Actualidad Política

30 de julio de 2026

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La presidenta de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI en Les Corts, Elena Bastidas, ha lamentado los cambios de reglas y recortes de fondos del Ministerio de Igualdad en el Plan Corresponsables, mientras que ha puesto en valor el trabajo del Consell «que sí ha incrementado el presupuesto en igualdad con respecto al año anterior un 7,4%, da certidumbre a los ayuntamientos y pone por delante la conciliación frente al ruido y al eslogan».

«El Gobierno de España no puede recortar en igualdad mientras se declara feminista, no puede recortar en una política que funciona, hablamos de niños atendidos en ludotecas, de familias que han podido seguir trabajando, de mujeres que han dejado de estar solas cuidando. Esto no es una batalla ideológica, es una batalla por un modelo de igualdad serio, eficiente y estable», ha hecho hincapié la diputada popular.

Ante ello, ha exigido que «se rectifique con carácter urgente y se mantenga el Plan Corresponsables al 100%». Un plan que han puesto en marcha «más de 400 ayuntamientos en la Comunitat Valenciana, a pesar del caos constante del Gobierno de España con convocatorias tardías, cambios de criterios técnicos cada año, falta de previsión presupuestaria o duplicidades entre anualidades que han dejado a muchos ayuntamientos en situación de bloqueo, lo que significa que mientras se presumía de feminismo institucional los fondos llegaban con retraso, sin planificación y con exigencias arbitrarias».

Para Elena Bastidas en este 2025 «la situación roza lo absurdo» puesto que «el Gobierno propone recortar un 25% del presupuesto e impone una cofinanciación a las autonomías y amenaza con penalizaciones futuras». La diputada popular ha denunciado que «esto no es corresponsabilidad, es deslealtad del Gobierno porque hay programas ya en marcha, con personal contratado y con familias que cuentan con este recurso para conciliar».

En el caso de la Comunitat Valenciana, ha recordado Bastidas, «se le suma la situación de excepcionalidad que vivimos tras la trágica dana del 29 de octubre. El Consell ha tenido que reajustar prioridades, redirigir recursos y atender a miles de personas afectadas por la catástrofe frente al ninguneo constante del Gobierno de España». En ese sentido ha lamentado que «ahora que tenemos los presupuestos aprobados nos exigen desde Madrid que asumamos su parte de ese plan y eso es inadmisible».

La presidenta de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y del Colectivo LGTBI en Les Corts, Elena Bastidas, ha denunciado los “graves recortes” que ha anunciado el Gobierno de Pedro Sánchez con respecto al Plan Corresponsables. Se trata de “un supuesto ajuste que amenaza la conciliación de muchas familias valencianas”.

La también vicesecretaria de Igualdad del PPCV ha presentado una proposición no de ley para solicitar al Ministerio de Igualdad que mantenga la financiación íntegra de este plan “sin recortes ni demoras, de forma que se garantice la continuidad de los programas iniciados desde 2021” y que “representa un recurso esencial para garantizar el derecho al cuidado como un derecho universal”.

En esa línea ha recordado que gracias a esta financiación “se han puesto en marcha acciones que no solo fomentan la igualdad, sino que aportan cohesión social y justicia a un sistema que históricamente ha descansado sobre los hombros de las mujeres”. Sin embargo, “la ejecución de las ayudas ha sufrido una serie de obstáculos por parte del propio Gobierno central: convocatorias tardías, cambios constantes en los criterios técnicos, duplicidades entre anualidades y falta de previsión presupuestaria que han puesto en jaque la continuidad y estabilidad de los servicios ofrecidos por los ayuntamientos” ha lamentado la diputada popular.

“A pesar de estas dificultades” ha añadido Bastidas, “la Comunitat Valenciana ha ido sacando adelante los programas facilitando la conciliación de las familias y sensibilizando en materia de corresponsabilidad pese a la nefasta gestión por parte del Ministerio”.

