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Día 10 de octubre de 2025

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La portavoz de política social del GPP, Elena Bastidas, ha señalado que “la ley de accesibilidad universal es una norma que va a beneficiar a más de 400.000 valencianos” quienes esperan “que sus representantes políticos estén a la altura de las circunstancias y cumplan con las demandas de las personas con discapacidad”.

La Comisión de Política Social y Ocupación ha debatido las enmiendas de los grupos parlamentarios a la proposición de ley, muchas de ellas transaccionadas. “Se trata de mejorar y enriquecer una ley que permita una vida más cómoda a miles de valencianos a través de una respuesta legislativa”.

El PP ha presentado 52 enmiendas que persiguen mejorar o corregir algunos aspectos de la norma inicial, “simplificando y reduciendo su contenido a lo imprescindible. Nuestras propuestas pretenden plasmar o subsanar aspectos en el ámbito sanitario, educativo, deportivo, en el fomento de servicios administrativos, garantía en los procesos electores, empleo o movilidad”.

Elena Bastidas ha señalado que “lo importante es poner por delante el interés de las personas con discapacidad. Es una ley en sintonía con el sector y que está ampliamente consensuada”.

La diputada popular ha recordado que “el Botànic fue incapaz de aprobar esta ley por los enfrentamientos y divergencias entre los socios del tripartito. Ahora hay un gobierno dialogante y razonable capaz de alcanzar acuerdos para aprobar una reivindicación histórica”.

En ese sentido ha remarcado que “hoy vamos a culminar esa buena noticia para todas las personas con discapacidad que han esperado demasiado tiempo para tener su ley”.

 El PP ha solicitado al Gobierno de Sánchez la cogestión de las prestaciones sociales para mejorar la atención a los más vulnerables en la Comunitat”.

El pleno de Les Corts ha debatido una propuesta del PP sobre los incumplimientos del Gobierno de Sánchez en materia social. La portavoz de Política Social del GPP, Elena Bastidas, ha indicado que “los grupos de la izquierda no tienen ninguna justificación para no votar a favor de exigir la financiación suficiente en dependencia que merece nuestra tierra, de ampliar plazos y fondos para la vivienda o para los desplazados por la guerra de Ucrania. Deberían pensar más en los intereses de esta Comunitat y menos en no molestar a sus jefes en Madrid: Sánchez y Yolanda Díaz”.

Bastidas ha solicitado a todos los grupos “sumar fuerzas para reivindicar nuestras peticiones justas al Gobierno central en materia social. Juntos somos más fuertes”.

En este sentido, ha indicado que “el actual Consell trabaja para conseguir la cogestión del Ingreso Mínimo Vital y la Renta Valenciana de Inclusión y evitar que la maraña burocrática y la desidia de la izquierda repercutan en las personas más vulnerables que necesitan de esas prestaciones”.

La diputada popular ha afirmado que “el Gobierno de Sánchez mercadea con el bienestar de los más necesitados porque mientras facilita las herramientas para una mejor gestión de estas prestaciones a los gobiernos vasco y catalán aquí lo obstaculiza y no paga el dinero que nos debe por la atención a los dependientes. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar más sin que el Gobierno nos pague todo lo que nos debe? ¿hasta cuándo vamos a dejar que siga aumentando la deuda y teniendo que asumir con recursos propios más del 77% de financiación de las personas dependientes?”.

Bastidas ha indicado en su intervención que “somos unas de las comunidades más solidarias de España atendiendo a más de 42.000 ucranianos y sin embargo parece que al Gobierno de España no le parece justo prorrogar las ayudas para los desplazados. Somos tierra de acogida, pero ante la actual crisis migratoria no se pueden dar bandazos. Son necesarias políticas migratorias serias, realistas y coordinadas para que resulten eficaces”, ha añadido.

La portavoz popular ha afirmado que “en todos estos años han sido incapaces de dar soluciones efectivas o avanzar en la cuestión del problema de acceso a la vivienda, sobre todo para las personas más vulnerables o los jóvenes. Su falta de gestión provocó tener que devolver nada menos que 5 millones de fondos europeos solo en materia social. Ahora este Consell trabaja para poder ejecutar los fondos europeos que permitan la construcción de más de 2.000 viviendas sociales. Por eso reclamamos al gobierno Sánchez que negocie con la UE la ampliación de los plazos y condiciones más favorables para poder ejecutar todos los proyectos pendientes en materia de vivienda”.

