Carlos Oliva acusa al Gobierno de ignorar las advertencias antes del socavón.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha exigido responsabilidades políticas e indemnizaciones urgentes para las familias y comercios afectados por el socavón provocado durante las obras de la línea 9 del metro en el barrio de El Putxet, en Sarrià-Sant Gervasi.
Según la formación, 18 familias y 7 comercios no podrán regresar a sus viviendas y locales al menos hasta enero de 2027. VOX anuncia además un próximo acto de protesta junto a vecinos y comerciantes.
De Oro exige dimisiones y compensaciones
El presidente del Grupo Municipal VOX, Gonzalo de Oro, ha criticado la gestión de las administraciones y reclama “dimisiones, responsabilidades e indemnizaciones ya”.
De Oro denuncia especialmente la situación de los comercios que afrontan riesgo de cierre y de las familias que continúan fuera de sus viviendas.
Oliva asegura que VOX ya había advertido del problema
El consejero de VOX en Sarrià-Sant Gervasi, Carlos Oliva, sostiene que su formación preguntó por la seguridad de las obras un mes antes del socavón y llevó el asunto al Consejo de Barrio de La Bonanova.
“Este gobierno mentiroso e incompetente negó sistemáticamente el problema”, ha afirmado Oliva, quien considera que lo ocurrido el 7 de julio pudo haberse evitado si se hubieran atendido las advertencias planteadas.
VOX asegura que mantendrá la presión institucional hasta que se depuren responsabilidades y los damnificados reciban las compensaciones correspondientes.
Joan Garriga anuncia movilizaciones en las cuatro capitales catalanas por Ceuta.
VOX participará el próximo 2 de septiembre a las 20:00 horas en las concentraciones convocadas simultáneamente en Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona tras la entrada masiva de inmigrantes en situación irregular registrada en Ceuta.
Las movilizaciones tendrán lugar en Plaza Sant Jaume, en Barcelona; Plaça del Vi, en Gerona; Plaza de la Paeria, en Lérida; y ante el Ayuntamiento de Tarragona.
Garriga: “Ceuta es y será España”
El portavoz de VOX en el Parlamento de Cataluña, Joan Garriga, ha anunciado la participación del partido y ha reclamado una respuesta más firme del Gobierno de Pedro Sánchez.
“Ceuta es y será España y no podemos permanecer impasibles ante una nueva entrada masiva y ante un Gobierno que ha renunciado a defender nuestras fronteras”, ha afirmado.
Garriga defiende que quienes hayan entrado irregularmente sean identificados y sometidos a los procedimientos de devolución o expulsión que correspondan conforme a la legislación.
VOX exige control efectivo de las fronteras
La formación acusa al Ejecutivo de enviar un mensaje de impunidad a las mafias dedicadas al tráfico de personas y sostiene que la política migratoria está aumentando la presión sobre servicios públicos, recursos sociales y seguridad.
“España tiene derecho a decidir quién entra y quién permanece en nuestro territorio”, ha concluido Garriga, que anima a afiliados, simpatizantes y ciudadanos a participar en las cuatro convocatorias.
Liberto Senderos carga contra la financiación municipal de propaganda independentista.
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado la concesión de una subvención directa de 10.000 euros del Institut de Cultura de Barcelona a la Associació Memorial 1714.
Según ha señalado la formación, la ayuda fue publicada en la Gaseta Municipal el pasado 21 de julio y permitirá financiar cerca del 43 % de un proyecto presupuestado en 23.300 euros.
VOX sostiene que la entidad beneficiaria promueve planteamientos favorables a la independencia de Cataluña y critica que sus actividades se financien con los impuestos de todos los barceloneses.
VOX cuestiona el contenido financiado por el ICUB
La formación ha puesto el foco en actividades con títulos como «La Guerra de Successió i la pèrdua de l’Estat» y «L’intent d’anorrear un poble 1714-1725».
También señala que entre los fines estatutarios de la asociación figura el apoyo a iniciativas destinadas a que Cataluña recupere su denominada «independencia nacional».
El presidente del Grupo Municipal VOX, Liberto Senderos, ha denunciado que el Ayuntamiento utilice fondos públicos para respaldar contenidos que considera de carácter político e identitario.
