Actualidad Política

25 de junio de 2026

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El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Castellón ha registrado una declaración institucional para visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores autónomos y pequeños empresarios, a quienes considera “uno de los pilares fundamentales de la economía local y nacional”.

La iniciativa busca impulsar medidas de apoyo frente al aumento de costes, la presión fiscal y las trabas burocráticas que, según la formación, están dificultando gravemente la actividad de miles de profesionales por cuenta propia.

El portavoz adjunto de VOX en el Consistorio, Alberto Vidal, ha destacado el papel esencial que desempeñan autónomos, comerciantes, hosteleros, transportistas, agricultores y pequeños empresarios en el mantenimiento del tejido económico de Castellón.

“Son quienes sostienen realmente la actividad económica de nuestros barrios y quienes abren sus negocios cada día en condiciones cada vez más difíciles”, ha señalado.

VOX ha advertido de que la combinación de subida de cotizaciones, incremento de impuestos, inflación y encarecimiento de suministros está llevando a muchos pequeños negocios “a una situación límite”.

“Mantener la actividad se está convirtiendo en un esfuerzo prácticamente heroico”, ha afirmado Vidal.

La formación considera que la desaparición progresiva del comercio local no solo supone un problema económico, sino también social, al afectar directamente al empleo de proximidad y a la vida de los barrios.

Alberto Vidal ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de impulsar políticas que “incrementan costes sin tener en cuenta la capacidad real de resistencia de los autónomos”.

Asimismo, ha defendido la necesidad de avanzar hacia un marco normativo “más sencillo, más estable y menos gravoso”.

VOX reclama además que la administración pública “deje de ser un obstáculo” para quienes quieren emprender o mantener abierto su negocio.

Entre las propuestas incluidas en la declaración institucional, la formación solicita que el Ayuntamiento de Castellón reconozca institucionalmente la labor de los trabajadores autónomos y pequeños empresarios por su contribución al empleo y al comercio local.

VOX plantea también impulsar medidas de simplificación administrativa y reducción de cargas burocráticas para facilitar la creación y consolidación de pequeños negocios.

Además, la formación quiere que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a reducir cotizaciones, aliviar la presión fiscal y reforzar las medidas de apoyo a los autónomos con menores ingresos.

La propuesta incluye igualmente solicitar a la Generalitat Valenciana ayudas directas “ágiles y efectivas” para compensar el incremento de costes y garantizar la continuidad de la actividad económica.

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha asegurado que la Comunitat Valenciana dispone actualmente de “los mayores recursos de la historia” destinados a inclusión educativa gracias a la apuesta del Consell por reforzar la atención al alumnado con necesidades especiales.

Gascó ha destacado especialmente la creación de 118 aulas específicas para alumnado con necesidades educativas especiales, una medida que supone una inversión de 48,2 millones de euros y duplica el número de aulas habilitadas durante la pasada legislatura.

“Esta es una inversión necesaria para que la inclusión educativa no dependa únicamente del esfuerzo personal de los docentes”, ha afirmado.

La portavoz popular ha defendido que, frente al modelo impulsado por el Botànic, “basado en decretos sin financiación”, el actual Consell ha puesto en marcha “una apuesta presupuestaria real” para garantizar que la inclusión educativa sea efectiva en las aulas.

“Hoy la inclusión educativa cuenta con los mayores recursos de la historia”, ha subrayado.

Asimismo, Gascó ha explicado que el refuerzo educativo incluye la incorporación de 700 docentes especializados, la llegada de otros 135 profesionales el próximo curso, el aumento de personal no docente de apoyo y la puesta en marcha de 22 unidades de detección precoz de salud mental.

Según ha señalado, estas medidas buscan también aliviar la presión diaria que afrontan muchos centros educativos y profesionales.

“Mejorar la educación pública implica acompañar y reforzar a quienes la sostienen cada día en las aulas”, ha destacado.

La diputada popular ha asegurado que el Consell está trabajando para ofrecer “las mejores condiciones posibles” tanto a docentes como a familias y alumnos tras una etapa marcada, según ha denunciado, por “más carga administrativa, problemas de inclusión, carencias salariales y falta de infraestructuras”.