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha destacado la reducción de la lista de espera en dependencia en la Comunitat Valenciana en el último año en un 20%, pasando de 18.029 a 14.407 según las últimas cifras oficiales. “Los datos demuestran que el gobierno de Carlos Mazón es el más social de la historia”.

Elena Bastidas ha señalado que la Comunitat Valenciana cuenta “con una cifra récord de 161.500 personas atendidas en el sistema de dependencia, frente a las 140.000 del año anterior. El gobierno del cambio de Carlos Mazón ha destinado solo este año 680 millones de euros que contrasta con los recortes del 11,4% del anterior Consell del bloque de izquierdas”.

Bastidas ha comparado la actual situación con el fracaso del Plan Convivint de PSPV, Compromís y Podemos, “un plan fantasma sin presupuesto ni gestión. Ahora reprochan recortes en derechos quienes dejaron la dependencia temblando, sin crédito, peor valorada y con una lista de espera desorbitada con 15.000 expedientes de responsabilidad patrimonial sin resolver y más de 18.000 personas en lista de espera sin crédito. La izquierda convirtió a la Comunitat Valenciana en el territorio que más recortó a los dependientes, a las familias vulnerables y a los menores”.

La portavoz popular ha recordado que “el Consell de Puig consiguió reducir las plazas residenciales de financiación pública para los mayores de 70 años en casi un 40%. En ese periodo, el sector privado aumentó el número de plazas un 43%. El Botànic era mucha propaganda, pero cobertura efectiva a los vulnerables cero. Su gestión se resume en la triple erre: recortes, rebajas y retrasos”.

Por último, Elena Bastidas ha señalado que “esta gestión contrasta con la efectividad del Consell actual, a pesar de la deuda pendiente de pago por parte del Gobierno de Sánchez con la atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana que asciende a más de 3.000 millones de euros”.

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha exigido al Gobierno de Sánchez el pago inmediato de la deuda que mantiene con la atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana, y que asciende a más de 3.000 millones de euros. Esta reclamación es una de las propuestas de resolución presentada por los populares valencianos en el marco del Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, celebrado esta semana en el Parlamento autonómico.

En la iniciativa, el GPP insta al Consell a reclamar al Gobierno de España el abono inmediato de las cuantías pendientes destinadas a la atención de personas dependientes. La deuda acumulada es fruto de la infrafinanciación de la dependencia por parte del Ejecutivo socialista, que solo aporta en torno al 22% de los pagos. Por otro lado, los populares valencianos también le exigen que haga efectivo el abono del 50% de las prestaciones económicas, tal y como establece la legislación actual.

En estos momentos, la Comunitat Valenciana cuenta con una cifra récord de 161.500 personas atendidas en el sistema de dependencia, frente a las 140.000 del año anterior. “Nunca como hasta ahora tanta gente había cobrado la ayuda por dependencia”, afirma Bastidas. “Este logro ha sido posible gracias al aumento en los fondos destinados, que alcanzan los 680 millones de euros en 2024, en contraste con los 567 millones del anterior gobierno del Botànic”, ha explicado.

Además, la parlamentaria popular ha subrayado otras importantes mejoras en la atención a la dependencia: reducción de la lista de espera en un 20% y de los tiempos de espera –que ahora se sitúa en una media de 279 días–, incremento de la teleasistencia y ampliación de las plazas en centros de atención a personas con discapacidad (325 nuevas plazas) y de salud mental (272 plazas adicionales). Bastidas también ha destacado que, mientras el anterior gobierno apenas resolvía 41.000 expedientes al año, el Consell del PP ha logrado gestionar 44.000 resoluciones en solo seis meses.

Estos avances se han logrado gracias al esfuerzo del Consell de Carlos Mazón. “Con el Gobierno del cambio, los derechos y ayudas a la dependencia están garantizados”, asegura Bastidas. Aun así, es necesario que el Ejecutivo de Sánchez salde su deuda con la Comunitat Valenciana y acabe con la infrafinanciación con urgencia, para que los avances logrados por el Consell no se vean comprometidos y para asegurar una atención digna a todas las personas dependientes en nuestro territorio.

La portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha valorado muy positivamente las medidas implementadas por la Conselleria de Bienestar Social bajo el gobierno de Carlos Mazón para agilizar el reconocimiento del grado de discapacidad en la Comunitat Valenciana. Estas acciones, enmarcadas en un plan de choque, han logrado significativos avances en la reducción de los tiempos de espera.

