Actualidad Política

14 de agosto de 2026

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El Grupo Parlamentario VOX, a través de la diputada Paula Jover, ha sido el único que ha cuestionado el pago a Open Arms bajo la pátina de labores humanitarias y el pretexto de “salvar vidas” de las travesías generadas por las mafias de tráfico de personas que viven de la gestión de la inmigración ilegal masificada y descontrolada. Llamado por el Psoe, y con un miembro del partido como presidente de la mesa de la comisión, ha acudido hoy como compareciente el presidente de Open Arms, Oscar Camps.

Ha sido el momento en el que absolutamente todos los partidos, excepto VOX, han alabado la existencia de esta entidad y por tanto los 30.000 euros que le fueron entregados para el adoctrinamiento a menores escolares de Canarias sobre la labor de estos barcos, el Premio de Canarias concedido a la entidad y demás bondades. En concreto, el Partido Popular ha destacado la ayuda que esta ONG otorga a las personas que están “en su legítimo derecho de buscar un futuro mejor”, en referencia a las llegadas masivas de inmigrantes ilegales a las costas españolas.

Solo este año, 14.690 personas han llegado a nuestras costas de forma ilegal. Bajo el gobierno de Sánchez, el fenómeno de la inmigración ilegal se ha magnificado y gestionado en una rendición por la soberanía nacional. Una de las ramas que hacen que Canarias sea un puerto de gestión y recepción de inmigrantes ilegales son las ONG’s y VOX ha luchado desde el Congreso y el Parlamento de Canarias para que no se permita que esta organización siga operando en España. En ambas instituciones, ningún otro partido ha respaldado esta propuesta.

En la intervención de Jover desde la Comisión de hoy, se han expuesto las amplias consecuencias de permitir sin control la inmigración ilegal masiva que llega desde Africa, para advertir de la grave situación de alimentar estas llegadas bajo la pátina de la humanidad.

Así, Jover ha hablado de la expansión del integrismo islámico que ya se sufre en países como Francia, Reino Unido o Alemania, que genera una extorsión a la libertad de la mujer y una opresión a la homosexualidad. Esta parte del discurso ha sido reprobada por la presidente de la mesa, del partido socialista. Sorprende en cambio que cuando el diputado socialista Gustavo Matos se ha mofado de los votantes de VOX, ha devaluado la lucha por la vida de Paula Jover y ha visto como desgracia que VOX haya entrado en las instituciones, la presidente de la mesa no haya considerado este discurso susceptible de ser enfocado al tema de la comisión: la inmigración ilegal.

La diputada Paula Jover ha insistido en que “ni el cartel de Open Arms, ni su odio subvencionado ni sus ataques cobardes harán que VOX se calle”.

El grupo parlamentario VOX en el Parlamento de Canarias recibe una vez más la constatación de que la unanimidad política no quiere asumir medidas que impliquen cambios reales para el acceso a la vivienda en Canarias. Tal y como ya ha denunciado la diputada Paula Jover en anteriores ocasiones, se ha puesto de manifiesto que hay un parque de viviendas de más de 200.000 unidades en las islas para cubrir la demanda de 40.000 viviendas y, sin embargo, el Ejecutivo destina partidas millonarias donde solo se ha entrado una vivienda.

Tal y como expone VOX en la PNL defendida hoy, asistimos en España a una emergencia habitacional sin precedentes: la oferta de casas se ha desplomado y la demanda española ha sido precarizada y forzada a sufrir competencia desleal. Las ciudades españolas donde se concentran las oportunidades laborales se han convertido en zonas hostiles, especialmente para los jóvenes españoles, y la inmigración masiva ha inundado nuestros municipios haciéndolos inhabitables o inaccesibles. Ante este contexto, ha puntualizado el portavoz en Canarias de VOX, Nicasio Galván, “no se puede trasladar la responsabilidad a los propietarios”.

Con un salario medio mensual en Canarias de 1.6683€ al mes en 2024, la posibilidad de acceder a la vivienda resulta casi inalcanzable. En las islas, el precio medio de 3.084 euros por metro cuadrado refleja la magnitud del problema: una vivienda de 80 m² cuesta alrededor de 246.720 euros, lo que exige una entrada mínima de unos 49.000 euros, sin contar impuestos ni gastos (notaría, registro, gestoría). Es evidente: Cada vez más familias canarias se ven obligadas a renunciar a comprar una vivienda. A todo ello, como ha recordado en el pasado Jover, se suma la inseguridad jurídica que cierra las puertas al mercado del alquiler.

