Actualidad Política

10 de octubre de 2026

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado la contribución del sector turístico a preservar la identidad de la capital durante la entrega de los Reconocimientos de turismo de Madrid 2026.

La séptima edición de estos galardones municipales, organizada por el Área Delegada de Turismo bajo el lema “El oficio de ser Madrid”, reconoce a empresas, profesionales e iniciativas vinculadas a un modelo turístico de calidad y con impacto económico, social y cultural en la ciudad.

Ocho reconocimientos al turismo madrileño

El Consejo Regulador de Vinos de Madrid ha recibido el reconocimiento al producto madrileño, mientras que el barquillero Julián Cañas ha sido distinguido por su compromiso con la tradición de la ciudad.

Nobu Madrid ha obtenido el reconocimiento al compromiso con el destino y las Agencias de Eventos Españolas Asociadas han sido premiadas por su aportación a la industria MICE.

También han sido reconocidos el periodista Andrew Ferren por su difusión internacional de Madrid, Mo de Movimiento por su compromiso con la sostenibilidad, las Noches del Botánico como evento de interés turístico y el chef Sacha Hormaechea por su trayectoria.

Más de 10.000 millones de gasto internacional

El Ayuntamiento destaca también el peso económico alcanzado por el turismo. La capital superó los 10.000 millones de euros de gasto turístico internacional durante el primer semestre de 2026, un 11,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Según los datos municipales, el gasto medio diario alcanzó los 306 euros y el gasto medio por persona se situó en 1.981 euros.

Madrid registró además 1,76 millones de visitantes y cerca de 3,5 millones de pernoctaciones durante julio y agosto.

Grandes eventos y empleo

Los grandes acontecimientos deportivos, culturales y profesionales constituyen otro de los ejes de la estrategia turística de Madrid.

El Ayuntamiento cifra en 467 millones de euros el impacto económico del Gran Premio de Fórmula 1, que reunió a 353.000 espectadores, mientras que el Mutua Madrid Open habría generado 250 millones.

A ellos se suman eventos musicales, festivales, congresos y turismo de reuniones, con efectos sobre hoteles, restauración, comercio, transporte y otros servicios.

En agosto, el sector hotelero madrileño contabilizó 15.119 trabajadores, un 5,5% más que un año antes, según los datos difundidos por el Ayuntamiento.

Turismo e identidad

Almeida ha defendido que el crecimiento turístico debe convivir con la preservación de las tradiciones, la gastronomía, la cultura y las características propias de Madrid.

Los reconocimientos de 2026 pretenden precisamente poner en valor a quienes contribuyen desde distintos sectores a mantener esa identidad mientras la ciudad amplía su proyección como destino internacional.

El diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid Ángel Alonso ha respondido a las críticas de la izquierda sobre los inmuebles vinculados a la presidenta Isabel Díaz Ayuso poniendo el foco en las viviendas oficiales utilizadas por miembros del Gobierno de España y otros responsables autonómicos.

“Denúncienlo, critíquenlo y sean congruentes”, ha reclamado Alonso durante su intervención, en la que ha acusado a la oposición de utilizar criterios diferentes dependiendo de quién ocupe los inmuebles.

El diputado ha citado, entre otros casos, las viviendas oficiales utilizadas por miembros del Ejecutivo y ha mencionado expresamente a Yolanda Díaz y Óscar Puente.

Alonso señala las residencias oficiales

Alonso ha recordado que distintos integrantes del Gobierno utilizan viviendas propiedad del Estado vinculadas al desempeño de sus responsabilidades.

En el caso de Yolanda Díaz, informaciones elaboradas a partir de respuestas del Portal de Transparencia han situado la superficie de la vivienda oficial utilizada por la vicepresidenta en 443 metros cuadrados.

El diputado también ha citado a presidentes autonómicos y ha pedido a los grupos de la izquierda que apliquen el mismo criterio a todos los responsables públicos.

Réplica a las críticas sobre Ayuso

El núcleo de la intervención de Alonso ha sido su rechazo a las acusaciones dirigidas contra Isabel Díaz Ayuso.

A juicio del diputado popular, la oposición madrileña está centrando su estrategia en cuestiones relacionadas con la vivienda de la presidenta mientras no mantiene el mismo nivel de crítica respecto a inmuebles oficiales utilizados por dirigentes de otras administraciones.

