María Casajús exige a Sánchez retirar el nuevo Reglamento de Costas.
La diputada regional del Partido Popular María Casajús ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que retire el proyecto del nuevo Reglamento de Costas, al considerar que incrementa la inseguridad jurídica y puede poner en riesgo viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en el litoral.
Casajús ha denunciado que el Ejecutivo central pretende aprobar la norma de manera unilateral, sin atender suficientemente las alegaciones presentadas por las comunidades autónomas, entre ellas las formuladas por el Gobierno de la Región de Murcia.
“El nuevo Reglamento de Costas genera más inseguridad jurídica y amenaza con derribar más casas en el litoral”, ha advertido la parlamentaria popular.
Riesgo de nuevos deslindes
La diputada del PP ha alertado de que el proyecto abre la puerta a nuevos procedimientos de deslinde que podrían afectar a propiedades, negocios e infraestructuras ubicadas en zonas costeras.
A juicio de Casajús, una reforma de esta importancia no debe tramitarse sin diálogo ni consenso con las administraciones autonómicas y los colectivos afectados.
“Nos parece intolerable que una modificación de ese calibre se pretenda llevar a cabo de forma unilateral, sin contar con las comunidades autónomas y cuando puede restringir los derechos de más ciudadanos”, ha señalado.
El Partido Popular defiende que cualquier modificación de la normativa costera debe ofrecer certeza jurídica a los propietarios y compatibilizar la protección del litoral con la defensa de las actividades económicas y sociales desarrolladas en estos territorios.
El PP denuncia una invasión de competencias autonómicas
Casajús ha acusado al Gobierno central de desoír las alegaciones presentadas por el Ejecutivo murciano y de invadir competencias autonómicas mediante la aprobación de un reglamento que aborda aspectos esenciales de la gestión del dominio público marítimo-terrestre.
La parlamentaria ha reprochado también al Ejecutivo que utilice el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra España como justificación para modificar mediante un reglamento cuestiones que, según ha defendido, deberían regularse a través de la propia Ley de Costas.
“El proyecto presenta incompatibilidades con la legislación vigente. Antes de aprobar un nuevo desarrollo reglamentario debería abordarse una reforma de la ley que elimine esas contradicciones”, ha explicado.
Reforma legal previa y diálogo institucional
El Partido Popular reclama al Gobierno que retire la propuesta actual, abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y promueva previamente una modificación de la Ley de Costas.
Para el PP, esta reforma legal debe servir como base para elaborar posteriormente un reglamento consensuado, claro y respetuoso con la distribución constitucional de competencias.
Casajús ha señalado que el PSOE debería desbloquear las proposiciones de ley de Costas impulsadas por el Partido Popular en el Congreso y en el Senado, en lugar de continuar tramitando una norma que genera dudas jurídicas y preocupación entre los residentes del litoral.
Moratoria para proteger a los vecinos
La diputada popular ha solicitado también la aprobación urgente de una moratoria que paralice temporalmente cualquier actuación de deslinde, ocupación o demolición hasta que exista un marco jurídico claro y consensuado.
El objetivo, ha explicado, es evitar decisiones irreversibles mientras continúa el debate sobre la normativa y garantizar la protección de los ciudadanos que puedan verse afectados.
“El Partido Popular está junto a los vecinos que ven peligrar sus casas y en defensa de la libertad, la seguridad jurídica y la propiedad privada”, ha concluido Casajús.
El Partido Popular defiende una política de costas equilibrada, que proteja el medio ambiente sin menoscabar los derechos de los ciudadanos, la actividad económica ni las competencias de las comunidades autónomas.
María Casajús reclama refuerzos urgentes para la costa murciana.
El Pleno de la Asamblea Regional ha aprobado una iniciativa del Partido Popular para exigir al Gobierno de España que declare determinadas zonas del litoral de la Región de Murcia como “áreas de especial presión criminal” ante el incremento de la actividad vinculada al narcotráfico.
La moción reclama la puesta en marcha de dispositivos específicos de intervención, el refuerzo urgente de efectivos y medios materiales y tecnológicos, así como la elaboración de un plan integral de prevención y lucha contra el narcotráfico en todo el litoral del Levante español.
La diputada regional del Partido Popular María Casajús defendió la iniciativa alertando sobre el crecimiento de las redes criminales en distintos puntos de la costa murciana y sobre la insuficiencia de medios con los que cuentan actualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
“No es aceptable ni justo que quienes hacen el juramento de entregar su vida en defensa de España lo hagan con medios claramente insuficientes frente a organizaciones criminales cada vez más poderosas”, afirmó.
Casajús recordó que la propia Guardia Civil lleva años advirtiendo del aumento de la presión del narcotráfico en municipios como Mazarrón, Águilas, Cartagena y el entorno del Mar Menor, zonas donde se han desarrollado importantes operaciones policiales durante los últimos meses.
La diputada popular destacó además que informes de seguridad nacional identifican a la Región de Murcia como uno de los puntos de interés para las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, tanto por vía marítima como terrestre.
Asimismo, denunció la falta de recursos operativos para hacer frente a una amenaza criminal cada vez más sofisticada y cuestionó decisiones adoptadas por el Ministerio del Interior que, a juicio del Partido Popular, han debilitado la capacidad de respuesta frente al narcotráfico.
“Mientras las mafias disponen de embarcaciones de alta potencia, tecnología avanzada, drones y sistemas de comunicación sofisticados, nuestros agentes trabajan muchas veces con medios insuficientes para garantizar la seguridad del litoral”, señaló.
La iniciativa aprobada por la Cámara autonómica reclama al Ejecutivo central una respuesta inmediata que permita reforzar la seguridad en la costa murciana y garantizar la protección de ciudadanos, agentes y actividades económicas vinculadas al litoral.
“El Estado de derecho no puede permitir que la capacidad de actuación de las organizaciones criminales avance más rápido que la respuesta institucional”, concluyó Casajús.