Antelo: «Esto no es lo que defendíamos»
José Ángel Antelo, ha elevado el tono contra el rumbo actual del partido en materia de inmigración, denunciando lo que considera un cambio de criterio respecto a los principios defendidos hasta ahora.
“No fuimos a los gobiernos para aceptar la inmigración ilegal. Ahora, con tres años, cobran pagas y se acepta”, ha afirmado en un mensaje directo que apunta al debate interno abierto en la formación.
El origen de la polémica: pactos con el PP
Las críticas de Antelo llegan tras los acuerdos alcanzados entre VOX y el Partido Popular en comunidades como Baleares, donde se ha fijado como requisito que inmigrantes y menores extranjeros no acompañados acrediten tres años de residencia para acceder a ayudas públicas.
Aunque la postura inicial de VOX era la exclusión total de estas prestaciones, el partido ha aceptado esta fórmula como parte de la negociación presupuestaria.
Antelo denuncia un cambio de rumbo
El dirigente considera que esta medida supone un giro respecto al discurso original del partido en materia migratoria, centrado en evitar cualquier tipo de incentivo a la inmigración ilegal.
Gavira: «La inmigración ilegal masiva no es humanitaria, es un problema de seguridad»
El portavoz de VOX en Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido este jueves sobre las consecuencias de la inmigración ilegal, señalando que se trata de “un problema real” presente en barrios, pueblos y ciudades de toda la comunidad autónoma. Según ha afirmado, no se trata de un desafío humanitario, sino de una cuestión que afecta directamente a la seguridad y al funcionamiento de los servicios públicos.
Gavira ha responsabilizado de esta situación a las políticas impulsadas durante años por el Partido Popular y el PSOE, a las que ha calificado como propias del bipartidismo. En este sentido, ha señalado medidas como las regularizaciones masivas o determinados modelos de acceso a servicios públicos como factores que, a su juicio, han contribuido al escenario actual.
Asimismo, el dirigente de VOX ha denunciado la existencia de redes que se benefician de esta situación, afirmando que “quien gana son las mafias”, en referencia a organizaciones dedicadas al tráfico de personas, el fraude documental o los empadronamientos irregulares. Frente a ello, ha asegurado que “pierden los andaluces y los españoles”.
Por su parte, el portavoz nacional de seguridad e inmigración de VOX, Samuel Vázquez, ha descrito un panorama “desolador” tras visitar diferentes barrios de Córdoba y Sevilla. Según ha explicado, zonas que anteriormente contaban con actividad comercial han experimentado un deterioro significativo, con numerosos establecimientos cerrados.
Vázquez ha señalado que una parte importante de los comerciantes ha reducido su actividad por motivos de seguridad, y ha advertido de un aumento de la criminalidad en determinadas áreas. En este contexto, ha cuestionado la eficacia de las políticas actuales y ha planteado la necesidad de revisar el enfoque en materia de seguridad e inmigración.
Desde VOX han insistido en la necesidad de adoptar medidas orientadas a reforzar la seguridad, combatir las redes ilegales y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
Samuel Vázquez: «La inmigración ilegal se ha convertido en un negocio para mafias y abogados»
El portavoz nacional de Seguridad, Interior e Inmigración de VOX, Samuel Vázquez, ha denunciado en San Adrián (Navarra) las consecuencias que, a su juicio, está generando la inmigración ilegal en municipios de toda España.
Durante su visita a la localidad navarra, Vázquez ha recordado la agresión sufrida este verano por una pareja de jóvenes del municipio que, según ha señalado, fueron atacados por un grupo de origen magrebí. El portavoz de VOX ha señalado que también fueron agredidas otras personas que acudieron a defender a la pareja.
El dirigente de VOX ha advertido de que situaciones como esta generan preocupación entre los vecinos del municipio y ha criticado que determinadas políticas migratorias estén contribuyendo a agravar este problema.
Denuncia de la regularización de inmigrantes ilegales
Durante su intervención, Vázquez ha mostrado un cartel que, según ha explicado, ha aparecido en las calles de San Adrián, en el que un despacho de abogados anunciaba servicios para facilitar la regularización de inmigrantes ilegales que lleguen al municipio.
Para el portavoz de VOX, este tipo de iniciativas reflejan que la inmigración ilegal se ha convertido en un fenómeno con implicaciones económicas. “Es parte del ciclo económico de haber convertido un drama en un negocio”, ha afirmado.
Según ha señalado, las mafias que trafican con seres humanos son quienes deciden quién entra en España, priorizando a quienes pueden pagar por el viaje.
