El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una iniciativa del Partido Popular para exigir al Gobierno de España que declare determinadas zonas del litoral de la Región de Murcia como “áreas de especial presión criminal” ante el incremento de la actividad vinculada al narcotráfico.
La moción reclama la puesta en marcha de dispositivos específicos de intervención, el refuerzo urgente de efectivos y medios materiales y tecnológicos, así como la elaboración de un plan integral de prevención y lucha contra el narcotráfico en todo el litoral del Levante español.
La diputada regional del Partido Popular María Casajús defendió la iniciativa alertando sobre el crecimiento de las redes criminales en distintos puntos de la costa murciana y sobre la insuficiencia de medios con los que cuentan actualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“No es aceptable ni justo que quienes hacen el juramento de entregar su vida en defensa de España lo hagan con medios claramente insuficientes frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas”, afirmó.
Casajús recordó que la propia Guardia Civil lleva años advirtiendo del aumento de la presión del narcotráfico en municipios como Mazarrón, Águilas, Cartagena y el entorno del Mar Menor, zonas donde se han desarrollado importantes operaciones policiales durante los últimos meses.
La diputada popular destacó además que informes de seguridad nacional identifican a la Región de Murcia como uno de los puntos de interés para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, tanto por vía marítima como terrestre.
Asimismo, denunció la falta de recursos operativos para hacer frente a una amenaza criminal cada vez más sofisticada y cuestionó decisiones adoptadas por el Ministerio del Interior que, a juicio del Partido Popular, han debilitado la capacidad de respuesta frente al narcotráfico.
“Mientras las mafias disponen de embarcaciones de alta potencia, tecnología avanzada, drones y sistemas de comunicación sofisticados, nuestros agentes trabajan muchas veces con medios insuficientes para garantizar la seguridad del litoral”, señaló.
La iniciativa aprobada por la Cámara autonómica reclama al Ejecutivo central una respuesta inmediata que permita reforzar la seguridad en la costa murciana y garantizar la protección de ciudadanos, agentes y actividades económicas vinculadas al litoral.
“El Estado de derecho no puede permitir que la capacidad de actuación de las organizaciones criminales avance más rápido que la respuesta institucional”, concluyó Casajús.
