Archivo de la etiqueta: Elena Bastidas

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha reclamado al Gobierno de España “una revisión profunda del Ingreso Mínimo Vital (IMV)” para que esta prestación “cumpla de verdad su función de apoyo a las familias más vulnerables”. Así consta en una iniciativa parlamentaria en la que el GPP pide que se evalúe el impacto real del IMV para saber “si está sirviendo para reducir la pobreza o, como parece, se ha convertido en una trampa que perpetúa la dependencia”, ha explicado la diputada.

La diputada popular ha recordado que, cinco años después de su implantación, el Ingreso Mínimo Vital “sólo llega al 12,2% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España y al 11% en la Comunitat Valenciana”, lo que demuestra “una gestión deficiente y un fracaso social”.

Según Bastidas, “la falta de medios, la excesiva burocracia y la ausencia de coordinación entre administraciones” han provocado que muchas familias “desistan de solicitar una ayuda que debería garantizar su dignidad y favorecer su inclusión”. Por ello, el GPP propone incorporar itinerarios de inserción laboral vinculados al IMV, con especial atención a la pobreza infantil, para romper el círculo de la exclusión y dar oportunidades reales a las personas.

La iniciativa del Grupo Popular también plantea reforzar la Renta Valenciana de Inclusión para dar cobertura a los colectivos que quedan fuera del IMV y así ofrecer “una red de protección más amplia, eficaz y humana”, ha defendido.

“El Gobierno de Sánchez debe dejar de conformarse con los titulares y empezar a asumir responsabilidades con políticas sociales que realmente funcionen”, ha concluido Bastidas. “No se trata de repartir subsidios, sino de construir caminos de integración y esperanza para quienes más lo necesitan”.

El Grupo Popular en Les Corts ha presentado una iniciativa en la que insta al Gobierno de España a elaborar una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral Adquirido (DCA), en coordinación con las comunidades autónomas y con la participación de asociaciones y tercer sector. Con motivo del Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido, la portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha explicado que es necesario un plan integral que ofrezca “una verdadera red de apoyo” a las personas afectadas.

Más de 435.000 personas en España viven con daño cerebral adquirido, 52.451 de ellas en la Comunitat Valenciana, la mayoría como consecuencia de un accidente cerebrovascular. El objetivo de esta iniciativa es garantizar la máxima calidad de vida y la integración social de las personas con DCA.

Bastidas ha señalado que esta discapacidad afecta cada año a más personas y “transforma de forma radical la vida de quienes la sufren y la de sus familias”, por lo que se requiere “una respuesta integral, que combine atención sanitaria, rehabilitación, apoyo social y acompañamiento”. Esta estrategia, ha insistido, debe ser nacional para garantizar la igualdad de oportunidades y una atención coordinada en todo el territorio.

La portavoz popular ha asegurado que el Consell de Carlos Mazón “está comprometido con la mejora de la atención a las personas con discapacidad y dependencia, pero sin un esfuerzo real del Gobierno de Pedro Sánchez, no se puede avanzar al ritmo que esta realidad exige”. “No puede ser que el cuidado que recibe una persona dependa del lugar donde viva, o que las familias asuman solas un proceso tan duro y complejo”, ha afirmado Bastidas, quien ha reclamado “una política pública que unifique criterios, recursos y protocolos”.

Por último, la diputada del GPP ha pedido al Ejecutivo de Sánchez “que deje de mirar hacia otro lado y actúe con sensibilidad, responsabilidad y urgencia”. “Las personas con daño cerebral adquirido y sus familias necesitan respuestas y recursos ya. Es hora de una estrategia nacional que dé voz y esperanza a quienes cada día luchan por recuperar su vida”, ha concluido.

 La portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha remarcado que “las ciudades inteligentes deben integrar la accesibilidad universal para garantizar que las soluciones que se implementen no generen más barreras”.

Bastidas ha avanzado que el Grupo Popular pedirá al Gobierno que ponga en marcha “las medidas oportunas para garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad, en la concepción, diseño y aplicación de las nuevas tecnologías en las llamadas “Ciudades Inteligentes”, para conseguir que las personas con discapacidad puedan ganar en bienestar, autonomía e independencia”.

En ese sentido, la diputada popular ha recordado que en la Comunitat Valenciana “son más de 350.000 personas con alguna discapacidad” una cifra que “está creciendo debido al progresivo envejecimiento de la población y al incremento global de los problemas crónicos de salud”.

Por ese motivo, “debe ser un compromiso del Gobierno y también de las Comunidades Autónomas, salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Constitución, además de perseverar en las medidas para alcanzar la plena integración de éstas en la sociedad” ha subrayado Bastidas.