«Los barceloneses no tienen por qué pagar con sus impuestos la propaganda separatista del Gobierno de Jaume Collboni», ha afirmado.
Senderos reclama pluralidad y rigor histórico
Senderos ha aclarado que VOX no cuestiona el derecho de una asociación privada a defender posiciones independentistas, sino que rechaza que estas sean financiadas por el conjunto de los contribuyentes.
«No cuestionamos que una asociación privada defienda el independentismo; lo que no vamos a tolerar es que se lo paguemos entre todos», ha declarado.
El portavoz ha asegurado que los títulos de las actividades subvencionadas responden a proclamas políticas y ha reclamado que la historia de Barcelona se divulgue desde la pluralidad y el rigor.
«Exigimos que la historia de nuestra ciudad se divulgue desde la pluralidad y el rigor, sin convertir en interlocutores privilegiados a entidades que buscan fracturar España», ha añadido.
VOX cuestiona el cambio en el procedimiento de concesión
La formación también ha denunciado el procedimiento administrativo empleado para otorgar la subvención.
Según VOX, la Associació Memorial 1714 se presentó en 2025 a una convocatoria general de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva con el proyecto «Memòria de l’estat català».
La iniciativa obtuvo una puntuación de 4,93 y no alcanzó la nota mínima necesaria para recibir financiación. Un año después, la entidad habría recibido una subvención directa de 10.000 euros.
VOX considera necesario que el Gobierno municipal explique las razones de este cambio de criterio.
Exigen el expediente y los informes técnicos
Senderos ha reclamado acceso inmediato al expediente completo, a los informes técnicos y a la motivación utilizada para justificar la concesión directa.
«Resulta inaceptable que una entidad que en 2025 no logró la puntuación mínima para recibir un solo euro en concurrencia competitiva pase en 2026 a recibir una subvención directa de 10.000 euros», ha manifestado.
El dirigente de VOX ha exigido conocer qué circunstancias han cambiado durante el último año y ha pedido al Ejecutivo de Collboni que aclare los criterios empleados para conceder la ayuda.
«Queremos saber qué ha cambiado en un año y exigimos acceso inmediato al expediente completo, a los informes técnicos y a la motivación real de este trato de favor», ha concluido Senderos.
Prohibir o perder ayudas: Jordi de la Fuente denuncia que PSC y ERC usan las playas para imponer su agenda.
VOX ha denunciado el dictamen aprobado en la Diputación de Barcelona que vincula el incremento de los recursos destinados a la salubridad municipal con la aplicación de restricciones al consumo de tabaco en espacios públicos, como playas y terrazas de hostelería.
La formación considera que las subvenciones dirigidas a los ayuntamientos deben distribuirse conforme a criterios objetivos de necesidad, calidad del servicio y atención a los vecinos, sin utilizarse como una herramienta para condicionar las decisiones municipales.
El portavoz de VOX en la Diputación de Barcelona, Jordi de la Fuente, ha criticado que PSC y ERC respalden un modelo que, según sostiene, puede perjudicar a aquellos municipios que no adopten las prohibiciones planteadas.
«Si eres fumador, el PSC te castiga con unas playas que nunca van a ser de calidad. PSC y Esquerra Republicana aprueban un dictamen para aumentar el recurso de salubridad a los municipios condicionándolo precisamente a que se prohíba fumar en sus espacios públicos», ha afirmado.
VOX rechaza que las ayudas se utilicen como mecanismo de presión
VOX sostiene que los fondos provinciales no deben convertirse en un instrumento de presión política sobre los ayuntamientos ni en una vía indirecta para restringir comportamientos legales en espacios abiertos.
La formación reclama que todos los municipios puedan acceder a los recursos destinados a mejorar la salubridad y la calidad de sus playas atendiendo a sus necesidades reales, con independencia de que implanten o no prohibiciones adicionales al consumo de tabaco.
De la Fuente considera que la medida forma parte de una tendencia creciente hacia el intervencionismo de las administraciones en las decisiones personales de los ciudadanos.
Críticas a la política de prohibiciones
El portavoz provincial de VOX ha relacionado el dictamen con otras iniciativas promovidas por diferentes administraciones para ampliar las restricciones en espacios públicos.