Gascó también ha criticado la gestión educativa del anterior Gobierno del Botànic, recordando que el Decreto de Inclusión aprobado entonces “carecía de dotación presupuestaria suficiente”.

“Mucho discurso y muchas declaraciones, pero ninguna financiación específica para garantizar su aplicación efectiva”, ha afirmado.

Por último, la portavoz popular ha insistido en que el actual Gobierno valenciano ha pasado “de las palabras a los hechos”.

“Ahora hay recursos, profesionales y una apuesta presupuestaria real para que la inclusión educativa deje de ser una declaración de intenciones y se convierta en una realidad”, ha concluido.

La portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Mari Carmen Contelles, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez “retiene dinero que pertenece a los valencianos” y ha aclarado que los anticipos a cuenta de la financiación autonómica “no son ayudas extra del Estado ni rescates a la Comunitat Valenciana”.

“Los socialistas valencianos intentan vender como un rescate lo que en realidad es dinero de los valencianos que el Gobierno central retiene hasta julio”, ha afirmado Contelles.

La dirigente popular ha criticado que las entregas a cuenta correspondientes a la Comunitat Valenciana no se hayan actualizado este año y que incluso en abril “se haya vuelto a niveles de 2023”, provocando que la comunidad haya dejado de recibir 160 millones de euros “que sí le corresponden”.

“Desde principio de año estamos recibiendo las mismas entregas que el año pasado, sin actualización alguna, y eso perjudica directamente a la Comunitat Valenciana”, ha señalado.

Contelles ha recordado además que durante la etapa del Botànic, el propio Gobierno valenciano socialista reclamó en repetidas ocasiones anticipos al Ejecutivo central.

“Puig llegó a solicitar hasta 5.000 millones de euros en anticipos, por lo que resulta sorprendente que ahora el PSPV pretenda presentar esto como una ayuda extraordinaria”, ha apuntado.

La portavoz económica del PPCV ha insistido en la necesidad de aprobar un Fondo de Nivelación Transitorio que permita compensar la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana hasta la reforma definitiva del sistema de financiación autonómica.

“Si existiera ese fondo que venimos reclamando desde el Partido Popular, no sería necesario estar reclamando anticipos constantemente”, ha explicado.

Asimismo, Contelles ha acusado al Gobierno de Sánchez y al PSPV de defender un modelo de financiación “pensado para contentar a ERC y a los socios independentistas” en lugar de garantizar la igualdad entre territorios.

“La Comunitat Valenciana no necesita el cupo catalán de ERC, necesita una financiación justa para todos los españoles”, ha afirmado.

La dirigente popular también ha pedido al socialista José Muñoz que exija explicaciones a Pedro Sánchez por no haber aprobado todavía un nuevo sistema de financiación autonómica pese a llevar años gobernando.

“Sánchez sigue tratando a los valencianos como ciudadanos de segunda”, ha denunciado.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana defiende un modelo de financiación justo, solidario y sin privilegios territoriales que garantice la igualdad entre todos los españoles.

El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes Valencianas ha registrado una iniciativa para instar al Consell a solicitar al Gobierno de España una ley de financiación específica para la ELA que garantice los recursos económicos necesarios, determine el origen de los fondos y establezca un calendario concreto para su puesta en funcionamiento.

La portavoz adjunta de VOX en las Cortes Valencianas, Ana Vega, ha defendido la necesidad urgente de reforzar la atención a los pacientes que padecen esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y a sus familias.

“La ELA es una enfermedad neurodegenerativa irreversible que afecta gravemente tanto a quienes la padecen como a todo su entorno familiar y asistencial. Es imprescindible exigir al Gobierno que garantice los recursos necesarios para asegurar una atención digna y un sistema de dependencia verdaderamente centrado en las personas”, ha señalado Vega.

VOX alerta del elevado coste que soportan las familias con enfermos de ELA

Según los datos expuestos por la formación, en la Comunidad Valenciana viven actualmente más de 700 personas con ELA y cada año se registran alrededor de 100 nuevos casos. A nivel nacional, se diagnostican tres nuevos casos diarios y más de 4.000 personas conviven actualmente con esta enfermedad en España.

