José María Sánchez rechaza la transferencia de la AP-9 al considerar que no aporta beneficios reales para Galicia.
VOX ha votado en contra de la propuesta de transferencia de la titularidad de la autopista AP-9 durante su debate en la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados, al considerar que la iniciativa no aporta soluciones reales para Galicia y responde únicamente a intereses políticos y electorales.
El diputado de VOX José María Sánchez ha criticado la propuesta impulsada por otras formaciones políticas, asegurando que no supone una transferencia efectiva de competencias y que genera más incertidumbre administrativa y jurídica sobre la gestión futura de una de las principales infraestructuras viarias de Galicia.
“Lo que se presenta como una transferencia histórica es, en realidad, una operación política sin contenido real que no mejora la situación de los usuarios ni resuelve los problemas de la AP-9”, ha afirmado.
Desde VOX defienden que el verdadero debate debe centrarse en la eliminación de los peajes considerados abusivos y en la revisión de las decisiones adoptadas en torno a la concesión de la autopista, cuestiones que afectan directamente a miles de conductores gallegos.
La formación considera que la iniciativa aprobada deja numerosos aspectos pendientes de definición y traslada decisiones fundamentales a futuros acuerdos administrativos, sin concretar con claridad qué competencias se asumirían ni cómo se articularía su gestión.
Defensa de una infraestructura estratégica
José María Sánchez ha advertido de que la AP-9 constituye una infraestructura estratégica para la movilidad, la economía y la logística de Galicia, por lo que considera imprescindible mantener una planificación coordinada dentro del sistema nacional de transportes.
Según VOX, una fragmentación competencial podría dificultar futuras inversiones, retrasar proyectos de mejora y generar mayores costes para los usuarios y las administraciones.
“La AP-9 necesita estabilidad, inversiones y planificación a largo plazo, no operaciones políticas diseñadas para generar titulares”, ha señalado.
Incertidumbre sobre la concesión
El diputado también ha recordado que continúa abierto un procedimiento en el ámbito europeo relacionado con la prórroga de la concesión de la autopista, una circunstancia que, a juicio de VOX, añade más incertidumbre sobre el futuro de esta infraestructura.
Por ello, la formación insiste en que cualquier reforma relacionada con la AP-9 debe ofrecer seguridad jurídica, garantizar la defensa de los usuarios y responder a criterios técnicos y de interés general.
VOX ha reiterado su compromiso con la gratuidad de la autopista, la mejora de las infraestructuras estratégicas y la defensa de los intereses de los ciudadanos frente a decisiones que considera motivadas por cálculos electorales.
Alfonso Rueda destaca a Galicia como ejemplo de gestión, estabilidad y confianza.
El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado el modelo de la “Galicia del sí” como ejemplo de estabilidad, gestión y confianza frente al “sinsentido” que, a su juicio, representa el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante su intervención ante los cerca de 4.500 asistentes a la tradicional Peregrinación Popular de O Pino, Rueda ha defendido que Galicia se ha convertido en una “isla de normalidad” en un contexto político marcado por la incertidumbre y los escándalos que afectan al Ejecutivo central.
El líder de los populares gallegos ha asegurado que España necesita “limpieza, decencia, rumbo y sentido común” y ha señalado que Alberto Núñez Feijóo representa el proyecto político capaz de devolver estabilidad institucional y confianza a los ciudadanos.
“España necesita más que nunca un presidente como Feijóo, capaz de unir, gestionar y ofrecer soluciones reales a los problemas de los españoles”, ha afirmado.
Galicia, ejemplo de gestión y confianza
Rueda ha puesto en valor los avances logrados por Galicia en ámbitos como la sanidad pública, la educación, la vivienda o la atracción de inversiones internacionales.
En este sentido, ha destacado la elección de Galicia por parte del grupo automovilístico chino SAIC para instalar su primera fábrica europea de vehículos eléctricos, un proyecto que, según ha señalado, demuestra la confianza que los inversores depositan en la comunidad.
“Galicia es hoy un territorio fiable, una tierra donde los servicios funcionan y donde existe seguridad para invertir, crecer y crear empleo”, ha subrayado.
Defensa de una financiación justa para Galicia
El presidente del PPdeG también ha reiterado la posición de Galicia en el debate sobre la financiación autonómica, defendiendo que cualquier reforma debe abordarse desde el consenso multilateral entre todas las comunidades autónomas.
“Lo que pertenece a todos debe debatirse entre todos. Galicia no quiere quitar nada a nadie, pero tampoco permitirá que nadie le quite lo que le corresponde”, ha afirmado.
Un modelo basado en la gestión y la cercanía
Por su parte, el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha destacado que el Partido Popular representa un modelo basado en la gestión, la cercanía, el esfuerzo y la honestidad.
