Actualidad Política

5 de abril de 2026

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La portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha acusado al PSPV de “falsear la realidad educativa” y de construir “un relato interesado” frente a los avances impulsados en la Comunitat Valenciana en materia de profesorado, infraestructuras y calidad educativa.

Gascó ha subrayado que “los datos son muy claros”, destacando que en los últimos años se ha producido un incremento de más de 10.000 docentes, lo que supone un aumento del 16%, frente a la falta de planificación en etapas anteriores.

En materia retributiva, ha recordado que las últimas mejoras salariales fueron impulsadas por gobiernos del PP y ha señalado que actualmente se ha abierto un calendario de negociación con los sindicatos para seguir mejorando las condiciones del profesorado.

Asimismo, ha destacado la mejora en la cobertura de sustituciones docentes, que ahora se realizan en un plazo de entre cuatro y siete días, agilizando el funcionamiento de los centros educativos.

En cuanto a infraestructuras, ha criticado la gestión del anterior Consell, señalando que “se presupuestaban 300 millones de euros y apenas se ejecutaban 120”, mientras que en la actualidad se trabaja con planificación y ejecución real.

La portavoz popular también ha puesto en valor el refuerzo de la educación inclusiva, con 82 nuevas unidades específicas, 600 nuevos puestos de personal especializado y aumentos significativos en recursos como fisioterapia, intérpretes de lengua de signos y educadores sociales.

Gascó ha denunciado que “mientras algunos utilizan la educación para hacer política, hay quienes trabajan para mejorarla con hechos”, defendiendo una gestión basada en resultados, planificación y mejora continua del sistema educativo.

El Partido Popular reafirma su compromiso con una educación de calidad, inclusiva y con más recursos, centrada en mejorar las condiciones del profesorado y el aprendizaje del alumnado.

El portavoz de Agricultura del Grupo Popular en Les Corts, Luis Martínez, ha reclamado al Gobierno de España un cambio de rumbo en su política hídrica, exigiendo “más ayudas y menos recortes al trasvase Tajo-Segura” para garantizar el futuro del campo valenciano.

Martínez ha valorado las medidas anunciadas por el Ejecutivo para paliar los efectos de la guerra de Irán, a las que ha dado la bienvenida, aunque ha advertido de que “llegan tarde” y no responden a todas las necesidades del sector.

El dirigente popular ha señalado que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana esperan del Gobierno no solo ayudas puntuales, sino una política hídrica justa que no discrimine al territorio. En este sentido, ha denunciado que ya se han producido 32 recortes al trasvase Tajo-Segura, lo que pone en riesgo el futuro agrícola de amplias zonas del sur de la Comunitat.

“Existe un riesgo real de que los campos de Alicante pasen de ser tierras de cultivo a convertirse en desierto si no se garantiza el agua necesaria”, ha advertido.

Asimismo, Martínez ha criticado que mientras se limita el acceso al agua en la Comunitat Valenciana, el Gobierno destine recursos a infraestructuras hídricas en otros países, lo que considera una muestra de falta de prioridad hacia el campo español.

El portavoz ha defendido una política hídrica basada en criterios técnicos, que garantice el suministro de agua para el desarrollo económico y agrícola, y proteja a las más de 100.000 familias que dependen directa o indirectamente del sector.

En este sentido, ha exigido la ejecución de infraestructuras pendientes como el proyecto Vertido 0 de reutilización de agua depurada, así como una mayor inversión en recursos hídricos.

El Partido Popular reafirma su compromiso con el campo valenciano, apostando por una gestión del agua eficaz, solidaria y orientada a garantizar el futuro del sector agrario.

El portavoz de Agricultura de VOX en las Cortes Valencianas, José Muñoz, ha exigido a la Conselleria de Agricultura la adopción de medidas urgentes para contrarrestar las consecuencias del recorte del 22 % en la Política Agraria Comunitaria (PAC), advirtiendo de que, de no actuar, el sector primario valenciano podría entrar en una grave crisis económica.

Durante su intervención, Muñoz ha señalado que estas políticas “impuestas desde Bruselas” están poniendo en riesgo la viabilidad de agricultores y ganaderos, y ha criticado especialmente el papel de las denominadas salvaguardas en los tratados de libre comercio, que, según ha indicado, no ofrecen una protección efectiva.

En este sentido, ha afirmado que estas medidas llegan tarde y no evitan el impacto negativo de la competencia exterior, lo que agrava la situación del campo valenciano. Además, ha cuestionado la eficacia de los mecanismos actuales frente a la entrada de productos extracomunitarios que no cumplen los mismos estándares sanitarios y de calidad.

El diputado también ha planteado la necesidad de revisar determinadas restricciones derivadas de las políticas medioambientales europeas, especialmente en relación con el uso de fitosanitarios, al considerar que son herramientas fundamentales para hacer frente a plagas que afectan a la producción agrícola.

Asimismo, Muñoz ha preguntado al conseller sobre la posibilidad de establecer líneas de ayudas para sectores especialmente afectados, como el de la uva de mesa y los cítricos, en un contexto que ha calificado de especialmente delicado para el campo.