En el pleno de hoy, el portavoz del grupo parlamentario VOX, Nicasio Galván, criticó las políticas restrictivas para la construcción, la Ley de Vivienda que ha provocado que el mercado se retraiga y la falta de políticas ejecutivas de construcción de viviendas sociales.

Por todo ello la propuesta de VOX insistía en pedir al Gobierno de Canarias:

1. Impulsar la reducción del tipo general del IGIC del 7% al 5% para la

adquisición de vivienda habitual.

2. Reducir el tipo general del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados al mínimo permitido por ley para fomentar la transmisión de bienes inmuebles y favorecer de esta manera la actividad inmobiliaria, ayudando a reducir así los precios finales de la compra de viviendas. Del mismo modo, bonificar en cuota el 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compra de vivienda habitual.

3. Ampliar a todos los grados de parentesco la bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, así como a promover su eliminación a nivel estatal.

4. Establecer una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el Patrimonio, así como a promover su eliminación a nivel estatal.

5. Modificar y ampliar las deducciones autonómicas en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el fin de:

a) Actualizar y ampliar las deducciones existentes por compra,

alquiler o rehabilitación de vivienda habitual.

b) Simplificar los requisitos y procedimientos administrativos para su

aplicación efectiva.

c) Ajustar los límites de renta y cuantías deducibles a la realidad

socioeconómica actual de Canarias.

d) Priorizar el acceso a la vivienda habitual de los jóvenes, familias

numerosas y personas con discapacidad.

En resumen, reduce Galván, hay que bajar los impuestos vinculados a la vivienda porque somos de los países con mayor fiscalidad sobre la vivienda y con menor gasto público en ella.

Estas medidas específicamente regionales se orientan a la búsqueda de que los gobiernos autonómicos asuman la responsabilidad de las competencias que gestionan, y no solo exijan fondos al Estado para justificar su inoperancia. Igualmente, la PNL integra propuestas para que la Administración del Archipiélago las traslade al Congreso y se logre de esta forma un Plan Nacional de Vivienda eficaz en consonancia con las necesidades específicas de Canarias.

El portavoz del grupo parlamentario VOX en el Parlamento de Canarias, Nicasio Galván, ha preguntado en el Parlamento de Canarias si el Ejecutivo regional valora solicitar la publicación de los datos de las personas detenidas, tal y como ya ha hecho la Policía Autonómica Vasca. “De nuevo”, lamenta el diputado, “ha desperdiciado el tiempo en un discurso muy político y acusatorio contra VOX, pero sin anunciar acciones ni dar datos. En definitiva, su respuesta es la misma que cuando eludió aportar el coste de un menor extranjero no acompañado por ‘no dar espacio a VOX’”. En este sentido, ha especificado que ese gasto ya se conoce y asciende hasta el momento a los 200 millones de euros en 2024.

Sobre el País Vasco, “al que tanto se refiere Clavijo cuando le conviene”, desde esta región la policía autonómica ha aportado sus datos para aportar transparencia y señalar el discurso de VOX. “Vaya si lo ha señalado”, subraya el líder de VOX en Canarias, “de hecho nos ha dado la razón en lo que llevamos diciendo más de una década. Entre enero y septiembre del año 2025, el 64% de los detenidos en la comunidad autónoma vasca eran extranjeros, mientras que la población extranjera solo alcanza el 15% en esa comunidad”. Para más datos, añadió que Cataluña se sumará a esta transparencia a la que se resiste Canarias.

Sobre las pasadas declaraciones del presidente del Gobierno canario desde Aragón en las que habló de VOX como anécdota, partido al que despreció por romper los pactos de gobierno; Galván contrapone que cuatro millones de decisiones en España no son anécdota y en que, como tantas veces se ha explicado, VOX cumplió su palabra al irse de los gobiernos por coherencia con su discurso contra la inmigración ilegal, demostrando que no están en la política por sillones. Aún fue más evidente al manifestar que las “ensoñaciones del presidente Clavijo de que VOX desaparezca se contradicen con la realidad y el sentimiento de los canarios por un cambio”.

