Actualidad Política

18 de agosto de 2026

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El diputado regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha por Guadalajara, Nacho Redondo, ha alertado de que cerca de 730.000 personas, aproximadamente uno de cada tres castellanomanchegos, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social tras once años de Gobierno de Emiliano García-Page.

Redondo ha advertido de que Castilla-La Mancha continúa situada entre las comunidades autónomas con peores indicadores sociales y ha señalado que más de la mitad de las familias tiene dificultades para llegar a final de mes.

“Detrás de cada porcentaje hay familias que tienen que decidir qué recibo pagan primero, padres que no pueden ofrecer a sus hijos las mismas oportunidades y hogares que han perdido la capacidad de ahorrar”, ha afirmado.

El parlamentario popular ha asegurado que miles de hogares de la región carecen de margen para afrontar gastos imprevistos o mantener una temperatura adecuada en sus viviendas.

Cuatro de cada diez menores viven en hogares en riesgo de pobreza

Nacho Redondo ha calificado de “especialmente dramática” la situación de la infancia en Castilla-La Mancha y ha señalado que alrededor del 41 % de los menores de 18 años vive en hogares pobres o en riesgo de exclusión social.

“Cuatro de cada diez niños de Castilla-La Mancha comienzan su vida en desventaja. Esta es la verdadera realidad social que Page intenta ocultar detrás de la propaganda”, ha denunciado.

El diputado regional ha defendido que la lucha contra la pobreza infantil debe convertirse en una prioridad política, con objetivos concretos, indicadores públicos y medidas capaces de garantizar la igualdad de oportunidades.

El Partido Popular reclama actuaciones específicas en educación, vivienda, conciliación, alimentación, empleo familiar y acceso a los servicios sociales para evitar que la situación económica de los hogares determine el futuro de los menores.

Menos renta y más dificultades para jóvenes y familias

Redondo también se ha referido a la renta media por hogar en Castilla-La Mancha, situada, según los datos expuestos, en torno a los 31.000 euros, aproximadamente 6.000 euros por debajo de la media nacional.

A esta diferencia se suman los salarios inferiores a la media española y las dificultades que encuentran los jóvenes para emanciparse.

“El alquiler de una vivienda en solitario puede consumir más del 92 % del salario de un joven, lo que hace prácticamente imposible desarrollar un proyecto de vida independiente”, ha advertido.

Para el diputado popular, la falta de empleo estable, el encarecimiento de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo están ampliando la brecha entre Castilla-La Mancha y el resto de España.

“Page prometió progreso, pero después de once años deja una región con menos renta, más pobreza y menos oportunidades que la media nacional”, ha manifestado.

Más de 908 millones de euros sin ejecutar en políticas sociales

Nacho Redondo ha criticado que la Consejería de Bienestar Social haya dejado sin ejecutar más de 908 millones de euros respecto a los créditos inicialmente presupuestados entre 2016 y 2024.

“Mientras aumenta la pobreza, Page deja sin gastar el dinero destinado a combatirla. El problema no es únicamente la falta de recursos, sino la incapacidad del Gobierno socialista para transformarlos en ayudas y servicios reales”, ha denunciado.

El parlamentario ha reclamado que los presupuestos sociales se traduzcan en prestaciones efectivas, programas de inclusión, apoyo a las familias y recursos suficientes para las entidades que atienden a las personas más vulnerables.

“Las cifras presupuestarias no sirven de nada cuando el dinero no llega a los hogares que lo necesitan”, ha subrayado.

Una estrategia eficaz y evaluable contra la pobreza

Ante esta situación, el Partido Popular ha pedido al Gobierno regional que ponga en marcha una estrategia integral contra la pobreza con objetivos medibles, calendario de actuaciones y mecanismos de evaluación pública.

Entre las principales propuestas, Redondo ha destacado la creación de un plan específico contra la pobreza infantil, la ejecución efectiva de las partidas sociales y el refuerzo de las medidas dirigidas a las familias.

