Actualidad Política

30 de marzo de 2026

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El Grupo Popular ha presentado una Proposición No de Ley en Les Corts para exigir al Gobierno central la financiación efectiva de la Ley para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades de alta complejidad. La portavoz parlamentaria de Política Social, Elena Bastidas, ha lamentado que Pedro Sánchez “apruebe la ley para hacerse la foto y abandone a los pacientes después”.

Bastidas ha recordado que esta norma fue aprobada por unanimidad en octubre de 2024 con el objetivo de garantizar un trato digno a los enfermos de ELA y sus familias, pero ha denunciado que, más de un año después y a pesar del positivo recibimiento por parte de la sociedad, el Gobierno de Sánchez sigue sin dotarla de recursos.

Los costes directos que asumen las familias de personas con ELA oscilan entre los 184 y los 230 millones de euros anuales, según el estudio de la Fundación Luzón, lo que hace imprescindible una financiación específica por parte del Estado. “Sin presupuesto no hay derechos, solo propaganda”, ha afirmado la diputada popular.

Frente a esta dejación de responsabilidades, la portavoz de Política Social ha puesto en valor el esfuerzo de la Generalitat, que está asumiendo el 80% del coste del sistema de dependencia frente al 20% del Estado, pese a que la ley obliga a una financiación al 50%. Un incumplimiento que le supone una deuda de 4.000 millones de euros con la Comunitat Valenciana.

Además, ha destacado que el Consell ha adelantado el 100% de las ayudas a quienes padecen ELA y ha destinado un millón de euros a estos pacientes: “Mientras el Estado incumple, la Generalitat asume costes que no le corresponden”. En la Comunitat Valenciana hay más de 400 personas con esta enfermedad.

La iniciativa del GPP insta al Gobierno central a aprobar con urgencia la dotación presupuestaria necesaria con carácter retroactivo, concretar los recursos y plazos de aplicación de la ley, consensuar las medidas con las comunidades autónomas y asumir el coste que le corresponde en el sistema de dependencia.

Por último, Bastidas ha denunciado “la política del PSOE: prometer derechos y negarlos cuando llega el momento de financiarlos. Sánchez ha abandonado a los enfermos de ELA y la Comunitat Valenciana no puede seguir pagando la factura del incumplimiento del Gobierno. Los pacientes necesitan recursos, no anuncios”, ha concluido.

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, informa que “hemos presentado una Moción relativa al apoyo y a los cuidados que merecen los enfermos de ELA.”

“Nuestro Ayuntamiento no debe quedarse atrás. Desde VOX, instamos al compromiso de atender las justas y lógicas reivindicaciones de las asociaciones, enfermos, familiares, cuidadores y afectados, que desde hace años impulsan una labor imprescindible en toda España. Cada vida cuenta. y la ELA no puede seguir esperando”, afirma Trashorras.

Por ello, el portavoz de VOX reafirma “nuestro agradecimiento para las entidades sociales, sanitarias y científicas que trabajan incansablemente por mejorar su calidad de vida y por avanzar hacia tratamientos eficaces.”

“Nuestro Ayuntamiento debe comprometerse para colaborar con las Administraciones, de tal manera que se pueda garantizar atención integral, asistencia domiciliaria, apoyo técnico, psicológico y recursos adecuados para estas personas”, afirma Trashorras.

“Desde nuestro consistorio, debemos instar al Gobierno de la Nación a dotar con una partida presupuestaria específica y suficiente la Ley ELA aprobada por el Congreso de los Diputados, para garantizar su aplicación efectiva. Sin recursos económicos concretos, esta ley corre el riesgo de convertirse en una declaración de intenciones sin impacto real. Las familias no pueden —ni deben— seguir asumiendo en solitario los costes materiales y humanos que implica esta enfermedad. Y además, también que instar a las Administraciones con competencias en Sanidad a que dejen de destinar el dinero recaudado de los impuestos a gastos superfluos o que directamente son perjudiciales para los españoles, como la promoción de la inmigración masiva, que saturan y degradan nuestros servicios públicos, especialmente la sanidad. La dignidad no puede esperar y el dinero público debe destinarse a sostener nuestros servicios públicos y a apoyar a los más vulnerables.”

Para finalizar, el portavoz nazareno resalta que “no se pueden seguir negando los tratamientos a los enfermos. Hay que priorizar. Y desde luego, no hay derecho a que los socialistas atosiguen a impuestos y derrochen el dinero público para gastárselo en prostitutas, drogas y sobornos. Y que después encima, vayan dando lecciones de “feministas”.

“Cuando salen casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y a la familia de Sánchez, hay una persona del partido, que ha tenido cargos en empresas públicas de la mano del PSOE, que se dedica a intentar destapar suciedades de quienes les investigan. Si esto no es un comportamiento mafioso, que nos expliquen qué es”, exclama

La vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular denuncia las “prácticas profundamente mafiosas” de la fontanera de Ferraz contra la UCO y uno de los fiscales anticorrupción

Destaca que, precisamente en 2024 cuando empiezan a saltar todos los casos de corrupción en el entorno del presidente del Gobierno, Díez intentara obtener información para atacar a poderes del Estado

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Insiste en que Leire Díez tendrá que acudir al Senado para dar explicaciones sobre unos audios que, hasta la fecha, no ha negado

Atribuye al Gobierno el fracaso de que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas oficiales de la UE y considera que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo es garantizar que se cumplan las sentencias con respecto al uso del castellano en las aulas catalanas, algo que no está haciendo

Rechaza el intento del Gobierno de que la falta de financiación de la ley ELA se camufle como una lucha entre administraciones, porque quien tiene que aportar los 230 millones de euros, como deja claro el texto de la misma en su disposición adicional cuarta, es el Estado y no las comunidades autónomas

“¿De verdad hay 2.300 millones de euros para asaltar Telefónica, 132 para las lenguas cooficiales en la UE, 180 para publicidad institucional y no son capaces de encontrar 230 millones para financiar la ley ELA? Es incomprensible”, denuncia

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