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25 de junio de 2026

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 La diputada del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Verónica Marcos ha sugerido a la ministra Diana Morant que, “si tanto le preocupa el autogobierno valenciano, que empiece a defenderlo en el Consejo de Ministros”. Es decir, “velar por lo que necesitamos los valencianos y el Gobierno de Pedro Sánchez nos niega”.

Marcos ha recordado que “el PPCV defiende el autogobierno todos los días, 24/7, mientras que los socialistas practican un autogobierno de pancarta, de boquilla, de un día nada más”. Así, ha reprochado al PSPV el bloqueo de las instituciones estatutarias, el recurso del Gobierno del PSOE a la Ley de Costas valenciana, la falta de obras antirriadas o los retrasos en el pago de las ayudas a las personas afectadas por la dana.

La diputada del GPP ha instado además a Morant a preocuparse más “por recuperar la dignidad de su partido” ante los escándalos que le rodean, como el presunto desvío de 25 millones de euros del CNIO, la supuesta estafa del hermano de Ximo Puig a las arcas de la Generalitat Valenciana o el juicio al que fuera número dos de la propia ministra en la candidatura a las últimas elecciones generales, José Luis Ábalos.

“En lugar de atender las responsabilidades de su ministerio y las necesidades de los ciudadanos, Morant convierte cada visita institucional a la Comunitat Valenciana en un acto de precampaña interna para intentar ser candidata a la Generalitat”, ha lamentado Marcos.

La parlamentaria popular ha recalcado que “la inseguridad de Morant queda en evidencia cada vez que viene a la Comunitat Valenciana tratando de ganar protagonismo ante Arcadi España”, ha destacado. Ayer mismo, se proclamó candidata a la Generalitat en un acto en el que participaba como ministra y al que asistía el propio España.

Y es que el ministro de Hacienda, en apenas un mes al frente de la cartera, ya tiene más reconocimiento y valoración pública que Morant después de casi cinco años en el Consejo de Ministros. Una situación que ha disparado las especulaciones sobre una posible ‘Operación España’ ante un eventual relevo del cartel electoral socialista en la Comunitat Valenciana debido, en opinión de la diputada, “al escaso peso político de la secretaria general del PSPV”.

Por otro lado, Marcos también se ha referido a la visita de Pablo Bustinduy junto a Mónica Oltra, la exvicepresidenta del Consell y autoproclamada candidata de Compromís al Ayuntamiento de Valencia pese a enfrentar un juicio por supuesto encubrimiento de los abusos sexuales de su entonces marido a una menor tutelada. “Un nuevo abuso de las agendas ministeriales, en este caso, para participar en una operación política de reunificación de la izquierda que el ministro de Consumo aspira a liderar”, ha criticado.

“La Comunitat Valenciana necesita ministros centrados en gestionar y resolver problemas, no dirigentes que conviertan sus cargos institucionales en trampolines electorales al servicio de sus intereses partidistas”, ha concluido.

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha señalado que “los sindicatos alimentan la confrontación rechazando las propuestas del Consell sin importarles el alumnado y sus familias. Es irresponsable y resulta incomprensible que algunos sindicatos rechacen una subida salarial real para el profesorado valenciano únicamente para mantener la confrontación, imponiendo plazos que saben que no son viables”.

Beatriz Gascó ha señalado que “en una negociación todas las partes tienen que estar dispuestas a ceder, no a imponer. Mientras el Consell propone soluciones, los sindicatos las rechazan, entregándose al sectarismo y arriesgando la selectividad. Han pedido diálogo y Educación ha fijado las mesas sectoriales para negociar mejoras como la reducción burocrática o que la subida salarial sea una realidad en el próximo presupuesto. Pero los sindicatos mantienen una actitud de confrontación que va más allá, poniendo en riesgo la calidad de enseñanza de nuestro alumnado. Esta actitud beligerante de los sindicatos de izquierda contrasta con los ocho años del Botànic en el que no solo no consiguieron nada, sino que en 2019 se les incrementó la burocracia a los docentes con tareas administrativas exageradas. Entonces no hubo ninguna huelga reiterada”.