VOX recuerda además que la ELA es ya una de las patologías neurodegenerativas más frecuentes, solo por detrás del Alzheimer y el Parkinson.

Ana Vega ha advertido de que muchos pacientes requieren atención permanente durante las 24 horas del día, tratamientos invasivos y cuidados especializados cuyo coste económico recae en la mayoría de los casos directamente sobre las familias.

“Se estima que cerca del 94 % de las familias no puede asumir económicamente todos los tratamientos y cuidados necesarios para garantizar una vida digna a los enfermos”, ha denunciado.

VOX acusa al Gobierno de bloquear durante años la Ley ELA

Desde VOX recuerdan que desde el año 2021 distintos grupos parlamentarios, especialmente VOX, impulsaron en el Congreso iniciativas legislativas dirigidas a garantizar los derechos de las personas con ELA.

Sin embargo, la formación denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez paralizó reiteradamente estas propuestas mediante sucesivas prórrogas parlamentarias, provocando incluso el decaimiento de algunas iniciativas.

VOX sostiene que posteriormente volvió a registrar una nueva Ley ELA, que también fue bloqueada por el Ejecutivo central.

Actualmente existe una Ley ELA aprobada, pero VOX critica que el Gobierno no la haya dotado todavía de financiación suficiente para garantizar su aplicación efectiva.

“Resulta imprescindible reforzar un sistema de dependencia ágil, equitativo y centrado en las personas, asegurando tanto la dignidad y calidad de vida de los pacientes como el apoyo real a sus familias y cuidadores”, ha insistido Ana Vega.

La iniciativa registrada por VOX busca garantizar que los enfermos de ELA dispongan de una financiación estable y suficiente que permita cubrir sus necesidades asistenciales y evitar que el peso económico recaiga exclusivamente sobre las familias.

VOX Paiporta ha registrado una propuesta para que el Pleno del Ayuntamiento solicite la comparecencia de la exalcaldesa del municipio en la Comisión No Permanente de Investigación sobre la gestión municipal de la DANA del pasado 29 de octubre de 2024.

La iniciativa, presentada por el portavoz municipal de VOX, Daniel Furió, tiene como objetivo reactivar las comparecencias dentro de la comisión y avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido durante la jornada en la que Paiporta se vio gravemente afectada por las inundaciones y la emergencia provocada por la DANA.

Desde VOX señalan que esta petición responde a la necesidad de garantizar transparencia institucional y conocer con detalle cómo se gestionó la emergencia desde el Ayuntamiento.

La propuesta llega después de que distintas solicitudes realizadas por VOX en el seno de la comisión fueran rechazadas por PSOE y Compromís. Entre ellas, peticiones relacionadas con informes de llamadas y correos mantenidos con la Delegación del Gobierno, así como determinadas comparecencias que el grupo municipal considera relevantes para reconstruir la gestión de aquella jornada.

VOX reclama conocer qué decisiones se tomaron durante la emergencia

El punto central de la iniciativa es la comparecencia de la alcaldesa que dirigía el municipio en el momento de los hechos, con el fin de aclarar qué información manejaba el Gobierno municipal, qué decisiones se adoptaron y cómo se coordinó la actuación de los servicios municipales durante la DANA.

VOX Paiporta insiste en que esta solicitud no supone una acusación previa, sino una exigencia de responsabilidad política y transparencia ante una tragedia que afectó de forma directa a numerosos vecinos del municipio.

“Los vecinos de Paiporta tienen derecho a saber qué ocurrió, qué decisiones se tomaron y bajo qué criterios se actuó durante la emergencia”, sostienen desde la formación.

Además de la exalcaldesa, VOX también solicita la comparecencia de concejales responsables de áreas relacionadas con la gestión de la DANA, así como responsables del área de Comunicación municipal.

Según el grupo municipal, resulta necesario analizar cómo se gestionaron los avisos, la información institucional y las comunicaciones dirigidas a la población durante las horas más críticas de la emergencia.

VOX pide acceso a las comunicaciones con Delegación del Gobierno

Otro de los aspectos destacados de la propuesta es la reclamación de información sobre las comunicaciones mantenidas entre el Ayuntamiento y otras administraciones, especialmente con la Delegación del Gobierno encabezada por Pilar Bernabé.