Calvo ha contrapuesto este modelo al deterioro institucional que, según ha señalado, vive actualmente España y ha mostrado su convencimiento de que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno.
Paula Prado: «Sánchez vuelve a castigar a Galicia eliminando un servicio esencial para los mayores»
El Partido Popular de Galicia ha denunciado el nuevo perjuicio que el Gobierno de Pedro Sánchez causa a Galicia tras decidir eliminar los convenios que permitían a numerosos ayuntamientos colaborar con el Programa de Turismo del Imserso, facilitando la reserva de plazas y la atención personalizada a las personas mayores.
La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha criticado una decisión adoptada de forma unilateral y sin diálogo con los municipios afectados, que obligará a miles de mayores a gestionar sus viajes exclusivamente por internet o a través de agencias de viajes, eliminando un servicio de proximidad que llevaba décadas funcionando con éxito.
“Estamos ante un nuevo castigo a Galicia y, especialmente, al medio rural y a las personas mayores, que son quienes más dificultades tienen para afrontar trámites digitales”, ha afirmado.
Prado ha realizado estas declaraciones en Lalín junto al alcalde y senador José Crespo, así como representantes de otros municipios afectados, donde ha reivindicado el derecho de los mayores a recibir una atención cercana, personalizada y adaptada a sus necesidades.
La dirigente popular ha asegurado que el PPdeG llevará esta reivindicación a todas las instituciones y continuará defendiendo la recuperación de un servicio que facilitaba la participación de miles de gallegos en los programas turísticos del Imserso.
Por su parte, José Crespo ha lamentado que el Gobierno central elimine un sistema que permitía resolver dudas, organizar grupos y ayudar a las personas con mayores dificultades de movilidad, acceso digital o gestión administrativa.
“El Ayuntamiento ofrecía mucho más que información; prestaba un servicio de acompañamiento y cercanía fundamental para muchos mayores”, ha señalado.
El PPdeG considera que esta decisión incrementará la brecha digital, dificultará el acceso de los mayores a los programas del Imserso y supondrá una nueva pérdida de servicios para los municipios rurales.
Asimismo, Paula Prado ha reprochado al BNG su falta de reacción ante una medida que perjudica directamente a Galicia y ha lamentado que los nacionalistas continúen respaldando las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez incluso cuando afectan negativamente a los gallegos.
Por último, los populares han reafirmado su compromiso con la defensa del medio rural, de las personas mayores y de unos servicios públicos cercanos que garanticen igualdad de oportunidades independientemente del lugar de residencia.
José Manuel Barreiro: «Zapatero viajaba, negociaba, cobraba y el Gobierno ni se enteraba»
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, José Manuel Barreiro, ha criticado la falta de transparencia del Gobierno respecto a las actividades desarrolladas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en distintos escenarios internacionales y ha reclamado explicaciones sobre su papel y su relación con el Ejecutivo.
Durante una pregunta dirigida a la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la sesión de control celebrada en el Senado, Barreiro ha cuestionado si las actuaciones de mediación política realizadas por Zapatero contaban con algún tipo de mandato, coordinación o conocimiento por parte del Gobierno de España.
El dirigente popular ha lamentado que el Ejecutivo no haya aclarado si existía algún mecanismo de supervisión, información o seguimiento de estas actividades, pese a la relevancia institucional de las mismas y al interés público que suscitan.
José Manuel Barreiro ha defendido que la transparencia es una obligación esencial en cualquier democracia y ha subrayado que la presunción de inocencia debe ser plenamente compatible con el deber de ofrecer explicaciones a los ciudadanos cuando existen dudas sobre actuaciones desarrolladas en ámbitos de relevancia política e internacional.
Asimismo, ha advertido de que cada vez son más frecuentes las informaciones relacionadas con personas que desempeñan labores de mediación política sin ostentar responsabilidades institucionales directas, lo que, a su juicio, exige una mayor claridad por parte del Ejecutivo.
El portavoz adjunto del GPP ha insistido en que los españoles tienen derecho a conocer si determinadas actuaciones internacionales se realizaron a título estrictamente personal o si existía algún tipo de relación, coordinación o respaldo por parte del Gobierno.
Barreiro ha reclamado al Ejecutivo que actúe con total transparencia y facilite toda la información necesaria para despejar cualquier duda sobre estas cuestiones y preservar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
Alberto Pazos pide proteger la independencia judicial frente a las presiones políticas.
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, ha presentado las principales iniciativas que el PPdeG defenderá en el próximo Pleno de la Cámara autonómica, una sesión que estará marcada por la defensa de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho y los intereses estratégicos de Galicia.
Pazos ha explicado que el Grupo Popular impulsará una proposición no de ley para condenar los ataques dirigidos contra jueces y medios de comunicación, así como para reclamar transparencia y el esclarecimiento de las responsabilidades políticas derivadas de los presuntos casos de corrupción vinculados al entorno del Gobierno de España.