La portavoz de Asuntos Sociales del GPP en Les Corts, Elena Bastidas, ha señalado que “mientras la Generalitat atiende a los menores migrantes, Sánchez impone un reparto arbitrario y sin recursos”.

Bastidas ha respondido así al PSPV que pide un plan para la acogida digna a los menores migrantes. “Si tan preocupados están deberían pedir más recursos al Gobierno para la atención de menores migrantes porque también en esto Sánchez ha abandonado a los valencianos”.

La diputada popular les ha recomendado “informarse y estudiar porque quien está atendiendo a los menores migrantes en la Comunitat Valenciana con recursos económicos y profesionales es la Generalitat. Los valencianos estamos pagando la incompetencia del Gobierno de España en política migratoria que nos sigue negando los recursos necesarios”.

Para Elena Bastidas, “que una diputada socialista hable de humanidad en el reparto de menores cuando es el Gobierno de Sánchez quien los usa como si fuera una mercancía es vergonzoso y una tremenda hipocresía. Desde el Gobierno han iniciado un envío de expedientes para traslados de menores sin criterio, sin tener en cuenta cuestiones médicas, de desarraigo o quien cumple la mayoría de edad este mes de octubre por lo que quedará desamparado. Eso sí que es falta de humanidad”.

“La Comunitat Valenciana -ha explicado- es la autonomía que más aporta en la atención a menores, con más de 23 millones de euros al año en el sistema de protección para menores migrantes mientras el Gobierno de España solo aporta 1,2 millones de euros a la Comunitat, apenas un 16% del coste real, lo que demuestra su absoluto desinterés por sostener el sistema de manera equitativa”.

Por último, la diputada popular ha recordado que “en este año 2025 ya se han atendido a más menores que en todo 2024. En concreto este mes de septiembre han llegado más de dos al día, más de sesenta niños en ese mes, por distintas vías, sin traslados ni imposiciones del Gobierno”.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha afirmado que “hablar de una evacuación preventiva es manipular, cuando ni siquiera el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar consideró ‘relevante’ avisar del desbordamiento del barranco del Poyo” ante las inundaciones de octubre de 2024.

Bastidas ha explicado que “nadie pudo prever la magnitud de lo que ocurrió en Paiporta, porque ni siquiera la CHJ alertó de lo que sucedía en el punto que más vidas humanas se cobró”. “Su presidente, Miguel Polo, reconoció ante la jueza que no trasladó de inmediato al Cecopi la información sobre el caudal del Barranco del Poyo porque consideró que ‘no era relevante’”, ha añadido.

La portavoz popular ha denunciado que “ahora Compromís trate de reescribir lo ocurrido para sacar rédito político” y ha recordado que “el PSPV y Compromís gobernaron durante ocho años y jamás implantaron un protocolo de evacuación en residencias ante situaciones de emergencia”. “¿De qué evacuación habla Compromís? ¿Del protocolo que nunca tuvo Mónica Oltra cuando era consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas?”, ha preguntado Bastidas. “El Botànic fue el responsable de una política de propaganda, pancartas y titulares vacíos, pero ni una sola medida real para proteger a los residentes en casos de catástrofe”.

En este sentido, ha subrayado que “el actual Consell está trabajando con rigor y sensibilidad para que una tragedia como la de la dana no vuelva a ocurrir, revisando todos los procedimientos y mejorando la coordinación entre administraciones y centros residenciales”.

Por último, Bastidas ha lamentado que “Compromís utilice el dolor de las víctimas de la riada y de sus familias para atacar al Consell y tratar de obtener ventaja política”, y ha exigido a la izquierda “respeto hacia las personas afectadas y hacia quienes están gestionando con seriedad una situación muy dura”. “Utilizar una tragedia humana para hacer oposición política es despreciable, y eso es exactamente lo que está haciendo la izquierda en la Comunitat Valenciana”, ha concluido.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha acusado a los socialistas de “mentir y manipular para atacar a una vicepresidenta que está haciendo una gran labor en política social y vivienda para revertir la herencia del Botànic” ante la intención del PSPV de reprobar a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

Bastidas ha explicado que “el 29 de octubre la vicepresidenta estaba donde debía estar: gestionando desde primera hora de la mañana el impacto de las lluvias en residencias y centros sociales, preocupándose de los mayores y de las personas más vulnerables”. Así se ha expuesto ya en sede parlamentaria y en las comunicaciones comprobadas.

