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Día 12 de octubre de 2025

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La portavoz de Juventud del GPP, Lucía Peral, ha señalado que “miles de jóvenes se benefician de las ayudas para la vivienda en la Comunitat Valenciana gracias a las medidas adoptadas por el Consell de Mazón”.

En concreto, Peral se ha referido “al aval para la adquisición de primera vivienda, la rebaja de impuestos para la compra, el aumento de las ayudas para el Bono Alquiler Joven y la entrada de 10.000 euros para la adquisición de viviendas para jóvenes en municipios de menos de 10.000 habitantes. Todo esto son medidas concretas que están beneficiando a miles de jóvenes valencianos para facilitar su acceso a la vivienda, uno de los graves problemas de nuestra sociedad”.

Lucía Peral ha desgranado estas ayudas. “En un año, el IVF ha avalado la adquisición de viviendas para 1.475 jóvenes con préstamos de hasta el 95% del precio de la vivienda que permite salvar la barrera que supone disponer de una entrada por un mínimo del 20 % del precio del inmueble. Además, se ha rebajado un 25% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a menores de 35 años, lo que ha permitido un ahorro medio de casi 1.500 euros a los jóvenes valencianos para adquirir la vivienda”.

“También se ha facilitado el acceso con la reserva del 40% de toda la VPP para jóvenes y reducciones fiscales”, ha añadido.

Respecto a las ayudas al alquiler, Lucía Peral ha señalado que “el Bono Alquiler Joven ha aumentado su presupuesto un siete por ciento este año, lo que permite que más de 4.900 jóvenes reciban esta ayuda. Esto representa un incremento del 27% en comparación con el número de beneficiarios registrados en 2022. Esta ayuda consiste en 250€ mensuales durante 24 meses, y está destinada a jóvenes menores de 35 años que cumplan ciertos requisitos de ingresos y residencia”.

Peral ha indicado que “todas estas ayudas están siendo tramitadas en tiempo récord para que más jóvenes puedan beneficiarse de las ayudas. Estamos hablando de medidas muy positivas, realistas y concretas que permiten ciertas facilidades para acceder a la vivienda. Esta gestión contrasta con la del Gobierno Sánchez: sin iniciativas, sin soluciones y sin medios. La izquierda ya ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a las grandes necesidades que tenemos todos los españoles en materia de vivienda”.

Por último, Lucía Peral ha señalado que el Consell de Carlos Mazón continúa trabajando para ampliar estas ayudas y establecer nuevas medidas para que los jóvenes accedan a una vivienda digna”.

El portavoz del GPP en la Comisión de Investigación de la dana en Les Corts, Fernando Pastor, ha puesto en valor el trabajo del Consell de Carlos Mazón al frente de la reconstrucción y ha señalado que “es el único que trabaja y que está dando las ayudas a los afectados, unas ayudas que sí son reales y de carne y hueso, no como los títulos de Bernabé y el excomisionado, falsos y solo humo”. Para Pastor “tanto el Gobierno como los socialistas valencianos solo saben mentir y ensuciar un trabajo intachable para tapar su falta de sensibilidad y la eterna llegada de unos presupuestos que nunca se materializan”.

Pastor ha insistido en que “lo que debería hacer el PSPV, con Morant a la cabeza, es exigirle a Sánchez que arrime el hombro de una vez, que lleva nueve meses desaparecido y sin dar la cara, y lo que es más grave, ha dejado a la Generalitat sola y sin ningún tipo de ayuda para afrontar la reconstrucción”. El diputado popular ha remarcado que “mientras el Consell está trabajando por los afectados, los socialistas están con sus guerras de títulos, inventando mentiras y bulos para desprestigiar a los únicos que de verdad están al lado de la gente”.

El portavoz de la comisión de la dana en Les Corts ha desmentido las informaciones de la diputada socialista, Alicia Andújar y la secretaria general del PSPV, Diana Morant, quienes han señalado que el Consell únicamente ha ejecutado el 15% de las ayudas para la dana. “Saben que no es cierto, y aun así tienen la poca vergüenza de afirmarlo, la Generalitat ha previsto una partida global de 200 millones de euros destinada a hacer frente a esas ayudas de primera necesidad”.

Además, el diputado popular ha recordado que “la Generalitat también ha abonado ya 197 millones de euros en el plan de choque para la retirada de residuos durante los primeros meses, y a ello se suma, entre otras partidas, los 45 millones para la compra de vehículos a aquellos que lo perdieron tras la tragedia”.

El diputado popular ha exigido “seriedad y rigor en un tema tan serio e importante como este” y ha afeado que “el Gobierno no solo no da ayudas, sino que plantea créditos a devolver con intereses y cuenta como ayudas propias los pagos del Consorcio de Seguros”. “No solo falsean los currículums como la delegada del Gobierno o el ya excomisionado, sino que también falsean las ayudas a los afectados”.

La portavoz de servicios sociales del GPP, Elena Bastidas, ha señalado que “la nueva Renta Valenciana de Inclusión aprobada por el Consell va a permitir incrementar los beneficiarios y mejorar una prestación para adaptarla a las actuales necesidades”.