La diputada del GPP ha mostrado su preocupación porque en el crédito destinado para el plan en este 2025 “queda reflejado que el Gobierno pretende recortar hasta en un 25% con respecto a años anteriores trasladando a las comunidades autónomas la necesidad de una cofinanciación de dicho importe por parte de las mismas”.

Esta situación “resulta inadmisible puesto que nos encontramos en el segundo trimestre del ejercicio económico 2025, con programas ya iniciados, contratos ya comprometidos y familias con expectativas de solucionar sus posibles problemas de conciliación gracias a estos recursos” ha insistido Bastidas.

A esto “se suma la situación de excepcionalidad que atravesamos en la comunidad valenciana con respecto a la tragedia ocasionada el pasado 29 de octubre que ha provocado un reajuste de nuestros presupuestos para este año” ha apuntado finalmente la vicesecretaria de Igualdad del PPCV.

La portavoz de servicios sociales del GPP, Elena Bastidas, ha señalado que “la izquierda valenciana no soporta que “el Consell de Mazón desatasque las residencias de mayores o mejore la renta valenciana de inclusión”.

Bastidas ha respondido así a las acusaciones del PSPV sobre el mantenimiento de los servicios sociales por parte del Consell. “El Botànic dejó un déficit de 24.000 plazas de residencias, un Plan Convivint fantasma con apenas el 0,6% ejecutado, y una administración sin capacidad para la ejecución y gestión”.

La portavoz popular ha señalado que “la diputada socialista Silvia Gómez ha elegido para sus críticas el mismo día en que han licitado las primeras residencias de mayores, que el Botànic mantenía con contratos caducados hasta desde 2019 (y la consecuente degradación del servicio y sueldos de profesionales). Y también el día en que el Consell ha aprobado el anteproyecto de ley para la mejora de la Renta Valenciana de Inclusión”.

Bastidas ha señalado que, «además de las licitaciones de hoy, el Consell ya ha publicado la resolución para la financiación de los servicios sociales municipales con 313,6 millones de euros durante los próximos cuatro años, lo que supone un incremento de 18 millones de euros respecto a 2024 y un crecimiento de más de 46 millones respecto a 2023. Esto son hechos y realidades frente a la demagogia de la oposición”.

“Además -ha continuado- hemos licitado los centros mujer, a los que se han presentado 20 empresas (frente a las cero que se presentaron en su licitación obligándoles a dejar caducados los contratos)”.

Respecto a las críticas por el traslado provisional de los enfermos mentales del CEEM de Albocàsser, Bastidas ha lamentado que “utilicen cuestiones tan sensibles como la salud mental y la atención a las personas con discapacidad para hacer política con falsedades. Todos saben que es una medida temporal para garantizar un entorno seguro y digno para los usuarios del servicio. Igual que con los mayores de la residencia Sagrada Familia de la Vall d’Uixó donde el Ayuntamiento ni ha realizado las reformas necesarias ni ha buscado soluciones a una residencia que es municipal y de cuya gestión es responsable”.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha calificado de “indignante que quienes dejaron la dependencia cuesta abajo y sin freno, ahora pretendan dar lecciones y exijan lo que nunca supieron cumplir”. La parlamentaria ha acusado a los socialistas de “mentir por desesperación” porque durante los mandatos del Botànic “ni renovaron ni actualizaron el contrato programa, ni garantizaron financiación suficiente, ni ofrecieron seguridad jurídica a los ayuntamientos. Este Consell lo ha hecho y la izquierda trata de sembrar confusión con argumentos falsos”.

Bastidas ha recordado que el Consell ya ha presentado a todos los agentes implicados el nuevo contrato programa 2025-2028, con un presupuesto histórico de más de 313 millones de euros. “Frente al abandono del PSPV, este Gobierno ha apostado por una red sólida y estable de atención social en colaboración directa con el territorio”, ha afirmado. El nuevo plan supone un incremento de 18 millones respecto a 2024 y de 46 millones sobre el último presupuesto del Botànic, y refuerza programas clave como la atención a la dependencia, el acogimiento familiar o los itinerarios de inclusión social.

