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La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha acusado a los socialistas de “mentir y manipular para atacar a una vicepresidenta que está haciendo una gran labor en política social y vivienda para revertir la herencia del Botànic” ante la intención del PSPV de reprobar a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

Bastidas ha explicado que “el 29 de octubre la vicepresidenta estaba donde debía estar: gestionando desde primera hora de la mañana el impacto de las lluvias en residencias y centros sociales, preocupándose de los mayores y de las personas más vulnerables”. Así se ha expuesto ya en sede parlamentaria y en las comunicaciones comprobadas.

La portavoz popular ha destacado que “la cuestión el día de la dana era ser eficaz, tomar decisiones y coordinar equipos”. En su opinión, “lo que faltó en el Cecopi fue información clave de los organismos estatales, que no advirtieron del riesgo en el barranco del Poyo”. De hecho, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, únicamente se interesó por la rambla del Poyo una vez, hora y media después de decretar la alerta hidrológica, y ni siquiera avisó ni alertó cuando el caudal pasó de 28 a 1.600 m³ por segundo.

Asimismo, Bastidas se ha preguntado si el portavoz del PSPV, José Muñoz, “actúa por desconocimiento o por mala fe” al decir que se desalojó la residencia de Carlet, cuando esto es radicalmente falso. La incidencia que tuvo lugar por la mañana se solucionó, la vicepresidenta llamó a la alcaldesa por la mañana y a la directora de la residencia esa misma tarde para ver la evolución. “Este es el ejemplo más palmario de su mentira: no solo es que nunca se desalojó, sino que además acogió a personas afectadas de otras residencias”.

Según Bastidas, “lo que no cuenta el PSPV es que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estaba en Colombia; la jefa de Protección Civil, Virginia Barcones, volaba a Brasil, y la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, hacía campaña en Bruselas. Esa era la realidad: un Gobierno socialista desaparecido mientras la Comunitat Valenciana sufría una dana”.

Por último, ha denunciado que “desde hace meses se conoce la agenda de la vicepresidenta; aquí no se oculta nada ni se generan bulos, que es la especialidad de la izquierda”. Y ha concluido: “El PSPV pretende tapar las ausencias y negligencias de los responsables del Gobierno de Pedro Sánchez el día de las inundaciones inventando bulos contra un Consell que estuvo a la altura y seguirá trabajando por quienes más lo necesitan”.

La portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha señalado que “la ministra Morant debería avergonzarse de usar a los menores como moneda de cambio con los independentistas y dejar de utilizarlos como mercancía”.

Bastidas ha contestado así a la socialista Morant a quien le ha recomendado “documentarse antes de hablar sobre la capacidad de recepción porque el sistema valenciano está colapsado, funcionado un 160% de su capacidad tras aumentar un 66% las plazas en el último año y sin apenas aportación del Gobierno. Los valencianos no necesitamos que venga con su argumentario sanchista y racista desde Madrid a aleccionarnos”.

“Sánchez no pretende solucionar el problema de la inmigración ni la crisis humanitaria de Canarias sino mercadear con los menores no acompañados para seguir resistiendo en el momento de más debilidad de un gobierno centrado en la corrupción que les rodea. Usan a los menores como moneda de cambio con los independentistas de Cataluña”, ha indicado.

La diputada popular ha afirmado que “no podemos aceptar un modelo ineficaz, insostenible y que pone en riesgo el interés superior del menor. Pero eso a Morant le da igual, distribuyendo a los menores como si no fueran personas, y sin ninguna previsión seria ni coordinación con las comunidades”.

Bastidas ha señalado que “el reparto del Gobierno Sánchez supone un trato indigno, discriminatorio y dañino hacia los menores. Lo que están haciendo es colapsar la capacidad del sistema autonómico de protección, eximiendo a una comunidad en detrimento del resto que no están pudiendo recibir a los niños con la dignidad que se merecen”.

Elena Bastidas ha recordado que la norma “va a ser recurrida y se ha solicitado su suspensión cautelar. Si el Estado no tiene capacidad para atenderlos no puede cargar con esa responsabilidad a las comunidades autónomas que no tienen dinero ni recursos”.

