Actualidad Política

27 de marzo de 2026

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El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Juan Vidal, ha puesto de manifiesto la carga fiscal que asumen los ciudadanos antes incluso de recibir las llaves de su vivienda. A través de un ejemplo práctico, Vidal detalló el impacto de los impuestos en la compra de una vivienda nueva valorada en 200.000 euros.

Según explicó, el primer gran coste lo representa el IVA, que en el caso de la vivienda nueva asciende al 10%, lo que supone 20.000 euros. A este se suma el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD), fijado en un 1,5% en Aragón, lo que añade otros 3.000 euros al desembolso inicial. A estos gravámenes directos hay que añadir los gastos notariales y registrales, además de una carga fiscal encubierta, como apuntó el diputado, derivada de los impuestos que ya ha asumido el promotor en fases anteriores como la compra del suelo, licencias o el Impuesto de Sociedades. Esta última partida se estima en unos 12.500 euros.

En total, advirtió Vidal, “antes de entrar a vivir en nuestra casa, habremos pagado cerca de 37.000 euros en impuestos al Estado. Esta es la Hacienda del bipartidismo”, en referencia a la política fiscal mantenida por PSOE y PP.

Vidal concluyó su intervención con un mensaje claro: “Nosotros queremos más vivienda y menos impuestos. Vox defiende una política fiscal valiente y orientada a facilitar el acceso a la vivienda para las familias españolas”.

El grupo parlamentario VOX en Canarias ha presentado ante la Cámara una Proposición No de Ley que no ha salido adelante (por la negativa de toda la Cámara y la abstención del Partido Popular) para que los españoles puedan conocer con precisión el coste económico de la inmigración ilegal en nuestro país. La iniciativa busca promover la transparencia y la rendición de cuentas respecto a uno de los problemas más graves que enfrenta España, especialmente en Canarias, principal puerta de entrada a Europa.

La inmigración ilegal en 2024 ha alcanzado cifras récord, con 63.970 llegadas a costas españolas, un 12,5 % más que en el año anterior. Canarias, en particular, ha sido la ruta más utilizada, concentrando el 76 % de todas las entradas por mar, con 46.843 inmigrantes ilegales. Desde 2018, con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, se han registrado más de 330.000 entradas irregulares, y actualmente se estima que cerca de 900.000 inmigrantes ilegales residen en España.

El impacto económico de esta situación es alarmante. Solo en 2023, el Estado destinó aproximadamente 1.800 millones de euros para afrontar los costes asociados a la inmigración ilegal, incluyendo atención sanitaria, jurídica, social, programas de asilo y apoyo a ONG, sumando desde 2018 un gasto acumulado que supera los 12.600 millones de euros. Además, la atención a Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) supone un coste de más de 650 millones de euros anuales, con casi 13.000 tutelados en toda España y un incremento del 15,2 % en Canarias en 2024.

El portavoz del grupo parlamentario ha defendido esta PNL, Nicasio Galván. El diputado ha expuesto el daño para la economía nacional que ha provocado la gestión de este fenómeno, así como las regularizaciones masivas. Además, ha contrapuesto la situación de la extrema pobreza en Canarias como contrapunto, “solo en la isla de Tenerife por el informe de Cáritas hablamos de 2.838 personas durmiendo en la calle”.

De forma cohesionada, el resto de grupos han rechazado esta propuesta bajo argumentos comunes y con la respuesta de que Canarias “es solidaria”. Galván ha recordado que este consenso político no se corresponde con las encuestas sociales en las que se evidencia que los españoles están preocupados por la inmigración ilegal y que “conocer el coste económico de esta gestión es un derecho que hoy por hoy no se cumple”.

El portavoz de VOX en el Parlament de Catalunya, Joan Garriga, ha denunciado el creciente coste que supone el inicio del curso escolar para las familias catalanas, y ha contrastado esta carga con el elevado gasto público destinado a los menores extranjeros no acompañados (MENA).

