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La portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha lamentado que “el Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado en la implantación del Ingreso Mínimo Vital, dejando a un amplio número de personas en situación de pobreza severa sin la cobertura necesaria”. En ese contexto ha remarcado que “su objetivo principal debe ser proteger a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad social”.

Asimismo, el Grupo Popular ha pedido al Consell “que elimine el límite de edad que perjudica a las personas mayores que están entre los 65 años y su edad ordinaria de jubilación, para poder ser incluidas en la Renta Valenciana de Inclusión”.

La diputada popular ha apuntado que según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), “la prestación sólo llega al 42% de los potenciales beneficiarios”. Además, “los errores en la concesión obligan luego a miles de familias a devolver el dinero recibido”. Lo que supone, ha avanzado Bastidas, que “un 12% de las familias que recibieron el IMV en 2024, cerca de 50.000 familias, causaron baja y la Seguridad Social les reclamó las cantidades percibidas indebidamente”.

Elena Bastidas ha indicado que el tiempo medio de tramitación de los expedientes aprobados en 2024 es de 203 días, “lo que agrava la situación de vulnerabilidad de los solicitantes”. Por lo que “muchas familias no reciben la ayuda en el tiempo necesario para paliar sus necesidades básicas, lo que genera una mayor desconfianza en el sistema por parte de los ciudadanos”.

Para la portavoz de Política Social “resulta evidente que los recursos asignados son insuficientes, la pobreza sigue afectando a una parte considerable de la población, debido en gran parte a la mala cobertura del IMV y a la falta de políticas laborales que garanticen empleos de calidad que protejan frente a la pobreza”.

En ese sentido, ha subrayado que “el empleo precario sigue siendo un problema endémico en nuestro país, lo que, unido a la falta de vivienda social y el incremento desmedido de los precios de la vivienda por la intervención del mercado, contribuye a la cronificación de la pobreza en amplios sectores de la población”.

Bastidas ha insistido en que el Gobierno “debe atender las recomendaciones de la AIReF si de verdad quiere hacer del IMV una prestación útil y eficaz para combatir los elevados e insostenibles niveles de pobreza en España”.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha reclamado al Gobierno de España “una revisión profunda del Ingreso Mínimo Vital (IMV)” para que esta prestación “cumpla de verdad su función de apoyo a las familias más vulnerables”. Así consta en una iniciativa parlamentaria en la que el GPP pide que se evalúe el impacto real del IMV para saber “si está sirviendo para reducir la pobreza o, como parece, se ha convertido en una trampa que perpetúa la dependencia”, ha explicado la diputada.

La diputada popular ha recordado que, cinco años después de su implantación, el Ingreso Mínimo Vital “sólo llega al 12,2% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España y al 11% en la Comunitat Valenciana”, lo que demuestra “una gestión deficiente y un fracaso social”.

Según Bastidas, “la falta de medios, la excesiva burocracia y la ausencia de coordinación entre administraciones” han provocado que muchas familias “desistan de solicitar una ayuda que debería garantizar su dignidad y favorecer su inclusión”. Por ello, el GPP propone incorporar itinerarios de inserción laboral vinculados al IMV, con especial atención a la pobreza infantil, para romper el círculo de la exclusión y dar oportunidades reales a las personas.

La iniciativa del Grupo Popular también plantea reforzar la Renta Valenciana de Inclusión para dar cobertura a los colectivos que quedan fuera del IMV y así ofrecer “una red de protección más amplia, eficaz y humana”, ha defendido.

“El Gobierno de Sánchez debe dejar de conformarse con los titulares y empezar a asumir responsabilidades con políticas sociales que realmente funcionen”, ha concluido Bastidas. “No se trata de repartir subsidios, sino de construir caminos de integración y esperanza para quienes más lo necesitan”.

El Grupo Popular en Les Corts ha presentado una iniciativa en la que insta al Gobierno de España a elaborar una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral Adquirido (DCA), en coordinación con las comunidades autónomas y con la participación de asociaciones y tercer sector. Con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, la portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha explicado que es necesario un plan integral que ofrezca “una verdadera red de apoyo” a las personas afectadas.

Más de 435.000 personas en España viven con daño cerebral adquirido, 52.451 de ellas en la Comunitat Valenciana, la mayoría como consecuencia de un accidente cerebrovascular. El objetivo de esta iniciativa es garantizar la máxima calidad de vida y la integración social de las personas con DCA.

Bastidas ha señalado que esta discapacidad afecta cada año a más personas y “transforma de forma radical la vida de quienes la sufren y la de sus familias”, por lo que se requiere “una respuesta integral, que combine atención sanitaria, rehabilitación, apoyo social y acompañamiento”. Esta estrategia, ha insistido, debe ser nacional para garantizar la igualdad de oportunidades y una atención coordinada en todo el territorio.

La portavoz popular ha asegurado que el Consell de Carlos Mazón “está comprometido con la mejora de la atención a las personas con discapacidad y dependencia, pero sin un esfuerzo real del Gobierno de Pedro Sánchez, no se puede avanzar al ritmo que esta realidad exige”. “No puede ser que el cuidado que recibe una persona dependa del lugar donde viva, o que las familias asuman solas un proceso tan duro y complejo”, ha afirmado Bastidas, quien ha reclamado “una política pública que unifique criterios, recursos y protocolos”.