“Mientras otros hacían propaganda con la Ley de Servicios Sociales Inclusivos y no aplicaban ni los módulos mínimos, hoy el Gobierno de la Generalitat actualiza la financiación, mejora los módulos económicos y garantiza los servicios que los ciudadanos merecen”, ha asegurado Bastidas.

Por todo ello, ha concluido que “estamos cumpliendo con los compromisos adquiridos desde el primer día de legislatura. Lo que no vamos a permitir es que quienes dejaron el sistema colapsado vengan ahora a exigir lo que jamás supieron construir”.

Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra este 2 de abril, el Grupo Popular en Les Corts ha presentado una iniciativa en la que exige al Gobierno de España que impulse medidas que garanticen la plena integración de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en todos los ámbitos de la vida. En opinión de la portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, “no basta con conmemorar un día al año, es urgente actuar para que todas las personas con autismo puedan desarrollar su proyecto vital con dignidad y sin barreras”.

“En España hay alrededor de 450.000 personas con TEA, de las cuales 45.000 residen en la Comunitat Valenciana. Es imprescindible garantizar su integración real y mejorar su calidad de vida”, ha destacado Bastidas. Por eso, en la propuesta se reclama al Ejecutivo central que coordine con las comunidades autónomas medidas como reforzar la educación especializada con recursos suficientes, impulsar la inclusión laboral de las personas con TEA y facilitar la conciliación de las familias. La portavoz ha insistido en la importancia de que las políticas públicas reconozcan la diversidad de capacidades y necesidades dentro del espectro autista.

Además, el GPP solicita al Consell la puesta en marcha de una Estrategia Autonómica en Trastornos del Espectro Autista para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas en la Comunitat Valenciana. “Es nuestra responsabilidad como sociedad construir un futuro mejor para ellas y sus familias”, ha afirmado Bastidas.

La diputada ha animado a todos los grupos políticos a respaldar esta iniciativa y ha subrayado la necesidad de acabar con los falsos mitos sobre el autismo. “Los populares nos sumamos al llamamiento de la Confederación Autismo España para desmontar estereotipos y avanzar hacia una sociedad más comprensiva y accesible. La sensibilización es clave, pero sin medidas concretas, el avance será insuficiente”, ha concluido.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha afirmado que “el Consell de Carlos Mazón está reforzando los servicios sociales de la Comunitat Valenciana tras años de desatención del Botànic, que dejó un sistema de atención colapsado”. Según la diputada del GPP, las cuentas de 2025 reflejan el compromiso del actual Gobierno con las políticas sociales con un presupuesto de 1.431 millones de euros. “El PSPV miente descaradamente para ocultar que este es el mayor presupuesto social que ha tenido nunca la Comunitat Valenciana y que corrige su nefasta gestión en servicios sociales”, ha denunciado.

La diputada ha explicado que la financiación de la dependencia y la Renta Valenciana de Inclusión están garantizadas, ya que ambos conceptos siguen siendo créditos ampliables tal y como establece la Ley de Presupuestos, que es la norma de rango superior. “Quien no garantizó los pagos fue el gobierno del Botànic, al que en medio de sus luchas internas se le cayó el boli y abandonó sus obligaciones. Lo cierto es que este Consell ha incrementado el presupuesto para la dependencia un 22% hasta alcanzar los 634,8 millones en 2025, la cifra más alta de la historia”, ha señalado. Además, el presupuesto destinado a la RVI crece hasta los 288 millones de euros.