La diputada popular ha alabado la “disposición dialogante de la consellera Ortí, poniendo todas las facilidades para llegar a un acuerdo. Por primera vez en once años está sobre la mesa la valoración de la situación laboral de los docentes. Los sindicatos piden cuestiones que saben que no se pueden aplicar ya. Piden inmediatez poniendo en riesgo que la subida salarial sea una realidad”.

Beatriz Gascó ha señalado que “los sindicatos no pueden engañar a los docentes imponiendo cosas que saben que no se pueden cumplir de forma inmediata. No entendemos que pongan en riesgo una medida tan importante solo por imponer las prisas por una cuestión política. Hay un plazo correspondiente para que esta medida sea efectiva, real y transparente. Tal y como ha dicho la consellera, depende de los presupuestos y meter prisa podría ponerla en riesgo”.

En este sentido, la portavoz de Educación ha defendido que el actual Consell “está mejorando como nunca las condiciones laborales del profesorado, con más docentes, más recursos y un proceso de negociación abierto con los sindicatos. Se ha ejecutado el 89% del Pla Edificant en 2025, la apertura de 8 nuevos centros en 2025 y otros 10 previstos, o la incorporación de más de 8.000 docentes en tres años”.

Por último, Gascó también ha criticado “la hipocresía del PSPV y Compromís por reclamar ahora subidas salariales para el profesorado cuando durante ocho años de gobierno rechazaron de manera reiterada cualquier mejora retributiva. Hasta cinco veces dijo ‘no’ el Botànic a subir el sueldo a los docentes valencianos: No fue un hecho puntual, sino sostenido en el tiempo pese a que en esos años se incrementaron un 40% las transferencias, hubo más fondos FLA, fondos Covid y se incrementó la deuda. Podían haber subido el sueldo un 1% anual, pero no quisieron hacerlo y ahora quieren utilizar a los docentes para hacer política barata”.

La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Nieves Martínez, ha señalado que el archivo por parte de la Fiscalía Superior de la denuncia presentada por el PSPV contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, “demuestra que toda la campaña de difamación impulsada por los socialistas estaba basada en falsedades, insinuaciones y ataques personales”.

Martínez ha lamentado “la persecución política y personal” a la que, a su juicio, el PSPV ha sometido al conseller “con el único objetivo de intentar embarrar una gestión sanitaria seria y centrada en mejorar la atención a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.

“La izquierda ha decidido utilizar los juzgados como herramienta política cuando no tiene proyecto ni propuestas para la sanidad valenciana. Han intentado generar una sombra de sospecha sobre Marciano Gómez y hoy la Fiscalía deja claro que sus acusaciones no tenían recorrido”, ha afirmado.

La diputada popular ha asegurado que “Diana Morant lleva meses instalando bulos y falsedades sobre la sanidad valenciana para intentar sacar rédito político, pero la realidad vuelve a quitarles la razón. Ha mentido de forma reiterada y hoy la Fiscalía desmonta su estrategia de acoso al conseller”.

“Mientras el PSPV se dedica al ruido, este Consell sigue trabajando para reforzar la sanidad pública, reducir listas de espera y garantizar una mejor atención sanitaria a todos los valencianos”, ha concluido.

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Joserra González de Zárate, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez “vuelve a dejar a los valencianos en el vagón de cola” tras conocerse que los nuevos trenes de Cercanías fabricados por Stadler en Albuixech no prestarán servicio en Valencia y se destinarán primero a Madrid y Barcelona.

“Esto es el colmo del agravio: los trenes se fabrican en la Comunitat Valenciana, pero los valencianos ni siquiera podrán utilizarlos. Es decir, que aquí producimos los trenes para que otros territorios disfruten de ellos. Y para nosotros, lo de siempre: un servicio cada vez más deteriorado”, ha lamentado.