Alonso sostiene que ese comportamiento constituye una contradicción política y reclama a los grupos de la oposición “congruencia” en sus planteamientos.

De Madrid a la política nacional

El diputado ha ampliado posteriormente su crítica al Gobierno de España y ha relacionado la ofensiva contra Ayuso con otros asuntos de actualidad nacional.

En ese contexto, ha mencionado la gestión de la situación de Ceuta y los procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno.

Alonso concluye que las críticas contra Ayuso forman parte de una estrategia política de la izquierda madrileña, una interpretación que los partidos aludidos rechazan.

El viceconsejero de Presidencia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez ha visitado la calle Praga de Alcorcón junto al portavoz del Grupo Municipal Popular y candidato del PP a la Alcaldía en 2027, Roberto Marín Vergara, para abordar con los vecinos sus preocupaciones relacionadas con la seguridad y la convivencia.

Durante el encuentro, Sánchez ha reclamado una mayor presencia de Policía Municipal y un refuerzo de los efectivos de Policía Nacional en el municipio.

El dirigente popular sostiene que los problemas relacionados con la delincuencia y la okupación están afectando a la tranquilidad de los residentes de esta zona próxima al Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

Sánchez reclama cubrir las plazas vacantes

José Antonio Sánchez ha reclamado al delegado del Gobierno que cubra las plazas que cifra en 1.500 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil pendientes en la Comunidad de Madrid.

“Los vecinos de Alcorcón necesitan respuestas, no excusas”, ha señalado tras escuchar las demandas planteadas durante la visita.

Sánchez también ha afirmado que los últimos datos oficiales reflejan un incremento del 25,1 % de las infracciones penales durante el primer semestre de 2026 y un aumento del 14,5 % de la criminalidad convencional en Alcorcón.

Marín sitúa la seguridad entre sus prioridades para 2027

La visita ha contado con la participación de Roberto Marín Vergara, actual portavoz del Grupo Municipal Popular y candidato del PP a la Alcaldía de Alcorcón en las elecciones municipales de 2027.

La seguridad y la convivencia forman parte de las prioridades anunciadas por Marín para su proyecto municipal.

Entre las propuestas publicadas por el PP de Alcorcón figuran el refuerzo de la presencia policial, unidades especializadas contra la okupación, una unidad canina, videovigilancia y una mayor coordinación entre Policía Municipal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sánchez y Marín han situado la escucha directa a los vecinos como eje de la visita y han reclamado mayores recursos policiales para responder a las preocupaciones trasladadas en los barrios de Alcorcón.

El Ayuntamiento de Madrid ha incorporado 99 nuevos vehículos a la flota de SAMUR-Protección Civil, dentro del proceso de modernización del servicio municipal de emergencias desarrollado durante los últimos años.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado las nuevas unidades acompañado por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y profesionales del servicio.

La renovación comprende 81 ambulancias, equivalentes a dos terceras partes de las 120 que integran el servicio sanitario municipal, y otros 18 vehículos de intervención rápida y mando.

De las nuevas ambulancias, 52 son de soporte vital básico, 28 de soporte vital avanzado y una está específicamente configurada para asistencia psiquiátrica.

4,6 millones anuales para los nuevos vehículos

Los 99 vehículos se incorporan mediante régimen de arrendamiento, con un coste anual aproximado de 4,6 millones de euros.

El diseño ha priorizado la funcionalidad, ergonomía y seguridad de profesionales y pacientes. Para ello se han reorganizado materiales y equipos y se han introducido mejoras en la movilización de pacientes, las posiciones de trabajo y los sistemas de retención.

Las unidades de soporte vital avanzado incorporan además sistemas mecánicos de ayuda para la carga y descarga de pacientes, destinados a reducir el esfuerzo físico de los sanitarios.

Más tecnología y conectividad

La flota incorpora manos libres, cámaras para supervisar el habitáculo, infraestructura para comunicaciones de datos y sistemas de navegación integrados en las pantallas de los vehículos.

Cada unidad dispondrá también de un código QR que permitirá a los profesionales consultar directamente su documentación técnica.

En los vehículos de intervención rápida y mando se podrán controlar desde la cabina parámetros como la temperatura de la nevera y del calienta sueros o el estado de carga de los equipos de electromedicina.

Nueva imagen para mejorar la visibilidad

Otro de los principales cambios afecta al exterior de las ambulancias.

