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La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha afirmado que “hablar de una evacuación preventiva es manipular, cuando ni siquiera el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar consideró ‘relevante’ avisar del desbordamiento del barranco del Poyo” ante las inundaciones de octubre de 2024.

Bastidas ha explicado que “nadie pudo prever la magnitud de lo que ocurrió en Paiporta, porque ni siquiera la CHJ alertó de lo que sucedía en el punto que más vidas humanas se cobró”. “Su presidente, Miguel Polo, reconoció ante la jueza que no trasladó de inmediato al Cecopi la información sobre el caudal del Barranco del Poyo porque consideró que ‘no era relevante’”, ha añadido.

La portavoz popular ha denunciado que “ahora Compromís trate de reescribir lo ocurrido para sacar rédito político” y ha recordado que “el PSPV y Compromís gobernaron durante ocho años y jamás implantaron un protocolo de evacuación en residencias ante situaciones de emergencia”. “¿De qué evacuación habla Compromís? ¿Del protocolo que nunca tuvo Mónica Oltra cuando era consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas?”, ha preguntado Bastidas. “El Botànic fue el responsable de una política de propaganda, pancartas y titulares vacíos, pero ni una sola medida real para proteger a los residentes en casos de catástrofe”.

En este sentido, ha subrayado que “el actual Consell está trabajando con rigor y sensibilidad para que una tragedia como la de la dana no vuelva a ocurrir, revisando todos los procedimientos y mejorando la coordinación entre administraciones y centros residenciales”.

Por último, Bastidas ha lamentado que “Compromís utilice el dolor de las víctimas de la riada y de sus familias para atacar al Consell y tratar de obtener ventaja política”, y ha exigido a la izquierda “respeto hacia las personas afectadas y hacia quienes están gestionando con seriedad una situación muy dura”. “Utilizar una tragedia humana para hacer oposición política es despreciable, y eso es exactamente lo que está haciendo la izquierda en la Comunitat Valenciana”, ha concluido.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha acusado a los socialistas de “mentir y manipular para atacar a una vicepresidenta que está haciendo una gran labor en política social y vivienda para revertir la herencia del Botànic” ante la intención del PSPV de reprobar a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

Bastidas ha explicado que “el 29 de octubre la vicepresidenta estaba donde debía estar: gestionando desde primera hora de la mañana el impacto de las lluvias en residencias y centros sociales, preocupándose de los mayores y de las personas más vulnerables”. Así se ha expuesto ya en sede parlamentaria y en las comunicaciones comprobadas.

La portavoz popular ha destacado que “la cuestión el día de la dana era ser eficaz, tomar decisiones y coordinar equipos”. En su opinión, “lo que faltó en el Cecopi fue información clave de los organismos estatales, que no advirtieron del riesgo en el barranco del Poyo”. De hecho, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, únicamente se interesó por la rambla del Poyo una vez, hora y media después de decretar la alerta hidrológica, y ni siquiera avisó ni alertó cuando el caudal pasó de 28 a 1.600 m³ por segundo.

Asimismo, Bastidas se ha preguntado si el portavoz del PSPV, José Muñoz, “actúa por desconocimiento o por mala fe” al decir que se desalojó la residencia de Carlet, cuando esto es radicalmente falso. La incidencia que tuvo lugar por la mañana se solucionó, la vicepresidenta llamó a la alcaldesa por la mañana y a la directora de la residencia esa misma tarde para ver la evolución. “Este es el ejemplo más palmario de su mentira: no solo es que nunca se desalojó, sino que además acogió a personas afectadas de otras residencias”.

Según Bastidas, “lo que no cuenta el PSPV es que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, estaba en Colombia; la jefa de Protección Civil, Virginia Barcones, volaba a Brasil, y la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, hacía campaña en Bruselas. Esa era la realidad: un Gobierno socialista desaparecido mientras la Comunitat Valenciana sufría una dana”.

Por último, ha denunciado que “desde hace meses se conoce la agenda de la vicepresidenta; aquí no se oculta nada ni se generan bulos, que es la especialidad de la izquierda”. Y ha concluido: “El PSPV pretende tapar las ausencias y negligencias de los responsables del Gobierno de Pedro Sánchez el día de las inundaciones inventando bulos contra un Consell que estuvo a la altura y seguirá trabajando por quienes más lo necesitan”.

La portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha señalado que “la ministra Morant debería avergonzarse de usar a los menores como moneda de cambio con los independentistas y dejar de utilizarlos como mercancía”.

Bastidas ha contestado así a la socialista Morant a quien le ha recomendado “documentarse antes de hablar sobre la capacidad de recepción porque el sistema valenciano está colapsado, funcionado un 160% de su capacidad tras aumentar un 66% las plazas en el último año y sin apenas aportación del Gobierno. Los valencianos no necesitamos que venga con su argumentario sanchista y racista desde Madrid a aleccionarnos”.