“Solo hay incapacidad de gestión del Gobierno Sánchez ante una crisis migratoria que dura demasiados años. Los mismos que no pagan el FLA, que siguen castigando a la Comunitat Valenciana a seguir siendo la peor financiada, pretenden ahora que destrocemos el sistema de protección de menores acogiendo a un número injustificadamente alto de menores, sin la financiación, sin el personal y sin las infraestructuras necesarias para darle a los menores la dignidad que merecen, solo para trasladar su inacción a las CCAA”, ha añadido.

Por último, Bastidas ha señalado que “la Comunitat Valenciana ha demostrado esfuerzo y solidaridad real, aumentando plazas, asumiendo menores llegados por mar y atendiendo incluso a menores que llegan “por la puerta de atrás”, con el cupo de adultos de los envíos que realiza el Gobierno desde Canarias. Hemos hecho un esfuerzo que algunas comunidades ni siquiera han iniciado, y ahora se nos castiga con más carga y sin medios. Y encima hay que soportar los insultos y el desprecio de los sanchistas, que solo pretenden romper el modelo de acogimiento y asfixiarnos”.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha destacado la apertura de nuevas plazas públicas residenciales en la Comunitat Valenciana frente a un Botànic que “nos dejó a la cola de España”. La parlamentaria ha valorado así los datos de evolución de este servicio para personas mayores o dependientes, que “demuestran con claridad la gran diferencia entre el fracaso del anterior gobierno y la gestión eficaz del actual Consell”.

“El discurso del Botànic es hipócrita: recortaron plazas públicas y recurrieron al sector privado, que a pesar de la criminalización que sufre por parte de la izquierda, puso sus servicios a disposición de nuestros mayores. Frente a esa doble moral, el Consell de Carlos Mazón apuesta por una atención de calidad para estas personas sin demonizar ninguna opción”, ha afirmado Bastidas.

La portavoz popular ha recordado que, durante los ocho años de gobierno de PSPV y Compromís, la Comunitat pasó de 331 residencias en 2016 a 322 en 2023, es decir, nueve menos. Además, mientras las plazas públicas se redujeron, las concertadas privadas aumentaron. “Ese abandono nos dejó a la cola de España, en el puesto 16 de 17 en número de plazas residenciales para mayores”, ha subrayado.

Frente a esa “gestión de pancarta”, Bastidas ha destacado la apuesta del actual Consell: “En solo dos años hemos revertido la tendencia. Hoy contamos de nuevo con 331 residencias y con más plazas financiadas con fondos públicos: ya son 19.815, 1.488 más que hace dos años. Un 8% más, que eleva el porcentaje al 69% del total”.

“Los hechos son claros: mientras el Botànic nos dejó en la cola, el Consell de Carlos Mazón ha recuperado el ritmo, ha abierto nuevas residencias y ha puesto en marcha más plazas públicas que nunca. Quienes fracasaron no pueden dar lecciones; hoy nuestros mayores tienen más servicios y menos promesas vacías”, ha concluido Bastidas.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha lamentado el intento del PSPV de “dar lecciones de protección de la infancia” al Consell de Carlos Mazón cuando “fueron precisamente los gobiernos del Botànic, con socialistas y Compromís, quienes protagonizaron el episodio más vergonzoso de desprotección de menores en la Comunitat Valenciana: el caso Oltra”.

La portavoz popular ha acusado al portavoz socialista de “manipular y tergiversar” y le ha sugerido “informarse antes de hablar” en referencia a las resoluciones del Síndic de Greuges. En este sentido, ha recalcado que la Conselleria contestó a la institución y deja claro que “el Síndic no condena nada; lo único condenable aquí son los hechos que el Botànic tapó y que han acabado en los tribunales. La única condena sobre la mesa es la que pesa sobre su gobierno por el escándalo con la menor tutelada”.

Bastidas ha recordado que el exmarido de la entonces vicepresidenta Mónica Oltra fue condenado a prisión por abusos sexuales continuados a una menor tutelada en un centro de la Generalitat. La propia Oltra y 14 altos cargos de su Conselleria se enfrentan a un proceso judicial por el presunto encubrimiento de estos hechos en un escándalo que llegó hasta Bruselas. “El PSPV debería tener memoria y vergüenza antes de señalar a nadie, cuando bajo su gobierno se cometió la mayor indignidad contra un menor tutelado que hemos visto en esta tierra”, ha señalado.

