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La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha reprochado al PSPV que critique el nuevo modelo de Puntos de Encuentro Familiar cuando, según ha recordado, responde precisamente a los problemas generados por decisiones adoptadas en ayuntamientos gobernados por los socialistas.

“Resulta poco coherente que el mismo partido que provocó esta inestabilidad en los municipios critique ahora que la Generalitat ordene el servicio y asuma su responsabilidad”, ha señalado Bastidas.

La diputada popular ha recordado que varios consistorios del PSPV decidieron dejar de prestar estos servicios al no querer continuar asumiendo el coste de un recurso cuya competencia corresponde a la Generalitat.

Bastidas recuerda los cierres de Paterna y Manises

Entre los casos señalados por la portavoz popular se encuentra Paterna, que suprimió el servicio en 2021, y Manises, cuyo Ayuntamiento acordó su cierre para 2026.

Estas decisiones obligaron a trasladar la atención de las familias a otros municipios y, según Bastidas, generaron una red desigual e inestable.

“El PSPV debería explicar por qué sus propios ayuntamientos cerraron Puntos de Encuentro Familiar y por qué durante años se mantuvo una red desigual e inestable”, ha reclamado.

Más de 21,6 millones para asumir íntegramente el servicio

Bastidas ha destacado que la Conselleria de Servicios Sociales ha decidido asumir de forma integral el coste de este recurso dentro de la red pública.

La nueva organización cuenta con una inversión de más de 21,6 millones de euros, liberando a los ayuntamientos del esfuerzo económico que hasta ahora venían soportando en determinados casos.

Para la portavoz popular, esta decisión permite dotar de mayor estabilidad al servicio y garantizar su continuidad con una planificación homogénea para toda la Comunitat Valenciana.

Una red de 21 Puntos de Encuentro Familiar

El nuevo modelo estará formado por 21 Puntos de Encuentro Familiar, organizados conforme al Mapa de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana establecido por el Decreto 34/2021.

Este mapa divide el territorio valenciano en 21 departamentos de servicios sociales y servirá de base para ordenar territorialmente la nueva red.

Según Bastidas, el modelo “aporta seguridad jurídica a las entidades, estabilidad a los profesionales y un entorno protegido a los menores”.

La propia convocatoria contempla además que, una vez adjudicado el servicio, se pueda evaluar la necesidad de ampliar recursos o concertar nuevos puntos en aquellos lugares donde la demanda así lo requiera.

“Planificación, solvencia presupuestaria y rigor técnico”

Bastidas ha defendido que el nuevo modelo permite corregir los problemas de una red que hasta ahora dependía en parte de decisiones municipales que podían provocar cierres o traslados del servicio.

“Este Consell ha respondido con planificación, solvencia presupuestaria y rigor técnico para garantizar la continuidad de un servicio esencial para los niños y niñas de la Comunitat Valenciana”, ha concluido.

El Partido Popular defiende una red estable de Puntos de Encuentro Familiar que garantice la protección de los menores, dé seguridad a los profesionales y evite que la continuidad de estos servicios dependa de la voluntad presupuestaria de cada ayuntamiento.

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha celebrado la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de mantener abierta la investigación relacionada con el caso de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del entonces marido de Mónica Oltra.

La decisión llega después de la comparecencia de Bastidas ante la Comisión de Peticiones el pasado 7 de mayo, donde solicitó que se analizara si durante la etapa del Gobierno del Botànic “se vulneraron estándares europeos de protección y respuesta institucional”.

“El Parlamento Europeo ha entendido que este asunto no puede cerrarse en falso y ha decidido seguir vigilante porque aquí lo importante es la protección de la menor y el correcto funcionamiento de las instituciones públicas”, ha señalado la diputada popular.

Bastidas ha recordado que Mónica Oltra, entonces vicepresidenta y máxima responsable política de los menores tutelados en la Comunitat Valenciana, afronta juicio oral por el presunto encubrimiento de los abusos.

La dirigente popular ha denunciado además que durante años se intentó “desplazar el foco” desde la víctima hacia el supuesto desgaste político de quienes tenían responsabilidades institucionales.

“No podemos consentir que el relato borre a la verdadera víctima: la menor abusada”, ha afirmado.

En este sentido, Bastidas ha destacado que la decisión del Parlamento Europeo desmonta “el intento de presentar este caso como una persecución política”.

“La presunción de inocencia no elimina la responsabilidad política, institucional ni moral”, ha subrayado.

La portavoz de Política Social del GPP ha insistido en que este asunto “trasciende la política partidista” porque afecta directamente a la confianza de los menores tutelados y de sus familias en el sistema de protección pública.