También ha reclamado políticas que faciliten el acceso a la vivienda, impulsen el empleo estable, apoyen a los autónomos y mejoren la capacidad económica de los hogares.

“No basta con anunciar planes. Es necesario comprobar que las ayudas llegan, que los programas funcionan y que las familias mejoran realmente sus condiciones de vida”, ha señalado.

“Castilla-La Mancha necesita un cambio”

Redondo ha defendido que Castilla-La Mancha necesita una alternativa política capaz de transformar los recursos públicos en mejores servicios, empleo, vivienda accesible y oportunidades para los jóvenes.

“Después de once años, los datos demuestran que las políticas de Page no han reducido la pobreza ni han permitido que Castilla-La Mancha alcance la renta media española”, ha afirmado.

El diputado regional ha concluido asegurando que el proyecto encabezado por Paco Núñez representa una alternativa “seria, responsable y centrada en las necesidades reales de las familias”.

“Castilla-La Mancha necesita un cambio para dejar atrás la pobreza, recuperar oportunidades y garantizar que ningún niño comience su vida en desventaja”, ha concluido.

El diputado regional de VOX por Albacete, Francisco Cobo, ha rechazado la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha aprobada por las Cortes regionales y ha advertido de que la reforma puede generar más burocracia e inseguridad jurídica para empresas, agricultores y promotores.

La modificación de la Ley 2/2020 salió adelante en el pleno del 16 de julio con los 17 votos favorables del PSOE y los 16 votos en contra de PP y VOX. Según la información oficial de las Cortes, la reforma incorpora el posicionamiento de los ayuntamientos en los procedimientos de evaluación ambiental correspondientes a proyectos que afecten a sus municipios.

Cobo sostiene que el cambio altera de manera sustancial la estructura de la norma autonómica y puede entrar en contradicción con el marco básico establecido por la Ley estatal 21/2013 de Evaluación Ambiental. La legislación nacional regula los procedimientos destinados a analizar previamente los efectos ambientales de planes, programas y proyectos.

VOX critica el poder político sobre los informes técnicos

El parlamentario ha cuestionado especialmente que los plenos municipales puedan intervenir mediante informes de compatibilidad en la tramitación de determinados proyectos.

«Una evaluación de impacto ambiental no es un obstáculo; son garantías y documentos técnicos. Bajo ningún concepto un órgano político local debe tener capacidad de veto», ha afirmado Cobo.

VOX interpreta que la reforma introduce un «blindaje político» al permitir que una decisión adoptada en un pleno municipal condicione el avance de una inversión, aunque posteriormente la Junta pueda revisar ese posicionamiento cuando declare el proyecto de interés estratégico.

Para Cobo, la combinación de ambos mecanismos crea un doble filtro político y administrativo que puede retrasar proyectos, aumentar los costes de tramitación y dificultar que las empresas conozcan de antemano las condiciones necesarias para invertir.

«Se genera una inseguridad jurídica manifiesta», ha advertido el diputado, quien también ha alertado de posibles suspensiones temporales en la tramitación de procedimientos básicos.

La información oficial de las Cortes describe el cambio como la incorporación del posicionamiento de los ayuntamientos afectados. La consideración de que este mecanismo equivale a un veto político constituye la valoración defendida por VOX durante el debate.

Cobo reclama un Plan Nacional del Agua

En el debate sobre la gestión hídrica, Francisco Cobo ha defendido que el agua debe gestionarse desde una perspectiva nacional y no mediante el enfrentamiento entre territorios.

El diputado ha recordado que se trata de un recurso estratégico cuya planificación general corresponde al Estado y ha rechazado las restricciones que VOX atribuye a la aplicación de las políticas hídricas europeas.

Como alternativa, la formación reclama la interconexión de cuencas mediante un Plan Nacional del Agua diseñado con criterios técnicos, de solidaridad territorial y de aprovechamiento eficiente de los recursos.

