Francisco Díaz: «Basta de cartas de pago injustas a los ganaderos».
Apoyo al pastoreo y a la ganadería local como herramienta de prevención y conservación del pinar. Este es el objetivo esencial de la iniciativa que el Grupo Municipal VOX pondrá sobre la mesa en el próximo Pleno del martes del Ayuntamiento de Cartaya, en el que su portavoz, Francisco Díaz, pedirá que los ganaderos locales no tengan que pagar ninguna tasa por cabeza de ganado cuando realicen el pastoreo con el permiso correspondiente en los montes públicos municipales.
Tal y como explica el concejal, la reducción acordada en pleno hace tres años de las tarifas por aprovechamiento de pastos a los ganaderos locales, considerándolos actividad de interés social, “es claramente insuficiente, dado el valor del servicio ambiental que prestan para la prevención de incendios, mejora de suelos, control de especies invasoras y vigilancia del pinar, así como ante el abandono progresivo del monte y el aumento de grandes incendios en los últimos años, que antes eran poco frecuentes gracias a la presencia constante de pastores, ganaderos y carboneros”.
Además, según ha destacado, hay un “desequilibrio” entre lo que se recauda por algunos aprovechamientos, como el piñón, que “genera más de dos millones de kilos anuales”, y el escaso apoyo al pastoreo, que además ayuda a mantener ese recurso.
Díaz Vázquez ha explicado, además, que los ganaderos han recibido este año una carta de pago del Ayuntamiento de Cartaya de los derechos de aprovechamiento de pastos en los Montes Propios relativos al ejercicio 2023, “tomando como referencia el número de animales que constaba en los registros de la Oficina Comarcal Agraria, sin haberles pedido actualización ni haberles informado de las tarifas previas a aplicar”.
“La falta de comunicación y esta forma de gestionar los tributos por parte del Ayuntamiento ha suscitado un gran malestar y un perjuicio a nuestros ganaderos que, desarrollan una labor fundamental para Cartaya, tanto en la prevención y mantenimiento de nuestros montes propios, como en la continuidad de una actividad tradicional y que es un referente para nuestro municipio: la ganadería”, ha manifestado.
Por todo ello, su grupo pedirá modificar la ordenanza que regula el aprovechamiento de pastos mediante el pastoreo estableciendo que los ganaderos locales no tengan que pagar ninguna tasa por cabeza de ganado cuando realicen el pastoreo con el permiso correspondiente en los montes públicos municipales, “por considerar su actividad un servicio ambiental de interés público y, en todo caso, entendiéndolo como una actividad que se podría compensar con el coste que supondría para el Ayuntamiento la limpieza de esos terrenos”.
Ampliar y consolidar las medidas de apoyo aprobadas en 2022 sobre el uso de pastos, incluyendo la exención total de tarifas para pastoreo en zonas forestales con fines de limpieza vegetal o prevención de incendios, así como brindando apoyo logístico en forma de acceso a puntos de agua, mejora de caminos rurales, señalización y adecuación de zonas de carga y descarga de ganado son otras de las medidas que exigirá el Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Cartaya, así como la inclusión en los Planes Municipales de Prevención de Incendios la coordinación anual con ganaderos locales para establecer zonas de pastoreo estratégico (cortafuegos naturales, linderos, zonas de alto riesgo), con calendario y carga ganadera adaptada.
Por último, mediante esta moción, VOX exige que el Ayuntamiento cartayero inste a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Huelva a aprobar líneas de subvención específicas para ganaderos que colaboren en prevención de incendios mediante pastoreo, así como a revisar la legislación vigente para permitir y fomentar este tipo de actuaciones en espacios naturales protegidos, siempre bajo criterios técnicos y sostenibles.
Sánchez Cuéllar: «El mildiu avanza… y el PP retrocede».
El portavoz de VOX en la Diputación de Huelva, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, ha exigido en rueda de prensa al presidente de la institución provincial, David Toscano, que se pronuncie respecto a los acuerdos que el PP adquirió con VOX el pasado mes de julio, relativos a la concesión urgente de ayudas a los viticultores del Condado afectados por la plaga de mildiu.
El diputado provincial de la formación de Santiago Abascal ha recordado que la alcaldesa de La Palma del Condado, Rocío Moreno, “se benefició de un acuerdo que firmó en calidad de vicepresidente de la Diputación y que, tras conseguir la aprobación del Plan Económico y Financiero de su municipio, se desmarcó del acuerdo adquirido con VOX, dejando completamente vendidos a los viticultores del Condado”.
