La delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Bormujos, Isabel Madera (VOX), ha expresado su malestar tras conocer la denegación de una subvención solicitada a la Diputación de Sevilla destinada a la construcción de seis viviendas de protección oficial (VPO) en el municipio.
Durante su intervención pública en la misma plaza donde hace tres meses anunció la solicitud de la ayuda, Madera explicó que el Ayuntamiento cumplía con todos los requisitos establecidos en las bases. Sin embargo, la subvención ha sido rechazada por el simple hecho de que las viviendas municipales implicadas están actualmente okupadas de manera ilegal.
“La okupación ilegal que estamos sufriendo en este barrio mina los derechos de aquellos bormujeros que sí cumplen con los requisitos legales para acceder a una viviendaprotegida”, señaló la delegada.
Madera recordó que lleva meses denunciando esta situación y que, desde la Delegación de Urbanismo, ya se inició hace tiempo el proceso de desokupación de los inmuebles
municipales con el objetivo de recuperar el patrimonio público y destinarlo al uso que realmente corresponde: el de los vecinos de Bormujos.
“Esta subvención se ha perdido, pero vendrán otras muchas. Desde la Delegación de Urbanismo seguiré adelante con el proceso de recuperación de las viviendas municipales, porque todos los bormujeros tienen derecho a una vivienda digna. Me comprometí a mejorar y a buscar alternativas de vivienda para todos, y lo que decimos lo cumplimos”, afirmó.
La delegada quiso dirigir un mensaje claro, subrayando que “hoy son muchos los vecinos que se ven perjudicados por una situación que el Ayuntamiento lleva tiempo intentando resolver dentro de la legalidad”.
Con este mensaje, Isabel Madera reafirma su compromiso con la legalidad, la justicia social y el derecho de todos los bormujeros a acceder a una vivienda en igualdad de condiciones, insistiendo en que no se puede permitir que la okupación ilegal bloquee proyectos de vivienda destinados a quienes más los necesitan.
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«La Diputación de Sevilla presentó con gran entusiasmo una ayuda destinada a vivienda que, según destacaron los ayuntamientos gobernados por el PSOE, supondría una solución al problema habitacional en la provincia.
No obstante, las cifras muestran una realidad muy diferente. De los 106 municipios que podían optar a la subvención, únicamente 42 la solicitaron, lo que representa menos del 40%. Y, de ellos, solo 26 resultaron finalmente beneficiados, ya que el resto —en su mayoría gobernados por el PSOE— no cumplía con los requisitos establecidos, como contar con un registro de solicitantes de vivienda actualizado.
En definitiva, lejos de convertirse en una herramienta eficaz para afrontar la problemática de la vivienda, esta medida parece haber sido más un gesto de carácter político que una solución real, generando expectativas que no se han materializado en resultados tangibles para la ciudadanía.»