VOX considera que conocer las llamadas, correos electrónicos y mecanismos de coordinación utilizados puede ser clave para determinar el nivel de coordinación institucional existente durante la DANA.

Desde la formación insisten en que la comisión de investigación debe cumplir el objetivo para el que fue creada: esclarecer los hechos, analizar la actuación municipal y extraer conclusiones útiles para mejorar la respuesta ante futuras emergencias.

“Una comisión de investigación debe servir para conocer qué se sabía, quién tomó las decisiones y cómo se actuó en cada momento”, subraya VOX Paiporta.

El grupo municipal defiende que esclarecer lo sucedido resulta fundamental para reforzar la confianza de los vecinos en las instituciones y evitar que una situación similar vuelva a generar dudas sobre la gestión pública ante una emergencia de gran magnitud.

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha señalado que “la Conselleria de Educación ha vuelto a demostrar su voluntad de diálogo y acuerdo sentándose de nuevo con los representantes sindicales, pero estos han preferido prolongar el conflicto”.

“Al parecer, el dinero sí que es la excusa de los sindicatos para dinamitar el fin de curso”, ha añadido.

Gascó ha recordado que el actual Consell ha mantenido un total de 29 reuniones con los sindicatos desde septiembre, lo que, a su juicio, “desmonta el relato de quienes intentan presentar a la Generalitat como una administración cerrada al diálogo”.

“Nunca antes había existido una negociación tan constante y abierta, por eso desde el PPCV hacemos una llamada al entendimiento por el bien de los estudiantes”, ha afirmado.

La diputada popular ha defendido que la propuesta planteada por la Conselleria de Educación “incluye avances reales en cuestiones fundamentales para el sistema educativo valenciano y el bienestar de los docentes”.

Entre las medidas destacadas, ha citado la reducción progresiva de ratios, el refuerzo de la inclusión educativa con 36 nuevas aulas UECO, la simplificación burocrática, la mejora de la formación docente y nuevas iniciativas contra la despoblación escolar.

Asimismo, Gascó ha puesto en valor “el mayor esfuerzo educativo de los últimos años” realizado por el Consell, con más de 8.000 docentes incorporados durante la legislatura, una inversión anual récord y el mayor plan de infraestructuras educativas de la historia reciente de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, ha lamentado que “solo en reconstrucción escolar tras la dana la Generalitat esté asumiendo en solitario cerca de 170 millones de euros mientras el Gobierno de España sigue desaparecido”.

La portavoz popular también ha subrayado que la Conselleria mantiene abierta la negociación, incluyendo propuestas para avanzar en mejoras salariales para el profesorado, algo que, según ha recordado, “PSPV y Compromís rechazaron hasta cinco veces durante los ocho años del Botànic”.

Gascó ha querido trasladar el “apoyo absoluto” del PPCV a los docentes valencianos.

“Nuestro apoyo a los profesores es absoluto y precisamente por ellos hemos puesto sobre la mesa mejoras que los sindicatos están bloqueando; no se puede confundir la cerrazón de las siglas sindicales con el sentir de unos profesionales que quieren trabajar con mejores condiciones, menos burocracia y estabilidad”, ha señalado.

Por último, ha apelado a la “responsabilidad” de los sindicatos para evitar que el conflicto perjudique al alumnado valenciano.

“Más de 30.000 estudiantes se juegan en pocas semanas el acceso a la universidad. Tienen derecho a examinarse y terminar el curso con normalidad y garantías”, ha concluido.

El Partido Popular de la Comunitat Valenciana defiende una educación pública de calidad, basada en el diálogo, la estabilidad y el apoyo a docentes y alumnos.

La portavoz de Violencia sobre la Mujer del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Verónica Marcos, ha defendido hoy las políticas impulsadas por el Consell Juanfran Pérez Llorca en materia de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer.

Marcos ha asegurado que el actual Gobierno valenciano trabaja “con más recursos, más protección y más atención real a las víctimas” frente a “un feminismo impostado y de pancarta más preocupado por el relato que por las mujeres”.

