Actualidad Política

Día 10 de octubre de 2025

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El portavoz de Medio Ambiente del GPP, Salvador Aguilella, ha solicitado al resto de grupos parlamentarios en Les Corts que apoyen esta semana una propuesta del GPP en la que se exige al Gobierno de Sánchez desbloquear los pagos a la cogeneración y poner en marcha el nuevo marco regulatorio que leva dos años de retrasos.

Aguilella ha explicado que “se trata de respaldar y promover el sector de la cogeneración en la Comunitat Valenciana. La propuesta, de vital importancia, impacta positivamente en el ámbito energético y en sectores industriales esenciales como el cerámico, la alimentación, la industria del papel, el textil, entre otros. El sector necesita seguridad jurídica y certidumbre regulatoria, y es imperativo que todos los grupos políticos en estas Cortes apoyen estos objetivos esenciales para la sostenibilidad y el crecimiento de la cogeneración en la Comunitat Valenciana”.

El portavoz popular ha explicado que “los sectores productivos que utilizan la cogeneración están muy preocupados por la incertidumbre y falta de seguridad jurídica que rodea a la cogeneración desde hace más de dos años. Por eso solicitamos la convocatoria urgente de la actualización de los sistemas retributivos y de las subastas de 1.200 megavatios paralizadas desde 2021”.

Además, la propuesta que se debatirá en el pleno de Les Corts de esta semana reclama al Ejecutivo central la prórroga de dos años de la operatividad de las plantas hasta que se culmine el nuevo marco jurídico. “Muchas plantas están paradas porque han agotado su vida útil y no pueden instalar nuevas sin un marco jurídico para acometer inversiones de renovación tecnológica, lo que genera mayores costes energéticos y la emisión de más gases efecto invernadero a la atmósfera», ha añadido.

Por último, Salvador Aguilella ha manifestado que “el Ministerio de Transición Ecológica, con su responsable Teresa Ribera al frente, debe pagar lo que se les debe a las empresas. Acaba de publicar las retribuciones del segundo semestre de 2023 con diez meses de retraso y ya son más de 50 millones de euros de atrasos. Las empresas están financiando un lastre millonario por incompetencia o negligencia del gobierno de Sánchez”.

El portavoz de Medio Ambiente del GPP, Jesús Lecha, ha pedido al Gobierno de Sánchez “crear un Fondo Forestal Nacional para una mejor y más eficiente gestión de los montes ya que actualmente muy pocos montes son económicamente viables, por lo que su aprovechamiento resulta imposible y genera altas tasas de abandono”.

El diputado popular ha explicado que “su grupo ha presentado una iniciativa legislativa con el objetivo de establecer a los titulares de los montes una compensación para llevar a cabo una gestión sostenible. Queremos proteger e incentivar las masas forestales generadoras de servicios ambientales frente a los factores que las amenazan”.

“Potenciar el efecto sumidero de nuestros montes, fijar de acuerdo con criterios técnicos, la asignación de incentivos con arreglo a objetivos ambientales y sociales puede llevar consigo la creación de puestos de trabajo en las zonas forestales y por tanto luchar contra la despoblación”.

Lecha ha asegurado que “es fundamental regular de manera adecuada dicho Fondo Forestal Nacional garantizando la participación de las comunidades autónomas y sus respectivas legislaciones en materia forestal”.

Así, Lecha ha recordado que “pese a que la mayoría de los montes españoles no son rentables los tenemos que cuidar y mantener porque tienen un papel fundamental en la regulación de los ciclos del agua, en cantidad y en calidad, mitigando inundaciones y grandes avenidas cuando hay exceso de precipitaciones, lo que permite recargar acuíferos para tener reservas en épocas secas”.

El síndic del GPP, Miguel Barrachina, ha presentado una PNL de reprobación en Les Corts a la ministra Teresa Ribera “por abandonar la Albufera al negarle el agua prometida e indispensable”.

Barrachina ha señalado que “la señora Ribera ha engañado a los valencianos e incumplido las normas que protegen el paraje natural de la Albufera. Se comprometió en febrero a que llegarían 20 hectómetros cúbicos hasta el 15 de mayo. Y pasada esa fecha, tan solo han llegado dos, poniendo en gravísimo riesgo la supervivencia de nuestro paraje natural y la propia actividad de los agricultores”.

