Actualidad Política

8 de noviembre de 2026

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El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès ha denunciado el posicionamiento del Partido Popular tras el último pleno municipal, donde los populares unieron sus votos a los del PSC y el resto de formaciones para rechazar la moción presentada por VOX que reclamaba instaurar la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos del municipio.

Desde VOX han lamentado que el PP haya optado por “el seguidismo de las políticas de la izquierda y el separatismo”, rechazando una iniciativa que, según la formación, buscaba “blindar los servicios municipales frente al colapso provocado por la inmigración masiva y descontrolada”.

La formación considera que este voto supone “un abandono a las familias trabajadoras de Cerdanyola” que, tras años contribuyendo al sistema, “ven cómo son postergadas en el acceso a recursos básicos como la vivienda o los servicios sociales”.

La moción presentada por VOX advertía de la transformación demográfica que, según denuncian, atraviesa España, señalando que la población extranjera supera ya el 20% en 2026, una situación que, a juicio de la formación, tensiona servicios públicos esenciales como el padrón, la seguridad ciudadana y la atención sanitaria.

Desde VOX han denunciado además que las políticas de “puertas abiertas”, respaldadas ahora “por el voto del PP en el consistorio”, están “destruyendo la cohesión y la identidad de los barrios”.

El portavoz municipal de VOX, Óscar Conde, ha mostrado su rechazo a la actitud del Partido Popular.

“Es lamentable que el PP de Cerdanyola haya preferido alinearse con el PSC para perpetuar un sistema que ignora a los españoles. Han votado en contra de que los vecinos de casa tengan preferencia en las ayudas que ellos mismos sostienen con su trabajo”, ha afirmado.

Conde ha asegurado además que, “con este gesto, el PP se convierte en cómplice del efecto llamada y del deterioro de nuestra convivencia”.

El dirigente de VOX ha defendido la prioridad nacional como “una cuestión de justicia elemental”.

“No es aceptable que quienes vulneran nuestras leyes para entrar en nuestro territorio accedan de inmediato a prestaciones que resultan inaccesibles para los propios españoles. Nosotros seguiremos exigiendo que cada euro de dinero público se destine primero a quienes han levantado esta nación”, ha señalado.

A pesar del rechazo de la iniciativa, VOX ha reiterado que seguirá defendiendo las medidas recogidas en la moción coordinada a nivel nacional, entre ellas la prioridad de los españoles en el acceso a vivienda social y ayudas públicas, la repatriación de inmigrantes ilegales, la derogación de las regularizaciones masivas y la reserva de prestaciones no contributivas exclusivamente para españoles.

La diputada de VOX en el Parlamento de Cataluña, María García Fuster, ha denunciado que, dos años después de las últimas elecciones catalanas, el Gobierno presidido por Salvador Illa “ha normalizado la inseguridad en los barrios, pueblos y calles de Cataluña”.

Durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento catalán, García Fuster ha recordado que “hace dos años, 250.000 catalanes depositaron su confianza en VOX” frente a un Partido Socialista que prometía “cambio, sosiego y normalización” para Cataluña.

Sin embargo, la diputada ha criticado que “dos años después y sin haber sido capaces ni siquiera de aprobar unos presupuestos, lo único que ha normalizado el Govern es la inseguridad”.

María García Fuster ha asegurado que esta situación “no es casual” y ha citado datos relacionados con delincuencia y población extranjera en Cataluña.

“El 84% de los hurtos, el 73% de los robos con violencia y el 55% de los asesinatos o tentativas son cometidos por extranjeros”, ha afirmado.

Asimismo, ha señalado que “el 57% de los detenidos por amenazar a sus parejas son extranjeros, el 59% de los maltratadores también lo son y más del 60% de las agresiones sexuales las cometen extranjeros”.

La diputada de VOX ha subrayado que estos datos “deben analizarse teniendo en cuenta que los extranjeros representan el 18% de la población en Cataluña”, asegurando que existe “una relación clara y directa entre inmigración y delincuencia”.

En este sentido, García Fuster ha defendido que “no lo dice solo VOX, sino también los datos oficiales del Departamento de Interior y del Departamento de Justicia”.

Además, ha denunciado que “más de la mitad de los presos en Cataluña son de origen extranjero” y ha criticado el proceso de regularización impulsado por el Gobierno central.

“Vamos a regularizar a una panda de delincuentes”, ha afirmado, defendiendo “la deportación y el cumplimiento de condena en los países de origen”.

La diputada también ha lamentado que el Parlament “se niegue o ponga pegas” a la celebración de un debate monográfico sobre inseguridad.

“VOX seguirá siendo la voz de esos 250.000 catalanes que dijeron basta hace dos años y también de quienes hoy ya ven en VOX la única alternativa y esperanza”, ha asegurado.