La portavoz popular ha destacado que “la cuestión el día de la dana era ser eficaz, tomar decisiones y coordinar equipos”. En su opinión, “lo que faltó en el Cecopi fue información clave de los organismos estatales, que no advirtieron del riesgo en el barranco del Poyo”. De hecho, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, únicamente se interesó por la rambla del Poyo una vez, hora y media después de decretar la alerta hidrológica, y ni siquiera avisó ni alertó cuando el caudal pasó de 28 a 1.600 m³ por segundo.

Asimismo, Bastidas se ha preguntado si el portavoz del PSPV, José Muñoz, “actúa por desconocimiento o por mala fe” al decir que se desalojó la residencia de Carlet, cuando esto es radicalmente falso. La incidencia que tuvo lugar por la mañana se solucionó, la vicepresidenta llamó a la alcaldesa por la mañana y a la directora de la residencia esa misma tarde para ver la evolución. “Este es el ejemplo más palmario de su mentira: no solo es que nunca se desalojó, sino que además acogió a personas afectadas de otras residencias”.

Según Bastidas, “lo que no cuenta el PSPV es que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estaba en Colombia; la jefa de Protección Civil, Virginia Barcones, volaba a Brasil, y la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, hacía campaña en Bruselas. Esa era la realidad: un Gobierno socialista desaparecido mientras la Comunitat Valenciana sufría una dana”.

Por último, ha denunciado que “desde hace meses se conoce la agenda de la vicepresidenta; aquí no se oculta nada ni se generan bulos, que es la especialidad de la izquierda”. Y ha concluido: “El PSPV pretende tapar las ausencias y negligencias de los responsables del Gobierno de Pedro Sánchez el día de las inundaciones inventando bulos contra un Consell que estuvo a la altura y seguirá trabajando por quienes más lo necesitan”.

La portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha señalado que “la ministra Morant debería avergonzarse de usar a los menores como moneda de cambio con los independentistas y dejar de utilizarlos como mercancía”.

Bastidas ha contestado así a la socialista Morant a quien le ha recomendado “documentarse antes de hablar sobre la capacidad de recepción porque el sistema valenciano está colapsado, funcionado un 160% de su capacidad tras aumentar un 66% las plazas en el último año y sin apenas aportación del Gobierno. Los valencianos no necesitamos que venga con su argumentario sanchista y racista desde Madrid a aleccionarnos”.

“Sánchez no pretende solucionar el problema de la inmigración ni la crisis humanitaria de Canarias sino mercadear con los menores no acompañados para seguir resistiendo en el momento de más debilidad de un gobierno centrado en la corrupción que les rodea. Usan a los menores como moneda de cambio con los independentistas de Cataluña”, ha indicado.

La diputada popular ha afirmado que “no podemos aceptar un modelo ineficaz, insostenible y que pone en riesgo el interés superior del menor. Pero eso a Morant le da igual, distribuyendo a los menores como si no fueran personas, y sin ninguna previsión seria ni coordinación con las comunidades”.

Bastidas ha señalado que “el reparto del Gobierno Sánchez supone un trato indigno, discriminatorio y dañino hacia los menores. Lo que están haciendo es colapsar la capacidad del sistema autonómico de protección, eximiendo a una comunidad en detrimento del resto que no están pudiendo recibir a los niños con la dignidad que se merecen”.

Elena Bastidas ha recordado que la norma “va a ser recurrida y se ha solicitado su suspensión cautelar. Si el Estado no tiene capacidad para atenderlos no puede cargar con esa responsabilidad a las comunidades autónomas que no tienen dinero ni recursos”.

“Solo hay incapacidad de gestión del Gobierno Sánchez ante una crisis migratoria que dura demasiados años. Los mismos que no pagan el FLA, que siguen castigando a la Comunitat Valenciana a seguir siendo la peor financiada, pretenden ahora que destrocemos el sistema de protección de menores acogiendo a un número injustificadamente alto de menores, sin la financiación, sin el personal y sin las infraestructuras necesarias para darle a los menores la dignidad que merecen, solo para trasladar su inacción a las CCAA”, ha añadido.

Por último, Bastidas ha señalado que “la Comunitat Valenciana ha demostrado esfuerzo y solidaridad real, aumentando plazas, asumiendo menores llegados por mar y atendiendo incluso a menores que llegan “por la puerta de atrás”, con el cupo de adultos de los envíos que realiza el Gobierno desde Canarias. Hemos hecho un esfuerzo que algunas comunidades ni siquiera han iniciado, y ahora se nos castiga con más carga y sin medios. Y encima hay que soportar los insultos y el desprecio de los sanchistas, que solo pretenden romper el modelo de acogimiento y asfixiarnos”.