Actualidad Política

10 de junio de 2026

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El jefe de la Delegación de VOX en Europa, Jorge Buxadé, se ha desplazado hoy hasta Burgos, donde ha atendido a los medios de comunicación, y les ha mostrado su sorpresa después de que ayer el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoó, llamase a la lealtad con Euskadi. «Lo que queremos- en VOX- es lealtad con España, con todas y cada una de las provincias de España, ,y por tanto, con todas y cada una de las provincias de Castilla y de León», ha explicado.

Buxadé también ha querido hablar de vivienda, y ha recordado que las competencias las tienen «quienes gobiernan las comunidades autónomas». Y ha reivindicado una política de vivienda pensada para las familias, y el crecimiento demográfico, pensando en «la prioridad nacional por encima de todo». Así, la vivienda de protección oficial iría a los españoles que lo necesitan.

En este sentido, ha apostado por la «ciudades amables», que son todo lo contrario a las que tienen la imposición de las Zonas de Bajas Emisiones, e «imponen sanciones a los nacionales para circular en el territorio de nuestras propias ciudades». » Y también la ordenación del territorio es competencia de las comunidades autónomas», ha recordado.

No ha dejado pasar la cuestión de la seguridad, en una ciudad donde, en el último año, los delitos contra la libertad sexual han crecido un 20%. Frente a esas cifras: «Queremos deportaciones inmediatas; queremos que las órdenes de expulsión se puedan ejecutar de forma inmediata; queremos que sea un delito entrar ilegalmente en el territorio nacional; queremos que aquellos que cometen dos o más delitos sean deportados inmediatamente del territorio nacional; queremos que toda condena por un delito superior a dos años de prisión lleve aparejada inmediatamente la expulsión del territorio nacional; queremos centros de retorno de los inmigrantes ilegales; queremos tenerlos concentrados a la espera de la expulsión, centros de retorno donde puedan estar en un régimen de régimen cerrado, sin salir, sin perturbar la vida y la convivencia de los vecinos, seis meses, siete meses, diez meses, doce meses, los que sean necesarios para que vuelvan a sus países de origen».

Y  ha apostado por la «prohibición de entrada en el territorio nacional», que, además, «queremos se extienda a todo el territorio de la Unión Europea y que dure el tiempo que sea preciso, incluso una prohibición permanente, cuando esa persona la hemos expulsado por suponer un riesgo a la seguridad nacional».

Para concluir, ha abogado por que «toda orden de expulsión lleve inmediatamente aparejada la prohibición de percibir prestaciones sociales, de percibir ayudas sociales». Algo que, ha recordado Buxadé, es de competencia autonómica».

El jefe de la Delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha denunciado desde Salamanca la situación que atraviesan las Islas Canarias, tras la visita de una misión de eurodiputados que, según ha explicado, ha podido constatar sobre el terreno las consecuencias de la inmigración irregular.

Buxadé ha definido la frontera canaria como “el agujero negro en que se ha convertido la frontera de Canarias para la inmigración masiva y descontrolada en Europa”, señalando que el archipiélago se ha transformado en un punto estratégico de entrada hacia el continente.

Durante su intervención, el eurodiputado ha asegurado que “más del 50% de esos supuestos menores son mayores de edad” tras la realización de pruebas de determinación de edad. Asimismo, ha afirmado que, en el caso de los inmigrantes procedentes de Marruecos, “el 92% no son aceptados por su país” pese a existir órdenes de devolución, expulsión o deportación.

Buxadé ha criticado la gestión tanto del Gobierno central como del Ejecutivo autonómico canario, señalando que “la comunidad autónoma, dominada por Coalición Canaria, y el Partido Popular colabora en un gasto gigantesco en perjuicio de todos los españoles”. En este sentido, ha denunciado que Canarias actúa como “un mero centro logístico en el que se acumula gente y luego se le lanza a través de aviones fletados por el Gobierno a la península”.

El dirigente de VOX ha asegurado que esta situación era conocida por el Partido Popular, el PSOE y Coalición Canaria, y ha acusado al PP de “admitir la entrada masiva de esos falsos menores y falsos refugiados en territorio nacional”.

Desde VOX reiteran su exigencia de control efectivo de fronteras, cumplimiento de las órdenes de devolución y una política migratoria que, según la formación, priorice la seguridad y la legalidad frente a lo que califican de modelo de puertas abiertas.

VOX ha remitido sendas cartas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, para exigir que la Comisión rechace cualquier financiación directa o indirecta vinculada a la iniciativa ciudadana europea My Voice, My Choice.