VOX ha advertido además del impacto de esta situación en el relevo generacional, señalando el aumento de tierras abandonadas en la Comunidad Valenciana, que alcanzaron las 179.000 hectáreas en 2025, como un indicador de la pérdida de rentabilidad y atractivo del sector.

Desde la formación se insiste en la necesidad de proteger el sector primario mediante políticas que garanticen su viabilidad económica, frente a lo que consideran un exceso de regulación y una falta de apoyo efectivo a agricultores y ganaderos.

Las Cortes Valencianas han aprobado en comisión una iniciativa presentada por VOX para instar al Gobierno de España a que no obligue a los conductores a adquirir la baliza V16 como dispositivo de señalización en carretera. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables de VOX y del Partido Popular, y el rechazo de PSOE y Compromís.

El diputado de VOX y portavoz de Obras Públicas, Miguel Pascual, ha defendido la iniciativa señalando que la obligatoriedad de este dispositivo plantea dudas desde el punto de vista técnico y de seguridad vial. En este sentido, ha afirmado que no existen informes concluyentes que acrediten su eficacia en situaciones reales, como condiciones meteorológicas adversas o escenarios de baja visibilidad.

VOX ya había solicitado previamente la suspensión de la obligatoriedad de la baliza V16 hasta contar con estudios técnicos que avalaran su idoneidad. Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio del Interior, la formación ha insistido en que su uso debe ser opcional y que se mantenga la posibilidad de utilizar los triángulos de emergencia tradicionales.

Asimismo, Pascual ha cuestionado el proceso de implantación de este dispositivo, planteando dudas sobre su adecuación a la normativa europea, su sistema de geolocalización y su conexión con la plataforma DGT 3.0, así como sobre la protección de datos de los usuarios.

El diputado también ha señalado el impacto económico de la medida, indicando que afecta a millones de conductores, y ha reclamado mayor transparencia por parte del Gobierno en relación con esta normativa.

Desde VOX se defiende que cualquier medida en materia de seguridad vial debe estar respaldada por criterios técnicos claros y garantizar tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos, en línea con su planteamiento de una gestión pública eficaz y transparente .

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana, a través del portavoz de Agricultura del GPP en Les Corts, Luis Martínez, ha puesto en valor el compromiso del Consell con el relevo generacional en el campo, destacando que las ayudas a jóvenes agricultores triplican las concedidas durante la etapa del Botànic y alcanzan una inversión récord de 29 millones de euros.

El Partido Popular subraya que esta convocatoria es la más ambiciosa hasta la fecha, con 677 solicitantes beneficiarios y ayudas que pueden alcanzar hasta los 80.000 euros por joven agricultor. Estas medidas tienen como objetivo facilitar el acceso a la actividad agraria y garantizar el futuro del sector primario.

Luis Martínez ha señalado que el Partido Popular apuesta por políticas reales que fomenten el relevo generacional, frente a la inacción de anteriores gobiernos. En este sentido, ha recordado que las críticas actuales de Compromís sobre los plazos de resolución carecen de fundamento, ya que se encuentran dentro de los tiempos habituales.

El dirigente popular ha instado a la oposición a “hacer memoria”, recordando que durante la etapa del Botànic los plazos de tramitación fueron significativamente más largos, con resoluciones que llegaron a demorarse más de un año.

El Partido Popular destaca que, además de incrementar la cuantía de las ayudas, se ha ampliado el plazo de solicitud hasta cuatro meses —frente a los dos habituales— atendiendo a las demandas de las organizaciones agrarias y facilitando así el acceso a un mayor número de jóvenes.

Asimismo, Luis Martínez ha puesto en valor las medidas impulsadas por el Consell para abordar los problemas estructurales del sector, como la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 4% para la compra de terrenos agrícolas, la más baja de España.

El Partido Popular reafirma su compromiso con el sector agrario, impulsando políticas concretas, sencillas y eficaces que facilitan la actividad agrícola, en línea con su defensa del empleo, el desarrollo rural y la igualdad de oportunidades en todo el territorio .

El Partido Popular defiende así un modelo basado en el apoyo directo a los agricultores, la modernización del campo y el fortalecimiento de un sector estratégico para la economía valenciana.

El Partido Popular, a través de la portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Candela Anglés, ha defendido la gestión actual del Consell en materia de vivienda y ha criticado duramente la actuación de la izquierda valenciana durante sus años de gobierno.

El Partido Popular subraya que “la izquierda valenciana no puede dar ni una lección sobre vivienda”, recordando que durante los ocho años del Gobierno del Botànic “no se construyó ni una sola vivienda social”.

Candela Anglés ha desmentido las acusaciones del Partido Socialista sobre el supuesto riesgo de pérdida de fondos europeos destinados a vivienda asequible en la Comunitat Valenciana. “No es cierto. Al contrario, el actual Consell ha logrado comprometer la inmensa mayoría de los fondos asignados y ponerlos en ejecución”, ha afirmado.

El Partido Popular denuncia que el anterior Gobierno autonómico fue incapaz de gestionar estos recursos desde su concesión en 2021, comprometiendo “cero euros” en proyectos de construcción de vivienda asequible durante dos años.