Bastidas explica que, hace un año, el nuevo gobierno de la Generalitat “se encontró con un tapón de miles de solicitudes de reconocimiento de discapacidad”, una situación heredada de la anterior administración del Botànic. Hoy, gracias a la eficiente gestión del Consell, se procesan una media de 5.000 peticiones mensuales, un ritmo de trabajo que sitúa a la Comunitat Valenciana como la cuarta autonomía con menor lista de espera, con un tiempo promedio de 10 meses. “Este es un logro significativo que pone de manifiesto el compromiso del Consell con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad”, asegura la diputada popular.

En julio de 2024, prosigue Bastidas, se resolvieron 3.291 solicitudes de reconocimiento de discapacidad, lo que representa más de 1.000 resoluciones adicionales en comparación con el mismo mes del año anterior. Este incremento en la capacidad de resolución es un reflejo del impacto positivo de las políticas del Consell, que aumentó en un 15% la partida destinada a la atención a las personas con discapacidad en los Presupuestos de 2024.

Otros avances destacados en los últimos 12 meses han sido la ampliación del acceso a la figura del asistente personal, pasando de 195 personas atendidas a casi 700, o la creación de una Comisión Permanente de Discapacidad que dé amparo legal y político a las personas con discapacidad. A estas medidas se suman otras iniciativas clave para la autonomía de las personas con discapacidad, como la ley de perros de asistencia y la ley de accesibilidad universal, que pronto serán una realidad. “Estas leyes serán herramientas fundamentales para garantizar que todas las personas con discapacidad en la Comunitat Valenciana puedan vivir con la dignidad y autonomía que merecen”, afirma Bastidas.

La parlamentaria popular reitera que el objetivo del Consell de Carlos Mazón es garantizar que todas las personas con discapacidad reciban el apoyo necesario para llevar una vida plena y digna. “Seguiremos trabajando para reducir aún más los tiempos de espera y para asegurar que todos los valencianos tengan acceso a los recursos que necesitan sin demoras innecesarias”, concluye.

La diputada del Grupo Popular en Les Corts Elena Bastidas ha defendido las “medidas históricas” con las que el Consell de Carlos Mazón ha marcado “un antes y un después” en la calidad de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana. El ‘Gobierno del cambio’ ha mejorado la prestación en plazas residenciales, ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, atención a personas con discapacidad y alojamiento para personas sin hogar.

Debido al retroceso en la cobertura de prestaciones durante los dos últimos años de gobierno del Botànic, los servicios sociales empeoraron su valoración en el índice DEC (Derechos, Economía, Cobertura), pasando de un 4,82 en 2022 a un 4,73 en 2023. Para revertir esta situación, la portavoz de Política Social del GPP ha resaltado que el Consell ha destinado un “presupuesto récord” que muestra claramente “nuestra apuesta por la atención de los servicios sociales”, ha destacado Bastidas.

Uno de los pilares de la política social del Consell es la atención primaria de los servicios sociales. En este ámbito, Bastidas subraya que, en 2024, se ha destinado el mayor presupuesto de la historia con casi 242 millones de euros, lo que supone un 76,84% más respecto al presupuesto de 2021, primer ejercicio del contrato programa vigente. Gracias a la gestión del Consell, en 2023 se incorporaron 11 entidades locales cuya acción ha permitido cubrir el 82% del territorio y el 85,21% de la población de la Comunitat Valenciana. A ellas se sumarán las 7 entidades que faltan antes de finalizar 2024.

Además, se ha contratado a 3.368 profesionales para la atención primaria básica, a los que se sumarán 643 más para la atención primaria específica de competencia municipal. “Creemos firmemente que conseguir unos servicios sociales de calidad requiere la participación de todos los agentes implicados. Por eso, ya hemos comunicado a ayuntamientos y diputaciones, y estamos trabajando con todas las comisiones técnicas y mixtas de seguimiento y control para planificar el próximo contrato programa (2025/2028)”, ha afirmado la parlamentaria del GPP en Les Corts.

Asimismo, Bastidas ha hecho hincapié en otras importantes medidas como la inminente reforma de la Renta Valenciana de Inclusión para hacerla verdaderamente inclusiva. Las mejoras previstas permitirán la compatibilidad de la RVI con el empleo y facilitará el cobro en el caso de beneficiarios que no dispongan de cuentas bancarias, corrigiendo, al fin, una exclusión previa que privaba a muchas personas de este derecho.

Con todas estas medidas de mejora, Bastidas se ha mostrado convencida de que la Comunitat Valenciana logrará “un sistema de servicios sociales más justo, inclusivo y eficiente, que verdaderamente atienda las necesidades de nuestra población”.