González de Zárate ha recordado que el Plan de Cercanías 2017-2025 contemplaba la incorporación de decenas de nuevas unidades para la Comunitat Valenciana, pero que “la realidad es que seguimos con material envejecido, sin renovación y con un servicio impropio de la tercera autonomía de España”. El diputado popular ha señalado que “los usuarios valencianos llevan años soportando retrasos diarios, cancelaciones, averías constantes, estaciones abandonadas, ascensores estropeados, falta de información y trenes masificados”.

Asimismo, ha criticado que “mientras en Cataluña se firman acuerdos a medida y Madrid recibe los primeros convoyes, en la Comunitat Valenciana seguimos esperando inversiones reales”. “El Gobierno socialista ha ejecutado menos de la mitad del Plan de Cercanías prometido y ahora confirma que tampoco llegan los nuevos trenes. Es un abandono en toda regla”, ha afirmado.

González de Zárate ha exigido al ministro Óscar Puente que “deje de dedicar más tiempo a las redes sociales que a gestionar” y ha reclamado “un calendario inmediato para la llegada de nuevos trenes a la Comunitat Valenciana”. “Los valencianos están hartos de ser siempre los últimos en las prioridades de Sánchez: pagamos como todos, pero recibimos mucho menos y viajamos peor”, ha concluido.

El portavoz de Presupuestos del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Gerardo Camps, ha denunciado el “sometimiento y la asfixia fiscal” que, a su juicio, sufren los españoles por parte del Gobierno, pese a los récords históricos de recaudación tributaria.

Durante la sesión de control al Ejecutivo, Camps ha criticado que “se recauda más, se reparte mal, se planifica peor y se gasta donde no se debe”, advirtiendo además de un incremento de la deuda que, según ha señalado, “hipoteca el futuro de los jóvenes”.

El dirigente popular ha preguntado al ministro de Hacienda, Arcadi España, cómo justifica que los ciudadanos paguen más impuestos sin percibir mejoras en su bienestar ni en los servicios públicos. En este sentido, ha enumerado el aumento de la presión fiscal en los últimos años, con subidas de impuestos y cotizaciones y un incremento significativo de la recaudación.

Camps ha subrayado la contradicción que, a su juicio, representa que, con niveles históricos de ingresos, no se traduzcan en mejores servicios. Ha citado ejemplos como deficiencias en el transporte, dificultades en el acceso a servicios públicos o el deterioro de infraestructuras.

Asimismo, ha denunciado la falta de un nuevo modelo de financiación autonómica tras años de Gobierno, lo que, según ha indicado, mantiene tensionados servicios esenciales como la sanidad y la educación.

El senador popular también ha cuestionado la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en los últimos años y ha criticado el nivel de gasto público en determinadas partidas, reclamando mayor eficiencia y responsabilidad en la gestión de los recursos.

El Partido Popular defiende una política económica basada en la eficiencia del gasto, la reducción de la presión fiscal y la mejora de los servicios públicos, en línea con los principios de buena gestión recogidos en su proyecto político.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Fernando Pastor, ha afirmado que, “en materia de inmigración, la izquierda tira la piedra y esconde la mano”. El también síndic del GPP ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “es quien aplica políticas racistas de verdad”, y ha citado como ejemplo el “mercadeo con el reparto por las Comunidades Autónomas de menores migrantes no acompañados por un puñado de votos”.

“Que pregunten a Junts y al PNV cuál ha sido el precio de no tener en sus territorios menores migrantes no acompañados. Que pregunten a Sánchez cuál ha sido el precio de tener los votos de Junts y del PNV para continuar en la Moncloa. Eso, sinceramente, sí que me parece racismo puro y duro”, ha señalado.