En relación con la postura del PP, Sánchez Cuéllar ha denunciado “la descoordinación del Grupo Popular que gobierna en la Diputación con mayoría absoluta, dado que los diputados van adquiriendo compromisos por escrito, para después quedar desacreditados por la falta de respaldo del presidente”. En este sentido, ha puntualizado que “cuando en una institución un vicepresidente firma un acuerdo, se entiende que lo hace con autorización y garantía de cumplimiento, pero lamentablemente, tratándose del PP, hemos comprobado que no podemos fiarnos de su palabra ni de lo que firman”.
Por otra parte, el portavoz de VOX ha desmentido públicamente a Moreno, que aseguró en el último pleno de La Palma que desde VOX se le había facilitado el acuerdo cinco minutos antes de que comenzara la sesión plenaria del 7 de julio y que se había modificado sin su conocimiento. “El acuerdo se le hizo llegar incluso por WhatsApp para que pudiera leerlo antes de firmarlo, ni se le presentó cinco minutos antes del pleno ni se ha cambiado una simple coma”. El documento, que recoge de forma clara y expresa los puntos a los que la alcaldesa ya se había comprometido previamente, está firmado el 4 de julio, desmontando así la versión ofrecida por Moreno en el pleno.
En este contexto, tras la negativa del Ministerio de Agricultura a conceder ayudas para hacer frente al mildiu, Sánchez Cuéllar ha presentado una moción de cara al próximo pleno de la Diputación, exigiendo ayudas urgentes para los viticultores tanto a Diputación como a la Junta de Andalucía. “Nuestros viticultores merecen una respuesta clara y definitiva por parte del PP a nivel provincial y autonómico”.
Gavira: «Ni cumplen ni respetan lo que prometieron».
El portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha denunciado que, “pese a que los agricultores de Huelva se han sacrificado para dejar de cultivar sus tierras, la convocatoria publicada por el Miteco para lanzar las ayudas de Doñana no sólo llega tarde sino que es insuficiente”.
En este sentido, ha señalado que, aunque los agricultores son el epicentro de este acuerdo, “son los últimos en cobrar y encima la convocatoria apenas cubre un tercio de las hectáreas que abarca la plataforma de regantes”.
Durante una reunión mantenida en el Parlamento con los representantes de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, su portavoz, Manuel Mora, ha explicado que la convocatoria, tal y como está ahora redactada, “permitiría acogerse a las ayudas del conocido como Plan de la Fresa a unas 400 hectáreas cuando estaríamos en condiciones de aportar 800 hectáreas más”.
Al respecto, Gavira ha reprochado que el presupuesto apenas da para cubrir un tercio de las 1.200 hectáreas que existen en total dentro de la Plataforma de Regantes y ha denunciado que “el dinero no llega y los que han puesto la carne en el asador, los agricultores, tras más de dos años de espera, ahora se quedan fuera”.
Para el portavoz del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía, los agricultores han hecho lo que le pedían las administraciones, tanto el Gobierno de Sánchez como el Gobierno de Juanma Moreno, pero las administraciones, ambas, PP y PSOE, “no están cumpliendo lo pactado”.
A su juicio, “en primer lugar tienen que estar los agricultores”, y, en este sentido, ha dejado claro que “VOX va a estar con ellos para ser su altavoz en el Parlamento y llegar hasta donde quieran que lleguemos”.
María López: «No se puede castigar a un niño por estar enfermo».
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de la capital preguntará al equipo de Gobierno en el Pleno de este viernes por las gestiones realizadas hasta la fecha con la Junta de Andalucía para la reactivación del protocolo conjunto existente entre las consejerías de Salud y Desarrollo Educativo, al objeto de que los alumnos afectados con enfermedades crónicas complejas o en situación de cuidados paliativos pudieran este año comenzar su curso escolar a la misma vez y en igualdad de condiciones que los demás alumnos.
Así lo ha señalado la viceportavoz municipal, María López, quien ha recordado que en el Pleno de mayo se aprobó por unanimidad esta propuesta de VOX, relativa al protocolo que se instauró en el año 2023 y que tiene el objetivo fundamental de “proporcionar un entorno de seguridad y facilitar una escolarización adaptada, reconociendo que la escuela es un medio fundamental para la normalización, participación y convivencia de los menores, elaborando planes individualizados para cada alumno que así lo requiera”.