«El agua debe llegar en cantidad y calidad a todos los puntos de España», ha defendido Cobo.

VOX considera que esta planificación resulta imprescindible para garantizar el relevo generacional en el campo, proteger las explotaciones familiares y permitir que agricultores y ganaderos puedan continuar desarrollando su actividad.

El pleno regional aprobó una resolución socialista de respaldo a las alegaciones presentadas por la Junta durante la revisión de los planes hidrológicos para el periodo 2028-2033. La propuesta recibió 17 votos a favor, cuatro en contra y doce abstenciones.

El objetivo debe ser «cero accidentes laborales»

Cobo también se ha pronunciado sobre la siniestralidad laboral y ha reclamado que la Junta destine más recursos a la prevención activa, la inspección y la formación de trabajadores y empresas.

El diputado ha evitado reducir el problema a una discusión estadística y ha insistido en que cada accidente tiene consecuencias personales y familiares.

«Detrás de cada número hay una familia. El único objetivo aceptable es conseguir cero accidentes laborales para que todos los trabajadores vuelvan sanos a sus casas», ha afirmado.

Las Cortes aprobaron una resolución del PSOE para reforzar el Instituto Regional de Seguridad y Salud Laboral y mantener la ejecución del Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales 2022-2026. El texto salió adelante con los 17 votos socialistas y el rechazo de los 16 diputados de la oposición.

VOX considera insuficiente el compromiso de reducir «al máximo» los accidentes y reclama que las políticas públicas se orienten expresamente a alcanzar el objetivo de cero fallecidos y cero heridos graves.

Prioridad para los mayores y apoyo a las familias

En materia social, Francisco Cobo ha defendido la aplicación del principio de «prioridad nacional» en el acceso a las ayudas destinadas a las personas mayores.

El parlamentario ha denunciado el elevado coste de las residencias, las dificultades de acceso a una plaza y la presión que soportan las familias encargadas de atender a personas dependientes.

VOX reclama ayudas económicas directas para que quienes lo deseen puedan cuidar a sus mayores en el entorno familiar, además de más plazas, mejores servicios asistenciales y un reconocimiento social adecuado para las personas que han trabajado y contribuido durante toda su vida.

«Debemos dotar de recursos a las familias para que puedan acoger y cuidar a sus mayores con la dignidad que merecen», ha señalado Cobo.

El pleno aprobó una resolución socialista sobre la situación de las personas mayores y dependientes que respalda la continuidad de las políticas de modernización del sistema público de servicios sociales. También en este caso, la propuesta contó con los 17 votos del PSOE y los 16 votos en contra de la oposición.

VOX seguirá reclamando una política ambiental con seguridad jurídica, una gestión nacional del agua, más recursos para prevenir accidentes laborales y ayudas sociales que prioricen a los españoles, sus familias y sus mayores.

El diputado regional del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Martín-Buro, ha destacado que la comunidad autónoma contará con un ambicioso Pacto por los Mayores, formado por 12 medidas clave para mejorar la atención y los cuidados, cuando Paco Núñez asuma la Presidencia de la Junta de Comunidades.

Durante su intervención en el Pleno de las Cortes regionales, Martín-Buro ha defendido un nuevo modelo de atención centrado en las personas, sostenible y preparado para responder al progresivo envejecimiento de la población y al incremento de las situaciones de dependencia.

Frente a las propuestas del Partido Popular, el parlamentario ha denunciado que el Gobierno de Emiliano García-Page “ha dejado sin ejecutar más de 100 millones de euros que estaban destinados a mejorar la atención de las personas mayores”.

“El problema del Ejecutivo socialista no es la falta de recursos, sino la falta de gestión, de planificación y de prioridades”, ha señalado.

