Actualidad Política

13 de agosto de 2026

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El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria llevará al próximo Pleno dos preguntas clave centradas en la seguridad ciudadana y en la atención a los barrios olvidados por el gobierno municipal.

Por un lado, VOX preguntará por la puesta en funcionamiento real de la galería de tiro de la Policía Local, ubicada en el antiguo cuartel Manuel Lois. Una instalación que comenzó a construirse en octubre de 2022, que ya está finalizada y recepcionada, pero que sigue sin estar operativa, obligando a los agentes a buscar alternativas para realizar unas prácticas de tiro que son obligatorias por ley. VOX exige saber cuándo podrá utilizarse de una vez esta infraestructura esencial para la formación y seguridad de los policías locales, tras años de retrasos y problemas de gestión.

Por otro lado, VOX pondrá el foco en el grave estado de abandono que sufren los vecinos del barrio de Hoya Andrea, donde se acumulan problemas de limpieza, falta de mantenimiento y presencia de plagas, generando una sensación creciente de dejadez y desigualdad respecto a otros barrios de la ciudad. El grupo municipal reclama al gobierno local medidas concretas y urgentes para atender las reclamaciones vecinales y dignificar la vida diaria de quienes residen en esta zona.

Desde VOX se insiste en que la seguridad de los agentes y la dignidad de los barrios no pueden seguir esperando, y se reafirma el compromiso de seguir utilizando el Pleno como herramienta para fiscalizar al gobierno municipal y defender a los vecinos que llevan demasiado tiempo sin respuestas.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha criticado recientemente el anuncio del Gobierno de Sánchez sobre la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales, lamentando que “este medio millón de regularizaciones llamará a otros millones, que agravarán aún más el colapso de la sanidad, la vivienda y la seguridad”. Además, el eurodiputado de VOX, Jorge Buxadé, ha anunciado que, tan pronto como sea publicado el Real Decreto, la formación interpondrá un recurso ante el TS (Tribunal Supremo), donde pedirán medidas cautelares, anunciando así una ofensiva europea inmediata contra la regularización exprés de Sánchez.

Ante esta información, la reacción por parte del presidente provincial de VOX, Alejandro Gómez, no se ha hecho esperar, quien ha mostrado su absoluto rechazo a la pretensión del Gobierno de España de regularizar 500.000 inmigrantes en situación ilegal, señalando que ello “supondrá un efecto llamada sin precedentes”. Gómez ha advertido de que esta decisión “no solo no frena la inmigración ilegal, sino que la incentiva, enviando un mensaje claro a las mafias y a quienes trafican con seres humanos: el que entra a España de forma ilegal, termina siendo premiado”.

En este sentido, el presidente de VOX ha subrayado que Canarias vuelve a situarse en el centro del problema, “al ser la puerta sur de Europa y por donde se recibe el primer impacto de unas políticas migratorias fallidas y totalmente erróneas”. “Canarias ya soporta una presión insostenible sobre sus recursos sanitarios, sociales y de seguridad, provocando que esta regularización masiva provoque una situación aún más crítica”, ha señalado Gómez.

El portavoz provincial de VOX denuncia que el Gobierno “prefiere regularizar la ilegalidad antes que proteger las fronteras, aplicar la ley y garantizar la seguridad de todos nosotros”. “Además, la regularización puede dar pie a una reagrupación familiar y, una vez regularizados, los inmigrantes tendrán derecho al empadronamiento, acceso a servicios (sanidad, escolarización, etc.) y no podrán ser expulsados incluso si cometieran delitos graves, y podrán traer familiares, por lo que la cifra de inmigrantes regularizados en España se verá ampliamente aumentada”.