«Esto se suma a la ofensiva del Gobierno por prohibir todo lo que se pueda y no ofrecer alternativas. Por el sistema de cada vez menos derechos», ha señalado.
Según De la Fuente, la actuación no responde únicamente a criterios sanitarios, sino a una política basada en las prohibiciones y en el aumento de las sanciones.
«Esto no va de salud, va de recaudación y de prohibición», ha afirmado.
VOX pide criterios objetivos para repartir los fondos
La formación exige que la Diputación de Barcelona revise el modelo y garantice que los recursos de salubridad se asignen conforme a indicadores transparentes y verificables.
VOX defiende que las ayudas deben servir para mejorar la limpieza, el mantenimiento y los servicios de los espacios públicos, sin imponer condiciones que considera ideológicas.
El grupo provincial reclama respetar la autonomía municipal y evitar que los vecinos reciban servicios de distinta calidad en función de las restricciones aprobadas por cada ayuntamiento.
Juan Fernández acusa al Govern de esconder el deterioro de la educación.
El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha acusado al Govern de Salvador Illa de ocultar la realidad del sistema educativo catalán después de conocerse que los resultados de las pruebas PISA no podrán compararse adecuadamente con los de anteriores ediciones.
“Illa ha diseñado una estafa para ocultar la realidad de la educación en Cataluña”, ha afirmado Fernández, quien considera que lo sucedido no puede reducirse a un error administrativo o a una incidencia técnica.
Según el dirigente popular, el episodio demuestra el fracaso de la política educativa del Ejecutivo catalán y evidencia que el Govern habría optado por impedir una evaluación rigurosa del sistema en lugar de afrontar su deterioro.
El PPC cuestiona que la información se conociera desde marzo
Fernández ha señalado que la situación relacionada con PISA se conocía desde el mes de marzo, pero que no se hizo pública hasta coincidir con un viaje de Salvador Illa a Vietnam.
“Resulta curioso que el fiasco de PISA se conozca desde el mes de marzo, pero se haya mantenido oculto hasta el día exacto en que Illa coge un avión a Vietnam”, ha manifestado.
El secretario general del PPC sostiene que, tras los malos resultados obtenidos en anteriores informes, el Govern debería haber trabajado para corregir los problemas educativos y garantizar que los datos pudieran compararse de manera adecuada.
En su opinión, el Ejecutivo catalán habría seguido una estrategia destinada a evitar que los ciudadanos puedan evaluar su gestión.
“Si no hay comparación, no hay evaluación; si no hay evaluación, no hay responsabilidad; y, si no hay responsabilidad, solo queda la propaganda”, ha advertido.
Fernández denuncia una cadena de errores y negligencias
El dirigente popular ha asegurado que las informaciones conocidas no apuntan a un episodio aislado, sino a una sucesión de errores, negligencias y decisiones que afectan al Departamento de Educación y al conjunto del Govern.
Fernández considera especialmente grave que el Ejecutivo conociera la situación desde hacía meses y no informara previamente a la ciudadanía.
“Prefirió proteger su imagen antes que garantizar la transparencia, proteger al Govern antes que defender a los alumnos y esconder el problema antes que solucionarlo”, ha denunciado.
El secretario general del PPC ha subrayado que la educación constituye uno de los principales instrumentos de igualdad de oportunidades y ha advertido de que cualquier manipulación u ocultación de los datos educativos afecta al futuro de Cataluña.
El PP exige conocer quién tomó las decisiones
Juan Fernández ha reclamado al Govern que explique quién tomó las decisiones relacionadas con las pruebas, cuándo se conoció que los datos no serían comparables y quién decidió no informar públicamente de la situación.
También ha exigido que se determinen las responsabilidades políticas correspondientes.
Estas cuestiones, según ha avanzado, serán trasladadas a la consellera de Educación durante su comparecencia, solicitada por el Partido Popular.
El PPC pretende que el Ejecutivo detalle el proceso seguido dentro del Departamento de Educación y aclare por qué la información no fue comunicada anteriormente.
Críticas a la gestión general de la Generalitat
Fernández ha relacionado la polémica educativa con otros problemas que, según el PPC, reflejan el deterioro de la gestión de la Generalitat.