Por último, la diputada del GPP ha pedido al Ejecutivo de Sánchez “que deje de mirar hacia otro lado y actúe con sensibilidad, responsabilidad y urgencia”. “Las personas con daño cerebral adquirido y sus familias necesitan respuestas y recursos ya. Es hora de una estrategia nacional que dé voz y esperanza a quienes cada día luchan por recuperar su vida”, ha concluido.

 La portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha remarcado que “las ciudades inteligentes deben integrar la accesibilidad universal para garantizar que las soluciones que se implementen no generen más barreras”.

Bastidas ha avanzado que el Grupo Popular pedirá al Gobierno que ponga en marcha “las medidas oportunas para garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, en la concepción, diseño y aplicación de las nuevas tecnologías en las llamadas “Ciudades Inteligentes”, para conseguir que las personas con discapacidad puedan ganar en bienestar, autonomía e independencia”.

En ese sentido, la diputada popular ha recordado que en la Comunitat Valenciana “son más de 350.000 personas con alguna discapacidad” una cifra que “está creciendo debido al progresivo envejecimiento de la población y al incremento global de los problemas crónicos de salud”.

Por ese motivo, “debe ser un compromiso del Gobierno y también de las Comunidades Autónomas, salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Constitución, además de perseverar en las medidas para alcanzar la plena integración de éstas en la sociedad” ha subrayado Bastidas.

La portavoz de Asuntos Sociales del GPP en Les Corts, Elena Bastidas, ha señalado que “mientras la Generalitat atiende a los menores migrantes, Sánchez impone un reparto arbitrario y sin recursos”.

Bastidas ha respondido así al PSPV que pide un plan para la acogida digna a los menores migrantes. “Si tan preocupados están deberían pedir más recursos al Gobierno para la atención de menores migrantes porque también en esto Sánchez ha abandonado a los valencianos”.

La diputada popular les ha recomendado “informarse y estudiar porque quien está atendiendo a los menores migrantes en la Comunitat Valenciana con recursos económicos y profesionales es la Generalitat. Los valencianos estamos pagando la incompetencia del Gobierno de España en política migratoria que nos sigue negando los recursos necesarios”.

Para Elena Bastidas, “que una diputada socialista hable de humanidad en el reparto de menores cuando es el Gobierno de Sánchez quien los usa como si fuera una mercancía es vergonzoso y una tremenda hipocresía. Desde el Gobierno han iniciado un envío de expedientes para traslados de menores sin criterio, sin tener en cuenta cuestiones médicas, de desarraigo o quien cumple la mayoría de edad este mes de octubre por lo que quedará desamparado. Eso sí que es falta de humanidad”.

“La Comunitat Valenciana -ha explicado- es la autonomía que más aporta en la atención a menores, con más de 23 millones de euros al año en el sistema de protección para menores migrantes mientras el Gobierno de España solo aporta 1,2 millones de euros a la Comunitat, apenas un 16% del coste real, lo que demuestra su absoluto desinterés por sostener el sistema de manera equitativa”.

Por último, la diputada popular ha recordado que “en este año 2025 ya se han atendido a más menores que en todo 2024. En concreto este mes de septiembre han llegado más de dos al día, más de sesenta niños en ese mes, por distintas vías, sin traslados ni imposiciones del Gobierno”.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha afirmado que “hablar de una evacuación preventiva es manipular, cuando ni siquiera el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar consideró ‘relevante’ avisar del desbordamiento del barranco del Poyo” ante las inundaciones de octubre de 2024.

Bastidas ha explicado que “nadie pudo prever la magnitud de lo que ocurrió en Paiporta, porque ni siquiera la CHJ alertó de lo que sucedía en el punto que más vidas humanas se cobró”. “Su presidente, Miguel Polo, reconoció ante la jueza que no trasladó de inmediato al Cecopi la información sobre el caudal del Barranco del Poyo porque consideró que ‘no era relevante’”, ha añadido.

La portavoz popular ha denunciado que “ahora Compromís trate de reescribir lo ocurrido para sacar rédito político” y ha recordado que “el PSPV y Compromís gobernaron durante ocho años y jamás implantaron un protocolo de evacuación en residencias ante situaciones de emergencia”. “¿De qué evacuación habla Compromís? ¿Del protocolo que nunca tuvo Mónica Oltra cuando era consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas?”, ha preguntado Bastidas. “El Botànic fue el responsable de una política de propaganda, pancartas y titulares vacíos, pero ni una sola medida real para proteger a los residentes en casos de catástrofe”.

En este sentido, ha subrayado que “el actual Consell está trabajando con rigor y sensibilidad para que una tragedia como la de la dana no vuelva a ocurrir, revisando todos los procedimientos y mejorando la coordinación entre administraciones y centros residenciales”.

Por último, Bastidas ha lamentado que “Compromís utilice el dolor de las víctimas de la riada y de sus familias para atacar al Consell y tratar de obtener ventaja política”, y ha exigido a la izquierda “respeto hacia las personas afectadas y hacia quienes están gestionando con seriedad una situación muy dura”. “Utilizar una tragedia humana para hacer oposición política es despreciable, y eso es exactamente lo que está haciendo la izquierda en la Comunitat Valenciana”, ha concluido.