Miguel Barrachina ha acusado a la ministra Teresa Ribera de “mentir tres veces: cuando dijo que iba a aprobar las aportaciones extraordinarias del Turia y del Júcar a la Albufera; cuando prometió venir a la Albufera a firmar el plan de emergencias y no lo ha hecho; y ahora al intentar negar la realidad”.

“Es la gota que colma el vaso en una sucesión de agravios de la ministra Ribera con la Comunitat Valenciana, recortando el trasvase Tajo-Segura, desprotegiendo las costas valencianas e imponiendo macroplantas solares en contra del sentimiento general. Estamos hartos de sus mentiras y de sus continuos incumplimientos de la ley. Exigimos que el Gobierno central cumpla con su compromiso y no demore más el envío de agua que necesita la Albufera”, ha añadido.

El síndic popular ha concluido que “es muy grave lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez al abandonar la Albufera, una de las reservas biológicas medioambientales más importantes que tiene Europa, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”.

En concreto, en la PNL se solicita “reprobar a la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, por:

Su incumplimiento en el envío de 20 hectómetros cúbicos de agua, tras vencer el plazo estipulado el 15 de mayo de 2024, para equilibrar las necesidades urgentes del parque natural de la Albufera. Así como por no haberse adherido al Plan de Emergencia para el parque natural propuesto por la Generalitat.

  1. Los reiterados recortes en las aportaciones de agua que recibe el trasvase Tajo-Segura.
  2. La ejecución llevada a cabo de la Ley de Costas contraria a los intereses de nuestro territorio.
  3. La imposición de macroplantas fotovoltaicas en contra del criterio general de la población afectada y de los informes de Territorio y Paisaje de la Generalitat Valenciana”.

La coordinadora de la Convención Social y Vicepresidenta segunda de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero y la directora de campaña de las elecciones europeas del PPCV, Laura Chulià han presentado hoy la Convención Social que celebrará el PPCV el próximo sábado 25 de mayo y que bajo en lema “El cambio más social” hablará sobre sanidad, educación, políticas sociales y vivienda. Así Camarero ha afirmado que “el objetivo de este encuentro es ahondar en estas políticas porque creemos que el cambio o es social o no es cambio”

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, y la secretaria general del PPCV, Cuca Gamarra clausurarán esta convención que contará con la participación de los 3 presidente provinciales.

Así, Camarero ha explicado que “es importante que la primera convención que celebra el PPCV después del 28M es sobre políticas sociales y ha recordado que “el 83% del presupuesto de la Generalitat Valenciana está destinado a políticas sociales y lo mismo ocurre en los ayuntamientos gobernados por el PPCV”.

“Queremos hablar de las políticas sociales que se llevan a cabo desde el Consell y de las que se llevan a cabo en las diputaciones y los diferentes municipios. Los gobiernos del cambio trabajan en el cambio social, tanto en la forma como en fondo”, ha afirmado.

En este sentido, Susana Camarero ha afirmado que “estamos saliendo a la calle y manteniendo reuniones porque queremos hacer escucha activa con las entidades para saber qué camino tenemos que tomar. Escuchamos y recogemos iniciativas y propuestas. También ha cambiado en el fondo porque se trabaja en cuestiones prioritarias que preocupan en el día a día”.

La Convención del próximo sábado 25 contará con 4 mesas en las que se hablará de educación y familia, libertad educativa, problemas de salud mental y juventud y vivienda. En esta convención participarán alcaldes y portavoces que contarán sus experiencias locales.

Por su parte, la directora de la campaña electoral, Laura Chulià, ha explicado que “desde el pasado mes de enero hemos trabajado un grupo multidisciplinar de 19 personas no solo del ámbito de la administración autonómica sino también local y provincial”.

“El objetivo ha sido escuchar a la sociedad civil para avanzar en la consolidación de las mejores políticas sociales para todos los valencianos. Nos hemos reunido con 117 asociaciones, tercer sector y entidades sociales, educativas, profesionales, etc., en una clara intención de tener presencia en cada una de las tres provincias, con la intención de conseguir el ámbito más social de la Comunitat Valenciana”.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que «llega la inversión en la Comunitat Valenciana» y ha anunciado que en los próximos meses se producirán «importantes acuerdos e inversiones» gracias a «la simplificación de la Administración y las trabas, la eliminación de prejuicios y la rebaja de impuestos” para que este Consell “cree en los planes estratégicos para invertir en la Comunitat Valenciana”.