Control de fronteras
Vázquez ha defendido que la inmigración ilegal es una realidad que requiere medidas firmes por parte de las instituciones y ha criticado a los partidos que, a su juicio, favorecen estas políticas o no adoptan medidas para frenarlas.
En este sentido, ha insistido en la necesidad de establecer un control más estricto de las fronteras para evitar que se repitan episodios de violencia como los ocurridos en San Adrián.
“El objetivo es que ninguna pareja ni ningún grupo de jóvenes tenga que pasar por situaciones como las que se han vivido en este pueblo”, ha afirmado.
El portavoz de VOX ha realizado estas declaraciones acompañado por la concejal de la formación en el municipio, Socorro Sada, a quien ha mostrado su apoyo en la defensa de las medidas propuestas por el partido para reforzar la seguridad y el control migratorio.
Buxadé: «Más del 50% de los supuestos menores en Canarias son mayores de edad»
El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha denunciado desde Salamanca la situación que atraviesan las Islas Canarias, tras la visita de una misión de eurodiputados que, según ha explicado, ha podido constatar sobre el terreno las consecuencias de la inmigración irregular.
Buxadé ha definido la frontera canaria como “el agujero negro en que se ha convertido la frontera de Canarias para la inmigración masiva y descontrolada en Europa”, señalando que el archipiélago se ha transformado en un punto estratégico de entrada hacia el continente.
Durante su intervención, el eurodiputado ha asegurado que “más del 50% de esos supuestos menores son mayores de edad” tras la realización de pruebas de determinación de edad. Asimismo, ha afirmado que, en el caso de los inmigrantes procedentes de Marruecos, “el 92% no son aceptados por su país” pese a existir órdenes de devolución, expulsión o deportación.
Buxadé ha criticado la gestión tanto del Gobierno central como del Ejecutivo autonómico canario, señalando que “la comunidad autónoma, dominada por Coalición Canaria, y el Partido Popular colabora en un gasto gigantesco en perjuicio de todos los españoles”. En este sentido, ha denunciado que Canarias actúa como “un mero centro logístico en el que se acumula gente y luego se le lanza a través de aviones fletados por el Gobierno a la península”.
El dirigente de VOX ha asegurado que esta situación era conocida por el Partido Popular, el PSOE y Coalición Canaria, y ha acusado al PP de “admitir la entrada masiva de esos falsos menores y falsos refugiados en territorio nacional”.
Desde VOX reiteran su exigencia de control efectivo de fronteras, cumplimiento de las órdenes de devolución y una política migratoria que, según la formación, priorice la seguridad y la legalidad frente a lo que califican de modelo de puertas abiertas.
Ana Alós: «Solo 7 de cada 100 expulsiones se ejecutan en España»
La portavoz adjunta del GPP señala que en España solo se ejecutan siete de cada 100 órdenes de expulsión que se dictan, teniendo en cuenta que entre enero y septiembre de 2025 nuestro país notificó más de 41.000 órdenes de expulsión, por lo que no estamos ante “un fallo puntual”. “Es un fracaso estructural y lanza un mensaje devastador: en España incumplir la ley sale gratis”, dice
Advierte asimismo de que “España no puede ser el país que dicta órdenes que no ejecuta y que convierte la irregularidad en antesala de la regularización automática”
“A un ciudadano español se le exige un certificado oficial negativo de antecedentes penales para acceder a un empleo público o a determinadas actividades y, sin embargo, a quien ha entrado o permanecido ilegalmente en España se le va a permitir regularizar su situación con una manifestación unilateral”, apunta sobre la mayor regularización masiva de inmigrantes irregulares de nuestra historia a manos de Pedro Sánchez
“¿De verdad creen que eso refuerza la seguridad jurídica? ¿Que eso protege a los españoles y también a los inmigrantes que sí cumplen las normas?”, plantea sobre una regularización que “no solo es injusta para los ciudadanos españoles, sino también para quienes han venido legalmente y han esperado años en trámites burocráticos interminables”
“Mientras nuestros socios endurecen sus políticas de retorno, España anuncia papeles para todos y así nos convertimos en el coladero del espacio Schengen”, incide en relación con “el potente efecto llamada” que las mafias están ya utilizando
Resalta que “la propia Fiscalía General del Estado ha advertido de los retrasos y dificultades para materializar expulsiones por colapso judicial, imposibilidad de localización o falta de cooperación consular”. “Es decir, el sistema no funciona y, en lugar de arreglarlo, el Gobierno ha optado por desactivarlo por la vía de la regularización masiva”, denuncia
Además de garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión, exige al Gobierno “aprobar los cambios legislativos necesarios para expulsar a los extranjeros condenados por delitos graves o reincidentes, especialmente en delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno”