“El Parlamento de Galicia debe trasladar un mensaje claro de defensa de la independencia judicial, la libertad de información, la transparencia y la rendición de cuentas”, ha señalado el portavoz popular, quien ha advertido de la preocupación social existente por el deterioro de la confianza en las instituciones.
En materia de infraestructuras, el Grupo Popular defenderá una iniciativa para exigir que la transferencia de la AP-9 se lleve a cabo en los mismos términos aprobados por unanimidad en el Parlamento gallego. Pazos ha mostrado su rechazo a cualquier modificación que limite las competencias de Galicia sobre la gestión, conservación y política tarifaria de la autopista.
Asimismo, el Pleno abordará la reforma del Reglamento del Parlamento de Galicia, una modificación consensuada por los cuatro grupos de la Cámara que ampliará las garantías para el ejercicio del voto en situaciones de hospitalización, incapacidad temporal o enfermedad grave, además de mejorar la tramitación parlamentaria.
La sesión contará también con la comparecencia del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional para informar sobre la evolución de las políticas de investigación e innovación impulsadas por la Xunta de Galicia y los avances del Plan Galego de Investigación e Innovación 2025-2027.
Por último, el Grupo Popular formulará varias preguntas sobre asuntos estratégicos para Galicia, entre ellos el desarrollo de energías renovables, el avance del Corredor Atlántico ferroviario y el impacto del nuevo Estatuto Marco del Personal Sanitario promovido por el Gobierno de España.
Alberto Pazos ha destacado que Galicia necesita estabilidad institucional, inversiones estratégicas y políticas que refuercen la competitividad, la innovación y la calidad de los servicios públicos para seguir avanzando en desarrollo y bienestar.
Pedro Puy califica de operación publicitaria el anuncio de los PGE para 2027.
El portavoz de Hacienda del Grupo Popular en el Congreso, Pedro Puy, ha reprochado al ministro de Hacienda, Arcadi España, que evitara pronunciarse sobre los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno durante su comparecencia parlamentaria y ha cuestionado el anuncio realizado por Pedro Sánchez sobre la elaboración de unos Presupuestos Generales del Estado para 2027.
Durante su intervención en la Comisión de Hacienda, Puy advirtió de que la percepción de la corrupción continúa deteriorándose en España y lamentó que el Gobierno no haya ofrecido explicaciones sobre las investigaciones que afectan a organismos y actuaciones vinculadas al ámbito de responsabilidad del Ministerio.
El dirigente popular recordó que diferentes asuntos relacionados con entidades dependientes de Hacienda están siendo objeto de investigación judicial y criticó la falta de respuestas por parte del Ejecutivo ante una situación que considera de máxima gravedad institucional.
En materia presupuestaria, Pedro Puy calificó de “operación publicitaria” el anuncio realizado por Pedro Sánchez sobre los Presupuestos de 2027 y recordó que el Gobierno ha incumplido reiteradamente sus compromisos de presentar nuevas cuentas públicas durante la actual legislatura.
“El Ejecutivo prometió Presupuestos para 2024, 2025 y 2026 y no ha sido capaz ni siquiera de presentarlos al Parlamento”, señaló.
Asimismo, defendió que los Presupuestos Generales del Estado constituyen una herramienta esencial para el funcionamiento democrático y criticó que el Gobierno continúe gobernando sin someter sus políticas económicas al debate y control de las Cortes Generales.
El portavoz popular también mostró su preocupación por el incumplimiento de la regla de gasto reconocido por el propio Ejecutivo y reclamó una estrategia fiscal más rigurosa que permita reducir la deuda pública y garantizar la estabilidad financiera.
En relación con la financiación autonómica, Puy reiteró la disposición del Partido Popular y de las comunidades autónomas donde gobierna a participar en un diálogo constructivo, al tiempo que reclamó aclaraciones sobre el impacto de la quita de deuda planteada por el Gobierno y sus consecuencias para los territorios que han cumplido con los objetivos de estabilidad.
Finalmente, instó al Ejecutivo a adoptar medidas estructurales para proteger a las familias frente al incremento de precios, cumplir los compromisos adquiridos con la Unión Europea y garantizar una gestión eficaz y transparente de los fondos europeos.
Ramón Pereira denuncia el aumento de la inseguridad y la violencia en Santiago de Compostela.
VOX Santiago ha denunciado el incremento de los episodios de violencia, altercados y tráfico de drogas que se están registrando en distintos puntos de la ciudad, una situación que la formación considera cada vez más preocupante para la convivencia y la seguridad de los vecinos.
Tras un nuevo fin de semana marcado por diversos incidentes, el coordinador local de VOX, Ramón Pereira, ha advertido de que la inseguridad está alcanzando niveles que no pueden seguir siendo ignorados por las administraciones.