“SI Canarias ya soporta de por sí una presión elevada sobre sus servicios públicos, con listas de espera sanitarias significativas y denuncias reiteradas de saturación en consultas y especialidades, entre otras cuestiones, la situación va a verse aún más perjudicada con esta medida del Gobierno de Sánchez”, lamenta Gómez. VOX reclama una política migratoria firme, con un control efectivo de fronteras, la lucha real contra las mafias que trafican con personas y la expulsión inmediata de quienes entren de forma ilegal, y es que para Gómez “defender nuestras fronteras es defender la convivencia, la legalidad y el futuro de España”.

El Parlamento de Canarias ha rechazado hoy, con el voto en contra de los 14 diputados presentes de todos los grupos parlamentarios salvo VOX, la Proposición No de Ley defendida por el portavoz del grupo, Nicasio Galván, relativa al rechazo de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y de la elevada tasa de basuras, conocida como “basurazo”.

VOX ha sido la única formación que se ha opuesto frontalmente a estas medidas, de carácter ideológico y recaudatorio, que ya se están aplicando en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona o La Laguna, y que no se aplican en Santa Cruz de Tenerife gracias a VOX.

Durante el debate, el Partido Popular ha intentado justificar su voto en contra alegando que, mientras siga vigente la normativa europea —aprobada por el propio PP en Bruselas—, solo cabe “parchear” o retrasar la aplicación de las ZBE en función de cada caso. Por su parte, Coalición Canaria ha defendido que la votación municipal y la regional “no tienen relación”, pese a tratarse de las mismas leyes y las mismas medidas, diferenciadas únicamente por su ámbito de aplicación.

En su intervención, Galván ha recordado que las ZBE responden a una imposición ideológica procedente de Bruselas, asumida sin resistencia por el bipartidismo (PP y PSOE), y materializada en la Directiva 2008/50/CE. Una normativa que ha condicionado de forma drástica la movilidad y los hábitos de vida de millones de españoles.

En cuanto al llamado “basurazo”, el portavoz de VOX ha subrayado que fue introducido por el Gobierno socialista mediante un decreto ómnibus en el Congreso, con la firme oposición de VOX, y que tiene su origen en la Ley de Economía Circular impulsada desde la Unión Europea.

La aplicación de estas políticas está obligando a miles de canarios a sustituir sus vehículos por otros con etiqueta medioambiental, con un sobrecoste inasumible para muchas familias. “Un coche eléctrico cuesta entre 7.000 y 9.000 euros más que uno de gasolina”, ha recordado Galván, advirtiendo de que más de la mitad de los canarios se verán perjudicados.

Aunque el ejemplo de Santa Cruz de Tenerife demuestra que estas medidas pueden revertirse, Galván ha advertido de que los parches no son suficientes: “Hay que ser firmes y rechazar las leyes del Pacto Verde”.

La Proposición No de Ley de VOX planteaba, entre otras medidas:

  • El rechazo frontal al fanatismo verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.
  • La revocación inmediata de la implantación obligatoria de las ZBE.
  • La anulación de la normativa que impone el “basurazo”.
  • La reversión de las ZBE ya aprobadas en Canarias y la eliminación de sanciones a los vecinos.

“La negativa en bloque del resto de grupos demuestra la falta de voluntad política para frenar el plan europeo de Von der Leyen y deja al descubierto la incoherencia de PP y CC”, ha concluido Galván.

El Grupo Parlamentario VOX ha exigido en el Parlamento de Canarias explicaciones urgentes a la gerente de la Fundación IDEO, Elena Márquez, tras los datos alarmantes recogidos por la Fiscalía en su última memoria, y las denuncias reiteradas del personal de los centros de internamiento de menores de La Montañeta y Valle Tabares.

La diputada Paula Jover, portavoz en la Comisión de Derechos Sociales, ha denunciado que los trabajadores se sienten completamente desprotegidos ante la creciente violencia por parte de los internos, habiéndose producido 147 accidentes laborales en 2024, de los cuales 66 fueron agresiones (44,9%). En 2025, con datos provisionales, ya se han registrado 77 accidentes, 24 de ellos agresiones (31,17%).

