Actualidad Política

25 de mayo de 2026

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La senadora de VOX por Andalucía, Paloma Gómez Enríquez, ha sido la encarada de preguntar hoy a Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, «cómo justifica una regularización masiva que desprecia la prioridad nacional de empleo y condena al colapso definitivo a unos servicios públicos que el ciudadano ya no puede costear». Una cuestión que la portavoz ha argumentado al recordar que España tiene cerca de 2,5 millones de personas en busca de empleo.

Y con esta situación laboral, el Ejecutivo regulariza a medio millón más de ilegales «para que compitan por los mismos puestos». «Es un insulto a nuestros trabajadores», ha lamentado la senadora andaluza, quien ha apostado por aplicar el principio de prioridad nacional. «Por justicia social, el Gobierno debe dar preferencia a los millones de españoles y residentes legales que ya están aquí, que pagan sus impuestos y que hoy ven cómo sus servicios públicos se degradan mientras ustedes miran hacia otro lado», ha expuesto.

Durante su intervención, la senadora de VOX ha preguntado también si el 70% de los españoles que rechaza esta regularización, también es xenófoba. Y ha recomendado al Ejecutivo buscar a racistas en la «cumbre del comunismo, donde han abrazando a líderes de países donde la persecución a minorías étnicas y extranjeros es la norma». Regímenes comunistas».

La senadora de VOX por Andalucía, Paloma Gómez Enríquez, es hoy la portavoz de la formación en la Comisión de Economía en la que comparece Carlos Cuerpo, ministro del ramo. Durante su réplica, la representante de la formación ha reprochado al Gobierno su mantra de que España lidera el crecimiento económico, sin embargo, «la economía real no se mide en comparecencias: se mide en la capacidad de una familia para llenar la cesta de la compra sin mirar cada céntimo».

Y es que, «mientras el Gobierno habla constantemente de crecimiento, los españoles hablan de precios; y mientras el Gobierno celebra estadísticas, las familias ajustan gastos», ha explicado la senadora al ministro. Un retrato, pues, que no avala que «España va tan bien como dicen». De lo contrario, «¿por que los españoles viven peor que hace unos años? ¿Por que tantas familias reconocen que no llegan a fin de mes?».

Así, ha manifestado la realidad que viven los hogares españoles, que «modifican su cesta de compra reduciendo productos frescos y priorizando bienes más económicos». A lo que se suman «la evolución del precio de la electricidad; la dificultad para acceder a una vivienda; y el aumento del porcentaje de renta destinado al alquiler, que limita la capacidad de ahorro».

La senadora de VOX, Paloma Gómez Enríquez, defendió hoy en el Senado la pesca artesanal y de bajura en España, advirtiendo de que la actual aplicación de la normativa europea de control de la pesca puede comprometer la viabilidad, la seguridad y la continuidad del sector, especialmente en las regiones ultraperiféricas como Canarias.

Durante su intervención, la senadora subrayó que la pesca artesanal constituye un sector estratégico a nivel nacional, tanto por su aportación al empleo y a la economía local como por su papel en la conservación del tejido social y cultural de las zonas costeras. En el caso de Canarias, recordó, esta actividad adquiere una relevancia añadida por las singularidades geográficas y operativas del Archipiélago.

Gómez Enríquez alertó de que una aplicación rígida del Reglamento (UE) 2023/2842, relativo al control de la pesca, puede traducirse en exigencias técnicas y económicas difíciles de asumir para las pequeñas embarcaciones, poniendo en riesgo la seguridad marítima y la continuidad de la actividad artesanal.

“Cada pequeña embarcación y cada familia que vive del mar representa una España que resiste. Perder a nuestros pescadores sería perder una parte de España misma”, afirmó la senadora durante su intervención.

Desde VOX se reclamó que el Gobierno defienda ante la Unión Europea una aplicación flexible del reglamento, adaptada a la realidad de la pesca artesanal y de bajura, y que tenga en cuenta de forma específica a las regiones ultraperiféricas. Entre las medidas planteadas figura la posibilidad de establecer excepciones o calendarios graduales, reforzar el diálogo con las cofradías y organizaciones del sector y garantizar apoyo técnico y financiero suficiente.

La intervención puso de relieve la necesidad de que las políticas de control pesquero aseguren no solo el cumplimiento normativo, sino también la viabilidad económica, la seguridad de los pescadores y la continuidad de la pesca artesanal, un sector clave para España y, de manera especial, para territorios como Canarias.

La senadora de VOX por Andalucía, Paloma Gómez, ha replicado al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha acudido a comparecer a la Cámara Alta por la tragedia de Adamuz. Allí, ha pedido la dimisión de Puente, tras explicarle que «por respeto a las víctimas, a sus familias y a la ciudadanía, que exige seguridad y no excusas. Su corrupción mata».