Más de 100 millones sin ejecutar entre 2022 y 2024

Martín-Buro ha lamentado que el Gobierno regional siga siendo incapaz de convertir los presupuestos aprobados en nuevos servicios, plazas residenciales, infraestructuras asistenciales y mejores recursos para las personas que más los necesitan.

Según ha explicado, entre 2022 y 2024 quedaron sin ejecutar más de 100 millones de euros en inversiones destinadas a las personas mayores.

Esta falta de ejecución también habría limitado el aprovechamiento de fondos europeos destinados a modernizar residencias, crear nuevas plazas y mejorar los centros y recursos asistenciales de Castilla-La Mancha.

“Nuestros mayores no necesitan anuncios que después no se cumplen. Necesitan que los recursos lleguen a las residencias, a los municipios, a los profesionales y a las familias”, ha afirmado.

El PP alerta de la insuficiente financiación de las plazas residenciales

El diputado popular ha advertido también de las dificultades que atraviesa el sistema residencial de Castilla-La Mancha por el aumento de los costes y la insuficiente financiación pública.

Martín-Buro ha denunciado que cerca de 75 millones de euros dejaron de destinarse a la financiación de plazas públicas residenciales entre 2022 y 2024 y ha estimado que esta cantidad superará ampliamente los 100 millones al cierre de 2025.

“El sistema residencial soporta cada vez más costes, mientras la financiación pública continúa entre las más bajas de España”, ha advertido.

El Partido Popular considera necesario actualizar progresivamente los precios públicos de las plazas residenciales para garantizar la sostenibilidad del sistema, preservar la calidad de la atención y apoyar a los centros que prestan este servicio esencial.

Un Pacto por los Mayores con 12 medidas clave

José Martín-Buro ha defendido que el Pacto por los Mayores que impulsará Paco Núñez permitirá situar a las personas mayores en el centro de las políticas públicas de Castilla-La Mancha.

Entre las principales medidas del Partido Popular se encuentran la actualización progresiva de la financiación de las plazas residenciales y un mayor apoyo económico a las residencias municipales y a las viviendas de mayores.

Este respaldo será especialmente importante en el medio rural, donde estos recursos contribuyen a garantizar la atención de proximidad, fijar población y ofrecer seguridad a las personas mayores y a sus familias.

El PP también propone aprobar una Ley y una Estrategia Regional contra la Soledad No Deseada, con actuaciones de prevención, acompañamiento y detección temprana de situaciones de aislamiento.

Nuevos modelos de convivencia y participación sénior

El Pacto por los Mayores incluirá el impulso de modelos innovadores de convivencia, como las viviendas colaborativas para personas mayores.

Estas iniciativas permitirán favorecer la autonomía personal, combatir la soledad y ofrecer alternativas adaptadas a las diferentes necesidades y preferencias de las personas mayores.

Martín-Buro ha destacado asimismo la creación de una Red Regional de Mentores Sénior, destinada a aprovechar la experiencia, el talento y los conocimientos de los mayores en beneficio de las nuevas generaciones.

“Las personas mayores no son únicamente destinatarias de cuidados. Son una parte activa de nuestra sociedad y su experiencia constituye un patrimonio que Castilla-La Mancha debe reconocer y aprovechar”, ha manifestado.

“Gestionar mejor para cuidar mejor”

El diputado regional ha asegurado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha, de la mano de Paco Núñez, seguirá trabajando para alcanzar un gran acuerdo que garantice una financiación suficiente, una gestión eficaz de los recursos y unos cuidados de calidad.

“El Pacto por los Mayores permitirá afrontar con planificación los retos demográficos, sociales y asistenciales de Castilla-La Mancha”, ha señalado.

Martín-Buro ha concluido destacando que las personas mayores merecen políticas públicas eficaces y recursos que se traduzcan en mejoras reales para su vida diaria.

“Nuestros mayores merecen algo más que anuncios. Merecen que cada euro presupuestado llegue realmente a mejorar su calidad de vida. Ese es el compromiso del Partido Popular: gestionar mejor para cuidar mejor”, ha concluido.