VOX ha planteado varias iniciativas clave:

  • Solicitar al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España que el personal educativo y de seguridad de estos centros sea reconocido como agente de la autoridad.
  • La renegociación del convenio colectivo y la recuperación del 5% salarial.
  • La implementación de espacios terapéuticos diferenciados, para separar a menores con enfermedades mentales de quienes no presentan patologías, pero sí antecedentes de delitos graves.

Jover ha lamentado la falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo autonómico a las preguntas formuladas por VOX sobre los protocolos y condiciones laborales del personal. “No basta con protocolos escritos. Los datos confirman que las agresiones siguen ocurriendo y es evidente que se necesita un refuerzo inmediato de la seguridad”, denunció.

Además, VOX ha recordado que desde el Congreso de los Diputados ya ha propuesto una reforma de la Ley Orgánica 5/2000 para rebajar la edad penal hasta los 12 años, una medida urgente ante el incremento de delitos cometidos por menores inimputables.

La diputada nacional Blanca Armario denunció que la delincuencia juvenil está deteriorando la vida en los barrios: “Hoy las chicas ya no pasean tranquilas, y los padres deben cerrar la puerta antes del anochecer. Esta inseguridad es el reflejo de una ley que se ha quedado corta y de unos políticos que miran hacia otro lado”.

📊 En 2021, se archivaron 8.433 diligencias por ser los infractores menores de 14 años. Según la Memoria de la Fiscalía de 2024, esta cifra ha crecido un 46%.

Desde VOX, han advertido: “Vamos a seguir trabajando desde las instituciones y junto a los trabajadores de estos centros para exigir respeto, orden, y firmeza ante una ley que protege al delincuente y deja desamparado al ciudadano honrado”.

La concejal de VOX Carmen Rosa Expósito ha vuelto a poner en evidencia las carencias de la acción municipal en tres áreas fundamentales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Gestión Económico-Financiera, Bienestar Social y Urbanismo. Durante las sesiones de seguimiento, la edil ha solicitado aclaraciones, reclamado responsabilidades y expuesto la falta de planificación, mantenimiento y control que afecta al patrimonio, a los servicios esenciales y al desarrollo urbano de la capital.

En la Comisión de Gestión Económico-Financiera y Especial de Cuentas, la concejal ha trasladado la necesidad de conocer las previsiones de actuación para la conservación del acueducto y molino de Las Magnolias, un bien patrimonial de Tafira Alta que continúa sin un plan claro de protección pese a su relevancia histórica. También ha reclamado información sobre la concesión del Mirador del Atlante, su estado actual y las actuaciones previstas, señalando la opacidad que sigue rodeando a este espacio emblemático.

En la Comisión de Bienestar Social, Expósito ha solicitado explicaciones sobre el nuevo contrato de seguridad en los centros de acogida de personas sin hogar, exigiendo garantías de mejora real en la prestación del servicio. Ha preguntado por la pérdida de fondos destinados a atención primaria, familias e infancia, alertando de las consecuencias directas para los usuarios. Asimismo, ha requerido información sobre el mantenimiento de centros cívicos y locales sociales, así como sobre la ejecución de los presupuestos participativos, cuya aplicación continúa sin avances significativos. En materia educativa y deportiva, ha solicitado aclaraciones por la renuncia del Ayuntamiento a la subvención del Cabildo para instrumentos musicales, el estado de las obras del campo de fútbol de Las Mesas y la situación de la Casa de la Juventud, instalaciones todas ellas fundamentales para el desarrollo comunitario y juvenil.