Tras la aprobación de la iniciativa de VOX en el Pleno de mayo, entre las gestiones a realizar por parte del Ayuntamiento figuraban el instar a la Junta a que se incrementen los recursos destinados a dicho protocolo, para asegurar su implementación efectiva en todos los centros educativos de la región que cuenten con alumnos que requieran de dichos cuidados.
Además, ya que es necesario que la reactivación de ese protocolo se realice de forma anual, desde el Consistorio se iba a exigir a la Administración autonómica que dicha reactivación se hiciera con la suficiente antelación y no como ha venido sucediendo en estos últimos años, en los que se realizaba a primeros de septiembre.
Esto, en palabras de López Zambrano, “genera un alto grado de incertidumbre entre las familias que deben esperar hasta esa fecha para solicitar los recursos necesarios, lo que se viene traduciendo año tras otro en un retraso significativo en el inicio del curso escolar para esos alumnos afectados por dichas enfermedades, lo que supone para ellos una desventaja añadida más en relación con los demás alumnos a la que ya de por sí acarrea su propia enfermedad”.
Rafael Segovia: «Nos obligan a competir contra África y Mercosur con los brazos atados».
El diputado de VOX en el Parlamento de Andalucía, Rafael Segovia, ha defendido la necesidad de apostar por la investigación y la explotación de los recursos propios para evitar que España dependa de terceros países.
Segovia ha recordado que, tras la guerra de Ucrania, Europa tomó conciencia del riesgo que suponía la dependencia energética de Rusia, lo que llevó a apostar por el autoabastecimiento energético y por la inversión en energía fotovoltaica, hidrógeno verde y nuevas explotaciones mineras.
Sin embargo, el parlamentario de VOX ha denunciado la incoherencia de la coalición popular y socialista en Bruselas, que no aplica el mismo criterio en sectores como la agricultura, la ganadería y la pesca, condenados por la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y la Ley de la Restauración de la Naturaleza.
“Nuestros agricultores y ganaderos están siendo víctimas de la competencia desleal de países africanos con los que no pueden competir, a lo que pronto se sumarán los acuerdos con el Mercosur”, ha subrayado Segovia.
Asimismo, el diputado andaluz ha criticado la falta de apoyo de las administraciones globalistas en materia de obras hidráulicas, fundamentales para garantizar el futuro del campo y del mundo rural.
Segovia ha concluido señalando que la consecuencia de estas políticas es el abandono del mundo rural y el avance imparable de la España vaciada, una realidad que VOX se compromete a combatir defendiendo la soberanía agrícola, ganadera y pesquera de Andalucía y de España.
Rafael Segovia: «PP y PSOE han condenado al campo onubense a la sed con 26 años de promesas incumplidas».
El diputado del Grupo Parlamentario VOX en Andalucía por la provincia de Huelva, Rafael Segovia, se ha referido hoy al “desconcierto” del Gobierno andaluz respecto al acuerdo anunciado con el Ministerio de Transición Ecológica para el desbloqueo de la Presa de Alcolea.
Mientras que, en respuesta a una pregunta del parlamentario andaluz en comisión sobre la situación de este acuerdo de colaboración con el Gobierno central, la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, Catalina García, señaló ayer que dicho pacto “se va a firmar o se ha firmado ya”, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco “ha mostrado su desconfianza sobre lo que pueda hacer el PSOE”, tal y como apunta Segovia.
Todo ello, después de que el diputado nacional del PSOE por Huelva, Gabriel Cruz, haya desmentido este acuerdo que, según el Gobierno de Juanma Moreno, se iba a firmar de forma inminente con el Gobierno central para que la Administración andaluza financiara y ejecutara la actuación.
“Como siempre, PP y PSOE engañan a Huelva. Si hubieran querido, la Presa de Alcolea, que proporcionaría agua suficiente para mantener la actividad agrícola sin tener que coger un solo litro del acuífero, formaría parte del Acuerdo de Doñana, ya que no había ningún impedimento para ello y su presupuesto, junto al del Canal de Trigueros, no llega al 25% de las inversiones que se harán en la zona gracias al Acuerdo de Doñana”, ha señalado.