García Fuster ha advertido además que “Cataluña va cuesta abajo y sin frenos en seguridad, educación, sanidad y muchos otros ámbitos”.

DGAIA

Durante la misma comparecencia, María García Fuster también se ha referido a la situación de la DGAIA tras las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades.

La diputada de VOX ha asegurado que, después de conocerse “contrataciones a dedo, alquileres inflados pagados con dinero de los catalanes y cobro fraudulento de prestaciones”, la consejera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, “debería haber dimitido”.

Según García Fuster, las únicas medidas adoptadas por el Govern han sido “cambiar el nombre de la DGAIA” y “anunciar una auditoría de la que no han sido capaces de presentar ni una sola conclusión”.

La parlamentaria también ha criticado que la comisión de investigación esté presidida por el PSC y vicepresidida por ERC, “dos partidos implicados directamente en la trama”.

Asimismo, ha cuestionado el anuncio de internalizar las prestaciones a ex tutelados a partir de diciembre de 2026, asegurando que “no supone ninguna garantía”.

Por último, María García Fuster ha afirmado que “VOX tenía razón cuando pedía desmantelar la DGAIA y empezar desde cero”, acusando a la consejera y al Partido Socialista de “poner parches a un barco que se hunde para evitar que se destape toda la trama”.

El portavoz de Solidaridad, Jordi de la Fuente, ha criticado duramente la actitud de los sindicatos mayoritarios durante el Gobierno de Pedro Sánchez, acusando a CCOO y UGT de actuar sometidos al poder político y de guardar silencio ante las políticas del Ejecutivo socialista.

Durante sus declaraciones, De la Fuente aseguró que “la única huelga general que se ha convocado en este país mientras Pedro Sánchez está gobernando ha sido la convocada por Solidaridad el 24 de noviembre de 2023”, denunciando que ni CCOO ni UGT hayan promovido movilizaciones contra un Gobierno que, a su juicio, “lo está dejando todo hecho”.

El dirigente sindical vinculó esta situación a las subvenciones públicas que reciben las organizaciones sindicales mayoritarias. “Esto tiene una explicación: los más de 32 millones de euros en subvenciones que han recibido Comisiones Obreras y UGT desde los Presupuestos de 2025”, afirmó.

Jordi de la Fuente señaló además que estas ayudas no se limitan únicamente a las subvenciones directas del Estado, sino que también incluyen financiación procedente de diputaciones, ayuntamientos y gobiernos autonómicos.

“Están absolutamente comprados por el poder político. No son independientes y viven muy bien con este poder”, denunció el portavoz de Solidaridad, quien sostuvo que los sindicatos mayoritarios reaccionarán “nerviosos” cuando exista una alternativa política distinta gobernando en España.

Asimismo, De la Fuente criticó la propuesta presentada recientemente por CCOO y UGT al Gobierno para “blindar la financiación pública de los sindicatos mayoritarios”, recordando que, según la legislación vigente, esa condición corresponde únicamente a ambas organizaciones sindicales.

Desde Solidaridad insistieron en que rechazan el actual modelo de subvenciones públicas tanto para sindicatos como para patronales.

“Solidaridad no quiere nada de esto. Quiere acabar con las subvenciones a patronales y sindicatos”, afirmó Jordi de la Fuente, quien aseguró además que apoyarán políticamente a aquellas formaciones que defiendan este planteamiento.

El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Santi Rodríguez, ha lamentado que Cataluña “sigue sin presupuestos y sigue con los mismos problemas”, criticando que las negociaciones entre PSC y ERC “no están sirviendo para dar respuesta a las principales preocupaciones de los ciudadanos”.

Rodríguez ha denunciado que continúan sin resolverse cuestiones fundamentales como “el acceso a la vivienda, la inseguridad, la huelga educativa, los problemas en sanidad o el mal funcionamiento de Rodalies”.

“Se están negociando presupuestos, pero no se está hablando de cómo reducir las listas de espera sanitarias ni de cómo mejorar un servicio ferroviario que cada día ofrece un peor servicio a los usuarios”, ha señalado.

El dirigente popular ha criticado además que las negociaciones presupuestarias estén centradas en “la creación de un nuevo chiringuito”, en referencia al posible consorcio o sociedad mercantil para gestionar infraestructuras “que ni siquiera se ha definido ni concretado”.

Santi Rodríguez también ha reprochado al PSC su falta de coherencia respecto a infraestructuras estratégicas pendientes en Cataluña, recordando que los socialistas exigieron soluciones para la B-40 durante la etapa de Pere Aragonès y “todo sigue exactamente igual”.

“El problema de las infraestructuras en Cataluña no es la gestión, sino que se definan, se acuerden y se ejecuten de una vez”, ha afirmado.

Asimismo, ha cuestionado que se planteen nuevos proyectos ferroviarios mientras siguen pendientes actuaciones prioritarias como la finalización de la B-40.