Así se ha pronunciado en la sesión de control de Les Corts donde ha reivindicado, en su respuesta al grupo parlamentario VOX, el Plan Simplifica diseñado “para simplificar y mejorar la vida y la relación de los ciudadanos y el sector empresarial con el Administración”.

En ese sentido, reprochó a la oposición que «durante ocho años no fuera capaz de ponerlo en marcha ni con una sola orden, ni con una sola resolución».

Carlos Mazón ha destacado que una de las principales medidas de este plan será la aprobación de un decreto ley de simplificación administrativa que afectará al conjunto de entidades de la Comunitat Valenciana con el fin de que la transformación y la simplificación de la administración «llego a todos» y cuyo principio general será el «de mínima intervención administrativa pero con todas las garantías».

El jefe del Consell ha enumerado algunas de las principales medidas del Plan Simplifica dirigidas al sector empresarial como la creación de la Oficina de Simplificación Administrativa y Gobierno del Dato que no supondrá «ningún coste de personal».

Asimismo, se ha referido a la puesta en marcha de la figura de los proyectos de interés autonómico para tramitar de «manera urgente y preferente» los planes estratégicos de nuestro territorio.

Igualmente, ha hecho hincapié en la creación del Canal Empresa para «saber en qué mesa está paralizado cada expediente» además de potenciar la declaración responsable por encima de la licencia pero «reforzando el sistema de control y las sanciones». Así, ha subrayado que «las sanciones podrán llegar hasta el millón de euros».

Por último, ha destacado la estrategia para reducir la brecha digital y garantizar la igualdad de acceso por parte de la ciudadanía a los servicios públicos.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que “estamos trabajando para atraer talento, captar nuevas inversiones y demostrar que la Comunitat Valenciana es una comunidad líder en España”. Así se ha manifestado durante la clausura de la presentación de Lideremos Comunitat Valenciana.

Lideremos es una lanzadera del talento y liderazgo formada por jóvenes que impulsa y potencia leyes con perspectiva joven. Actualmente están trabajando en dos grandes temas: reducir la burocracia a la hora emprender y mejorar la legislación en materia de salud mental.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha recordado que nos encontramos en un momento “donde el emprendimiento es fundamental para nuestro crecimiento económico”, por lo que la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el Plan Simplifica para “convertirnos en una tierra más abierta y dinámica, demostrando que menos administración puede suponer más a toda la sociedad”.

Asimismo, el president ha reiterado que otra de las preocupaciones del Consell es la salud mental porque “en un mundo cada vez más complejo y demandante” es fundamental “promover una sanidad de calidad que atienda los problemas que afectan a nuestros ciudadanos”. Es por esto que la Generalitat ha puesto en marcha el Plan de Salud Mental y Adicciones 2024-2027 que “proporcionará recursos y un apoyo vital para aquellos que luchan una de las batallas más complicadas”.


Carlos Mazón ha agradecido a los miembros de Lideremos su decisión de “labraros el futuro y la responsabilidad que esto implica” y su dedicación a “pensar en común y aportar un poco de vuestro grandísimo talento a cosas que pueden ser buenas para todos”.

El diputado del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Joaquín Alés, se ha dirigido en el Pleno de este miércoles al Síndico de Agravios, Ángel Luna y ha hecho referencia a que “me gustaría centrarme en el análisis del funcionamiento de la Administración o más bien, en la eficacia de la Administración. Usted tomó posesión en el año 2019, denunciando los retrasos intolerables en las valoraciones de dependencia.”

“No obstante, si observamos las memorias de los últimos años, efectivamente, los mismos bloques se repiten como principales canalizadores de las quejas: Dependencia, Renta Valenciana de Inclusión, discapacidad y vivienda. Por lo tanto, la primera cuestión que le planteo es si considera que su labor al frente del órgano estatutario es eficaz.”

En esta línea, Alés ha recordado que “el Síndico de Agravios es la conciencia crítica de la Administración, sin embargo, observamos un número parecido de quejas en bloques año tras año de manera que la sensación que uno tiene es que el Síndico cumple con su deber establecido por Ley, se busca proteger los derechos del administrado, pero da la sensación de que la respuesta de la Administración es concreta, coyuntural pero no estructural.”