Gómez ha explicado al responsable de Transportes que «la responsabilidad política no se congela hasta que haya un informe, ni tampoco queda aplazada hasta que convenga». Porque, tal y como ha insistido la senadora, se está pidiendo liderazgo, autocrítica y responsabilidad». Por ello, ha denunciado que, tras el accidente, «no hubo una comparecencia inmediata asumiendo responsabilidades políticas», sino que, por lo contrario, «hubo que esperar, minimizar, mentir, mirar al pasado y escudarse en tecnicismos».

También ha afirmado que el accidente de Adamuz «no es sólo una tragedia humana: es también un fracaso político, y tiene responsables». Porque, cuando ocurre un accidente grave en una infraestructura bajo responsabilidad del Estado, la pregunta no es solo qué pasó, sino quién debía evitar que pasara».

Y, en esta línea, ha reprochado a Puente que se presente como «un ministro fuerte, escudándose detrás de una red social», y después «como un «ministro mentiroso, cuando hay muertos y heridos»; que exija «autoridad para polemizar y mienta cuando tiene que dar la cara». Y, por último, ha lamentado que «exija confianza, pero tras una tragedia, se protege a sí mismo, y a su estructura».

‘El Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a salir al rescate del Grupo Socialista. En esta ocasión, ha sido para evitar promover la derogación de la ‘ley del sí es sí’, que ha supuesto la excarcelación de cientos de agresores sexuales y miles de rebajas de penas, si bien los datos no están actualizados, tal y como ha denunciado esta formación.

Hoy se debatía en el senado una moción para reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después del escándalo del fallo de las pulseras para proteger a las mujeres maltratadas. VOX, además, introdujo una enmienda para que se derogara la ley del sí es sí, sin embargo, el Grupo Popular ha decidido rechazarla. Según los populares, aceptar la iniciativa de VOX sería «distraer la atención» en un día en el que «no estamos para abrir debates legislativos», a pesar de que se estaba celebrando un Pleno en la Cámara Alta.

La portavoz de VOX encargada de defender la iniciativa, Paloma Gómez, ha recordado que la ministra de Igualdad ha mantenido las mismas políticas que su predecesora, y ha reprochado que no haya mejorado nada. Y ha recordado que «el producto estrella» de Irene Montero fue la ley del sí es sí, que el PP «no derogó», sino que modificó junto al PSOE en 2023.

Gómez ha reprochado al bipartidismo que la ley del sí es sí sigue beneficiando a agresores sexuales, como ha pasado con los miembros de ‘la manada’ . Por ello, ha preguntado «de qué ha servido su modificación». Y ha denunciado que  «las mujeres seguirán pagando el precio con sus propias vidas».

La senadora de VOX, Paloma Gómez Enríquez, ha intervenido en la Comisión de Investigación sobre el apagón eléctrico y de comunicaciones ocurrido el pasado 28 de abril de 2025, durante la comparecencia de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor Sierra, para exigir responsabilidades sobre la gestión del sistema eléctrico nacional.

Gómez Enríquez ha denunciado que el apagón del 28 de abril no fue un accidente técnico, sino consecuencia de decisiones políticas del Ejecutivo. “Una decisión política temeraria impulsada por la megalomanía de un presidente obsesionado por la propaganda”, ha insistido. 

Asimismo, durante su intervención, la senadora de VOX ha reprochado la falta de explicaciones claras sobre lo sucedido y ha recordado que los propios informes de Redeia habían advertido de los riesgos. “En 2020 los técnicos ya avisaron de que la integración masiva de renovables tendría un mayor impacto en la estabilidad de la red en España que en otros países por su limitada interconexión. Cinco años después, estas perturbaciones han sido la causa del histórico apagón”, ha subrayado. 

La senadora ha señalado además las contradicciones entre lo defendido por Redeia y los informes oficiales de riesgo. “En el informe anual de 2024 se advertía que el cierre de centrales de carbón, gas y nuclear aumentaba el riesgo de incidentes operacionales. ¿Por qué puso de rodillas a la compañía que preside tomando una decisión contraria a lo que decían sus técnicos? ¿Quién le dio las órdenes?”, ha preguntado. 

Gómez Enríquez ha insistido en que la política energética del Gobierno y la gestión de Redeia han llevado a España a la inseguridad eléctrica. “El uso exclusivo de renovables supone un desafío de gestión que sus técnicos llevan años alertando, pero el Gobierno hace oídos sordos. Usted echa balones fuera diciendo que no es competencia de Redeia, pero los informes están ahí”, ha señalado. 

Por otro lado, la senadora ha denunciado también el impacto del modelo actual en el campo y en la industria. “El auge de la generación solar se está produciendo en un contexto de ruina económica para quienes operan estas instalaciones y para nuestros agricultores y ganaderos, a los que se les expropian los campos para inundarlos de chatarra verde. Ruina para unos, ruina para otros, ruina total para España”, ha criticado.

Finalmente, Gómez Enríquez ha exigido responsabilidades por las consecuencias del apagón. “Ha habido muertes, lo sabe usted, ¿verdad? ¿Quién va a asumir la responsabilidad de esas vidas, de las pérdidas multimillonarias que rondan los 1.600 millones de euros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando el precio de esta locura?”, ha advertido.