Como suele suceder, apunta el portavoz parlamentario, “en la parte final el presidente autonómico suele abrir temas a los que desde el arco parlamentario no puedo ya responder. Por eso dice que estamos alarmando a la sociedad canaria con la inseguridad cuando solo hablamos del aumento de criminalidad que cualquier ciudadano puede contrastar en los datos del Ministerio del Interior, apela a la emotividad hablando del pasado de los canarios emigrantes en los años 50 comparando dos emigraciones diferentes y en dos contextos heterogéneos desde el desprecio a la legalidad de la que hace gala para finalmente, volver a dramatizar con un discurso emotivo sobre la infancia cuando no le duelen las 46.000 familias al borde de la pobreza en Canarias”. Así, ha concluido que “la autocrítica que recomienda debe aplicársela para poner como prioridad a los canarios”.

La diputada del GPP por Canarias, Jimena Delgado, exige al Gobierno que recupere para los canarios el acuartelamiento Canarias 50, “un espacio público fundamental convertido desde hace cinco años en un centro de acogida de migrantes” que es “improvisado, ilegal, según la propia resolución municipal de 2023, y ajeno a su uso urbanístico”

Recuerda que se trata de “un espacio cuya devolución a los vecinos fue prometida durante más de una década por los alcaldes socialistas”, al tiempo que celebra que la proposición no de ley del GPP haya salido adelante pese al voto en contra del PSOE y la abstención de Vox

Pide “el cese definitivo del uso del inmueble como centro de acogida en cuanto los menores sean reubicados” así como “la tramitación inmediata del cambio de uso y su transferencia al Ayuntamiento para recuperarlo como zona verde, cultural y deportiva para toda la ciudad”

Sostiene que “Canarias no puede seguir siendo el muro de contención de la irresponsabilidad del Gobierno y que los canarios no pueden seguir pagando la falta de planificación de Sánchez”

Asegura que Pedro Sánchez es culpable de esta situación por permitir la llegada masiva de inmigrantes irregulares y no cumplir sus obligaciones básicas. “El Gobierno no solo ha abandonado a quienes llegan sino también a los residentes que reciben el impacto directo de la ruta canaria”, asevera

Critica a Carolina Darias, a la que considera la peor alcaldesa de la historia de Las Palmas de Gran Canaria, “que prometió a los vecinos de La Isleta que el Canarias 50 sería devuelto a la ciudadanía y, como tantas otras veces en el PSOE, prometió para después olvidar”

Denuncia que, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, “le interesa cero la situación de los migrantes y la situación de los canarios” y que ha estado “más centrado en construir un relato de confrontación política”

El portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Rodríguez Almeida, ha calificado la reciente dimisión de la concejal Inmaculada Medina —imputada en el caso Valka— como la constatación definitiva del fracaso político y ético del Gobierno de Carolina Darias, y ha reiterado la exigencia de dimisión inmediata de la alcaldesa.

Rodríguez Almeida ha recordado que esta es la segunda dimisión en lo que va de mandato, tras la salida del concejal de Cultura Adrián Santana en 2024, a lo que se suma la marcha del concejal José Eduardo Ramírez, quien abandonó Nueva Canarias, el partido por el que fue elegido.

“Un gobierno que pierde concejales por imputaciones, dimisiones y transfuguismo es un gobierno roto”, ha afirmado.

VOX denuncia la incompetencia y falta de responsabilidad

El portavoz de VOX ha insistido en que su grupo ya había solicitado el cese de varios concejales por su “absoluta incapacidad”:

  • Pedro Quevedo, por permitir que Las Canteras perdiera la Bandera Azul.
  • Héctor Alemán, por negar la evidente suciedad y abandono de la ciudad.
  • Josué Íñiguez, por ignorar el deterioro de la seguridad en el municipio.

“Todos estos problemas tienen un denominador común: Carolina Darias, la alcaldesa que los nombró y que se niega a asumir responsabilidades políticas”.

Doble vara de medir del PP

VOX también ha criticado la actitud del Partido Popular, al que acusa de incoherencia:

“En 2025 promovieron una moción contra el transfuguismo —votada incluso por el tránsfuga José Eduardo Ramírez— y ahora exigen un pleno extraordinario apoyándose en una concejal tránsfuga”, denuncia Rodríguez Almeida.

Para VOX, este comportamiento refleja que el PP está más interesado en repartirse poder con el PSOE que en regenerar el Ayuntamiento.

El portavoz ha recordado que VOX fue el único grupo que ha exigido la disolución de las sociedades municipales, que califica como “auténticos chiringuitos del bipartidismo y focos de corrupción política”. Una iniciativa que el Partido Popular rechazó.