La parte posterior incorpora el denominado patrón Chevron, formado por franjas diagonales rojas y amarillas fluorescentes, además de vinilo microprismático de alta retrorreflexión.

El objetivo es facilitar la identificación de los vehículos, especialmente cuando están detenidos en la calzada, bajo la lluvia o en condiciones de baja iluminación.

El presupuesto de SAMUR-PC alcanza los 97 millones

Almeida ha enmarcado la renovación en el crecimiento experimentado por SAMUR-PC desde 2019.

Según los datos municipales, la plantilla ha aumentado un 30 %, desde 822 plazas a finales de 2019 hasta las 1.064 actuales.

También se han abierto diez nuevas bases y rehabilitado integralmente otra, mientras se ha renovado prácticamente toda la flota asistencial y se ha incorporado nueva tecnología sanitaria.

El presupuesto anual de SAMUR-Protección Civil ha pasado de 60,4 millones de euros en 2019 a 97 millones en 2026, un incremento acumulado del 61 %.

Almeida ha definido SAMUR-PC como “un servicio público imprescindible” y ha defendido que las inversiones realizadas buscan dotar a sus profesionales de medios acordes con su capacidad de respuesta ante las emergencias de Madrid.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Móstoles, Nieva Machín, ha vuelto a situar la seguridad en el centro del debate municipal después de que las infracciones penales registradas durante el primer semestre de 2026 aumentaran un 12,5% respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos difundidos a partir del último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior sitúan el total en 4.653 infracciones, frente a las 4.136 del año anterior. La criminalidad convencional pasa, a su vez, de 2.959 a 3.315 hechos, un 12% más. El Ministerio ha publicado ya el Balance de Criminalidad correspondiente al segundo trimestre de 2026.

“El PP puede negar el problema, pero no puede esconder los datos”, afirma Machín, que acusa al Gobierno municipal de haber minimizado anteriormente la evolución de la delincuencia.

Los robos en viviendas pasan de 62 a 105

El incremento global incluye subidas especialmente pronunciadas en determinadas categorías.

Los robos con fuerza en domicilios pasan de 62 a 105 durante los seis primeros meses del año, un incremento del 69,4%. Los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria crecen de 33 a 50, un 51,5%, mientras los robos con violencia e intimidación pasan de 61 a 79, un 29,5%.

Machín sostiene que esas cifras exigen una respuesta específica del Ayuntamiento.

“¿Cuánto tienen que empeorar los datos para que el Gobierno municipal admita que existe un problema?”, pregunta la portavoz.

El balance no muestra, sin embargo, incrementos en todas las tipologías. Según los datos divulgados por VOX, las agresiones sexuales con penetración disminuyen un 72%, las sustracciones de vehículos un 6,1% y el tráfico de drogas un 8,8%. La cibercriminalidad crece un 13,7%.

VOX ya preguntó por la seguridad en junio

La formación había llevado el asunto al Pleno antes de conocerse las cifras completas del primer semestre.

El 25 de junio, VOX preguntó oficialmente al Gobierno municipal si consideraba que su política de seguridad estaba obteniendo los resultados esperados y qué medidas pensaba adoptar ante el incremento que reflejaban entonces los datos disponibles.

La documentación publicada por el propio Ayuntamiento confirma aquella pregunta, en la que VOX ya citaba aumentos de criminalidad convencional y robos en viviendas.

Machín utiliza ahora el balance del segundo trimestre para insistir en esa advertencia.

“Hoy ya no hablamos de sensaciones ni de opiniones: hablamos de datos oficiales”, afirma.

VOX pide más Policía Local y medios

La portavoz reclama reforzar la plantilla de la Policía Municipal, mejorar los medios humanos y materiales y aumentar la coordinación con Policía Nacional y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El Gobierno municipal, por su parte, sí ha adoptado medidas de refuerzo durante 2026.

En marzo tomaron posesión 20 nuevos agentes, con los que el Ayuntamiento situaba entonces la plantilla de Policía Municipal en 271 efectivos. El Ejecutivo local defendió que esas incorporaciones formaban parte de su estrategia para aumentar la presencia policial.

Los Presupuestos de 2026 contemplaron además la incorporación de 30 nuevos agentes y un incremento del 10% en la dotación económica destinada a Policía Municipal.