La Comunitat Valenciana continúa avanzando en sus políticas de atención a las personas con discapacidad con figuras como la del asistente personal. Una medida que, según defiende la diputada del Grupo Popular en Les Corts Elena Bastidas, “permite a muchas más personas con discapacidad disfrutar de una mayor autonomía e independencia”.

“Para el PPCV, es prioritario garantizar que todas las personas con discapacidad reciban el apoyo que necesitan para llevar una vida plena y digna”, asegura Bastidas, quien destaca el firme compromiso del Consell de Carlos Mazón en la mejora de la calidad de vida y la inclusión social de este colectivo. La portavoz de Política Social del GPP destaca, en este sentido, varios logros recientes que reflejan este empeño.

Entre ellos, el significativo aumento en la utilización de la figura del asistente personal. En 2022, solo 195 personas contaban con este tipo de asistencia a la discapacidad. Sin embargo, a 31 de julio de 2024 esta cifra ha aumentado a casi 700 personas, lo que supone un crecimiento sustancial en este servicio vital.

Además, la Comunitat Valenciana es, según el INE, una de las regiones con mayor tasa de empleo entre las personas con discapacidad. Según los últimos datos conocidos, en junio de 2024 se registró una reducción del paro del 5,6% en este sector de la población. El descenso ha sido particularmente significativo entre las mujeres con discapacidad, donde se ha registrado una disminución del 6,1%.

“Sabemos que aún queda trabajo por hacer, pero estos datos nos indican que vamos por el buen camino”, afirma Bastidas. “Estamos plenamente comprometidos con la reducción del desempleo y la mejora de las oportunidades laborales para las personas con discapacidad”.

Otro avance importante es la reducción del tiempo de espera para la resolución de la valoración del grado de discapacidad. En mayo de 2022, el tiempo de espera era de dos años. Según un informe reciente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), este tiempo se ha reducido actualmente a 10 meses, lo que sitúa a la Comunitat Valenciana como la cuarta autonomía con menor tiempo de espera. Se trata de una medida “fundamental para que las personas con discapacidad puedan acceder a los recursos y beneficios que necesitan sin demoras innecesarias”, en palabras de la diputada popular.

Por último, destaca la creación de una Comisión Permanente de Discapacidad, que representa un paso significativo en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito legal y político. “Es crucial que llamemos a las cosas por su nombre y reconozcamos legal y políticamente la discapacidad”, concluye Bastidas. “Esta Comisión Permanente asegura que las políticas de discapacidad sigan siendo una prioridad y que las necesidades de este colectivo sean atendidas de manera integral”.

La diputada del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha destacado el compromiso firme del actual Consell con la desinstitucionalización y la mejora de los servicios de atención domiciliaria para las personas mayores en la Comunitat Valenciana. Según un estudio del IMSERSO, el 94% de los residentes en España desean vivir en sus hogares hasta el final de su vida, lo que subraya la importancia de apostar por la desinstitucionalización de los cuidados.

Bastidas ha señalado que “durante el gobierno del Botànic, el desarrollo de los servicios sociales domiciliarios, como la teleasistencia y la ayuda a domicilio, fue del todo insuficiente. Por el contrario, los datos actuales muestran un progreso significativo gracias a las políticas implementadas por el Consell de Carlos Mazón”.

En diciembre de 2023, más de 50.000 personas en la Comunitat Valenciana se beneficiaban del servicio de teleasistencia, mientras que 5.270 recibían ayuda a domicilio. Estos números han experimentado un notable incremento en los últimos meses. A fecha de 31 de julio de 2024, el servicio de teleasistencia alcanza a casi 89.000 personas, situándose como el segundo más grande de España, y la ayuda a domicilio beneficia a casi 6.000 personas.

“Los datos hablan por sí solos”, afirma la portavoz de Política Social del Grupo Parlamentario Popular. “Desde que asumimos el gobierno, hemos trabajado incansablemente para reducir las listas de dependencia y mejorar los servicios que permiten a nuestros mayores vivir con dignidad y autonomía en sus propios hogares”.

La diputada afirma que “el apoyo a la desinstitucionalización no solo es una cuestión de política social, sino de respeto y de respuesta a los deseos de nuestros mayores. Estamos comprometidos con la ampliación y mejora de estos servicios para asegurar que todos aquellos que deseen vivir en su hogar puedan hacerlo con todas las garantías y el apoyo necesario”.

El Consell, asegura Bastidas, continuará implementando medidas para reforzar la teleasistencia y la ayuda a domicilio, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de vida de las personas mayores en la Comunitat Valenciana y asegurar que sus necesidades sean atendidas de manera eficiente y personalizada.

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