“Sánchez no pretende solucionar el problema de la inmigración ni la crisis humanitaria de Canarias sino mercadear con los menores no acompañados para seguir resistiendo en el momento de más debilidad de un gobierno centrado en la corrupción que les rodea. Usan a los menores como moneda de cambio con los independentistas de Cataluña”, ha indicado.

La diputada popular ha afirmado que “no podemos aceptar un modelo ineficaz, insostenible y que pone en riesgo el interés superior del menor. Pero eso a Morant le da igual, distribuyendo a los menores como si no fueran personas, y sin ninguna previsión seria ni coordinación con las comunidades”.

Bastidas ha señalado que “el reparto del Gobierno Sánchez supone un trato indigno, discriminatorio y dañino hacia los menores. Lo que están haciendo es colapsar la capacidad del sistema autonómico de protección, eximiendo a una comunidad en detrimento del resto que no están pudiendo recibir a los niños con la dignidad que se merecen”.

Elena Bastidas ha recordado que la norma “va a ser recurrida y se ha solicitado su suspensión cautelar. Si el Estado no tiene capacidad para atenderlos no puede cargar con esa responsabilidad a las comunidades autónomas que no tienen dinero ni recursos”.

“Solo hay incapacidad de gestión del Gobierno Sánchez ante una crisis migratoria que dura demasiados años. Los mismos que no pagan el FLA, que siguen castigando a la Comunitat Valenciana a seguir siendo la peor financiada, pretenden ahora que destrocemos el sistema de protección de menores acogiendo a un número injustificadamente alto de menores, sin la financiación, sin el personal y sin las infraestructuras necesarias para darle a los menores la dignidad que merecen, solo para trasladar su inacción a las CCAA”, ha añadido.

Por último, Bastidas ha señalado que “la Comunitat Valenciana ha demostrado esfuerzo y solidaridad real, aumentando plazas, asumiendo menores llegados por mar y atendiendo incluso a menores que llegan “por la puerta de atrás”, con el cupo de adultos de los envíos que realiza el Gobierno desde Canarias. Hemos hecho un esfuerzo que algunas comunidades ni siquiera han iniciado, y ahora se nos castiga con más carga y sin medios. Y encima hay que soportar los insultos y el desprecio de los sanchistas, que solo pretenden romper el modelo de acogimiento y asfixiarnos”.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha destacado la apertura de nuevas plazas públicas residenciales en la Comunitat Valenciana frente a un Botànic que “nos dejó a la cola de España”. La parlamentaria ha valorado así los datos de evolución de este servicio para personas mayores o dependientes, que “demuestran con claridad la gran diferencia entre el fracaso del anterior gobierno y la gestión eficaz del actual Consell”.

“El discurso del Botànic es hipócrita: recortaron plazas públicas y recurrieron al sector privado, que a pesar de la criminalización que sufre por parte de la izquierda, puso sus servicios a disposición de nuestros mayores. Frente a esa doble moral, el Consell de Carlos Mazón apuesta por una atención de calidad para estas personas sin demonizar ninguna opción”, ha afirmado Bastidas.

La portavoz popular ha recordado que, durante los ocho años de gobierno de PSPV y Compromís, la Comunitat pasó de 331 residencias en 2016 a 322 en 2023, es decir, nueve menos. Además, mientras las plazas públicas se redujeron, las concertadas privadas aumentaron. “Ese abandono nos dejó a la cola de España, en el puesto 16 de 17 en número de plazas residenciales para mayores”, ha subrayado.

Frente a esa “gestión de pancarta”, Bastidas ha destacado la apuesta del actual Consell: “En solo dos años hemos revertido la tendencia. Hoy contamos de nuevo con 331 residencias y con más plazas financiadas con fondos públicos: ya son 19.815, 1.488 más que hace dos años. Un 8% más, que eleva el porcentaje al 69% del total”.

“Los hechos son claros: mientras el Botànic nos dejó en la cola, el Consell de Carlos Mazón ha recuperado el ritmo, ha abierto nuevas residencias y ha puesto en marcha más plazas públicas que nunca. Quienes fracasaron no pueden dar lecciones; hoy nuestros mayores tienen más servicios y menos promesas vacías”, ha concluido Bastidas.

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha lamentado el intento del PSPV de “dar lecciones de protección de la infancia” al Consell de Carlos Mazón cuando “fueron precisamente los gobiernos del Botànic, con socialistas y Compromís, quienes protagonizaron el episodio más vergonzoso de desprotección de menores en la Comunitat Valenciana: el caso Oltra”.

La portavoz popular ha acusado al portavoz socialista de “manipular y tergiversar” y le ha sugerido “informarse antes de hablar” en referencia a las resoluciones del Síndic de Greuges. En este sentido, ha recalcado que la Conselleria contestó a la institución y deja claro que “el Síndic no condena nada; lo único condenable aquí son los hechos que el Botànic tapó y que han acabado en los tribunales. La única condena sobre la mesa es la que pesa sobre su gobierno por el escándalo con la menor tutelada”.