La parlamentaria también ha considerado “escandaloso” que el Botànic no pusiera en marcha el protocolo de detección de situaciones de riesgo para los menores, a pesar de que la propia Ley de Infancia que aprobaron les obligaba a hacerlo. Frente a esa inacción y en menos de dos años, “el actual Consell ha impulsado ese protocolo junto a la Universidad de Valencia, cumpliendo con la obligación que los anteriores gobiernos olvidaron en un cajón”.

“El actual Consell sí tiene como prioridad absoluta la protección de los menores tutelados y está trabajando con responsabilidad para reforzar los protocolos de seguridad y evitar que situaciones tan terribles como las ocurridas bajo el Botànic se repitan jamás”, ha asegurado.

“Quien tapó abusos a menores tutelados no está legitimado para dar lecciones al actual Consell en materia de protección de la infancia”, ha concluido Bastidas, quien ha advertido al PSPV que “ellos son la auténtica lista negra de la vergüenza en la Comunitat Valenciana”.

 La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha destacado hoy que la Conselleria ha reducido a cero la lista de espera de niños de 0 a 3 años con necesidades de atención temprana. “En apenas tres años se ha pasado de 2.600 niños y niñas de 0 a 6 años en lista de espera de la Comunitat Valenciana a la escolarización inmediata, sin ninguna espera”.

Elena Bastidas ha destacado la importancia de la atención temprana. “En los menores con TEA y otras discapacidades es muy importante no solo la atención especializada y las terapias sino también la celeridad en el diagnóstico precoz. Cuanto antes y más temprano mejor. Antes, el gobierno del Botànic aprobó un protocolo en 2017 que fue un fracaso total, donde los pequeños con autismo venían sufriendo unos daños muy importantes por los recortes sociales, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, que produjo un aumento en la lista de espera y ausencia de centros especializados”.

La portavoz popular ha señalado que “ha aumentado el número recursos públicos diurnos y residenciales, inclusivos y especializados, con más profesionales y educadores para garantizar una educación inclusiva de los niños con TEA en igualdad de condiciones”.

En este sentido, Bastidas ha concretado que “este Consell ha autorizado seis nuevos centros y ha financiado más 470 plazas. Además, se ha aumentado un 44,34 % el número de resoluciones de discapacidad entre mayo de 2023 y abril de 2025. Se trata de aumentar recursos y promover la autonomía personal de quienes más lo necesitan, mediante ampliación de plazas y nuevas inversiones en salud mental”.

Por último, la diputada popular ha afirmado que “se ha logrado dar un giro a la degradación del Botànic, con reducción de listas de espera, agilización de procedimientos y garantizar derechos. En estos dos años de Gobierno de Carlos Mazón hemos demostrado que se puede gestionar mejor, con más coordinación y sensibilidad hacia las personas con discapacidad y sus familias”.

La portavoz de Política Social del GPP en Les Corts, Elena Bastidas, ha pedido al Gobierno de Sánchez que “pague su parte de la dependencia porque aporta el 20% cuando debería pagar el 50% y es la Generalitat quien abona el 80% con la dependencia más cara”.

Bastidas ha destacado que “pese a esto, las listas de espera de la dependencia en la Comunitat Valenciana se han reducido un 11,5% en el primer semestre, que se añade al 27% de 2024, con récord histórico de personas atendidas en el sistema de atención a la dependencia, 175.488 personas”.

“Por si fuera poco, las intenciones del Ministerio de modificar el sistema de dependencia van a complicarlo todavía más y cargar todo el peso sobre las autonomías”, ha añadido.

Elena Bastidas ha señalado que “el Gobierno Sánchez está incumpliendo con su obligación legal de aportar los fondos necesarios para la atención a la dependencia porque la Comunitat está sosteniendo este sistema prácticamente en solitario. Es increíble la falta de solidaridad del Gobierno central, que debería asumir su responsabilidad y contribuir con la parte que le corresponde para la atención a la dependencia. En lugar de eso vuelve a cargar sobre los hombros de las autonomías el grueso de la dependencia. La dependencia corre a cargo de las autonomías”.