“Cuando una menor bajo tutela denuncia abusos, las instituciones tienen la obligación de actuar con absoluta diligencia, transparencia y protección”, ha defendido.

Asimismo, Bastidas ha señalado que en los últimos años se han reforzado los protocolos y mecanismos de protección de menores en la Comunitat Valenciana, aunque ha advertido de que “mejorar no significa olvidar”.

“Si se han tenido que reforzar procedimientos es porque hubo fallos que jamás deben repetirse”, ha concluido.

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha comparecido en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para defender que se mantenga abierta la investigación sobre los abusos sexuales a menores tuteladas en la Comunitat Valenciana ocurridos en la etapa del anterior gobierno autonómico. “No podemos consentir que el relato que intentan imponer algunos borre a la menor”.

Bastidas ha señalado que “se trata de uno de los casos más inquietantes, dolorosos y perturbadores que ha vivido la Comunitat Valenciana en materia de protección de menores. En concreto hablamos de una menor, tutelada por la Administración, que fue abusada por un trabajador de un centro financiado con recursos públicos, pareja entonces de la máxima responsable política del departamento de infancia, ya condenado por sentencia firme. Este hecho generó una alarma social profunda”.

La portavoz popular ha indicado que “la presunción de inocencia no agota todas las responsabilidades. No borra ni la responsabilidad política, ni la ética, ni la institucional. Queremos saber si se vulneraron normas europeas. Queremos saber si se cumplieron los protocolos de prevención, detección, investigación y asistencia a menores víctimas de abusos sexuales. Queremos saber si la víctima fue escuchada o si fue silenciada por el peso de la institución. Y queremos saber qué garantías existen hoy, en el marco europeo, para que ningún menor tutelado vuelva a quedar atrapado en una grieta del sistema”.

Para Bastidas, “lo más grave hoy es el relato que se intenta construir. Porque más allá del legítimo derecho de defensa, resulta indignante que algunos grupos políticos pretendan convertir este caso en una historia de «persecución política» o lawfare. La responsable política de aquellos hechos, la señora Oltra, se ha situado en el centro de una narrativa de victimización, desplazando el foco de donde nunca debió salir: la menor abusada a la que el sistema falló. Una vez más, están tratando de invisibilizar a Teresa”.

“Este mensaje es corrosivo para la democracia -ha continuado- alimentando la idea de que hay una justicia para los débiles y otra para algunos dirigentes políticos, y que además se protegen entre ellos, cuando el procesado pertenece a su propio espacio ideológico”.

Bastidas se ha preguntado “qué confianza puede tener una víctima si ve que, tras sufrir abusos, el debate público termina girando en torno al ‘sufrimiento político’ de una dirigente adulta, pidiendo un indulto social antes incluso de que concluya el proceso judicial. No podemos consentir que el relato que intentan imponer algunos borre a la menor”.

La diputada popular ha solicitado, por un lado, que la Comisión de Peticiones “examine si, en ese caso, se vulneraron los estándares europeos de protección y respuesta institucional; que se evalúe si fueron suficientes los protocolos existentes en aquel momento y si se aplicaron correctamente; y, en tercer lugar, que se estudie si los menores tutelados cuentan hoy con mecanismos independientes y eficaces para denunciar abusos sin miedo a represalias, sin quedar solos frente a la Administración y sin depender de la voluntad política del momento, como ocurrió entonces”.

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha destacado que la bajada de impuestos impulsada por el Consell de Juanfran Pérez Llorca permite amortiguar la subida de precios que sufren las familias por la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. Bastidas ha valorado así el inicio de la campaña de la renta 2025, que este año trae “más deducciones fiscales que nunca” a los contribuyentes de la Comunitat Valenciana.

La diputada popular ha acusado al Ejecutivo socialista de “exprimir a las familias mientras se dispara el precio de los alimentos básicos”. Cada hogar paga de media 1.657 euros más al año en impuestos desde que Pedro Sánchez es presidente al mismo tiempo que, en los últimos cinco años, la cesta de la compra se ha encarecido en un 34,1%.

Por ello, el GPP ha presentado una Proposición No de Ley para exigir medidas que garanticen precios asequibles en los productos básicos. En su iniciativa, reclama al Ejecutivo socialista que tome medidas para reducir el precio de los alimentos, la rebaja temporal del IVA de los productos básicos al 0% y la reducción del IVA de carnes, pescados y conservas.

Bastidas ha denunciado que “los precios siguen subiendo, el poder adquisitivo cae y la pobreza infantil se dispara: esta es la verdadera herencia económica del PSOE”. Y es que “este incremento de costes que el Gobierno de Sánchez no es capaz de frenar está erosionando el poder adquisitivo”: el 90% de las familias reconoce haberlo perdido, mientras España lidera la pobreza infantil en Europa, con un 34,6% de menores en riesgo.