La dirigente popular ha destacado que el Consell ha creado un Comisionado específico para esta materia y ha incrementado un 50% el presupuesto destinado a violencia sobre la mujer respecto a la etapa del Botànic.

“Mientras algunos redactan manifiestos y buscan titulares, este gobierno abre centros, amplía plazas, contrata profesionales y mejora la atención real a mujeres y menores”, ha afirmado.

Entre las principales medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico, Verónica Marcos ha destacado la puesta en marcha de los tres Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual en las capitales de provincia, el nuevo Centro Mujer de Elche y la ampliación de plazas residenciales y recursos para víctimas de explotación sexual.

Asimismo, ha subrayado la mejora de la atención telefónica y jurídica, las campañas de prevención en institutos, los programas para combatir la pornografía entre adolescentes y las medidas de seguridad en espacios de ocio frente a agresiones sexuales.

La portavoz popular también ha puesto en valor la agilización de ayudas y acreditaciones para reducir trámites burocráticos a las víctimas.

Frente a ello, Marcos ha criticado duramente a la izquierda valenciana y al PSOE.

“Quienes hoy intentan dar lecciones convivieron políticamente con algunos de los episodios más graves y vergonzosos de los últimos años”, ha señalado.

En este contexto, ha recordado el caso que afectó a Mónica Oltra y las consecuencias de la Ley del “solo sí es sí”, que provocó reducciones de condena y excarcelaciones de agresores sexuales.

Verónica Marcos también ha exigido “menos pancarta y más coherencia” a Diana Morant y Pilar Bernabé.

La dirigente popular ha criticado la falta de explicaciones sobre distintos casos y escándalos relacionados con dirigentes socialistas.

Asimismo, ha denunciado “la absoluta dejadez” del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska ante fallos en sistemas de protección para víctimas y diversas polémicas relacionadas con la gestión policial.

“Frente al feminismo de escaparate del PSOE y Compromís, el Consell del Partido Popular trabaja con hechos, recursos y compromiso real para proteger a las víctimas”, ha concluido.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts Valencianes, Nieves Martínez, ha asegurado que el excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, “después de dar la espalda a la comisión de investigación de Les Corts, tendrá ahora que dar la cara ante la Justicia por la presunta falsificación de un título universitario”.

Martínez ha recordado que José María Ángel rechazó comparecer ante la comisión parlamentaria valenciana que investiga la gestión de la dana escudándose en argumentos jurídicos.

“Al parecer no tenía obligación legal de explicar el papel del Gobierno de Sánchez antes, durante y después de la riada. La obligación moral ya es otra cosa”, ha señalado.

La dirigente popular ha denunciado además el “boicot absoluto” del Gobierno de Pedro Sánchez a la comisión de investigación impulsada en Les Corts.

Según ha indicado, tampoco acudieron responsables estatales como Teresa Ribera, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Miguel Polo o Pilar Bernabé.

“Esperamos que quienes se negaron a comparecer en Les Corts algún día aclaren ante la Justicia qué hicieron y qué dejaron de hacer durante la tragedia”, ha afirmado.

Nieves Martínez ha considerado que la citación judicial de José María Ángel “retrata nuevamente la degradación política y moral del sanchismo valenciano”.

“Estamos ante un caso escandaloso que afecta a una persona que habría permanecido más de 40 años en la función pública utilizando presuntamente un título falsificado”, ha denunciado.

La portavoz adjunta del GPP ha exigido además explicaciones a la ministra de Ciencia y Universidades y secretaria general del PSPV, Diana Morant.

“Resulta incomprensible que quien tiene las competencias universitarias en España haya seguido amparando políticamente a un presunto falsificador de títulos sin exigir explicaciones”, ha señalado.

Martínez ha vinculado este caso con otros escándalos que afectan al entorno del Gobierno socialista, mencionando las investigaciones relacionadas con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el juicio al exministro José Luis Ábalos.

“La investigación contra el cáncer y las mascarillas durante la pandemia no pueden convertirse en tapaderas para enriquecerse a costa del dinero público y de cuestiones que afectan directamente a la salud de los ciudadanos”, ha criticado.

Finalmente, Nieves Martínez ha asegurado que “si el PSOE sigue guardando silencio, será la Justicia quien termine obligándoles a responder”.

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