La delegación de VOX en el Parlamento Europeo denuncia que esta iniciativa pretende institucionalizar y financiar abortos transfronterizos con dinero público europeo, vulnerando el principio de subsidiariedad y extralimitando de forma flagrante las competencias de la Unión Europea, ya que la regulación del aborto corresponde exclusivamente a los Estados miembros y a sus parlamentos nacionales.

Durante los últimos meses, My Voice, My Choice ha sido impulsada políticamente desde las instituciones europeas mediante resoluciones e informes que presionan a la Comisión para crear un mecanismo europeo de financiación del aborto, al margen de cualquier mandato democrático y sin base jurídica en los Tratados. En diciembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó un informe en este sentido, un paso que VOX subraya que solo fue posible por la división interna del Partido Popular Europeo, que permitió que la izquierda sacara adelante una iniciativa claramente ideológica.

VOX advierte además de que My Voice, My Choice no es una iniciativa ciudadana neutral, sino una campaña impulsada por una red internacional de organizaciones, fundaciones privadas y lobbies que reciben financiación pública europea. Entre ellas figuran entidades vinculadas a George Soros, así como organizaciones que han recibido millones de euros de fondos comunitarios en los últimos años, y que ahora presionan para convertir el aborto en una política financiada desde Bruselas.

Financiar una agenda ideológica

La formación denuncia que esta estrategia supone utilizar el dinero de todos los europeos para financiar una agenda ideológica concreta, beneficiando a las mismas organizaciones que presionan políticamente a las instituciones y que operan sin un control democrático efectivo.
Ante esta situación, VOX ha exigido por escrito a la Comisión Europea que no dé continuidad a esta iniciativa, que respete estrictamente los Tratados y que no permita que los fondos europeos se conviertan en una herramienta al servicio de lobbies ideológicos y financieros.

VOX recuerda que ya alertó de esta deriva institucional en el Parlamento Europeo a través del evento “My Money, Not Their Choice”, en el que se denunció la opacidad financiera, la presión organizada de lobbies internacionales y el riesgo de que Bruselas invada competencias nacionales utilizando mecanismos financieros.

“La Unión Europea no tiene competencias para legislar ni financiar el aborto. La Comisión debe decidir si respeta la soberanía de los Estados miembros y el dinero de los contribuyentes o si cede a la presión de lobbies ideológicos que operan desde Bruselas”, señalan los eurodiputados de VOX.

El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha reivindicado la existencia de derechos “previos y anteriores al Estado” y ha asegurado que hay ámbitos en los que las instituciones no deben intervenir, especialmente en lo relativo a la educación de los hijos.

Durante su intervención, Buxadé reiteró la oposición de su formación al “adoctrinamiento sexual” y a la ideología de género en los centros educativos, defendiendo que la formación moral y afectiva de los menores corresponde a los padres. “Ese es el patrimonio de las familias”, afirmó.

En el ámbito europeo, el dirigente contrapuso dos modelos de Europa: uno basado, según sus palabras, en la libertad de opinión y de expresión —incluidas las redes sociales— y otro que identificó con una tendencia al control y la censura. En este sentido, criticó las iniciativas impulsadas desde las instituciones comunitarias que, a su juicio, buscan limitar la libertad en plataformas digitales.

Buxadé señaló directamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y acusó a la actual dirección comunitaria de promover mecanismos de vigilancia y control, como la identidad digital europea. Según defendió, esta herramienta podría utilizarse para supervisar y restringir la actividad de los ciudadanos en el entorno digital.

Asimismo, el eurodiputado rechazó cualquier medida que obligue a los usuarios a identificarse plenamente en redes sociales mediante sistemas de verificación vinculados a una identidad digital común europea. A su juicio, ello supondría un riesgo para la privacidad y la libertad individual.

Buxadé también criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusó de promover iniciativas que, en su opinión, buscan limitar la libertad bajo el argumento de combatir el odio. Frente a ello, defendió lo que denominó “la huella de la libertad y de la verdad”.

El dirigente concluyó asegurando que VOX y el grupo de Patriotas en el Parlamento Europeo se opondrán a cualquier propuesta que, a su juicio, amplíe el poder de los burócratas europeos en detrimento de la soberanía y las libertades individuales.

El jefe de la Delegación de VOX en Bruselas, Jorge Buxadé, ha visitado Cantabria para mantener reuniones con agricultores, ganaderos y pescadores, a quienes ha trasladado el respaldo de su formación ante la situación que atraviesa el sector primario.

Tras los encuentros mantenidos, Buxadé ha denunciado la “dejadez” de la administración autonómica en el pago de las compensaciones por los daños que sufren los ganaderos, así como la “excesiva burocratización” que, a su juicio, dificulta gravemente la gestión diaria de sus explotaciones.