VOX seguirá exigiendo responsabilidades

Rodríguez Almeida ha concluido que VOX seguirá “combatiendo la corrupción política y exigiendo responsabilidades reales, no declaraciones simbólicas”, insistiendo en que:

“La alcaldesa debe dimitir, y si no lo hace, debe cesar inmediatamente a Quevedo, Alemán e Íñiguez. Las Palmas de Gran Canaria necesita limpieza, seguridad y un gobierno digno. Y VOX seguirá defendiéndolo sin titubeos”.

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado una Proposición No de Ley relativa al rechazo de imposiciones ideológicas y recaudatorias en los municipios de España. En concreto, se hace una referencia directa a las Zonas de Bajas Emisiones y al ‘basurazo’. Ambas medidas ya se están aplicando en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, con nefastas consecuencias para los contribuyentes de cada zona.

Cabe recordar que la primera de las medidas, las ZBE, parte de una imposición ideológica desde Bruselas que llega a nuestra nación por la laxitud del bipartidismo (PP y Psoe). En cuanto al basurazo, el gobierno socialista lo insertó en un decreto ómnibus en el Congreso con la férrea oposición de VOX. Bajo promesas compensatorias para Canarias se introdujeron “los impuestazos que hoy sufren los canarios”, ha denunciado con el portavoz de VOX en el Parlamento canario, Nicasio Galván.

Las ZBE se materializan en la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, pretextos que han condicionado de forma drástica la movilidad y los hábitos de vida de millones de españoles.

VOX denuncia que el Gobierno de España, en lugar de defender la soberanía nacional y los intereses de sus ciudadanos, se haya limitado a acatar “con alegría” las órdenes de Bruselas, mediante la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que obliga a todos los municipios de más de 50.000 habitantes y a los territorios insulares a implantar ZBE. Bajo la excusa de reducir las emisiones contaminantes un 50% para 2030, se ha condenado a más de 25 millones de españoles que residen en 149 municipios.

La realidad de este plan con enfoque preservacionista es que hoy día miles de canarios se ven obligados a sustituir sus vehículos por otros “etiquetados” por la Dirección General de Tráfico, con precios inaccesibles para la mayoría —un coche eléctrico cuesta de media entre 7.000 y 9.000 euros más que uno de gasolina-.

El ‘basurazo’

En la misma línea de imposiciones verdes, Bruselas adoptó la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. Para trasponer esta normativa el Ejecutivo ha establecido un impuesto municipal, que se conoce como tasa de residuos mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Bajo el engañoso principio de “quien contamina, paga”, se obliga a los españoles a asumir íntegramente los costes de la gestión de residuos, descargando sobre los hogares una nueva carga impositiva disfrazada de conciencia ecológica. En 2025, la tasa media asciende a 116,32 euros anuales por hogar, un incremento del 16,2% respecto a 2024, muy por encima del IPC y constituyendo la mayor subida de la década. Y lo más grave: esta recaudación ni siquiera cubre el coste total del servicio, lo que anticipa nuevas subidas en los próximos años.

El panorama, explican en el texto de la PNL desde el grupo, no es fatalista, pues es reversible ya que en otras comunidades se han logrado detener o frenar estas imposiciones.

Por todo, ello, el GPVOX en Canarias instará al Parlamento de Canarias a:

  1. Manifestar su disconformidad absoluta con las políticas impuestas por el bipartidismo en Bruselas y su sometimiento al fanatismo verde, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.
  2. Instar al gobierno de la Nación a revocar de manera inmediata la implantación obligatoria de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios españoles.
  3. Instar al gobierno de la Nación a anular la normativa que ha implantado “el basurazo”.
  4. Mostrarse favorable a que se reviertan todas las ZBE aprobadas en los municipios de nuestra región o que, en su caso, queden sin efecto y no se impongan sanciones a los vecinos.

Tal y como apostilla Galván, “es cuestión exclusivamente de voluntad política, de si queremos asfixiar a impuestos a nuestros ciudadanos o les permitimos holgura para hacer uso de sus finanzas, pues la administración debe de revisar su gestión propia antes de seguir recaudando como solución para todo”.