En este sentido, la parlamentaria popular ha denunciado la falta de compromiso del anterior Consell con la atención a la dependencia. “En 2023, con la certeza de que iban a perder la Generalitat, dejaron sin firmar la ampliación de crédito de mayo, lo que agravó las listas de espera. Nada que ver con el rigor del actual Consell, que en 2024 firmó hasta cuatro ampliaciones de crédito para garantizar el pago de 659 millones de la factura de la dependencia”, ha explicado. Cabe recordar que la financiación de la dependencia sigue recayendo mayoritariamente en la Generalitat, ya que el Gobierno de Sánchez sigue sin asumir el 50% que le corresponde y acumula una deuda de 3.000 millones de euros.

Bastidas ha destacado el apoyo a las entidades del tercer sector y el compromiso de la Generalitat con la solidaridad y la cooperación, tal y como han reconocido las propias organizaciones. Las futuras cuentas del Consell ponen fin a las subvenciones a dedo al garantizar la concurrencia competitiva, de manera que se asegura que las ayudas lleguen a las personas que más las necesitan.

La parlamentaria popular ha criticado que el anterior gobierno del PSPV y Compromís priorizara su agenda ideológica en lugar de mejorar la atención social en la Comunitat Valenciana. “Mientras el Botànic se dedicaba a anunciar planes que nunca se materializaban, este Consell trabaja con rigor, responsabilidad y compromiso para mejorar la vida de los valencianos y garantizar una atención social de calidad, accesible y eficaz”, ha concluido.

La portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez el pago urgente de las ayudas a la Plataforma del Tercer Sector destinadas a la protección social de los colectivos más vulnerables en los municipios afectados por la riada.

“Este retraso significa un duro golpe para la planificación y ejecución de las actuaciones previstas en los municipios afectados a los que hay que dar una respuesta integral para abordar las necesidades urgentes detectadas por las entidades sociales” ha remarcado la diputada popular.

Bastidas ha recordado que, tras la trágica riada, la Plataforma del Tercer Sector “actuó de forma inmediata y se puso a trabajar con las administraciones para dar una respuesta rápida y ajustada a las necesidades de cada territorio”. Gracias a la estrecha colaboración con las entidades sociales, “se identificaron las prioridades de intervención basadas en la experiencia directa de las organizaciones que estuvieron en primera línea desde el inicio de la crisis”.

Como resultado de estas gestiones el Ministerio aprobó una subvención directa por importe de cinco millones de euros destinada a la Plataforma del Tercer Sector con el fin de desarrollar intervenciones en el ámbito de los servicios sociales en los municipios afectados, en coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos.

La portavoz de Política Social ha señalado que “esperábamos que los fondos pudieran ser ingresados a principios de 2025, sin embargo, el Ministerio comunicó la paralización del pago de la subvención nominativa esperada para inicios de año, con una nueva fecha estimada en abril de 2025”.

La portavoz de Política Social del GPP en Les Corts, Elena Bastidas, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez la elaboración de un estudio, en coordinación con las Comunidades Autónomas, “para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Atención al Daño Cerebral Adquirido”, que cuente con la participación de todos los agentes implicados, fundamentalmente el movimiento asociativo y el tercer sector, con el objetivo de “garantizar la máxima calidad de vida y la integración social de las personas con DCA”.

En la Comunitat Valenciana hay 52.451 personas que sufren esta lesión, de ellas 46.157 lo son por accidentes cerebrovasculares. Mientras que en España la sufren un total de 435.400 personas, de las que 213.000 son mujeres. Una cifra que, según ha indicado la diputada popular “año tras año se incrementa y se considera actualmente como una discapacidad emergente”.

Como consecuencia, “la vida de la persona que lo sufre y la de su familia cambia por completo de manera súbita e inesperada, por lo que, actividades que antes hacía sin ningún problema, ahora suponen un enorme esfuerzo físico y cognitivo”, ha apuntado la diputada popular.

Por todo ello, ha indicado Bastidas, “es necesario una acción inmediata e integral por parte de la Administración Pública, entidades prestadoras de servicios y las Comunidades Autónomas, para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de las personas con Daño Cerebral Adquirido, con herramientas y recursos para mejorar el acceso y la participación social y favorecer su calidad de vida”.

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