En la Comisión de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, la edil ha exigido explicaciones por la devolución de ayudas destinadas a mejorar la accesibilidad en Las Canteras y El Confital, una decisión que perjudica directamente a residentes y visitantes. Ha solicitado información sobre el proyecto del paseo peatonal entre la plaza de América y La Cicer y sobre las reclamaciones presentadas en el concurso del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias, donde se señalan incumplimientos del planeamiento vigente. También ha pedido detalles del proyecto de nuevas naves industriales y edificios corporativos de Cruz Roja y el Banco Mundial de Alimentos, así como el estado de los ascensores y sistemas de movilidad vertical, cuya paralización afecta a numerosos barrios. Igualmente, ha requerido explicaciones sobre las medidas adoptadas ante los robos de flores de pascua, el retraso en las actuaciones sobre el ficus del Risco de San Nicolás, la situación de la parada de guaguas en la calle Gordillo, la recuperación de las plazas de aparcamiento en el barranquillo de Don Zoilo, las medidas para frenar los olores procedentes de la EDAR de Barranco Seco y las previsiones del alcantarillado en el barrio de Llanos de María Rivera.

Desde VOX se advierte de que la falta de gestión del grupo de gobierno vuelve a hacerse evidente en cada área municipal, con proyectos paralizados, renuncias injustificadas, pérdida de fondos y ausencia de mantenimiento. La formación reitera su compromiso de continuar fiscalizando al Ayuntamiento para garantizar la transparencia, la eficiencia en el gasto público y la defensa de los intereses de todos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria.

El diputado del GPP por Santa Cruz de Tenerife, Juan Antonio Rojas, afirma que este decreto “no es un acto de apoyo ni de compromiso, sino la prueba de un retraso injustificado, de un engaño y de un castigo presupuestario injusto, por parte del Gobierno de Sánchez a Canarias”. “Coalición Canaria debe exigir lo que firmó, el PSOE debe dejar de menospreciar a los canarios y el Gobierno debe cumplir de una vez por todas”, sentencia 

Asegura que este Real Decreto-Ley “pone de manifiesto los constantes incumplimientos del Gobierno socialista con Canarias”. “Una vez más se evidencia la falta de planificación, de lealtad institucional y de compromiso real con nuestro archipiélago, pero el Gobierno insiste en un triunfalismo que no se corresponde ni con los datos ni con la realidad cotidiana de las familias afectadas”, critica

En este sentido, deja claro que “nada justifica que el PSOE en lugar de cumplir con La Palma con los fondos del Estado, nos obligue a utilizar el superávit de Canarias para pagar lo que le corresponde al Gobierno central”. “El sanchismo es así: al final querrán que les felicitemos por no hacer trampas”, sentencia

Muestra su sorpresa por declaraciones como las del ministro Ángel Víctor Torres que llegó a declarar que “se vive ahora mejor en La Palma que antes de la erupción”, algo que califica de “disparate y de falta de respeto al sufrimiento de los palmeros”

Denuncia que “el Estado debía aportar 400 millones al proceso de recuperación de La Palma tras la erupción, lo anunciaron a bombo y platillo, y se hartaron de hacerse fotos en la isla”. “A finales de 2023 cumplieron con los primeros 100 millones y se acabó el compromiso”, aclara

Afirma que el agravio a nuestras islas es histórico ya que mientras las demás CCAA podrán utilizar el 100% de su superávit, Canarias solo el 30% después de sus incumplimientos. “El sanchismo es así: te deben dinero y al final terminas pagando tú. Un timo”, remarca   

Asegura que este Decreto “no es un gesto hacia Canarias, sino un castigo, una discriminación y un engaño”. Añade que se suma a otros incumplimientos del Gobierno, como la exclusión de Canarias de la cumbre con Marruecos, el aumento de las tasas aeroportuarias y las vulneraciones del REF, todos ellos incluidos en la llamada Agenda Canaria pactada entre el PSOE y Coalición Canaria. Pese a ello, recalca que Coalición Canaria sigue votando con el PSOE en más del 75% de las ocasiones 

Asevera que “desde el PP seguiremos defendiendo cada derecho y cada euro que corresponde a nuestra tierra, porque Canarias merece respeto, porque La Palma necesita soluciones reales y porque los canarios nunca aceptarán ser ciudadanos de Segunda” 

Alberto Rodríguez Almeida, portavoz de VOX, ha denunciado en sede parlamentaria el desproporcionado gasto del Gobierno de Canarias en inmigración ilegal, comparado con la escasa atención prestada a los afectados por la erupción del volcán en La Palma. Según ha revelado, el Ejecutivo canario destinará 190 millones de euros a la atención de inmigrantes ilegales, mientras que solo 100 millones se han asignado a los damnificados palmeros.