“La situación se está haciendo insostenible. Los altercados ya no se producen únicamente durante la noche, sino que cada vez son más frecuentes a cualquier hora del día”, ha señalado Pereira.
Desde VOX alertan de que Santiago registra un importante incremento de la criminalidad y consideran que, de no adoptarse medidas inmediatas, la situación podría agravarse aún más en los próximos meses.
La formación reclama la puesta en marcha de un plan específico para combatir el tráfico de drogas y actuar contra los narcopisos que, según denuncian, operan en distintos puntos de la ciudad y generan problemas de convivencia, inseguridad y violencia.
Asimismo, VOX exige un refuerzo de la presencia policial tanto de la Policía Local como de la Policía Nacional, además de una mayor dotación de medios para que las fuerzas de seguridad puedan actuar con eficacia frente a la delincuencia.
Ramón Pereira ha mostrado también su apoyo a las movilizaciones vecinales que se han producido en los últimos días para reclamar soluciones ante el deterioro de la seguridad en algunos barrios compostelanos.
Según la formación, cada vez son más los ciudadanos que expresan su preocupación por el aumento de las peleas, las actividades relacionadas con el narcotráfico y la sensación de inseguridad en determinadas zonas de la ciudad.
VOX considera que el gobierno municipal no está respondiendo con la contundencia necesaria ante esta problemática y acusa al Ejecutivo local de minimizar la gravedad de los hechos.
Por ello, la formación reclama actuaciones concretas y medidas eficaces que permitan recuperar la tranquilidad en los barrios, proteger a las familias y garantizar la seguridad de los vecinos.
“Los compostelanos merecen vivir en una ciudad segura. Es responsabilidad de las administraciones actuar con firmeza frente a quienes deterioran la convivencia y ponen en riesgo la tranquilidad de nuestros barrios”, ha concluido Ramón Pereira.
José Manuel Balseiro: «El Senado corrige a Sánchez y exige respetar las competencias autonómicas en seguridad laboral»
El Partido Popular ha logrado que la Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado apruebe una moción en la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a incorporar a las comunidades autónomas al proceso de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a respetar plenamente sus competencias en materia de seguridad y salud laboral.
La iniciativa, defendida por el senador del PP José Manuel Balseiro, salió adelante con el respaldo mayoritario de la Cámara gracias a los votos favorables del Partido Popular, frente al rechazo del PSOE y la abstención del PNV.
Durante su intervención, Balseiro dejó claro que el Partido Popular comparte la necesidad de actualizar una ley que cumple tres décadas para adaptarla a las nuevas realidades del mercado laboral, pero criticó que el Ejecutivo haya impulsado la reforma sin contar con las comunidades autónomas, responsables directas de aplicar gran parte de las políticas de prevención de riesgos laborales.
“El problema no es la reforma. El problema es la forma de gobernar de Pedro Sánchez, basada en la imposición, la falta de diálogo y la ausencia de consenso con quienes tienen competencias directas en esta materia”, afirmó.
El senador popular denunció que las autonomías fueron excluidas de la mesa de negociación donde se diseñó el contenido de la reforma y recordó que las aportaciones conjuntas realizadas por las diecisiete comunidades autónomas ni siquiera recibieron una respuesta formal por parte del Gobierno.
“Se les exige que desarrollen e implementen una reforma en cuya elaboración no participaron. Eso no es cogobernanza, es imposición”, señaló.
Balseiro también reprochó al Ejecutivo que utilice el diálogo social como argumento para justificar una reforma que, según indicó, carece del necesario consenso institucional.
“Escuchar a sindicatos y empresarios es diálogo social. Escuchar a las comunidades autónomas es respeto institucional. El Gobierno hizo lo primero, pero olvidó lo segundo”, destacó.
El Partido Popular considera especialmente preocupante que el Ministerio pretenda imponer nuevas obligaciones, estructuras y responsabilidades en materia de prevención laboral sin contar previamente con las administraciones autonómicas, que son las encargadas del asesoramiento, vigilancia, promoción y control de estas políticas sobre el terreno.
Además, recordó que todas las comunidades autónomas han reclamado una participación efectiva en la reforma, alertando sobre la falta de transparencia, la ausencia de mecanismos reales de cogobernanza y el riesgo de invasión competencial.
Para el PP, la aprobación de esta moción envía un mensaje claro al Gobierno: las reformas que afectan a la seguridad y salud de los trabajadores deben construirse desde el consenso, el diálogo institucional y el respeto a las competencias autonómicas.
“El Gobierno puede ignorar a las comunidades autónomas durante la tramitación de una ley, pero no puede esperar que esa ley funcione correctamente después sin contar con ellas”, concluyó Balseiro.
La moción aprobada insta al Ejecutivo a rectificar e incorporar de manera inmediata a las comunidades autónomas en todas las fases de elaboración de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.