Bastidas ha señalado que “este nuevo modelo de Renta Valenciana de Inclusión ahora ha pasado a ser compatible con el trabajo y permite a sus beneficiarios tener un itinerario de acompañamiento de forma que no sea solo una ayuda económica en exclusiva, sino también una herramienta eficaz para la efectiva inclusión de la persona. Es decir, ahora pasa a ser una prestación promocional compatible con el trabajo».

La portavoz popular ha afirmado que “este Consell está garantizando el derecho de las personas más vulnerables de la Comunitat, con medidas concretas y efectivas. Se ha mejorado la gestión de la Renta Valenciana de inclusión, simplificando el proceso, agilizando y facilitando su acceso para adaptarla a la realidad de la sociedad valenciana”.

Para Elena Bastidas “estamos hablando de una herramienta importante para combatir la pobreza y la exclusión social, como un elemento de integración vital para muchas familias”.

Bastidas ha recordado que “ahora se ha ampliado el perfil de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que compatibilicen la Renta Valenciana de Inclusión con otros subsidios, lo que ha permitido incrementar los beneficiarios”.

En este sentido, la diputada popular ha señalado que “la norma se aprobó hace seis años y ahora el Consell la ha modificado para mejorarla y corregir las deficiencias del modelo anterior. Entre otras cuestiones, se ha liberado de carga burocrática a los profesionales de los servicios sociales municipales”.

El portavoz de Agricultura del GPP en Les Corts, Luis Martínez, ha exigido al Gobierno la declaración de zona catastrófica de las comarcas de Los Serranos, la Plana Baixa, el Camp de Morvedre y el Alto Palancia, gravemente afectadas por los episodios de pedrisco sucedidos en los últimos meses. El diputado popular ha lamentado que «Pedro Sánchez vuelve a dar la espalda a la agricultura valenciana».

Martínez ha señalado que el temporal «afectó gravemente cosechas agrícolas y frutales» ante lo que el Consell de Carlos Mazón solicitó «que se declarara zona catastrófica» sin embargo, «hasta estos momentos, Sánchez no ha respondido, nos ha dado la espalda y es incomprensible porque los daños están ahí».

Para el diputado popular «es indignante» el silencio del Ejecutivo Central y ha subrayado que se trata «de una muestra más del sectarismo del Gobierno hacia la Comunitat Valenciana y sus agricultores que viene a sumarse al sectarismo que está teniendo también con los afectados de la dana o al no ingreso del FLA».

Asimismo, Luis Martínez ha puesto en valor el trabajo del Consell, «que sí apuesta por la agricultura, como así lo demuestra su aportación de 33 millones de euros a Agroseguro, sistema a través del cual los agricultores pueden asegurar sus cosechas para que en caso de episodios como estos puedan recuperar parte de la inversión». En ese sentido ha destacado que «la Comunitat Valenciana es la autonomía que más aporta a este fondo, mientras que el Gobierno de España ha reducido su aportación”.

El portavoz del GPP ha recordado que “hasta que el Gobierno no declare la zona catastrófica no se pueden dar ayudas y que los agricultores puedan paliar esas pérdidas en algunos casos millonarias”. Además, ha añadido que “en el momento que se declare es cuando Conselleria puede dar ayudas que sean compatibles con las de Agroseguro”.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto al concejal de Industria, Vicente Martínez-Galí, y la concejala de Promoción Económica y Empleo, Silvana Rovira, ha visitado las instalaciones de las empresa Ipla, situada en el polígono industrial Ramonet. El director general de la empresa, Emilio Latorre, les ha explicado la historia, funcionamiento y planes de futuro de esta empresa, que facturó el pasado ejercicio cerca de 20 millones de euros y que destina entre el 60 y el 70% de su producción a la exportación.

«Las empresas son generadoras de oportunidades para nuestros vecinos, por eso, resulta importante que lleven a cabo planes de crecimiento que redunden en creación de empleo y nuevas líneas de negocio, basadas en la I+D para lograr ser competitivos en un mercado cada vez más globalizado, como lo es Ipla», ha señalado la alcaldesa.

Se trata de una empresa especialista en paletizado automático con más de 30 años de experiencia, comprometida en ofrecer a sus clientes seriedad, calidad y un elevado nivel de servicio durante todo el desarrollo del proyecto de paletizado. En sus instalaciones de Almassora trabajan casi un centenar de empleados y, en estos momentos, planifican la ampliación de su sede.

El objetivo, según ha explicado Latorre, es construir una nueva nave de cerca de 4.500 metros cuadrados, en la explanada contigua a las instalaciones que abrieron en 2023. El crecimiento exponencial de la empresa les ha llevado a plantear ya una ampliación de la misma.

El síndic del GPP en Les Corts, Juanfran Pérez, ha exigido la dimisión de José María Ángel como comisionado del Gobierno para la reconstrucción por falsificar su título para cobrar más como funcionario durante 36 años.