La senadora del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real, Rosa Romero, ha denunciado el “abandono absoluto” al que el Gobierno de Pedro Sánchez está sometiendo a la provincia y ha advertido de las consecuencias que su falta de gestión está provocando en los servicios públicos y en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.

“La incompetencia y los recortes están en el ADN del Gobierno socialista”, ha afirmado Romero durante una rueda de prensa en Ciudad Real, en la que ha asegurado que el Partido Popular seguirá denunciando la pérdida de calidad de servicios esenciales como el ferrocarril, la seguridad y la atención postal.

La senadora ha centrado buena parte de su intervención en la situación de la línea de alta velocidad Madrid-Ciudad Real-Puertollano, marcada, según ha señalado, por los retrasos, las averías, las cancelaciones y la creciente incertidumbre de sus usuarios.

“La alta velocidad española fue durante años un ejemplo de eficacia y puntualidad. Hoy, con el Gobierno de Sánchez y el ministro Óscar Puente, se ha convertido en un servicio que genera preocupación e inseguridad a quienes lo utilizan diariamente”, ha manifestado.

Cinco robos de cable en apenas ocho días

Romero ha alertado de que en solo ocho días se han producido cinco robos de cable ferroviario en distintos puntos de Castilla-La Mancha, entre ellos la comarca de La Sagra, Urda, el tramo Malagón-Ciudad Real y el comprendido entre Venta de la Inés y Brazatortas.

Estas incidencias han provocado importantes retrasos en una línea utilizada diariamente por cerca de 3.000 personas para acudir a sus puestos de trabajo, centros educativos, consultas médicas o realizar otras gestiones esenciales.

“Los viajeros ya no saben si llegarán a tiempo al trabajo, a una cita médica o a clase. Lo que antes era un servicio fiable se ha convertido en una fuente permanente de incertidumbre”, ha lamentado.

La senadora popular también ha recordado la avería registrada esta misma semana en un tren AVANT, que provocó que los pasajeros llegaran a sus destinos con cerca de tres horas de retraso.

Romero considera que estos episodios ponen de manifiesto la falta de mantenimiento, inversión y planificación del Ministerio de Transportes en una conexión estratégica para el desarrollo económico y social de Ciudad Real y Puertollano.

El PP alerta del aumento de los robos en la red ferroviaria

Durante su comparecencia, Rosa Romero ha destacado el incremento de las denuncias relacionadas con el robo de cable ferroviario.

Según los datos expuestos por la senadora, Adif presentó 16 denuncias por este tipo de delitos en 2018, frente a las 41 registradas en 2025. Durante el primer semestre de 2026 se habrían contabilizado ya 25 denuncias.

Para Romero, esta evolución exige una respuesta inmediata y coordinada de los ministerios del Interior y de Transportes.

“Venimos denunciando desde hace tiempo la pérdida de efectivos y el cierre de instalaciones de la Guardia Civil en zonas rurales. Menos presencia y menos medios dificultan la prevención y la persecución de estos delitos”, ha señalado.

La representante popular ha reclamado un refuerzo de la vigilancia en los puntos más vulnerables de la infraestructura ferroviaria, así como una mayor coordinación entre Adif, Renfe y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“El Gobierno no puede limitarse a lamentar las incidencias cuando ya se han producido. Debe actuar para prevenirlas, proteger las infraestructuras y garantizar la movilidad de los ciudadanos”, ha defendido.

El cierre de Correos en la calle Alarcos, “un nuevo recorte para Ciudad Real”

Rosa Romero también ha denunciado el cierre de la oficina de Correos situada en la calle Alarcos de Ciudad Real, una decisión que ha calificado como “un nuevo recorte” en los servicios públicos de la capital.

“Ciudad Real no puede convertirse en una ciudad de tercera categoría. Es inadmisible que una capital de provincia se quede con una sola oficina de Correos por la falta de compromiso del Gobierno de España”, ha afirmado.