Bastidas ha recordado que el exmarido de la entonces vicepresidenta Mónica Oltra fue condenado a prisión por abusos sexuales continuados a una menor tutelada en un centro de la Generalitat. La propia Oltra y 14 altos cargos de su Conselleria se enfrentan a un proceso judicial por el presunto encubrimiento de estos hechos en un escándalo que llegó hasta Bruselas. “El PSPV debería tener memoria y vergüenza antes de señalar a nadie, cuando bajo su gobierno se cometió la mayor indignidad contra un menor tutelado que hemos visto en esta tierra”, ha señalado.

La parlamentaria también ha considerado “escandaloso” que el Botànic no pusiera en marcha el protocolo de detección de situaciones de riesgo para los menores, a pesar de que la propia Ley de Infancia que aprobaron les obligaba a hacerlo. Frente a esa inacción y en menos de dos años, “el actual Consell ha impulsado ese protocolo junto a la Universidad de Valencia, cumpliendo con la obligación que los anteriores gobiernos olvidaron en un cajón”.

“El actual Consell sí tiene como prioridad absoluta la protección de los menores tutelados y está trabajando con responsabilidad para reforzar los protocolos de seguridad y evitar que situaciones tan terribles como las ocurridas bajo el Botànic se repitan jamás”, ha asegurado.

“Quien tapó abusos a menores tutelados no está legitimado para dar lecciones al actual Consell en materia de protección de la infancia”, ha concluido Bastidas, quien ha advertido al PSPV que “ellos son la auténtica lista negra de la vergüenza en la Comunitat Valenciana”.

 La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha destacado hoy que la Conselleria ha reducido a cero la lista de espera de niños de 0 a 3 años con necesidades de atención temprana. “En apenas tres años se ha pasado de 2.600 niños y niñas de 0 a 6 años en lista de espera de la Comunitat Valenciana a la escolarización inmediata, sin ninguna espera”.

Elena Bastidas ha destacado la importancia de la atención temprana. “En los menores con TEA y otras discapacidades es muy importante no solo la atención especializada y las terapias sino también la celeridad en el diagnóstico precoz. Cuanto antes y más temprano mejor. Antes, el gobierno del Botànic aprobó un protocolo en 2017 que fue un fracaso total, donde los pequeños con autismo venían sufriendo unos daños muy importantes por los recortes sociales, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, que produjo un aumento en la lista de espera y ausencia de centros especializados”.

La portavoz popular ha señalado que “ha aumentado el número recursos públicos diurnos y residenciales, inclusivos y especializados, con más profesionales y educadores para garantizar una educación inclusiva de los niños con TEA en igualdad de condiciones”.

En este sentido, Bastidas ha concretado que “este Consell ha autorizado seis nuevos centros y ha financiado más 470 plazas. Además, se ha aumentado un 44,34 % el número de resoluciones de discapacidad entre mayo de 2023 y abril de 2025. Se trata de aumentar recursos y promover la autonomía personal de quienes más lo necesitan, mediante ampliación de plazas y nuevas inversiones en salud mental”.

Por último, la diputada popular ha afirmado que “se ha logrado dar un giro a la degradación del Botànic, con reducción de listas de espera, agilización de procedimientos y garantizar derechos. En estos dos años de Gobierno de Carlos Mazón hemos demostrado que se puede gestionar mejor, con más coordinación y sensibilidad hacia las personas con discapacidad y sus familias”.

La portavoz de Política Social del GPP en Les Corts, Elena Bastidas, ha pedido al Gobierno de Sánchez que “pague su parte de la dependencia porque aporta el 20% cuando debería pagar el 50% y es la Generalitat quien abona el 80% con la dependencia más cara”.

Bastidas ha destacado que “pese a esto, las listas de espera de la dependencia en la Comunitat Valenciana se han reducido un 11,5% en el primer semestre, que se añade al 27% de 2024, con récord histórico de personas atendidas en el sistema de atención a la dependencia, 175.488 personas”.

“Por si fuera poco, las intenciones del Ministerio de modificar el sistema de dependencia van a complicarlo todavía más y cargar todo el peso sobre las autonomías”, ha añadido.

Elena Bastidas ha señalado que “el Gobierno Sánchez está incumpliendo con su obligación legal de aportar los fondos necesarios para la atención a la dependencia porque la Comunitat está sosteniendo este sistema prácticamente en solitario. Es increíble la falta de solidaridad del Gobierno central, que debería asumir su responsabilidad y contribuir con la parte que le corresponde para la atención a la dependencia. En lugar de eso vuelve a cargar sobre los hombros de las autonomías el grueso de la dependencia. La dependencia corre a cargo de las autonomías”.

En este sentido, la diputada popular ha anunciado una serie de medidas e iniciativas en les Corts para retratar la pasividad del Gobierno Sánchez y los impagos también en dependencia. “Si fuera por el Gobierno, la atención social en la Comunitat se encontraría bajo mínimos. Pero la responsabilidad del Consell de Carlos Mazón para garantizar que los recursos necesarios lleguen a quienes más lo necesitan, sin importar las circunstancias políticas, hace que la Generalitat cubra el 80% del servicio”.