El síndic popular también ha anunciado que el GPP va a solicitar acceso a la investigación realizada por la Agencia Valenciana Antifraude para conocer los hechos y estudiar las acciones legales que correspondan. “Queremos investigar si las retribuciones que ha tenido en las distintas responsabilidades políticas que ha ejercido se ha valido de su supuesto título para cobrar unas retribuciones que seguramente no podía cobrar”.

“No podemos permitir que presuntos delincuentes estén al frente de responsabilidades públicas y orgánicas en la política valenciana representando al PSOE”.

“Los hechos son muy graves: falsificó su título a principios de los ochenta para convertirse en funcionario en grado A2. Estamos ante unos hechos presuntamente delictivos y fraudulentos cometidos por el Comisionado especial del Gobierno de España para la reconstrucción de la dana quien también es actualmente presidente del PSPV, José María Ángel Batalla”, ha añadido.

Juanfran Pérez ha afirmado que “no puede estar ni un minuto más en un cargo público alguien que es un presunto farsante, que ha estado estafando de manera continuada durante décadas a las arcas públicas. Es absolutamente insostenible que continúe al frente de ningún cargo público ni orgánico tras casi 40 años robando a las arcas públicas y engañando a toda la sociedad”.

El también secretario general del PPCV ha indicado que “Pedro Sánchez debe cesarlo de inmediato como comisionado especial para la reconstrucción de la dana. Además, también solicitamos a la señora Morant que lo cese presidente del partido socialista en la Comunitat Valenciana”.

Para Juanfran Pérez, “los socialistas valencianos son corresponsables de estos hechos que durante toda su vida política han estado ocultando. José María Ángel fue alto cargo del gobierno Puig. Durante todo el mandato de los gobiernos de Ximo Puig de forma deliberada han intentado tapar todos estos presuntos delitos cometidos en la Diputación Provincial de Valencia, protegiendo a Jose María Ángel Batalla, hasta ascenderlo a presidente de los socialistas valencianos por parte de Diana Morant, y a Comisionado especial del Gobierno de España para la dana”.

El portavoz de Infraestructuras del GPP, Joserra González de Zárate, ha tildado de “indignante” que el Gobierno de España a través de la CHJ “no catalogue como prioritarias y urgentes las obras en cauces y barrancos para evitar futuras tragedias como la dana del 29 de octubre en toda la Comunitat Valenciana” y ha exigido “que se destinen los fondos necesarios y la inversión que nos merecemos todos los valencianos”.

El diputado popular ha recordado que “el peligro de desbordamiento se da en todo el territorio” por eso “es absolutamente necesario que se ejecuten inversiones en las tres provincias” y ha hecho especial hincapié en que “el plan de actuación de la CHJ no puede limitarse únicamente a reparar las infraestructuras dañadas, sino que tiene que limpiar cauces, instalar herramientas de medición y construir presas”.

González de Zárate ha remarcado que “contar con un Sistema de Alerta Temprana que funcione de verdad puede ayudar a salvar vidas y evitar daños personales, sin embargo, seguimos sin noticias de la CHJ en este sentido”.

“Mientras el Consell trabaja a marchas forzadas realizando actuaciones de reparación y mejora para la reconstrucción y a pleno pulmón tras no recibir ayudas del Estado, el Gobierno solo pretende ejecutar este año 1,5 millones de euros de los 500 que solicitó la Generalitat para toda la Comunitat Valenciana”.

El diputado popular ha subrayado la inversión de 150 millones de euros prevista por la Generalitat Valenciana para “crear una gran infraestructura verde en el antiguo cauce del Turia y en L’Horta Sud que conecte espacios naturales y actúe como defensa y escudo ante posibles inundaciones”.

La portavoz adjunta del GPP en Les Corts, Laura Chulià, ha mostrado su rechazo al paso subterráneo de Alfafar propuesto por Adif y ha reclamado al Gobierno que “escuchen las demandas de los vecinos para acabar con uno de los puntos negros ferroviarios con más víctimas mortales de España”.

La diputada popular ha hecho hincapié en que “ninguno de los municipios afectados está a favor de este proyecto que no pondría fin al problema y continuaría la senda de inseguridad que llevan años sufriendo por culpa de estas vías que forman una barrera arquitectónica entre Alfafar, Benetússer y Sedaví”. En ese sentido, Chulià ha subrayado que “la mejor opción es el soterramiento, sería la única manera efectiva y la más segura para todos”.

La construcción de un paso subterráneo “no es lo más idóneo para uno de los territorios que más afectados se vio por la dana del pasado mes de octubre, supondría un grave riesgo por su alta probabilidad de inundabilidad”.

Laura Chulià ha remarcado que “desde el Consell de Carlos Mazón se ha reclamado al Gobierno de Sánchez en numerosas ocasiones que actúe de manera urgente y soterre las vías para acabar con este paso a nivel mortal”.

Además, la portavoz del GPP ha remarcado que este proyecto “conllevaría un desvío del tráfico rodado, lo que afectaría de forma negativa al comercio local de la zona, tratándose de una calle que concentra casi un centenar de negocios y empresas”.

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