En este sentido, la diputada popular ha anunciado una serie de medidas e iniciativas en les Corts para retratar la pasividad del Gobierno Sánchez y los impagos también en dependencia. “Si fuera por el Gobierno, la atención social en la Comunitat se encontraría bajo mínimos. Pero la responsabilidad del Consell de Carlos Mazón para garantizar que los recursos necesarios lleguen a quienes más lo necesitan, sin importar las circunstancias políticas, hace que la Generalitat cubra el 80% del servicio”.

 La portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha pedido al Gobierno Sánchez que “deje de utilizar a los menores como mercancía, forzando un reparto de menores unilateral, sin planificación, sin información sobre edades, estado de salud ni condiciones de acogida”.

Bastidas ha señalado que “el sistema valenciano está colapsado, funcionado un 160% de su capacidad tras aumentar un 66% las plazas en el último año. Es inhumano que el Gobierno de Sánchez se dedique a distribuir a los menores como si no fueran personas, sin cubrir los costes, sin conocer si están enfermos, si padecen discapacidad o si son adolescentes. No hay ninguna previsión seria ni coordinación con las comunidades”.

En ese sentido ha apuntado que “eso no es ser racista, es buscar la mejor atención posible para estos menores”. Bastidas ha señalado que “los socialistas valencianos, con su síndic a la cabeza, acusan falsamente de racismo a otros mientras ellos y su Gobierno defienden o promueven medidas que suponen un trato indigno, discriminatorio y dañino hacia los menores”.

Elena Bastidas ha indicado que “parece que el Gobierno Sánchez lo que pretende es atropellar y colapsar la capacidad del sistema autonómico de protección, eximiendo a una comunidad en detrimento del resto que no están pudiendo recibir a los niños con la dignidad que se merecen”.

La diputada popular ha recordado que “el sistema valenciano invierte 218 euros diarios por menor atendido, mientras que el Gobierno apenas aporta”.

Para Bastidas, “es necesario poner en marcha políticas migratorias eficaces, incluyendo cooperación con países de origen y medidas para frenar el efecto llamada y las mafias en frontera. Además, hay que poner medios para que los jóvenes migrantes que cumplen 18 años y salen del sistema de protección sin apoyo alguno por parte del Gobierno puedan seguir adelante”.

“A pesar de todas estas continuas trabas -ha concluido- desde el Consell de Carlos Mazón se está llevando a cabo una política de menores eficiente, pensando en los beneficiarios, con una gestión eficaz y eficiente en materia de menores”.

La portavoz de servicios sociales del GPP, Elena Bastidas, ha señalado que “la nueva Renta Valenciana de Inclusión aprobada por el Consell va a permitir incrementar los beneficiarios y mejorar una prestación para adaptarla a las actuales necesidades”.

Bastidas ha señalado que “este nuevo modelo de Renta Valenciana de Inclusión ahora ha pasado a ser compatible con el trabajo y permite a sus beneficiarios tener un itinerario de acompañamiento de forma que no sea solo una ayuda económica en exclusiva, sino también una herramienta eficaz para la efectiva inclusión de la persona. Es decir, ahora pasa a ser una prestación promocional compatible con el trabajo».

La portavoz popular ha afirmado que “este Consell está garantizando el derecho de las personas más vulnerables de la Comunitat, con medidas concretas y efectivas. Se ha mejorado la gestión de la Renta Valenciana de inclusión, simplificando el proceso, agilizando y facilitando su acceso para adaptarla a la realidad de la sociedad valenciana”.

Para Elena Bastidas “estamos hablando de una herramienta importante para combatir la pobreza y la exclusión social, como un elemento de integración vital para muchas familias”.

Bastidas ha recordado que “ahora se ha ampliado el perfil de beneficiarios para incluir a jóvenes, mayores de 65 años y personas que compatibilicen la Renta Valenciana de Inclusión con otros subsidios, lo que ha permitido incrementar los beneficiarios”.

En este sentido, la diputada popular ha señalado que “la norma se aprobó hace seis años y ahora el Consell la ha modificado para mejorarla y corregir las deficiencias del modelo anterior. Entre otras cuestiones, se ha liberado de carga burocrática a los profesionales de los servicios sociales municipales”.