La senadora ha advertido de que el cierre puede provocar una mayor saturación del servicio, desplazamientos adicionales y más dificultades para las personas mayores, los autónomos, las empresas y los ciudadanos que necesitan realizar gestiones presenciales.

El Partido Popular exige conocer las razones operativas, económicas y organizativas que han motivado esta decisión, así como las alternativas previstas para garantizar una atención postal adecuada.

“Los servicios públicos deben estar al servicio de los ciudadanos, especialmente de quienes tienen más dificultades para realizar sus trámites por medios digitales”, ha subrayado Romero.

Batería de iniciativas en el Senado

Ante esta situación, la senadora ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular registrará una batería de iniciativas en el Senado para que el Gobierno de España explique las causas del incremento de los robos de cable ferroviario y detalle las medidas que piensa adoptar para proteger la red.

Las preguntas parlamentarias también abordarán la falta de mantenimiento de las infraestructuras, las incidencias sufridas por los trenes que conectan Ciudad Real y Puertollano con Madrid y los mecanismos de atención y compensación a los pasajeros afectados.

Asimismo, el PP pedirá explicaciones sobre el cierre de la oficina de Correos de la calle Alarcos y reclamará información acerca de sus consecuencias para los usuarios y los trabajadores.

“El Gobierno debe dejar de mirar hacia otro lado y empezar a ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos”, ha afirmado Romero.

La senadora ha asegurado que el Ejecutivo está “más preocupado por sus problemas internos y judiciales que por gestionar correctamente los servicios públicos”, mientras los vecinos de Ciudad Real sufren las consecuencias de la falta de atención a la provincia.

“Ciudad Real merece seguridad, inversiones y servicios públicos de calidad”

Rosa Romero ha defendido que Ciudad Real necesita un Gobierno de España comprometido con la seguridad, la conservación de las infraestructuras y la prestación de servicios públicos eficientes.

“Ciudad Real merece un Gobierno que garantice la seguridad, cuide las infraestructuras y defienda unos servicios públicos de calidad. Lo que no merece es seguir siendo víctima del abandono del Gobierno de Pedro Sánchez”, ha concluido.

La senadora ha reiterado que el Partido Popular continuará utilizando todos los instrumentos parlamentarios disponibles para defender los intereses de la provincia y exigir soluciones ante los problemas ferroviarios, la pérdida de servicios y la falta de inversión.

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha denunciado el “machismo institucional” que, a su juicio, ha sufrido la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valdepeñas, Cándida Tercero, y ha reclamado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, una condena pública y la exigencia de responsabilidades políticas.

Hernández ha sostenido que no se trata de un episodio aislado, sino de una sucesión de expresiones despectivas y humillantes pronunciadas durante diferentes sesiones municipales por el alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín.

“Eso no es política, es machismo en estado puro. La humillación como método y la violencia psicológica como arma política no pueden tener cabida en las instituciones”, ha afirmado la portavoz regional del PP.

El PP denuncia una “doble vara de medir”

Hernández ha acusado al PSOE de Castilla-La Mancha de mantener una “doble vara de medir” ante comportamientos que considera machistas, dependiendo de la afiliación política de la mujer afectada.

La portavoz popular ha reprochado a García-Page que respaldara públicamente al alcalde de Valdepeñas pese a las denuncias formuladas durante años por Cándida Tercero.

A juicio de Hernández, esta actitud demuestra la existencia de un “machismo de partido” que antepone la protección política a la dignidad de las mujeres. Por ello, ha pedido al presidente regional que condene públicamente los hechos, se disculpe con la portavoz municipal y reclame responsabilidades.