Pastor ha aludido al presidente de Cataluña, el socialista Salvador Illa, quien ya advirtió de la necesidad de regular la inmigración en España: “Es una cuestión de sentido común, de querer hacer las cosas como toca cuando estás gestionando”. Una lógica y una coherencia que, en su opinión, la oposición valenciana no se aplica a tenor de las declaraciones del portavoz socialista, José Muñoz. En este sentido, ha considerado que “debe ser duro estar en el PSPV en estos momentos, cuando están encima de la mesa los escándalos del CNIO de Diana Morant, de las estafas del hermano de Ximo Puig, o de José Luis Ábalos y su juicio en el Tribunal Supremo”.

En el marco de este debate, el portavoz del GPP ha defendido que las regularizaciones de inmigrantes “deben ser ordenadas y contar con garantías para aquellos que las van a disfrutar”. De lo contrario, pueden ser tan injustas como no hacerlas.

Pastor se ha preguntado si Joan Baldoví o José Muñoz podrían garantizar si los inmigrantes en la Comunitat Valenciana que se acojan a la regularización masiva “sin presupuesto y sin soporte” decretada por Sánchez van a tener acceso a la vivienda o unas condiciones laborales justas. “No lo pueden garantizar. Ellos funcionan a base de eslogan. Nosotros no. Nosotros intentamos ser serios”, ha concluido.

El PSOE y Compromís han votado esta mañana en las Cortes Valencianas en contra de una iniciativa para luchar contra la despoblación en la Comunidad valenciana. Joaquín Alés, diputado de VOX ha explicado en la Comisión de Audiovisuales que «A pesar de lo que mucha gente pueda pensar, la Comunidad Valenciana es una de las regiones españolas más afectadas por la despoblación , quizás por el desequilibrio territorial. Ya que disponemos de un servicio de radio y televisión pública (À Punt), la idea es proponer a los profesionales de À Punt que estudien la posibilidad de desarrollar y emitir un programa, en el formato que estimen oportuno, que promocione, promueva, visibilice los atractivos y el valor añadido de estas zonas de interior ensalzando su valor.»

La PNL de VOX (Proposición No de Ley) no es una exigencia ni imposición, es una propuesta de estudio para que los periodistas y técnicos de la TV pública valenciana analicen su viabilidad y su carácter complementario con otros programas. Desde VOX no se pretende determinar su contenido ni formato. El diputado de VOX ha declarado en la comisión que «La emisión de programas mostrando los aspectos positivos de los municipios de interior y su potencial es una herramienta positiva, pero sabemos que no sería la solución al complejo problema de la despoblación».

Hay que recordar que, según datos oficiales, en la actualidad existen hasta 178 municipios en la Comunidad con riesgo de despoblación, éstos representan solo el 1,6% de la población, pero ocupan más del 35% del territorio de nuestra región. El fenómeno de la despoblación produce de forma automática el progresivo envejecimiento poblacional, ya que los jóvenes se ven obligados a ir a zonas con más servicios y mayores posibilidades laborales.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Gerardo Camps, ha cuestionado la actuación de la exvicepresidenta y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con los préstamos de rescate concedidos por la SEPI a diversas compañías.

El dirigente del Partido Popular ha señalado que Montero ha reconocido no haber revisado los expedientes antes de aprobar dichos préstamos, lo que, a su juicio, plantea interrogantes sobre la gestión y los procedimientos seguidos. En este sentido, ha solicitado aclaraciones sobre el conocimiento y las decisiones adoptadas durante ese periodo.

Asimismo, el portavoz adjunto del GPP ha expresado su preocupación por la gestión de la SEPI durante esos años, apuntando a la existencia de decisiones relevantes en materia de nombramientos y estructura organizativa que, según ha indicado, requieren una mayor transparencia.

Durante su intervención en la Comisión de Investigación, Camps ha insistido en la necesidad de depurar responsabilidades políticas, subrayando que “la rendición de cuentas es fundamental en el funcionamiento de las instituciones públicas”.

El senador popular ha defendido que el Partido Popular continuará impulsando iniciativas para garantizar la transparencia, el buen gobierno y el correcto uso de los recursos públicos, en línea con los principios de responsabilidad institucional y control democrático.

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