“El sector primario no puede estar pendiente de rellenar formularios interminables mientras ve cómo se retrasan las ayudas que necesita para sobrevivir”, ha señalado.

En relación con el sector pesquero, Buxadé lo ha calificado como “el gran olvidado”, denunciando que se encuentra “absolutamente estancado” como consecuencia de las políticas impulsadas desde Bruselas y asumidas por el Gobierno de España. “Cada año hay menos capturas, la explotación es más difícil y se persigue su actividad”, ha advertido.

El dirigente de VOX ha recordado que, aunque se haya logrado frenar temporalmente el acuerdo con Mercosur en el Parlamento Europeo junto al grupo Patriotas por Europa, la amenaza sobre el sector primario continúa. “Ese acuerdo supondría la destrucción definitiva de gran parte del sector primario español y también del cántabro”, ha subrayado.

Buxadé ha exigido a las autoridades autonómicas y al Gobierno de España que defiendan en Bruselas los intereses de agricultores y ganaderos, asegurando que su visita tiene como objetivo “escucharles y llevar su voz a Bruselas, donde se están tomando las decisiones que afectan directamente a su futuro”.

Entre las medidas defendidas por VOX, el jefe de la delegación en Bruselas ha reiterado la necesidad de derogar el Pacto Verde Europeo, poner fin a la burocratización eliminando requisitos innecesarios y frenar los acuerdos comerciales internacionales que, según ha explicado, utilizan al sector primario como “moneda de cambio” para beneficiar a industrias del norte de Europa.

Asimismo, ha reclamado controles en frontera que impidan la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen los estándares sanitarios y fitosanitarios exigidos a los productores españoles.

“Tenemos que poner fin a unas políticas que están asfixiando al campo, a la pesca y a la soberanía alimentaria de España”, ha concluido.

VOX ha sido el único partido que se ha opuesto frontalmente al acuerdo UE-Mercosur, sin medias tintas, denunciando su impacto letal sobre el campo europeo. Tras el impulso y el apoyo de VOX y su grupo, Patriotas, en enero de este año, el acuerdo en su conjunto fue llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente para frenar su aplicación y denunciar un modelo comercial contrario a la soberanía productiva y alimentaria de Europa.

Hoy, el bipartidismo vuelve a dar un paso más en el acuerdo con MERCOSUR con la aprobación exprés de las llamadas “salvaguardias”, unos mecanismos que no forman parte del acuerdo con MERCOSUR ni son reconocidos por sus países. Para VOX, son un fraude al campo con el que el bipartidismo pretende acelerar la aplicación del acuerdo con MERCOSUR.

Los países de Mercosur firmaron el acuerdo sin estas salvaguardias. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no las han aceptado ni las reconocen como parte del texto, lo que demuestra que se trata de un instrumento unilateral de la Unión Europea sin garantías reales de aplicación.

Además, las salvaguardias que ahora se presentan no cambian nada de fondo. No se activan automáticamente, no funcionan como un mecanismo preventivo y dependen de la decisión discrecional de los mismos que en Bruselas han impulsado el acuerdo con MERCOSUR sin importarles la protección de nuestros productores. Solo pueden plantearse cuando el daño ya se ha producido y de manera temporal.

Además, eludir estas salvaguardias en caso de que llegaran a aplicarse será muy fácil para los productores externos a través de terceros países de MERCOSUR o, por ejemplo, exportando el ganado vivo en vez de productos cárnicos.
No estamos ante una herramienta que haya que “mejorar”, sino ante el mismo engaño de siempre, idéntico al vivido con otros acuerdos como el de Marruecos, donde durante años se prometieron mecanismos de protección que nunca han llegado y dejan al campo europeo completamente expuesto.

Jorge Buxadé, jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, ha señalado que:
«Mercosur y sus falsas salvaguardias son el resultado de cuarenta años de bipartidismo en Europa. Los mismos que han gobernado siempre son los que hoy pretenden engañar al campo con parches que no protegen y acuerdos que destruyen nuestra soberanía productiva».

Por su parte, la eurodiputada Mireia Borrás, miembro de la comisión de Agricultura, ha denunciado que:

«Las salvaguardias no son una protección, son una coartada. No se activan automáticamente, llegan cuando el daño ya está hecho y no corrigen la competencia desleal. Esto ya lo hemos visto con otros acuerdos como el de Marruecos; 15 años llevan nuestro sector esperando a que se activen para frenar la competencia desleal y el resultado siempre es el mismo: el agricultor queda abandonado».

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