El Supremo inadmite el recurso del Ayuntamiento

Las declaraciones se producen después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valdepeñas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La resolución del TSJ anuló parte del pleno municipal del 4 de noviembre de 2024, en el que Cándida Tercero fue expulsada, y ordenó convocar una nueva sesión. El tribunal consideró que la primera llamada al orden fue “precipitada, intempestiva e improcedente” y que se impidió a la concejala desarrollar su intervención y ejercer plenamente sus funciones representativas. Contra la providencia de inadmisión del Supremo no cabe recurso.

El pronunciamiento pertenece al ámbito contencioso-administrativo y confirma la vulneración del derecho fundamental de participación política de la concejala, sin tratarse de una condena penal contra el alcalde.

Tercero pide el fin de la “impunidad política”

Cándida Tercero ha afirmado que la resolución representa uno de los momentos institucionales más graves de la historia democrática de Valdepeñas y pone fin, según sus palabras, a la “impunidad” con la que habría actuado el Gobierno municipal.

La portavoz popular ha denunciado haber sufrido durante años insultos, vejaciones y comportamientos que califica de autoritarios y machistas. También ha lamentado no haber recibido el respaldo público de las concejalas socialistas del Ayuntamiento.

“Valdepeñas merece respeto, libertad y un Gobierno que cumpla con la Constitución”, ha señalado Tercero, quien ha pedido al PSOE que deje de amparar políticamente al alcalde y asuma las correspondientes responsabilidades.

Respeto y libertad en las instituciones

El Partido Popular de Castilla-La Mancha defiende que ninguna mujer debe sufrir descalificaciones, humillaciones o ataques personales durante el ejercicio de su responsabilidad pública.

La formación reclama instituciones en las que el debate político se desarrolle desde el respeto, la igualdad y la libertad, garantizando que todos los representantes públicos puedan ejercer plenamente los derechos reconocidos por la Constitución.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que uno de los primeros grandes proyectos de su futuro Gobierno autonómico será la aprobación de una Ley de Acceso a la Vivienda Joven, destinada a facilitar la emancipación y permitir que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en la región.

Núñez ha presentado la propuesta en Guadalajara junto al presidente de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, José Luis Montalvo, y el vicesecretario de Comunicación de Nuevas Generaciones de España, Borja Terrón.

El presidente regional del PP ha advertido de que nueve de cada diez jóvenes castellanomanchegos continúan viviendo en el domicilio familiar. Según los datos expuestos por el Partido Popular, la tasa de emancipación juvenil se sitúa alrededor del 11 % y el coste de la vivienda obliga a destinar cerca del 60 % del salario de un joven.

Vivienda asequible en suelo público

La futura ley contempla poner suelo público a disposición de nuevos proyectos residenciales destinados específicamente a los jóvenes, tanto en régimen de compra como de alquiler y a precios asequibles.

La propuesta incluye también la transformación de terrenos actualmente sin uso y la colaboración con la iniciativa privada para incrementar la oferta de vivienda protegida.

Núñez ha defendido que aumentar la oferta es imprescindible para reducir los precios y facilitar que los jóvenes puedan independizarse sin tener que abandonar Castilla-La Mancha.

Rebajas fiscales para menores de 40 años

La norma incorporará rebajas fiscales para los menores de 40 años que adquieran su primera vivienda.

Entre las medidas anunciadas se encuentran la reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y nuevas deducciones en el tramo autonómico del IRPF para quienes compren o alquilen su primer hogar.

El Partido Popular propone además recuperar las ayudas directas a fondo perdido para facilitar el pago de la entrada hipotecaria a los jóvenes que, pese a tener ingresos, no disponen del ahorro previo exigido para acceder a financiación.

Menos burocracia y licencias más rápidas

La Ley de Acceso a la Vivienda Joven promoverá la agilización y automatización de las licencias urbanísticas correspondientes a las promociones acogidas a la norma.

El objetivo es reducir los plazos administrativos, acelerar la construcción y evitar que la burocracia retrase durante años la puesta en marcha de nuevas viviendas.