El dirigente popular ha citado el funcionamiento de Rodalies, las listas de espera sanitarias, la inseguridad, la presión fiscal y la burocracia que soportan ciudadanos y empresas.
A su juicio, la imposibilidad de garantizar una evaluación rigurosa del sistema educativo es otra muestra de una Administración que ha dejado de gestionar para centrarse en “maquillar la realidad”.
“Cataluña necesita un Govern que resuelva los problemas y no que se dedique a fabricar excusas”, ha señalado.
“Los datos se pueden ocultar, pero la realidad no”
El secretario general del PPC ha concluido que Cataluña está perdiendo posiciones en educación, competitividad y oportunidades.
Fernández ha reprochado también a Salvador Illa que no responda personalmente cuando se producen crisis que afectan a la gestión de su Gobierno.
“Los datos se pueden ocultar durante un tiempo, pero la realidad no”, ha afirmado antes de insistir en que el Govern debe ofrecer explicaciones y asumir responsabilidades por lo sucedido con las pruebas PISA.
Liberto Senderos: «Más burocracia y más gasto para imponer el catalán»
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha expresado su rechazo al proyecto normativo promovido por el Gobierno de Jaume Collboni para constituir el denominado Consejo de la Lengua Catalana.
La formación considera que la creación de este organismo supone añadir una nueva estructura burocrática destinada a impulsar el uso del catalán sin ofrecer, a su juicio, garantías suficientes para la protección de la cooficialidad del español en la Administración municipal.
VOX sostiene que el proyecto, debatido en el Pleno del Ayuntamiento, responde a una estrategia de «imposición ideológica» y puede contribuir a excluir progresivamente el castellano de la vida institucional barcelonesa.
VOX denuncia una nueva duplicidad administrativa
El grupo municipal recuerda que Barcelona ya dispone de diferentes organismos y estructuras dedicados a la política lingüística.
Entre ellos cita la Comisionada de Uso Social del Catalán, el Centro de Normalización Lingüística de Barcelona y las mesas lingüísticas de distrito, además de los organismos autonómicos y las entidades privadas subvencionadas que trabajan en este ámbito.
Para VOX, la creación del Consejo de la Lengua Catalana supone una duplicidad que incrementará el gasto público sin responder a las necesidades reales de los vecinos.
El concejal de VOX Liberto Senderos ha acusado al Ejecutivo municipal de ampliar la estructura administrativa vinculada a las políticas lingüísticas.
«El Ayuntamiento de Barcelona sigue obsesionado con imponer el catalán y borrar el español del espacio público. Ahora crea otro organismo más —y ya van demasiados—: el Consejo de la Lengua Catalana», ha señalado.
Senderos sostiene que el nuevo órgano implicará «más burocracia, más gasto público y más puestos para entidades separatistas y activistas de la imposición lingüística».
Críticas a la participación de entidades independentistas
VOX también cuestiona la participación en la elaboración del reglamento de entidades como Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, a las que vincula con el ámbito independentista.
Según la formación, el texto reduce la presencia del castellano a una cuestión estadística y no incorpora mecanismos suficientes para garantizar una atención municipal equilibrada en las dos lenguas oficiales.
El grupo municipal considera que la propuesta no representa la pluralidad lingüística y social de Barcelona.
«En este proyecto no hay ni pluralidad, ni bilingüismo, ni respeto a la mitad de los barceloneses que hablan español. Solo hay propaganda, presión y exclusión», ha afirmado Senderos.
Alegaciones para defender la libertad lingüística
Ante la tramitación del reglamento, VOX ha presentado alegaciones destinadas a proteger la cooficialidad del catalán y del castellano en todas las dependencias municipales.
La formación reclama que cualquier ciudadano pueda dirigirse al Ayuntamiento y ser atendido en cualquiera de las dos lenguas oficiales, sin obstáculos ni discriminaciones.
«VOX ha presentado alegaciones para defender la cooficialidad, la libertad lingüística y el derecho de todos a dirigirse al Ayuntamiento en la lengua que elijan», ha explicado el concejal.
Senderos ha advertido de que su grupo continuará denunciando cualquier medida que considere contraria al uso del español en la Administración local.