La discrepancia política, por tanto, no está en si se han adoptado medidas, sino en si las desplegadas son suficientes ante la evolución reciente de las cifras.

Un contexto regional diferente

Los datos de Móstoles contrastan además con la evolución global de la Comunidad de Madrid.

La Delegación del Gobierno informó el 18 de septiembre de que la tasa de criminalidad regional había bajado 0,5 puntos respecto al mismo periodo del año anterior.

Ese comportamiento regional no impide que determinados municipios o modalidades delictivas registren aumentos, como muestran las cifras difundidas para Móstoles.

VOX centra precisamente su argumento en esa evolución local y en los delitos que más crecen.

“Cada cifra representa hechos sufridos por vecinos de Móstoles”, sostiene Machín.

La portavoz reclama que el Gobierno municipal explique cómo piensa responder durante los próximos meses al incremento registrado entre enero y junio y si prevé nuevos refuerzos de plantilla, medios y actuaciones preventivas.

“La delincuencia no se tapa ni se maquilla: se combate con más agentes, más medios y actuaciones concretas”, concluye.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Parla, Juan Marcos Manrique López, llevará al próximo Pleno ordinario la situación del servicio municipal de grúa y pedirá la comparecencia del alcalde, Ramón Jurado, y del jefe de la Policía Local para que expliquen qué está ocurriendo y qué medidas se han adoptado para garantizar su funcionamiento.

La iniciativa llega después de que se haya hecho pública una discrepancia entre la empresa que venía realizando las retiradas y el Gobierno municipal. Telemadrid informó el 20 de septiembre de que la compañía había dejado de retirar vehículos tras advertir al Ayuntamiento de que no seguiría prestando el servicio si no se regularizaba su situación contractual. Según esa información, llevaba ocho meses trabajando sin contrato en vigor.

El Ayuntamiento, sin embargo, sostuvo ante ese medio que el servicio seguía funcionando. La misma información señalaba que, al contactar para solicitar una retirada, se comunicaba que no había grúa disponible. Por tanto, existe una diferencia entre la versión municipal y la situación trasladada por la empresa.

VOX quiere que esa contradicción se aclare ante el Pleno.

“Los vecinos de Parla tienen derecho a saber qué está ocurriendo con un servicio municipal que afecta directamente al funcionamiento de la ciudad”, afirma Manrique.

VOX pide que comparezcan el alcalde y el jefe de la Policía Local

La propuesta reclama información sobre las circunstancias que han provocado la eventual interrupción o limitación del servicio, las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento y el calendario previsto para garantizar su continuidad.

VOX pide que las explicaciones sean ofrecidas directamente por el alcalde y por el responsable de la Policía Local.

Ramón Jurado continúa como alcalde de Parla y preside la Junta de Gobierno Local, según el organigrama municipal vigente.

“No se trata únicamente de conocer qué ha ocurrido, sino de saber qué soluciones se están planteando y cuándo se va a garantizar la continuidad del servicio”, sostiene Manrique.

Una empresa comunicó que dejaba de realizar las retiradas

La polémica adquirió dimensión pública después de conocerse que la empresa encargada de las retiradas habría comunicado previamente al Ayuntamiento que dejaría de operar si continuaba sin contrato.

Según Telemadrid, la compañía acabó cumpliendo ese aviso y cesó las retiradas, mientras el Consistorio defendía que el servicio municipal permanecía operativo.

VOX evita en su iniciativa dar por definitivamente suspendido el servicio y reclama precisamente que sean los responsables municipales quienes aclaren su situación real.

El servicio afecta a actuaciones como la retirada de vehículos que obstaculizan la circulación, determinados estacionamientos indebidos y otros supuestos en los que la Policía Local ordena retirar un vehículo de la vía pública.

El contrato de la grúa llegó a superar los 100.000 euros anuales

La contratación de este servicio tiene además antecedentes públicos.

El Ayuntamiento adjudicó en 2021 el servicio de retirada de vehículos de la vía pública mediante grúa, transporte, depósito y demolición a Desguaces El Rubio S.L. por 104.388,72 euros anuales más IVA. El contrato contemplaba inicialmente un año de duración y la posibilidad de prórrogas anuales hasta alcanzar el máximo previsto en los pliegos.

La licitación tenía un valor estimado global de 521.943 euros y recibió una oferta, según los datos de contratación publicados.