“Una región que pierde a sus jóvenes pierde su futuro”, ha señalado Núñez, quien ha vinculado la política residencial con la creación de empleo de calidad, la retención del talento y la lucha contra la despoblación.

Montalvo alerta de una “generación abandonada”

Por su parte, el presidente de Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha, José Luis Montalvo, ha advertido de que muchos jóvenes temen convertirse en una “generación abandonada” ante la falta de oportunidades para acceder a una vivienda, formar una familia y construir su futuro.

Montalvo ha situado la emancipación juvenil en el 11,2 % y ha atribuido esta situación al fracaso de las políticas desarrolladas por el Gobierno de Emiliano García-Page.

“No podemos permitir que la resignación se convierta en la forma de vida de los jóvenes castellanomanchegos”, ha afirmado.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha defiende una política de vivienda basada en más oferta, menos impuestos, ayudas directas y una Administración ágil que permita a los jóvenes permanecer en su tierra y desarrollar un proyecto de vida independiente.

La diputada del Partido Popular de Castilla-La Mancha por Albacete, María Gil, ha reivindicado el gran Pacto Regional por las Personas Mayores propuesto por Paco Núñez, que será debatido este jueves en las Cortes autonómicas. La iniciativa pretende situar a los mayores en el centro de las políticas públicas y mejorar su calidad de vida.

Gil ha trasladado las principales medidas durante una visita al Centro de Día de Mayores y a la vivienda tutelada municipal de Villamalea, acompañada por el diputado provincial del Grupo Popular Antonio Martínez Alcalde.

El pacto plantea actualizar la financiación de las plazas residenciales concertadas para adaptarla a los costes reales, incrementar los recursos destinados a las viviendas para mayores y adelantar las ayudas a los ayuntamientos para evitar que tengan que anticipar fondos propios.

También propone un plan regional de modernización de los centros de mayores, una ley contra la soledad no deseada, una estrategia para captar y fidelizar profesionales de los cuidados y una mayor coordinación entre Sanidad y Servicios Sociales.

La iniciativa incorpora, además, una red regional de mentores sénior, una futura ley de vivienda colaborativa para mayores y una mesa permanente de diálogo con ayuntamientos, asociaciones, entidades del tercer sector y responsables de recursos residenciales.

“Esta iniciativa no busca confrontar, sino sumar esfuerzos en beneficio de quienes lo han dado todo”, ha señalado María Gil, quien ha pedido al Grupo Socialista y al Gobierno de García-Page que respalden la propuesta.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha defiende un acuerdo amplio y estable que garantice cuidados de calidad, mejores servicios y una atención digna para las personas mayores de toda la región.

La diputada autonómica del Partido Popular por Albacete, Tania Andicoberry, ha denunciado que el Gobierno de Emiliano García-Page ha dejado sin ejecutar 669 millones de euros destinados a inversiones sanitarias durante los últimos diez años.

Según el informe elaborado por el área de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, entre 2016 y abril de 2026 se presupuestaron 1.761 millones para inversiones sanitarias, de los que aproximadamente 1.092 millones fueron ejecutados. Esto supone una inejecución acumulada del 37,9 %.

“Esta elevadísima cifra es lo que García-Page ha dejado de invertir en la sanidad de todos y cada uno de los castellanomanchegos”, ha afirmado Andicoberry.

La diputada popular ha señalado que estas cantidades aparecían consignadas en los diferentes presupuestos de la Junta de Comunidades, pero finalmente no se transformaron en mejoras reales para los ciudadanos.

“Son recursos que los castellanomanchegos han dejado de recibir por parte del Gobierno regional”, ha denunciado.

Andicoberry ha calificado esta situación de “completamente anómala” y de “tremenda gravedad”, especialmente ante las necesidades existentes en hospitales, centros de salud, equipamiento sanitario y atención a los pacientes.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha reclama una gestión rigurosa que convierta cada partida presupuestaria en inversiones, profesionales y mejores servicios para la sanidad pública regional.

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