Mientras el expresidente del Gobierno socialista en el pasado ‘pacto de las flores’ (Psoe, Nueva Canarias, Asg), Ángel Víctor Torres, exigía ayer disculpas en una rueda de prensa por acusaciones que no han logrado llevarle al banquillo de los acusados; el portavoz de VOX en la Cámara regional, Nicasio Galván, ha repetido hoy que “los hechos revelados por el informe de la UCO son los mismos que ayer y resultan graves. Torres mintió en sede parlamentaria. Dijo no conocer a todos con los que el informe ha revelado que tenía estrecha relación y se manifiesta una ineludible presión a los funcionarios que pusieron de manifiesto que había stock de mascarillas y no se necesitaba esa famosa partida sobredimensionada en costes”.

Esta nueva pieza de la historia, incide el portavoz, es una más del “Caso Psoe”. En el parlamento se dijo en una de las sesiones de las que Galván es portavoz de la Comisión de Investigación del Caso Mascarillas que era apremiante obtener el material “porque moría gente y a la luz de este informe, donde los funcionarios informan que tenían stock, la mentira queda expuesta y es una de tantas”.

Además, en la comisión, Torres aseguró “no conocer más que de una vez y de vista” a Ana María Pérez, de la que dijo que la “levantaba del suelo” en los informes posteriores.

Las mentiras vertidas desde el Senado al Parlamento de Canarias, insiste Galván, deben de tener “consecuencias al menos políticas. El cortafuegos de Ana María Pérez y Conrado Domínguez ya no cuela”. De hecho, en la comisión donde Torres fue llamado a declarar, el portavoz de VOX le dijo directamente al expresidente que “si él puso al frente del Servicio Canario de Salud a Domínguez, él debe dimitir”.

Ya en los finales del dictamen de la comisión del Caso Mascarillas, y gracias al seguimiento y estudio de VOX, se han escuchado declaraciones muy mediáticas y reveladoras. La más dramática ha sido la de la ex consejera de Sanidad en el comienzo de la Covid- 19, Teresa Cruz Oval. A la inferencia de Galván sobre las responsabilidades políticas de la desaparición de cuatro millones de euros, Oval dijo con claridad que, si siendo ella responsable “caen Ana María Pérez y Conrado Domínguez, caigo yo”. En cambio, el veterano socialista Blas Trujillo (quien tomó el relevo en la Consejería de Sanidad tras el cese de Oval) insistió en que “sí había habido responsables políticos por este conflicto”, pero su penalización era no figurar en las listas de las siguientes elecciones y el castigo del voto.

El Caso Mascarillas ha sido despiezado por medios, parlamentos autonómicos de Baleares y Canarias, investigaciones y tribunales. En cada capa, subraya Galván, “se trasluce cómo se normaliza la mentira y no se afrontan responsabilidades políticas en una época en la que, como ellos mismos han dicho, moría gente y se nos encerraba sin libertad cuando una banda mafiosa robaba a manos llenas”.

El portavoz de VOX en Canarias, Nicasio Galván, ha arremetido contra el expresidente canario Ángel Víctor Torres, a quien acusó de haber mentido “en sede parlamentaria” en relación con la compra de material sanitario durante la pandemia. “No estamos ante el caso Ábalos, estamos ante el caso PSOE”, sentenció Galván en su intervención, elevando el tono de la denuncia al vincular directamente al partido con una estructura de poder que calificó de “mafia”.

Según Galván, los mensajes conocidos del caso Koldo dejan en evidencia cómo se presionó para adquirir material mucho más caro, a pesar de que existía suficiente stock para dos meses. “Se engañó en el Parlamento diciendo que no había material mientras se forzaban compras millonarias”, criticó.

El diputado destacó también un mensaje concreto que demostraría el tono con el que se manejaban los asuntos internos: “Me voy a cagar en Todos los Santos con Ana, con la responsable económica, y lo soluciono”, se habría escrito en referencia a una funcionaria supuestamente presionada para facilitar las operaciones. “Luego vienen aquí y dicen que no la conocían ni la presionaron”, ironizó Galván.

En ese sentido, cuestionó que no haya habido manifestaciones feministas en apoyo a esta trabajadora, de la que dijo: “Se la utilizó y luego se le dio una patada”. Subrayó que la funcionaria “fue abandonada después de estar en el punto de mira”, y señaló que esta actitud demuestra “lo que verdaderamente es el PSOE”.

Para cerrar su intervención, Galván ironizó sobre la integridad del expresidente canario: “¿Pondría usted la mano en el fuego por usted mismo? Tenga cuidado, que se puede quemar”, lanzó antes de desearle suerte con el informe de la UCO.

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