“Mientras el Gobierno presume de datos macroeconómicos, las familias ven cómo llenar la nevera se convierte en un lujo”, ha lamentado la portavoz popular, quien ha criticado que el Gobierno socialista retirara las rebajas fiscales sobre los alimentos en 2024, sin una inflación controlada y con una recaudación de récord: “El Estado recauda más que nunca, pero las familias pagan más que nunca”.

Por último, Bastidas ha defendido que “la política útil es la que baja impuestos y protege a quienes más lo necesitan”. “Este año, un millón de valencianos van a pagar menos impuestos, lo que demuestra que es posible aliviar la presión fiscal y ayudar a las familias frente a una inflación que Sánchez no ha sabido controlar”, ha concluido.

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha replicado a Compromís que su próxima iniciativa será “la de las rectificaciones y el bochorno, el bochorno de comprobar que en ocho años de gobierno invirtieron la mitad de lo que este Consell invierte en los centros sociales en un solo año”. Así ha contestado a la petición de la coalición de crear una comisión de investigación sobre el estado de las infraestructuras de servicios sociales.

Durante su intervención, Bastidas ha criticado “la osadía y la falta de memoria” de la coalición al hablar de colapso y condiciones infrahumanas en centros sociales “como si no hubieran gobernado esta Comunitat durante ocho años y como si su balance hubiera sido ejemplar”. Así, ha recordado que durante los mandatos del Botànic “no fueron capaces de construir ni una sola residencia, ni crear plazas nuevas en centros de mayores, ni invertir, ni licitar contratos, ni aumentar el número de profesionales, ni pagarles mejor”.

Por eso, la portavoz popular ha advertido de que la comisión que plantea Compromís “puede acabar sirviendo para revisar su propia gestión”, ya que, a su juicio, “si hay algo que investigar son los ocho años de desidia, escándalos y propaganda” que marcaron su paso por los servicios sociales valencianos.

Bastidas ha defendido que el actual Consell “invierte, gestiona e impulsa los servicios sociales frente al abandono anterior”. En este sentido, ha subrayado que en el último año se ha incrementado la inversión en centros sociales, se están ejecutando mejoras en infraestructuras, se están actualizando contratos y se está reforzando la red asistencial en la Comunitat Valenciana.

“No vamos a tolerar más mentiras ni más manipulaciones cuando hablamos de las personas más vulnerables”, ha afirmado. Para la diputada del GPP, “utilizar los servicios sociales como arma política solo genera angustia e inseguridad en familias y trabajadores” y es un reflejo de la “desesperación” de Compromís “porque no han superado que los valencianos les mandaran a la oposición, entre otras muchas cosas, por su gestión de los servicios sociales en general y la de los centros de mayores y menores en particular”.

“Ustedes construyen relatos; nosotros construimos plazas en residencias y centros de mayores, y mejoramos los servicios sociales con inversión y gestión”, ha concluido Bastidas.

 La portavoz de servicios sociales del PP en Les Corts, Elena Bastidas, ha recordado que “el Gobierno Sánchez adeuda a la Generalitat más de 4.000 millones por la dependencia” y ha asegurado que cada vez hay más personas atendidas y la lista de espera se ha reducido un 27% desde que el Botànic dejó el Consell”.

Bastidas ha lamentado que el Gobierno central haya «abandonado» la dependencia y no cumpla con el 50% de la financiación que el exige la ley.

En este contexto y a pesar de que “la demanda crece más rápido que la capacidad estructural del sistema» la Generalitat asume el 80% del coste de la dependencia y «avanza en la resolución de expedientes, cuyas valoraciones pendientes, de las que se quejan los socialistas, se encuentran en los ayuntamientos lo que ocasiona retrasos en las resoluciones que emite la Generalitat». Aun así, «son miles de personas menos esperando, pese al aumento constante de la demanda, ya que, la lista de espera se ha reducido un 27% respecto a 2023”, ha subrayado Bastidas.

La portavoz popular ha acusado a los socialistas de falsear los datos para desacreditar la labor de la Generalitat. Las resoluciones han aumentado de manera muy significativa. En el primer cuatrimestre de 2025 aumentaron un 85% de resoluciones respecto al cierre de 2024. Además, 190.000 valencianos tienen reconocido el derecho a la dependencia en la actualidad, 40.000 más que hace dos años (+30%)”.

Elena Bastidas ha indicado que “pese a la infrafinanciación, en 2024 la inversión en dependencia alcanzó 1.107 millones de euros, récord histórico. Son 284 millones más en dos años (+35%), asumidos mayoritariamente por la Generalitat porque el Gobierno solo está asumiendo el 20% del sistema”.