Frente a esta situación, el Partido Popular destaca que el actual Ejecutivo autonómico ha impulsado una gestión eficaz, con más de 300 millones de euros comprometidos a finales de 2025 en proyectos de construcción y rehabilitación de vivienda. Estas actuaciones incluyen iniciativas en colaboración público-privada, cooperación con ayuntamientos y ayudas directas a particulares.

El Partido Popular explica que los fondos europeos se abonan mayoritariamente una vez finalizadas las actuaciones, tras la verificación de los proyectos, por lo que rechaza las críticas socialistas y les acusa de “confundir y sembrar bulos”.

Asimismo, Candela Anglés ha señalado que algunos ayuntamientos tuvieron que renunciar a fondos por falta de planificación y apoyo durante la etapa anterior, evidenciando la falta de gestión del Gobierno del Botànic.

El Partido Popular reafirma su compromiso con el acceso a la vivienda, impulsando políticas eficaces que aumenten el parque público y faciliten la rehabilitación, en línea con su defensa de una gestión eficiente de los recursos públicos y el fomento de la colaboración entre administraciones .

Finalmente, el Partido Popular ha instado al Gobierno de España a ampliar los plazos de ejecución de los fondos europeos para garantizar que puedan seguir destinándose a la construcción de vivienda para los valencianos.

El portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular, José Ramón González de Zárate, ha afirmado que “lo que molesta a los socialistas es que Metrovalencia tenga un plan de futuro frente a unos Cercanías abandonados”.

González de Zárate ha respondido así a las críticas de la socialista María José Salvador, aclarando que la Conselleria no ha negado información a la oposición. “Se están cumpliendo los plazos parlamentarios. Hablamos de 41.000 documentos rellenados manualmente por los conductores, por lo que se ha solicitado acotar la petición”, ha explicado.

Garantía de seguridad y crítica al alarmismo

El portavoz popular ha acusado a los socialistas de “irresponsables” por intentar generar alarma, subrayando que la red de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) “cumple todos los protocolos de seguridad”.

Asimismo, ha recordado que fue el anterior gobierno del Botànic el que “abandonó durante años el mantenimiento y las inversiones”, situación que el actual Consell está revirtiendo con un ambicioso plan.

Inversión histórica y recuperación del servicio

González de Zárate ha destacado la puesta en marcha de un plan de inversiones de 830 millones de euros para el periodo 2026-2030, lo que supone una inversión media diaria de 460.000 euros, orientada a transformar la red de Metrovalencia.

Además, ha puesto en valor la rápida recuperación del servicio tras las inundaciones de octubre de 2024, alcanzando el 100% de la movilidad en pocos meses y la apertura de la nueva estación de València Sud.

Comparación con Cercanías

El portavoz del PP ha contrastado esta gestión con la situación de la red de Cercanías dependiente del Gobierno de Óscar Puente, denunciando retrasos en la reconstrucción y la falta de servicio en varios municipios.

“Mientras Metrovalencia ha recuperado su servicio en tiempo récord, hay localidades que siguen sin conexión ferroviaria más de un año después”, ha señalado.

Exigencia al Gobierno central

Desde el Partido Popular se ha criticado el incumplimiento de los planes de inversión y conservación en Cercanías, asegurando que superan el 50% de lo comprometido.

“El Partido Popular defiende una gestión eficaz, con inversiones reales y resultados, frente a la dejadez del Gobierno central en infraestructuras clave para la Comunitat Valenciana”, ha concluido.

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha presentado y sacado adelante una enmienda de modificación en la Comisión de Educación y Cultura de Les Corts para rechazar la imposición obligatoria del menú halal en centros públicos, especialmente en comedores escolares.

El diputado del Partido Popular, Eduardo Dolón, ha defendido que la organización de los comedores debe regirse por criterios de nutrición, equilibrio alimentario y calidad, conforme a las recomendaciones profesionales, y no por la imposición de prácticas de carácter religioso.

“Obligar a un menú halal a quien no lo ha solicitado no responde a criterios nutricionales ni educativos”, ha afirmado Dolón, quien ha criticado el borrador del real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez por intentar imponer esta medida en los comedores públicos.

El parlamentario popular ha señalado que la solución pasa por ofrecer alternativas que respeten la diversidad, sin imponer certificaciones religiosas en la organización de un servicio público. “Se trata de garantizar que todos los usuarios puedan acceder al comedor sin restricciones, pero sin imponer modelos únicos”, ha añadido.

Asimismo, el Partido Popular ha reiterado su defensa de la libertad religiosa, subrayando que España es un Estado aconfesional, lo que implica que ninguna práctica religiosa puede imponerse como norma general para todos los ciudadanos.

En este sentido, Dolón ha advertido de que la universalización de un menú religioso como el halal para todos los alumnos “no es compatible con el marco constitucional ni con los principios de igualdad y libertad”.

El Partido Popular reafirma así su compromiso con una educación basada en la libertad, el respeto y la calidad de los servicios públicos.

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