La información conocida ahora sobre ocho meses de prestación sin contrato deberá ser aclarada por el Gobierno municipal, ya que no consta en las fuentes consultadas una explicación pública detallada del Ayuntamiento sobre cómo se llegó a esa situación ni sobre la fórmula utilizada durante ese periodo.

Manrique quiere fechas y soluciones

VOX plantea el asunto como una cuestión de control municipal y de continuidad de un servicio público.

La formación quiere saber cuál es actualmente el sistema utilizado para responder a las peticiones de retirada, si existen limitaciones operativas, qué relación contractual mantiene el Ayuntamiento con la empresa que venía prestando el servicio y cuándo se prevé que la situación quede normalizada.

“Queremos conocer las circunstancias que han provocado esta situación y, sobre todo, qué medidas se van a poner en marcha para garantizar que el servicio funcione con normalidad y continuidad”, señala Juan Marcos Manrique.

El portavoz quiere que esas respuestas queden registradas ante el Pleno y puedan ser conocidas tanto por los grupos de la oposición como por los vecinos.

La cuestión central que VOX llevará ahora al Ayuntamiento es concreta: si el Gobierno municipal sostiene que Parla dispone de servicio de grúa, deberá explicar cómo se está prestando, con qué medios y bajo qué cobertura después del conflicto conocido con la empresa que venía realizando las retiradas.

La portavoz de VOX en Rivas-Vaciamadrid, Eliana Palacios, llevará este jueves al Pleno municipal una moción sobre Ceuta y Melilla con la que pretende que el Ayuntamiento reafirme la soberanía española sobre ambas ciudades, reclame un mayor control fronterizo y censure la actuación del Gobierno durante la crisis de los días 30 y 31 de julio.

“Ceuta y Melilla son España. Su soberanía no se negocia, sus fronteras son nuestras fronteras”, sostiene Palacios.

VOX califica lo ocurrido en Ceuta como una “invasión” y atribuye a Marruecos una utilización de la inmigración como instrumento de presión. Esa es la caracterización política de la formación. El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó el 17 de septiembre una resolución que condena los cruces irregulares masivos y denuncia la instrumentalización de la inmigración irregular como posible “herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”.

La resolución europea fue aprobada por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones y reclamó reforzar las fronteras terrestres y marítimas de Ceuta, acelerar los retornos de quienes no tengan derecho a permanecer en la UE dentro de la legislación aplicable y exigir respeto a la integridad territorial de los Estados miembros.

Palacios pone el foco en los avisos previos

Uno de los puntos políticamente más duros de la iniciativa se refiere a la información disponible antes y durante la crisis.

La documentación publicada posteriormente por el Gobierno confirma que el 30 de julio existieron comunicaciones y alertas de organismos de seguridad e inteligencia. Entre ellas figuran notas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras a las 13:56 y 14:37 y una nota informativa del CNI registrada a las 21:20 y remitida a autoridades del Gobierno y de Ceuta.

La existencia de esas comunicaciones ha provocado un debate político sobre si las autoridades disponían de información suficiente y si la respuesta fue adecuada, aunque por sí sola no acredita que el Ejecutivo conociera de antemano la magnitud exacta de lo que iba a producirse ni determina responsabilidad penal alguna.

Los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska comparecieron posteriormente ante las comisiones de Defensa e Interior del Congreso para informar sobre la gestión de aquellos acontecimientos.

El propio Gobierno ha defendido su actuación y señala que entre el 90% y el 95% de quienes entraron inicialmente fueron retornados a Marruecos durante las primeras 24-48 horas.

VOX pide llevar el debate hasta el artículo 102

La moción de VOX plantea además que el Pleno manifieste que, a juicio de la formación, concurren las circunstancias para acudir al procedimiento previsto en el artículo 102.2 de la Constitución por una posible acusación de traición.

El alcance jurídico de ese artículo es preciso: cuando se pretende acusar al presidente del Gobierno o a uno de sus ministros por traición o por un delito contra la seguridad del Estado cometido en el ejercicio de sus funciones, la iniciativa únicamente puede ser planteada por una cuarta parte de los diputados del Congreso y debe obtener después el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara. La eventual responsabilidad criminal corresponde al Tribunal Supremo.

Por tanto, una declaración del Ayuntamiento de Rivas tendría carácter político y no puede por sí misma activar ese procedimiento ni establecer que exista un delito de traición.

