Actualidad Política

19 de mayo de 2026

Nicasio Galván: «Con un sueldo medio no se puede ni soñar con comprar una vivienda».

El grupo parlamentario VOX en el Parlamento de Canarias recibe una vez más la constatación de que la unanimidad política no quiere asumir medidas que impliquen cambios reales para el acceso a la vivienda en Canarias. Tal y como ya ha denunciado la diputada Paula Jover en anteriores ocasiones, se ha puesto de manifiesto que hay un parque de viviendas de más de 200.000 unidades en las islas para cubrir la demanda de 40.000 viviendas y, sin embargo, el Ejecutivo destina partidas millonarias donde solo se ha entrado una vivienda.

Tal y como expone VOX en la PNL defendida hoy, asistimos en España a una emergencia habitacional sin precedentes: la oferta de casas se ha desplomado y la demanda española ha sido precarizada y forzada a sufrir competencia desleal. Las ciudades españolas donde se concentran las oportunidades laborales se han convertido en zonas hostiles, especialmente para los jóvenes españoles, y la inmigración masiva ha inundado nuestros municipios haciéndolos inhabitables o inaccesibles. Ante este contexto, ha puntualizado el portavoz en Canarias de VOX, Nicasio Galván, “no se puede trasladar la responsabilidad a los propietarios”.

Con un salario medio mensual en Canarias de 1.6683€ al mes en 2024, la posibilidad de acceder a la vivienda resulta casi inalcanzable. En las islas, el precio medio de 3.084 euros por metro cuadrado refleja la magnitud del problema: una vivienda de 80 m² cuesta alrededor de 246.720 euros, lo que exige una entrada mínima de unos 49.000 euros, sin contar impuestos ni gastos (notaría, registro, gestoría). Es evidente: Cada vez más familias canarias se ven obligadas a renunciar a comprar una vivienda. A todo ello, como ha recordado en el pasado Jover, se suma la inseguridad jurídica que cierra las puertas al mercado del alquiler.

En el pleno de hoy, el portavoz del grupo parlamentario VOX, Nicasio Galván, criticó las políticas restrictivas para la construcción, la Ley de Vivienda que ha provocado que el mercado se retraiga y la falta de políticas ejecutivas de construcción de viviendas sociales.

Por todo ello la propuesta de VOX insistía en pedir al Gobierno de Canarias:

1. Impulsar la reducción del tipo general del IGIC del 7% al 5% para la

adquisición de vivienda habitual.

2. Reducir el tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al mínimo permitido por ley para fomentar la transmisión de bienes inmuebles y favorecer de esta manera la actividad inmobiliaria, ayudando a reducir así los precios finales de la compra de viviendas. Del mismo modo, bonificar en cuota el 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compra de vivienda habitual.

3. Ampliar a todos los grados de parentesco la bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como a promover su eliminación a nivel estatal.

4. Establecer una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio, así como a promover su eliminación a nivel estatal.

5. Modificar y ampliar las deducciones autonómicas en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el fin de:

a) Actualizar y ampliar las deducciones existentes por compra,

alquiler o rehabilitación de vivienda habitual.

b) Simplificar los requisitos y procedimientos administrativos para su

aplicación efectiva.

c) Ajustar los límites de renta y cuantías deducibles a la realidad

socioeconómica actual de Canarias.

d) Priorizar el acceso a la vivienda habitual de los jóvenes, familias

numerosas y personas con discapacidad.

En resumen, reduce Galván, hay que bajar los impuestos vinculados a la vivienda porque somos de los países con mayor fiscalidad sobre la vivienda y con menor gasto público en ella.

Estas medidas específicamente regionales se orientan a la búsqueda de que los gobiernos autonómicos asuman la responsabilidad de las competencias que gestionan, y no solo exijan fondos al Estado para justificar su inoperancia. Igualmente, la PNL integra propuestas para que la Administración del Archipiélago las traslade al Congreso y se logre de esta forma un Plan Nacional de Vivienda eficaz en consonancia con las necesidades específicas de Canarias.

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