Por otro lado, el secretario general del PPC ha mostrado su preocupación por el incremento de la fuga de empresas de Cataluña, recordando que desde 2017 más de 9.000 compañías trasladaron sus sedes sociales fuera de la comunidad y apenas algo más de 600 han regresado.

Rodríguez ha advertido de que durante el primer trimestre de 2026 la salida de empresas “ha vuelto a crecer”, una situación que atribuye “a la falta de seguridad jurídica, la presión fiscal, el exceso de burocracia y la pérdida de confianza en las instituciones catalanas”.

“La normalidad prometida por Illa ya no se la creen ni los ciudadanos ni las empresas”, ha asegurado.

Por último, el dirigente popular ha criticado que PSC y ERC “parecen estar negociando pensando más en los intereses electorales que en resolver los problemas reales de Cataluña”.

“El Partido Popular defiende una Cataluña con estabilidad, seguridad jurídica, mejores infraestructuras y políticas centradas en las necesidades reales de los ciudadanos”, ha concluido.

VOX ha registrado formalmente una solicitud dirigida al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelldefels para conocer la situación real de la ocupación ilegal de inmuebles en el municipio, al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La iniciativa reclama datos agregados y estadísticos sobre el número total de inmuebles okupados ilegalmente en Castelldefels, incluyendo el tipo de inmueble afectado, la nacionalidad de los ocupantes y la titularidad de las propiedades afectadas, ya sean particulares, entidades bancarias, sociedades mercantiles o administraciones públicas.

Desde VOX consideran que la ocupación ilegal se ha convertido en una preocupación creciente para numerosos vecinos por sus consecuencias sobre la seguridad ciudadana, la convivencia vecinal y el uso de los recursos públicos.

La formación ha subrayado además que la solicitud respeta plenamente la normativa de protección de datos, ya que en ningún caso se requiere información que permita identificar a personas físicas. El escrito presentado también insta al Ayuntamiento a remitir la petición al órgano competente, especialmente al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, en caso de no disponer de la información requerida.

El coordinador de VOX en Castelldefels, Juan Antonio Gil, ha declarado que “los vecinos de Castelldefels tienen derecho a conocer la realidad de la okupación ilegal en nuestro municipio. La transparencia no puede ser selectiva cuando hablamos de seguridad, convivencia y protección de la propiedad privada”.

“Desde VOX seguiremos exigiendo información clara y medidas eficaces frente a un problema que preocupa cada vez más a muchas familias de Castelldefels. Negar u ocultar los datos solo contribuye a aumentar la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones”, ha sostenido Gil.

VOX recuerda que la legislación vigente obliga a las administraciones públicas a responder motivadamente en el plazo máximo de un mes, facilitando la información solicitada o justificando jurídicamente cualquier eventual limitación o denegación.

Finalmente, la formación ha reiterado su compromiso con la defensa de la seguridad, la transparencia institucional y los derechos de los vecinos de Castelldefels.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Gavà ha anunciado que solicitará toda la documentación y el expediente completo relacionado con la licitación impulsada por el Gobierno municipal para la explotación de la plaza John Lennon, después de que diversas empresas del sector del ocio nocturno y la restauración hayan denunciado presuntas irregularidades urbanísticas y posibles restricciones a la libre concurrencia.

La controversia surge tras el escrito registrado por distintos operadores del sector, quienes solicitan la nulidad del procedimiento aprobado por la Junta de Gobierno Local al considerar que podría vulnerar la normativa urbanística vigente y establecer condiciones “desproporcionadas” que limitarían la competencia.

Desde VOX Gavà han querido dejar claro que el grupo municipal actuará con firmeza para garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad y la máxima transparencia en todos los procesos públicos.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Gavà, Marc Cívico, ha señalado que “desde VOX estamos comprometidos con el cumplimiento de la ley en las licitaciones y hemos solicitado el expediente al Ayuntamiento para comprobar si se está incumpliendo alguna normativa o disposición legal”.

Cívico ha recordado además que “desde hace años venimos escuchando denuncias sobre prácticas de licitaciones hechas a medida y, de hecho, incluso existen sentencias contra el Ayuntamiento relacionadas con este tipo de actuaciones, actualmente pendientes de recurso”.

El dirigente de VOX ha advertido de que su formación no permitirá ningún tipo de opacidad ni favoritismo en la gestión municipal. “No vamos a dejar pasar ni una. Las cosas hay que hacerlas bien, con transparencia y conforme a la ley, por el beneficio y la confianza de la ciudadanía”, ha afirmado.

Según las denuncias presentadas por empresarios y profesionales del sector, la plaza John Lennon estaría calificada urbanísticamente como parque urbano, una categoría que podría ser incompatible con determinados usos vinculados al ocio nocturno y actividades privadas de restauración si no existe la correspondiente tramitación urbanística específica.