Por ello, Rafael Segovia se ha preguntado “cómo es posible que esa infraestructura hidráulica que solucionaría por sí sola todo el problema hídrico de Doñana, haciendo compatible la actividad agrícola con el sostenimiento medioambiental, no forme parte de dicho acuerdo”.
Además, durante su intervención en comisión parlamentaria, el diputado andaluz ha señalado al PP y al PSOE como “responsables” de los problemas de sequía en Doñana, al no ejecutar las infraestructuras hídricas proyectadas cuando están al frente del Gobierno. Es más, les ha exigido que “no permitan” que se siga acusando falsamente a los agricultores de la desecación de las marismas por extraer agua del acuífero.
Tras aclarar que en Doñana “hay dos zonas claramente diferenciadas, las marismas y las arenas”, y que “ambas necesitan agua para que se mantenga el ecosistema”, ha recordado las imágenes de las marismas cuarteadas por la sequía y las acusaciones a los agricultores por extraer agua del acuífero que se encuentra bajo la misma y que sustenta el ecosistema del Parque Nacional de Doñana.
Al respecto, ha señalado que “no cabe una acusación más injusta, falsa o acientífica porque el suelo de la marisma es de arcilla, es impermeable y no permite que pase agua del acuífero a la marisma ni a la inversa”, ha manifestado, dejando claro que “el agua que hay sobre la marisma procede de la lluvia directamente y de los afluentes que le llegan”.
Rafael Segovia ha abundado en los motivos de la sequía de los últimos años, al recordar que en 1998 ocurrió el desastre de las minas de Aznalcóllar y “hubo que construir un muro para evitar que llegara el vertido al corazón de la marisma”, una actuación de urgencia que, en sus palabras, “salvó Doñana pero tuvo efectos secundarios, ya que se perdieron los aportes de agua que llegaban a través del Caño del Guadiamar, del Caño Travieso y del Brazo de la Torre”, ha precisado.
Según ha puntualizado, como respuesta a esa situación, surgió el proyecto Doñana 2005, que contempla una serie de actuaciones para la restauración hídrica de la zona, entre ellas recuperar estas tres infraestructuras cuyas obras, por Real Decreto, “fueron declaradas en 1999 de Interés General y llevaban implícitas las declaraciones de Utilidad Pública y de Urgencia a los efectos de la ocupación de bienes afectados”. Sin embargo, tal y como ha reprochado, “han pasado 26 años y ni los gobiernos del PP ni los del PSOE han ejecutado las obras”.
María López: «El drama de Huerto Paco no puede repetirse».
El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al equipo de Gobierno “que cumpla de una vez por todas” con el compromiso adquirido en el acuerdo de investidura respecto a la puesta en marcha del servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas en nuestra ciudad.
Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la viceportavoz municipal, María López, quien ha señalado que, tal y como se está haciendo en otros ayuntamientos gobernados por el PP, en el próximo Pleno vamos a pedir “que figure como motivo de exclusión, tanto en el registro de demandantes de viviendas como en las bases que se aprueben para la adjudicación de vivienda pública, el hecho de que el interesado se encuentre ocupando una vivienda o inmueble de manera conflictiva sin título suficiente para ello, y sin el consentimiento expreso del titular”.
Del mismo modo, los concejales de VOX en el Consistorio de la capital exigirán la creación de un censo de viviendas ocupadas de forma ilegal, con información actualizada de forma regular, en el que se incluya también el listado de edificios municipales afectados por esta lacra.
Tal y como ha señalado la edil, en los últimos años “Huelva viene padeciendo un incremento alarmante de la ocupación ilegal de viviendas”, un fenómeno que, en sus palabras, “ya no puede considerarse marginal y que está generando graves problemas de convivencia, seguridad y salud pública en distintos barrios de la ciudad”.
Segú precisa la moción de VOX, los datos del Ministerio del Interior reflejan que, solo en la provincia de Huelva se produjeron en 2024 un total de 152 casos de usurpación de inmuebles, lo que supone un 20% más que en 2023. Aunque la estadística no se desglose a nivel municipal, la viceportavoz valora que “los vecinos de la capital pueden constatar a diario las consecuencias de esta realidad en edificios ocupados que se han convertido en focos de conflictividad, degradación urbana e inseguridad”.