En este sentido, la portavoz de VOX en el Senado ha concluido advirtiendo que la versión oficial ofrecida por Redeia deja “más sombras que luces” y ha reclamado una revisión profunda del modelo energético español.

La senadora de VOX por Andalucía, Paloma Gómez Enríquez, ha cuestionado al Ejecutivo por la inseguridad que la inmigración ilegal está generando en las calles españolas. Y ha acusado al bipartidismo de dedicarse sólo a una cosa: «Traer a delincuentes con políticas de puertas abiertas. De países donde, además, la mujer no vale nada».

Para Gómez Enríquez, tras las agresiones, como la ocurrida hace una semana en Hortaleza a una niña, no basta con  trasladar solidaridad, sino que hay que señalar a los responsables de semejantes aberraciones. Así, hay que hacer saber a la clase política, «que permanece pasiva»,  que existen dos realidades incontestables: las mujeres viven más inseguras que nunca, y los españoles, que cada vez pagan más impuestos, están abandonados.

La senadora ha acusado al Gobierno de no respetar las leyes, y de situarse en pro de la esclavitud del tercer milenio. Y ha insistido en el abandono del Gobierno a los barrios, al proteger a los delincuentes » ocultado datos reales del aumento exponencial de la delincuencia en nuestras calles».

Así, ha insistido en que «hay que expulsar a todos los inmigrantes ilegales y también a quienes, a pesar de estar regularizados, cometan delitos en España».  Porque, ha asegurado, desde VOX ,»nos negamos a que el bipartidismo siga convirtiendo nuestras ciudades en vertederos de las políticas migratorias».

La senadora de VOX, Paloma Gómez, ha pedido hoy que se reforme el artículo 104 del Reglamento del Senado para garantizar la separación de poderes y afirmar el principio democrático, que se han visto debilitados por el uso «fraudulento» que el Gobierno de Sánchez ha venido haciendo de las proposiciones de ley, con el objetivo de saltarse el control de la Cámara Alta, que exige la presentación de informes con carácter previo a los proyectos de ley.

La reforma, apoyada por la formación de Santiago Abascal, consiste en introducir un nuevo apartado 2 al artículo 104 del Reglamento del Senado, que dice así: 104.2) Recibida en el Senado una Proposición de Ley  aprobada por el Congreso, «en el supuesto de no haberse incorporado los informes que, de haberse presentado esa iniciativa por el Gobierno como Proyecto de Ley, hubieren sido preceptivos conforme a la ley o las leyes aplicables en cada caso, uno o más senadores podrán reclamar su incorporación antes de continuar su tramitación». Y ha añadido: «La Presidencia del Senado solicitará los aludidos informes y, hasta que se reciban, quedará suspendida la tramitación de la proposición de ley», ha explicado.

Durante su intervención en la tribuna de oradores, la senadora ha advertido de que «desde hace tiempo, desgraciadamente, se vienen admitiendo con naturalidad ciertas deformaciones e irregularidades en la relación constitucional entre el Gobierno y las Cortes Generales», hasta el punto de criticar «el desequilibrio de poderes que padece la política» española actualmente.

Gómez ha afirmado que durante la última legislatura, «el Gobierno de Sánchez utilizó la figura de las Proposiciones de Ley para aprobar Leyes de enorme calado social», la última de ellas, la de amnistía, «con el único fin de eludir de los informes que alertaban de su inconstitucionalidad». Y ha añadido que «el Gobierno, apremiado por una celeridad u opacidad interesada, puede promover sus iniciativas a través de los grupos parlamentarios coincidentes con la mayoría gubernamental, sin que ello represente, un fraude de ley».

La senadora de VOX ha recordado otros «fraudes de ley» que han salido adelante gracias a esa falta de control de la Cámara Alta; por ejemplo, «la ley del «sólo sí es sí», «lo que dio lugar a rebajas de penas a condenados por delitos que incluso fueron excarcelados». Gómez ha puesto como ejemplo de «casos aberrantes» el de un hombre que violó a un niño de 8 años en un ritual de santería, y que salió beneficiado por la nueva ley.

También ha citado la supresión del delito de sedición y modificación del delito de malversación, con la que el delito de sedición queda eliminado y pasa a ser uno de los “desórdenes públicos agravados”, reduciéndose la condena de 15 a 5 años de cárcel, y con 8 años como máximo de inhabilitación. Y ha avisado de que se modifica también el delito de malversación, que verá reducidas algunas penas en casos como cuando no se acredite un ánimo de lucro, donde se prevé un máximo de 4 años de cárcel.

Por todo ello, Gómez la defendido la reforma del Reglamento del Senado «con el fin de evitar que el Gobierno pueda hacer uso de los grupos parlamentarios que lo soportan para manipular la iniciativa legislativa de las propias Cámaras».

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