VOX sí pretende que el municipio se pronuncie políticamente a favor de esa vía.

De la Plaza de la Constitución al Pleno

La iniciativa recupera además la controversia que ya se produjo en Rivas a principios de septiembre.

Alrededor de un millar de personas acudieron el 2 de septiembre a la concentración celebrada frente al Ayuntamiento en apoyo a Ceuta, según la información publicada por Diario de Rivas.

La convocatoria provocó una división entre los partidos municipales. La alcaldesa, Aída Castillejo, se mostró contraria a respaldarla institucionalmente, mientras el PSOE de Rivas acusó a PP y VOX de utilizar la crisis para “esparcir odio y xenofobia”.

VOX participó en la movilización y Eliana Palacios respondió entonces cuestionando que el Gobierno municipal no quisiera sumarse al acto.

Ahora quiere trasladar aquella discusión al salón de plenos.

“¿Dónde estaba el odio en decir que Ceuta es España? ¿Dónde estaba la xenofobia en pedir solidaridad con familias españolas?”, pregunta Palacios.

Rivas tendrá que votar su posición sobre Ceuta

La moción pretende que los grupos municipales se posicionen sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, la política fronteriza y la actuación del Ejecutivo central durante los acontecimientos de julio.

VOX añade a la iniciativa sus críticas sobre las consecuencias que, según la formación, continúa padeciendo la población ceutí y reclama más respaldo para Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El Parlamento Europeo también ha expresado formalmente su “pleno apoyo y solidaridad” con Ceuta y Melilla y ha pedido reforzar la protección de la frontera exterior europea.

Palacios quiere ahora que ese debate tenga una traducción municipal: “Nosotros ya fijamos nuestra posición desde el primer momento. Ceuta no está sola. Ceuta es España y España se defiende”.

Roberto Marín Vergara, portavoz municipal del Partido Popular y candidato a la Alcaldía de Alcorcón, ha reclamado nuevas medidas de seguridad después de conocerse los últimos datos de criminalidad del municipio publicados por el Ministerio del Interior.

Según los datos recogidos por el PP de Alcorcón, la criminalidad total aumenta un 25,1%, mientras que los robos con fuerza en viviendas crecen un 68,6% y las estafas informáticas un 111%. El partido destaca además un incremento del 90,9% en la categoría estadística de “otros delitos contra la libertad sexual”.

“Esto no puede parecernos normal”, afirma Marín Vergara, que pide analizar los datos desde la perspectiva de las víctimas y adoptar medidas para intentar revertir su evolución.

El PP contrapone los datos a las declaraciones del delegado del Gobierno

El Grupo Municipal Popular ha contrapuesto estas cifras a las declaraciones realizadas dos meses antes por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien calificó Alcorcón como una ciudad “extremadamente segura”.

Para el PP municipal, los últimos datos justifican revisar las medidas actualmente aplicadas y reforzar la coordinación entre las administraciones con competencias en seguridad.

Policía de proximidad, iluminación y videovigilancia

Marín Vergara recupera varias propuestas planteadas por su grupo durante la legislatura: reforzar la Policía Municipal, recuperar la policía de proximidad, mejorar la iluminación y vigilancia e implantar sistemas de videovigilancia.

El dirigente popular pone especialmente el foco en Parque Lisboa, donde señala que comerciantes han denunciado robos y problemas de iluminación.

El PP cuestiona además que el Ayuntamiento destine 40.000 euros a estudiar la incorporación de la perspectiva de género al urbanismo y plantea que esos recursos se empleen directamente en mejorar la iluminación y eliminar puntos que considere inseguros.

“Gestionar bien el dinero público es detectar un problema, actuar sobre él y conseguir que los resultados mejoren”, sostiene Marín Vergara.

Reclama responsabilidades a las distintas administraciones

El candidato popular pide que tanto el Ayuntamiento como la Delegación del Gobierno actúen dentro de sus respectivas competencias.

Marín Vergara reclama al delegado Francisco Martín que centre su actuación en las cuestiones de seguridad que corresponden al Estado y pide al Gobierno municipal que estudie las propuestas planteadas por el PP en materia de Policía Municipal, proximidad, iluminación y videovigilancia.

El debate sobre la seguridad de Alcorcón se reabre así a partir de los últimos indicadores de criminalidad y de las diferentes interpretaciones políticas sobre las medidas necesarias para responder a su evolución.

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