Asimismo, los denunciantes cuestionan las exigencias económicas y técnicas incluidas en el pliego de condiciones, al considerar que podrían limitar gravemente la libre competencia y favorecer únicamente a grandes operadores.

VOX ha reiterado que defenderá los intereses de los vecinos, la igualdad de oportunidades y la limpieza en todos los procesos administrativos, y ha exigido al Gobierno municipal explicaciones claras sobre una licitación que ya ha generado una fuerte controversia entre profesionales del sector y ciudadanos del municipio.

La formación también ha criticado que este tipo de licitaciones, por su impacto económico y social, no sean debatidas en el Pleno municipal y queden únicamente en manos de la Junta de Gobierno Local.

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès ha denunciado públicamente el rechazo de PSC, ERC, Guanyem, En Comú Podem Cerdanyola y Junts a la moción presentada por la formación en apoyo a las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y sus familias.

La iniciativa, defendida por VOX durante el último Pleno municipal, contemplaba medidas destinadas a mejorar la sensibilización social, reforzar la accesibilidad, facilitar la atención administrativa y aumentar la colaboración institucional con entidades dedicadas a atender a personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas.

La propuesta fue rechazada con los votos en contra de PSC, ERC, Guanyem, En Comú Podem Cerdanyola y Junts per Catalunya. El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès, Óscar Conde, ha lamentado la decisión de estos partidos y ha denunciado “la absoluta falta de sensibilidad demostrada hacia miles de familias que conviven diariamente con esta dura enfermedad”.

“Han vuelto a demostrar que son incapaces de apoyar una propuesta útil simplemente porque viene de VOX. Pero deben entender una cosa: no votan contra VOX, votan contra los enfermos de Parkinson y contra sus familias”, ha declarado Conde.

Desde VOX recuerdan que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica y progresiva que afecta a miles de personas en toda España y que genera importantes dificultades tanto para quienes la padecen como para sus cuidadores.

La moción presentada por VOX instaba al Gobierno municipal a reconocer institucionalmente a las personas afectadas y sus familias, impulsar campañas de sensibilización, promover medidas de accesibilidad universal en espacios y servicios municipales, facilitar la atención administrativa a personas con dificultades de movilidad o autonomía y reforzar la difusión de recursos asistenciales y psicológicos.

Asimismo, la propuesta incluía la posibilidad de establecer convenios de colaboración con entidades dedicadas al Parkinson, conmemorar anualmente el Día Mundial del Parkinson cada 11 de abril e instar tanto a la Generalitat de Cataluña como al Gobierno de España a reforzar los recursos destinados al diagnóstico temprano, la investigación, el tratamiento y el apoyo psicológico para afectados y cuidadores.

“Es incomprensible que partidos que llenan constantemente sus discursos de palabras como inclusión, solidaridad o justicia social hayan sido incapaces siquiera de apoyar medidas básicas de acompañamiento y visibilización”, ha añadido Óscar Conde.

VOX ha reafirmado finalmente su compromiso con las personas afectadas por Parkinson y sus familias y ha asegurado que seguirá defendiendo iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos frente al “sectarismo político del resto de grupos municipales”.

El grupo municipal de VOX en Cubelles ha denunciado públicamente lo que consideran un fraude sistemático en el padrón municipal. Según los datos facilitados por la formación, un solo edificio perteneciente a las dependencias de los servicios sociales locales cuenta con 92 personas empadronadas, de las cuales el 85% son de origen extranjero.

Desde la formación subrayan que el padrón municipal no es un mero trámite administrativo, sino la llave de acceso a servicios fundamentales como la sanidad pública y diversas ayudas sociales. VOX sostiene que el uso fraudulento de este registro está provocando un colapso en los servicios municipales, perjudicando directamente a los residentes legales y de larga duración en el municipio.

Jorge Mena, portavoz de VOX en Cubelles, ha expresado su firme rechazo a esta situación y ha exigido medidas inmediatas al consistorio: «Es inadmisible que el Ayuntamiento de Cubelles permita y fomente este fraude con el padrón municipal. Estamos hablando de casi un centenar de personas registradas en una sede de servicios sociales, una cifra que evidencia una falta total de control y una gestión irresponsable de los recursos públicos«.

Mena ha hecho hincapié en la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos locales: «Desde VOX exigimos que se endurezcan de forma inmediata los controles sobre el padrón. No podemos permitir que los servicios públicos se colapsen por un uso fraudulento de las leyes. Los vecinos reales de Cubelles merecen unos servicios públicos decentes donde ellos sean, sin ninguna duda, la prioridad nacional«.

La formación política ha anunciado que llevará esta cuestión a las próximas sesiones institucionales para exigir una auditoría del censo y garantizar que el acceso a las ayudas y servicios municipales se realice bajo criterios de estricta legalidad y transparencia.

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