“El caso más estremecedor, y que recientemente ha sacudido profundamente a la ciudadanía, ha sido la violación de una menor en un edificio ocupado tras ser secuestrada a punta de navaja en el barrio de Huerto Paco. Este suceso no solo revela la vulnerabilidad que generan estos entornos, sino que pone de manifiesto cómo la falta de control sobre los inmuebles ocupados ilegalmente puede derivar en la comisión de delitos especialmente graves”, ha manifestado López Zambrano.
Además, según ha denunciado, estos edificios “suelen convertirse en focos de insalubridad, acumulación de basuras y plagas, que afectan a la salud del vecindario”. A ello “se suman las denuncias por amenazas, ruidos, vandalismo, robos y un clima de miedo que rompe la convivencia”, mientras que los propietarios legítimos, por su parte, “sufren la impotencia y la angustia de perder el control de sus viviendas y enfrentarse a interminables procesos judiciales, al tiempo que los vecinos ven cómo sus barrios se deterioran a pasos agigantados”.
También las administraciones públicas, según ha añadido la concejal, tienen que asumir en numerosas ocasiones un elevado coste en actuaciones de limpieza, tapiado de edificios y recursos policiales. En definitiva, ha apuntado que “se está poniendo en riesgo la convivencia, la tranquilidad de los barrios y el respeto a la legalidad”.
Tal y como ha recodado, VOX lleva años denunciando este hecho y exigiendo al Gobierno central que se tomen las medidas necesarias para poner coto a este problema de una forma definitiva, lo que debe de pasar por una reforma del Código Penal, endureciendo las penas por usurpación y agilizando el proceso de desahucio de ocupas; dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal; así como modificando la legislación vigente para facilitar de una manera significativa la construcción de vivienda social.
“Mientras esto no ocurra y como Administración más cercana al ciudadano, consideramos que el Ayuntamiento debe dar también respuesta, siempre dentro de sus competencias, a este problema que cada vez afecta a más de sus conciudadanos; por lo que es urgente que el Ayuntamiento de Huelva, aparte de otras medidas que también están a su alcance, ponga de una vez por todas en marcha ese servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas, con el que ya se comprometió con VOX en el acuerdo de investidura”, ha manifestado la viceportavoz.
TOLERANCIA CERO A LA OCUPACIÓN ILEGAL
Este servicio, según ha explicado López Zambrano, permitiría a los afectados “recibir orientación jurídica inmediata, activar canales de coordinación directa con la Policía Local y Nacional, y establecer sistemas de aviso temprano para impedir que las ocupaciones se consoliden”.
Un recurso de estas características, bajo su punto de vista, “no solo ayudaría a proteger los derechos de los propietarios, sino que también reforzaría la seguridad y la confianza de los vecinos, enviando un mensaje claro: en Huelva no se tolerará la ocupación ilegal que degrada barrios, pone en riesgo la convivencia y, como desgraciadamente hemos visto, puede derivar también en tragedias como la que recientemente hemos tenido que ser testigos”.
José Joaquín de la Torre: «El mildiu provoca pérdidas de hasta 3.500 € por hectárea en la viña almonteña».
Exonerar a los viticultores cuyos cultivos se hayan sido afectados por el hongo del mildiu del pago de la tasa de 300 euros por hectárea en la ocupación de terrenos de naturaleza agrícola correspondiente a un año completo. Esta es la propuesta que el concejal de VOX en el Ayuntamiento de Almonte, José Joaquín de la Torre, llevará al Pleno de este jueves.
Según explica el edil, la razón de ser de esta iniciativa atiende a la razón de que “la viña en Almonte está en peligro”, toda vez que los problemas ya conocidos, como “el abandono del campo, la falta de relevo generacional, el encarecimiento del suelo agrícola o incluso la amenaza de expropiaciones forzosas para proyectos de energías renovables, se suma este año el mildiu, que está provocando pérdidas devastadoras para muchos viticultores”.
Tanto es así que, tal y como precisa en su moción, “se estima que la incidencia del mildiu va a causar una merma de entre el 50 y el 60% en la recolección de la viña en Almonte, afectando tanto a la producción como a la calidad del mosto, e incluso comprometiendo la viabilidad económica de las explotaciones”.
En este sentido, según datos del informe técnico del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino de Naranja Condado de Huelva de junio de 2025, la estimación de las pérdidas de los viticultores afectados por el mildiu estaría “entre los 3.000 y los 3.500€ por hectárea”.