«No van a callarnos. No vamos a retroceder y no pararemos hasta devolver la libertad a Barcelona», ha asegurado.
Fiscalización del gasto del nuevo consejo
VOX ha anunciado que fiscalizará las partidas presupuestarias que se destinen al Consejo de la Lengua Catalana y comprobará su funcionamiento, composición y costes.
La formación también asegura que recurrirá a las vías administrativas disponibles para combatir cualquier decisión que, según su criterio, margine el castellano en la vida pública de Barcelona.
El grupo municipal insiste en que las políticas lingüísticas deben respetar la cooficialidad, garantizar la igualdad de trato y proteger la libertad de los ciudadanos para utilizar la lengua oficial que prefieran.
Gonzalo de Oro denuncia el veto del PSC al apoyo a Policía y Guardia Civil en Barcelona.
El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona ha lamentado el rechazo del PSC y de las formaciones separatistas a una proposición destinada a respaldar de forma expresa, material y moral la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la capital catalana.
La iniciativa planteaba reclamar al Gobierno de España una mejora urgente de los recursos humanos y materiales destinados a ambos cuerpos, reconocer a sus agentes como profesionales de riesgo, avanzar en la equiparación salarial y concederles la Medalla de Oro al Mérito Cívico de Barcelona.
El presidente del Grupo Municipal de VOX, Gonzalo de Oro, defendió durante el Pleno la necesidad de impulsar estas medidas y reprochó al Ayuntamiento la falta de apoyo institucional a los agentes.
«Hoy traemos al Pleno una proposición que no solo exige mejoras laborales y materiales para los agentes, sino también una profunda reparación moral e institucional», afirmó.
De Oro sostuvo que el Ayuntamiento debe «cambiar el rumbo» y asumir su responsabilidad por haber permitido, según denunció, «durante demasiados años el señalamiento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil».
VOX reclama equiparación salarial y más medios
Durante su intervención, el representante de VOX denunció las diferencias retributivas que afectan a los agentes destinados en Cataluña en comparación con otros territorios.
«Mientras en Madrid el complemento territorial es de 200 euros y en el País Vasco de 800, aquí, en la ciudad más cara de España, no llega a 60 euros», aseguró De Oro.
Por este motivo, la proposición solicitaba que el Pleno instara al Gobierno de España a dotar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de los medios humanos y materiales que VOX considera necesarios para desarrollar sus funciones.
La formación también reclamaba la declaración de profesión de riesgo para los agentes y la aprobación de una equiparación salarial efectiva.
«Pedimos que se les conceda de una vez por todas la equiparación salarial que tanto merecen», remarcó el presidente del grupo municipal.
Reconocimiento a los agentes destinados en Cataluña
Gonzalo de Oro pidió igualmente que el Ayuntamiento ponga fin a las actitudes que VOX considera hostiles hacia las fuerzas de seguridad del Estado y reconozca su trabajo durante momentos de elevada tensión social y en la lucha contra la delincuencia.
El edil recordó la actuación de los agentes destinados en Cataluña durante los acontecimientos del 1 de octubre de 2017 y denunció el acoso que, según señaló, sufrieron algunos efectivos y sus familias.
«Hay que hacer memoria de lo que pasó aquí y reconocer el trabajo realizado por aquellos agentes destinados en Cataluña en los duros tiempos del 1 de octubre, cuyas familias e hijos fueron acosados», declaró.
De Oro defendió la profesionalidad de los agentes y afirmó que su actuación permitió desbaratar lo que calificó como «un intento de golpe de Estado» sin que se produjera ninguna víctima mortal.
Placas de homenaje en Barcelona
La proposición presentada por VOX también contemplaba la colocación de placas conmemorativas en Vía Laietana y Travessera de les Corts.
Estas placas estarían destinadas a recordar a los miembros de las fuerzas de seguridad asesinados por el terrorismo y a homenajear al agente de la Guardia Civil David Pérez Carracedo, asesinado en Barbate en 2024.
Tras el rechazo de la iniciativa, el Grupo Municipal de VOX ha reafirmado su compromiso de continuar defendiendo la presencia, los derechos y el reconocimiento institucional de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Barcelona.