deber institucional”.
El portavoz popular ha denunciado además que, mientras miles de autónomos y pymes afrontaban dificultades económicas durante la pandemia, determinadas empresas fueron consideradas estratégicas y recibieron importantes ayudas públicas.
Finalmente, ha reclamado un control parlamentario exhaustivo de estas operaciones, subrayando la necesidad de garantizar la transparencia y la correcta gestión de los fondos públicos.
Alicia García exige a la SEPI los expedientes de Plus Ultra y Air Europa.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado la presentación de un escrito de amparo ante la Mesa del Senado para exigir a la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, la remisión inmediata de los expedientes relativos a los rescates de Plus Ultra y Air Europa, solicitados por el Partido Popular en el marco de la Comisión de Investigación.
García ha denunciado que la SEPI ha superado ampliamente el plazo reglamentario para entregar dicha documentación sin haber ofrecido respuesta alguna. En el caso de Air Europa, ha subrayado que ha transcurrido un año desde la solicitud, calificándolo como “otro aniversario antidemocrático del sanchismo”.
“Son ya 365 días de oscurantismo”, ha afirmado, acusando a la vicepresidenta María Jesús Montero de “estar hurtando esos expedientes a los españoles”, al tiempo que ha recordado que el Parlamento tiene el derecho y la obligación de investigar cómo se tomaron estas decisiones.
Críticas al Gobierno por falta de control parlamentario
La portavoz popular ha criticado también la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de evitar el control parlamentario en el Senado.
“Hace dos años desde la última vez que Sánchez se sometió al control en el Senado. Ya no es solo presidente del Gobierno, es el prófugo del Senado”, ha señalado.
García ha calificado esta situación como “absentismo laboral”, denunciando que el jefe del Ejecutivo y varios miembros de su Gobierno evitan comparecer ante la Cámara Alta.
Denuncia de absentismo en el Gobierno
En este sentido, ha advertido de que el problema no se limita al presidente, sino que afecta también a varios ministros. Según ha indicado, la vicepresidenta primera ha faltado a 11 de las 14 sesiones celebradas desde septiembre, lo que ha calificado como “una auténtica espantada parlamentaria”.
“El Gobierno se siente más cómodo en el búnker que dando explicaciones a los ciudadanos”, ha afirmado.
Defensa del control democrático
Alicia García ha insistido en que el Ejecutivo no puede normalizar prácticas que debilitan el control democrático, recordando además la falta de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y el bloqueo de iniciativas legislativas.
Asimismo, ha criticado la falta de medidas para apoyar a familias y autónomos, frente a la rapidez del Gobierno para adoptar otras decisiones.
“El señor Sánchez podrá seguir huyendo del Senado, pero no va a poder huir del control democrático, porque quien huye del Parlamento, huye de los españoles”, ha concluido.
Alicia García: «España no puede permitirse un Estado capturado por la corrupción»
La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado hoy la puesta en marcha de una nueva Comisión de Investigación sobre la SEPI para esclarecer si el Gobierno de España benefició al régimen de Nicolás Maduro con dinero público, a través del rescate de empresas con vinculaciones chavistas como Plus Ultra y de la trama de los hidrocarburos.
Durante una rueda de prensa en la Cámara Alta, García ha subrayado que España no puede permitirse un Estado capturado por la corrupción, y ha advertido de que “el PP y el Senado no van a mirar hacia otro lado cuando la corrupción entra por la puerta”. En este sentido, ha recordado las reiteradas ocasiones en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió al dictador Nicolás Maduro, permitió la entrada en España de Delcy Rodríguez pese a la prohibición europea y silenció a la oposición democrática venezolana.
La dirigente popular ha calificado la situación política actual como “vergonzante e incompatible con una democracia normal”, denunciando que “nunca un presidente del Gobierno ha estado tan rodeado de corrupción, imputaciones y escándalos judiciales como Pedro Sánchez”. A su juicio, no se trata de hechos aislados, sino de “una forma de ejercer y degradar el poder”.
García ha anunciado además que el próximo 15 de enero se celebrará un pleno extraordinario en el Senado para que comparezcan la vicepresidenta primera y responsable de la SEPI, María Jesús Montero, y la vicepresidenta Teresa Ribera Aagesen, cuyo departamento está implicado en la trama de hidrocarburos que pudo beneficiar al régimen venezolano.
La SEPI, en el centro de la corrupción
La portavoz del PP ha denunciado que la SEPI administra miles de millones de euros de dinero público, pero se ha convertido en “la caja negra del Estado al servicio de la corrupción, un cajero automático para pagar favores políticos, empresariales e internacionales”. Ha alertado de que casi 1.000 millones de euros del Fondo de Ayuda a la Solvencia están bajo investigación judicial, mientras las pérdidas de las empresas participadas se han duplicado desde que gobierna Sánchez.
Asimismo, ha recordado que, tras la pandemia, se concedieron rescates millonarios a compañías hoy investigadas, mientras autónomos y pequeños empresarios quedaban abandonados a su suerte. “El juez investiga delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal”, ha remarcado.
García ha sido especialmente dura con el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha calificado como “el embajador de Maduro en España”, recomendándole que “permanezca localizable” porque las investigaciones sobre la corrupción del Gobierno continúan abiertas, especialmente en la Comisión Koldo–Ábalos–PSOE.
Finalmente, ha advertido de que los registros practicados por la UCO en dos vicepresidencias y distintos ministerios demuestran la gravedad de la situación: “Cuando la Guardia Civil entra en dos vicepresidencias no cabe silencio, escondite ni excusas”, ha sentenciado.