El diputado se ha vuelto a dirigir a Luna y le ha preguntado “si está la Administración valenciana preparada y tiene medios suficientes para satisfacer esos derechos prestacionales. Es evidente que se han desarrollado una serie de derechos de naturaleza prestacional en favor del administrado valenciano, hablamos de dependencia, de Renta Valenciana de Inclusión y acceso a la vivienda.”

“En materia de vivienda, es un tema tremendamente complejo. En la Comunidad Valenciana existe una Ley de 2017 por la Función social de la Vivienda que encomienda a la Administración en su artículo 2 garantizar el acceso a la vivienda a población vulnerable.”

Alés ha recordado que “la respuesta de la Administración valenciana en tiempos del Gobierno de izquierdas fue establecer un procedimiento administrativo al que la persona vulnerable debía apuntarse. Este incumplía sistemáticamente el plazo de 6 meses. Si tras dos años no se había obtenido respuesta, la persona vulnerable debía buscarse la vida, peregrinar buscando potenciales planes de ayuda en concurrencia competitiva, hasta donde alcanzase el crédito. No había tutela de la Administración.”

“Es muy bonito lanzarse a redactar una Ley de función social de la vivienda, porque somos de izquierdas y lo vendemos muy bien a la prensa y a la población. Pero luego lo que monto es un entramado burocrático que no busca satisfacer los derechos de los más vulnerables, lo que busca es vender fachada y colocar el mensaje publicitario.”

Finalmente, Alés ha hecho hincapié en que “en la web de la Generalitat un hay un documento denominado ‘Evolución Anual de la Infrafinanciación de la Dependencia’, donde se observa como el Gobierno central incumple sistemáticamente su obligación legal de aportar fondos para la dependencia hasta alcanzar una deuda de más de 3.000 millones de euros, más del 50% de la misma generada desde el año 2018, año de la llegada del PSOE al Gobierno de España, viendo este documento, me atrevería a afirmar que han dejado desamparada a la Administración valenciana en un asunto tan básico y esencial como la dependencia.”              

El diputado del Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas, Miguel Pascual, ha afirmado en el Pleno de hoy que “la iniciativa presentada por el PSOE se basa en una burda mentira. Es una ‘fake news’ de manual. En el Parlamento Europeo en ningún momento se estaba votando la inclusión, o no del corredor Mediterráneo tal y como afirman en su iniciativa.”

“Lo que se estaba votando era una modificación de la red transeuropea de transporte, que es el mapa de infraestructuras de transporte que debe vertebrar el territorio europeo. En ella ya estaba incluido el corredor Mediterráneo desde el año 2013. Por tanto, nuestros europarlamentarios, también votaron en contra de esta modificación. Y lo hicieron totalmente conscientes y con toda la intencionalidad del mundo.”

Pascual se ha dirigido a los socialistas y les ha recordado que “parece mentira que ostentando la presidencia de la Unión Europea el señor Pedro Sánchez realice unas negociaciones para modificar este plan donde precisamente quien sale perjudicado es España, porque no se incluyen en ella infraestructuras clave en regiones como Andalucía y Galicia. Tal vez a ustedes ya no les importen porque ya no gobiernan en ellas, pero a nosotros sí.”

En esta línea, el diputado ha explicado que “lo que el Partido Socialista pretende con esta iniciativa no es más que intentar seguirle dando bombo a esta ‘fake news’ que ha sido iniciada por parte del Gobierno de España en el Parlamento Europeo con el consecuente autobombo y repercusión perfectamente orquestado.”

“Aquí los que tienen que dar explicaciones son los eurodiputados socialistas y más concretamente el señor Pedro Sánchez, que habría que preguntarle por qué se aprueba una modificación de esta red transeuropea y se deja fuera esta serie de infraestructuras claves para España, y los europarlamentarios socialistas españoles les parece bien.”

Finalmente, Pascual ha hecho hincapié en que “entiendo que traigan esta iniciativa para intentar amilanar al Partido Popular porque ya les ha funcionado en el pasado. Pero nosotros no somos el Partido Popular y nos enorgullecemos de votar en contra de sus políticas cuando son contrarias a los intereses españoles. Por eso denunciamos su pacto verde y por supuesto que vamos a borrar del mapa su diabólica agenda 2030.”

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