También reclama “reforzar la cooperación judicial y policial para acortar plazos y evitar dilaciones indebidas; revisar los acuerdos con países de origen y tránsito, introduciendo consecuencias diplomáticas o económicas cuando no colaboren en la readmisión; así como reforzar los medios humanos y tecnológicos de nuestras FyCSE y la cooperación con Frontex”
“Esto no va de humanidad frente a firmeza, va de Estado de Derecho, de que las resoluciones administrativas y judiciales se cumplen, de que quien comete delitos graves o reincide dolosamente no puede seguir en nuestro país como si nada hubiera pasado”, añade sobre las propuestas recogidas en la Proposición no de Ley del GPP debatida hoy y que es “coherente” con el nuevo Reglamento de Retorno presentado por la Comisión Europea
Destaca que dicho reglamento, que es “directamente aplicable y vinculante para todos los Estados miembros”, exige que “cuando alguien reciba una orden de salida de la Unión, efectivamente abandone la Unión”
“¿Qué credibilidad tendrá España cuando entre en vigor plenamente este Reglamento si hoy ejecuta solo el 7 % de sus órdenes de expulsión? ¿Cómo vamos a participar en un sistema de reconocimiento mutuo de decisiones, si estas no se cumplen? ¿Qué confianza van a depositar en nosotros los demás Estados miembros?”, pregunta
“España necesita una política migratoria de Estado: con autoridad única, control efectivo de fronteras, criterios objetivos y verificables para cualquier regularización individualizada, y retorno ordenado para quienes no cumplan los requisitos”, hace hincapié puesto que el Gobierno “no puede seguir trasladando a las comunidades y a los ayuntamientos los costes de la improvisación, no pueden tensionar más los servicios públicos legislando sin planificación ni memoria económica”
Hermann Tertsch solo los países que resistieron la inmigración masiva siguen siendo seguros.
El eurodiputado de VOX Hermann Tertsch ha advertido de que los gobiernos progresistas europeos no están en pánico, pero sí “asustados” ante las consecuencias de las políticas migratorias que ellos mismos han impulsado y que, a su juicio, están generando un grave deterioro de la seguridad y la cohesión social en Europa.
En declaraciones públicas, Tertsch ha señalado que estas políticas responden a un pacto migratorio europeo que “tiende exactamente a lo mismo que está haciendo Pedro Sánchez en España”: favorecer una inmigración masiva que ya ha demostrado ser un fracaso. Según ha explicado, lejos de aportar soluciones, estas decisiones han convertido la inmigración descontrolada en “un enorme peligro”, provocando la descomposición de numerosas sociedades europeas.
El eurodiputado ha puesto como ejemplo la situación de países como Alemania, Austria o el Reino Unido, donde los efectos de estas políticas son, a su juicio, evidentes. Frente a ello, ha destacado que los únicos países que mantienen mayores niveles de seguridad son aquellos que han resistido las presiones migratorias, rechazando los modelos impuestos desde Bruselas.
En el caso de España, Tertsch ha sido especialmente contundente al denunciar que la seguridad está colapsando y que el país se ha convertido en la principal puerta de entrada de la inmigración ilegal en Europa. “Estamos viendo cómo llegan ilegales procedentes de toda Europa para intentar aprovechar los vacíos legales, obtener documentos temporales y entrar en un sistema que fomenta el fraude, la corrupción y el tráfico de influencias”, ha advertido.
Finalmente, Hermann Tertsch ha alertado de que este proceso genera redes de corrupción, compra de voluntades y un efecto llamada permanente que agrava aún más la situación, mientras los gobiernos responsables se niegan a reconocer el fracaso de sus propias políticas.
Desde VOX insisten en que la única alternativa pasa por una política migratoria firme, basada en la ley, el control de fronteras y la defensa de la seguridad y la soberanía nacional, frente a un modelo que consideran fallido y perjudicial para los ciudadanos europeos.
Sergio Macián: «Desde Francia directos al consulado: el efecto llamada ya está en marcha»
El dirigente de VOX Sergio Macián ha advertido de las graves consecuencias que está teniendo el anuncio de regularización masiva impulsado por el Gobierno, denunciando que España se ha convertido en un polo de atracción no solo para la inmigración ilegal procedente de África, sino también para miles de inmigrantes asentados en Francia que están bajando a nuestro país para regularizar su situación.
Macián ha relatado cómo incluso ciudadanos españoles perciben ya este fenómeno de manera directa. “Un taxista de Badalona me decía que no podía más, que estaba harto de llevar continuamente a personas a consulados que vienen desde Francia para regularizarse en España”, ha explicado, subrayando que se trata de inmigrantes magrebíes —principalmente argelinos y marroquíes— que buscan obtener la residencia legal y, con ella, la puerta de entrada a la ciudadanía europea.