«Esto merece una profunda reflexión por parte tanto del Gobierno de España como del Gobierno autonómico», ha advertido Rodríguez Almeida. A juicio del portavoz de VOX, esta diferencia presupuestaria refleja el abandono de los canarios que lo han perdido todo, frente a una política de “puertas abiertas” que alimenta el negocio de las mafias migratorias.

Rodríguez ha señalado directamente a la Coalición Canaria, acusándola de actuar en connivencia con el PP y el PSOE en un consenso que —según VOX— «degrada la vida de los ciudadanos canarios». Asimismo, ha denunciado que el viceconsejero Alfonso Cabello ha solicitado aún más fondos para la inmigración ilegal, sin presentar ni una sola medida para frenar el efecto llamada o cortar los beneficios de las redes mafiosas.

VOX ha vuelto a exigir una política migratoria firme, centrada en la legalidad, la seguridad y la defensa de los recursos públicos para los ciudadanos españoles, en especial para los canarios que aún sufren las consecuencias del desastre natural en La Palma.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dejado sin respuesta la Pregunta Oral realizada hoy por el portavoz del grupo parlamentario VOX, Nicasio Galván. A la cuestión ¿Qué acciones está llevando a cabo su Gobierno para evitar lo que ya se conoce como MENAS-Erasmus, que pretende que Canarias tutele a un menor extranjero abandonado deliberadamente por sus padres en territorio español?, el jefe del Ejecutivo regional ha optado por un discurso contra la política migratoria de VOX, que ha manifestado no conocer, sin responder por cómo se gestionará el caso de un menor procedente de la inmigración ilegal dejado en manos de las instituciones del Archipiélago por sus padres.

Así como tampoco ha aportado información de cómo atajarán los hechos que se traslucen en las filtraciones del ‘Caso Quorum’, en las que se da a conocer que los padres de varios menores de un centro en Gran Canaria tienen horas de visitas para sus hijos.

En su pregunta, Galván ha aprovechado para recordarle a Clavijo el giro que la política europea ha dado en cuanto al control migratorio y ha cuestionado cómo “el Gobierno de España, a través de Marlaska, quiere que siga viniendo la inmigración ilegal masiva descontrolada y por eso se ha opuesto al cambio de Bruselas.”

“Recordemos”, apostilló para encuadrar la responsabilidad del gobierno canario en este error de la política nacional, “que usted apoyó a esa mafia del Peugeot, señor Clavijo. ¿Por qué? Por la Agenda canaria. Esa agenda canaria que le avisamos desde un primer momento que no se iba a cumplir. Lo hemos visto con las reuniones ahora en Marruecos y lo vemos a cada momento con lo que quieren hacer con el decreto de La Palma, que al final son los canarios los que van a tener que pagar esos 100 millones de euros”.

Sobre el llamado caso de “los menas Erasmus, padres que viajan con sus hijos, con un visado turista, y los abandonan directamente en las puertas de los centros de menores”, el portavoz recordó que hay más de 70 expedientes en España, uno localizado en Canarias, motivo que justifica la pregunta de VOX que fue ignorada por el presidente quien manifestó que VOX no tiene proyecto migratorio.

Galván ha corregido a Clavijo para recordarle que desde 2013 VOX tiene un proyecto claro contra la inmigración ilegal, que marca que “todo inmigrante que entre en manera ilegal en nuestra tierra, tiene que ser inmediatamente deportado. Inmediatamente. Y los niños, con quienes tienen que estar es con sus padres. ¿Le queda claro? Ese es nuestro modelo. El suyo, seguir fomentando el ‘efecto llamada’ y las muertes en el Atlántico”.

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