De la Torre recuerda que algunos de los viticultores almonteños desarrollan su actividad en terrenos municipales bajo el régimen de concesión en los denominados ‘Montes de Propios’. La utilización de estos terrenos de naturaleza agrícola está sujeta al pago de una tasa regulada por la Ordenanza fiscal 2-11, concretamente en su artículo 6º.
Precisamente tal y como apunta el concejal, a comienzos de la presente legislatura, el actual equipo de Gobierno decidió, “de forma arbitraria y sin diálogo previo con la oposición”, aplicar un incremento notable en dicha tasa. En el caso de los cultivos de secano, se pasó de 90€ a 300€ por hectárea, lo que ha supuesto una carga económica considerable para los viticultores almonteños, todos ellos con pequeñas explotaciones familiares gestionadas por los propios agricultores que mantiene viva una tradición ancestral y que, en palabras de De la Torre, “ahora más que nunca necesitan respaldo institucional en lugar de más obstáculos”.
“A día de hoy, la vendimia ya ha comenzado y, sin embargo, nuestros agricultores siguen esperando una respuesta clara y efectiva por parte de las administraciones. Por eso, hoy pedimos responsabilidad y compromiso. El sector vitivinícola necesita ayudas directas, apoyo institucional y soluciones concretas. No podemos permitir que un cultivo que forma parte de nuestra historia y nuestra cultura, se abandone a su suerte. Tampoco podemos abandonar a las familias que, con tanto esfuerzo y dedicación, están sosteniendo el sector vitivinícola de Almonte”, ha manifestado.
De ahí que, en la moción de VOX, se pida que el Ayuntamiento de Almonte deje clara su solidaridad con el sector vitivinícola y se comprometa a colaborar activamente en cuanto sea necesario para garantizar su continuidad en el pueblo y su relevo generacional.
Por otra parte, además de exonerar del pago de la tasa correspondiente a un año completo a los viticultores cuyos cultivos se hayan sido afectados por el hongo del mildiu, VOX plantea cambiar el artículo 6 de la Ordenanza Fiscal 2-11, reguladora de la tasa por utilización de terrenos de naturaleza agrícola, con el fin de restablecer la cuota correspondiente a cultivos de secano o cultivo tradicional a la vigente antes de la modificación de 2023, actualizada conforme al IPC.
Instar a la Diputación de Huelva a formalizar, a través de la Cátedra de la Provincia, un proyecto de investigación centrado en el estudio, prevención y tratamiento del mildiu para combatir la enfermedad y contraer su propagación es otro de los puntos incluidos en la propuesta, así como instar a la Diputación de Huelva y a la Junta de Andalucía a coordinarse para habilitar con carácter urgente y extraordinario una partida presupuestaria específica para la concesión de ayudas directas a los viticultores del Condado de Huelva afectados por el mildiu, por un importe mínimo de 1.000 euros por hectárea desde la Diputación y 2.000 por hectárea desde la Junta de Andalucía, siendo ambas ayudas compatibles o pudiendo ser, articuladas, si así lo estiman, mediante mecanismos similares a los empleados en el Pacto de Doñana. Así lo ha solicitado ya VOX tanto en el ente provincial como en la Junta de Andalucía.
Del mismo modo, De la Torre pide solicitar desde el Ayuntamiento de Almonte la colaboración del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva, tanto para la cuantificación precisa de los daños ocasionados por el mildiu, como para la elaboración de un plan de recuperación y repoblación del viñedo en la comarca.
Exigir a la Junta de Andalucía a que participe, tanto técnica como económicamente, en la ejecución del plan de repoblación del viñedo en el Condado de Huelva constituye otra de las propuestas recogidas por VOX en su batería de medidas, así como instar al Gobierno de España a regular, mediante Real Decreto o Resolución del Ministerio de Hacienda, una exención en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente al ejercicio de 2025 a favor de los bienes inmuebles de naturaleza rústica que sean propiedad de los titulares de explotaciones agrícolas afectados por el Mildiu y que hayan sufrido en dicho ejercicio una reducción del rendimiento neto de tales actividades.
Por último, VOX exige instar a la Unión Europea a que no se produzcan más recortes en la PAC y a que se restablezcan, dotando económicamente, todos los fondos que se han retirado a los agricultores andaluces.