Desde VOX se alerta de que este proceso genera un efecto llamada masivo, con millones de personas esperando en África para pagar a las mafias del tráfico de seres humanos y llegar a España. A ello se suma la inmigración procedente de otros países europeos, lo que multiplica de forma exponencial el impacto del anuncio del Gobierno.
Macián ha advertido además de que la regularización no se limita a las personas que ya están en territorio nacional, sino que activa automáticamente la reagrupación familiar. “Transcurrido un año desde la autorización inicial, podrán traer a cónyuges, parejas, hijos propios y del cónyuge, e incluso ascendientes. Los 500.000 que se quieren regularizar se convertirán fácilmente en dos millones de personas”, ha afirmado.
Para VOX, las consecuencias son directas y devastadoras: colapso de los servicios públicos, aumento del gasto social, presión sobre la vivienda, deterioro de la seguridad, pérdida de identidad nacional y alteración del censo electoral. “La regularización abre de par en par las puertas al sistema sanitario, a la educación gratuita, a las ayudas sociales, al ingreso mínimo vital y a las prestaciones autonómicas. Todo ello tiene un coste enorme que pagan los españoles”, ha señalado.
“Esto no es solidaridad, es irresponsabilidad. Es un modelo que empobrece a los españoles, premia a quienes incumplen la ley y pone en riesgo la cohesión social”, ha concluido Macián, reiterando la necesidad de una política migratoria firme, legal y ordenada, con prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios públicos.
Virginia Martínez: «El Gobierno sacrifica convivencia y seguridad para comprar votos futuros»
VOX ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional de Murcia que responde al anuncio de regularización masiva de inmigrantes ilegales que el 26 de enero hizo el Gobierno tras un pacto con Podemos. Esta iniciativa se registra conjuntamente en el Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos y se enmarca en el compromiso del partido con la legalidad y el Estado de bienestar.
La diputada de VOX Virginia Martínez ha advertido de que las regularizaciones masivas impulsadas históricamente por el bipartidismo solo generan “un efecto llamada permanente”, debilitan el principio de legalidad y provocan un grave deterioro de la convivencia, la seguridad y los servicios públicos. “Se lanza un mensaje profundamente injusto, premiando a quienes se saltan la ley”, ha afirmado.
Martínez ha subrayado que el discurso del PSOE y del PP sobre la supuesta necesidad de la inmigración masiva para sostener el sistema de pensiones es falso. “Las pensiones no se defienden con inmigración masiva, se defienden con políticas serias y valientes al servicio de los españoles”, ha remarcado, recordando que la inmigración poco cualificada no solo no corrige el déficit estructural del sistema, sino que lo agrava.
Desde VOX denuncian además que el Gobierno ha reconocido abiertamente su intención de alterar el censo electoral. En este sentido, la parlamentaria ha señalado que las recientes declaraciones de Irene Montero ponen de manifiesto “la agenda de sustitución demográfica que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende imponer, silenciando la voluntad de los españoles y avanzando a costa del bienestar de todos, mientras España sufre una profunda emergencia social y económica”.
Asimismo, Martínez ha alertado de que nuestro país atraviesa “una emergencia habitacional sin precedentes, graves problemas de inseguridad en calles y barrios, dificultades de acceso al empleo y unos servicios sociales totalmente colapsados”, una situación que hace imprescindible “poner fin a cualquier política migratoria que incentive nuevas llegadas ilegales o regularizaciones masivas en un contexto evidente de saturación inmigratoria”.
La iniciativa registrada por VOX recoge, entre otras medidas, el rechazo a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales impulsada por el Consejo de Ministros; la auditoría exhaustiva de las concesiones de nacionalidad de los últimos años y la repatriación de quienes hayan accedido ilegalmente a España, garantizando que los menores extranjeros no acompañados regresen con sus padres a sus países de origen; la deportación de cualquier inmigrante, legal o ilegal, que cometa delitos graves, haga del delito leve su forma de vida, rechace la integración o pretenda imponer su cultura; así como la prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales y servicios públicos.
Asimismo, la formación de Abascal propone implantar una política migratoria firme y ordenada, ajustada a las necesidades reales del mercado laboral, suprimir las ayudas sociales a los inmigrantes ilegales —salvo las estrictamente humanitarias hasta su devolución—, eliminar el arraigo como vía de regularización y reformar la legislación para impedir el empadronamiento de inmigrantes en situación ilegal.
“La inmigración debe ser legal, regulada, en función de las necesidades económicas de nuestro país y ligada a la capacidad de adaptación del inmigrante a nuestra cultura”, ha concluido Martínez.