“Hace cinco años el coste medio por alumno era de 367 euros. Hoy es de 462 euros. Mientras tanto, la Generalitat solo ayuda con un vale de 60 euros. Es insuficiente y ridículo”, ha señalado Garriga en una declaración pública.

El diputado ha resaltado que el gasto educativo medio por alumno en Cataluña es de unos 5.000 euros al año, mientras que el mantenimiento de un solo MENA supone para las arcas públicas 50.000 euros anuales, es decir, diez veces más.

“Con lo que cuesta un solo MENA al año, podríamos ayudar a 109 familias a afrontar los gastos de inicio de curso. Eso es lo que propone VOX: sentido común, prioridad nacional y justicia social de verdad”, ha afirmado.

VOX defiende que los recursos públicos deben dirigirse prioritariamente a los españoles, y propone poner fin al gasto descontrolado en inmigración ilegal, destinando ese dinero a aliviar la presión económica sobre las familias catalanas, especialmente en momentos clave como el inicio del curso escolar.

“Nuestra propuesta es clara: con los MENA, billete de vuelta. Con nuestros niños, apoyo real”, ha concluido Garriga.

El diputado del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Javier Cortés, ha vuelto a solicitar en el pleno a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad “los costes de la inmigración ilegal que soportan todos los españoles por culpa de las políticas de fronteras abiertas del Partido Popular y del Partido Socialista”. En este sentido, Cortés ha subrayado que se trata de una cuestión que “afecta directamente a la prosperidad, la seguridad y la cohesión social de toda España”.

El diputado ha denunciado que el Gobierno de Moreno Bonilla “no se gasta los impuestos de todos los andaluces en abaratar la vivienda, en acabar con las listas de espera, en aumentar el número de sanitarios o en aumentar las ayudas a los dependientes, a nuestros mayores”, mientras “sí se destinan casi 40 millones de euros a estudiantes inmigrantes para promocionar experiencias multiculturales en las escuelas” o “más de 7 millones de euros para promover la paz con Marruecos”. “¿Acaso estamos en guerra y no nos hemos enterado?”, ha preguntado.

Asimismo, Cortés ha criticado que la Junta de Andalucía destine “casi un millón de euros para la educación de niños palestinos”. “¿Y los niños andaluces de los barrios más necesitados?”, ha recalcado. Además, el parlamentario ha señalado que “casi 300.000 euros se destinan para ayudar a las temporeras inmigrantes embarazadas” y ha preguntado por “nuestras jóvenes andaluzas embarazadas en riesgo de exclusión social y en situación de pobreza”. De la misma manera, Cortés ha alertado que Moreno Bonilla destine “ayudas para financiar la Agencia Nacional de Aguas y Bosques de Marruecos” y ha recordado a “nuestros agricultores y nuestros ganaderos que sufren los incendios año a año por culpa de la mala gestión forestal” del Gobierno andaluz.

Cortés ha advertido que la inmigración ilegal “está provocando la bajada de los salarios y la pérdida de las conquistas sociales de nuestros trabajadores”. En este sentido, el parlamentario ha subrayado que las consecuencias “las sufre nuestra gente más humilde”. Con respecto a los servicios públicos, Cortés ha preguntado a la consejera “¿hablamos de las operaciones quirúrgicas que se están posponiendo porque no hay UCIs en las camas?” o “¿hablamos de los centros de salud de aquellos pueblos que están afectados por la inmigración ilegal?”.

El parlamentario del partido de Abascal ha asegurado que “no queremos un país multicultural y fracasado como puede ser Reino Unido, Francia o Bélgica”. “Pregunten a los andaluces si quieren costear todas estas políticas del bipartidismo y pregunten a nuestras niñas si quieren que sus barrios sigan con matrimonios forzados, con mutilación genital femenina o pregunten a nuestras hijas si prefieren minifaldas o cárceles de tela”, ha concluido.

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