Antonio Alcázar: «Exigimos a la Administración central, que realice un plan de inversiones que ayude a mejorar la red estatal de carreteras en Málaga».
El Grupo Municipal VOX Málaga ha presentado una iniciativa que llevará a la Comisión de Movilidad, en la que instará al equipo de gobierno popular a que realice un plan estratégico en esta materia.
El portavoz, Antonio Alcázar, ha señalado que con esta moción “lo que se pretende es que haya una mejora real y efectiva de movilidad en la ciudad”, aunque ha querido dejar claro que “sabemos que estas medidas no son fáciles de acometer, ni se podrán hacer de manera inmediata, por lo que consideramos es vital que se contemple un proyecto de una gran envergadura que con el tiempo se pueda ir asumiendo”.
Desde hace tiempo, desde este Grupo Municipal, se viene denunciando las grades necesidades en materia de movilidad, por eso, ya en 2023 “solicitamos la implementación y ampliación de la red de metro, tanto en dirección a Rincón de la Victoria como al PTA”, ha señalado Alcázar, ya que “hay una gran saturación por parte de los dos únicos canales de comunicación existentes para entrar a estos dos puntos, la A-7 y el centro de la capital”.
Para el edil de VOX “es vital, pues la solución no podrá ser rápida y conllevará gran cantidad de recursos y tiempo, que el equipo de gobierno se tome muy enserio la realización de medidas de mejora y planificación en materia de movilidad, salvo que se quiera saturar por completo toda la ciudad”, además de que “esto desincentiva nuevas inversiones, perjudica gravemente a las empresas ya instaladas en Málaga, a los trabajadores y la conciliación familiar a la que tienen derecho, así como perjudica la imagen de ciudad frente a posibles visitantes”, ha sentenciado.
Ya, hace unos días, se denunciaba en varios medio de comunicación el martirio que sufren los usuarios que tienen que venir a trabajar a la capital y cuya única entrada posible han de realizarla por la A-7, por este motivo, también vamos a “solicitar al Consistorio malagueño a que realice un estudio de movilidad y del tráfico sobre los puntos de acceso y demanda del tráfico en el Distrito Este, así como respecto de otros puntos de especial interés como son los accesos y capacidades de los mismos en la M-20, M-21, M-23 y AP-7”, ha afirmado Antonio Alcázar.
Por otro lado, ha continuado diciendo el concejal de VOX, “vamos a pedir colaboración, si así se estima, de la Diputación Provincial de Málaga, para la realización de un estudio de movilidad que ofrezca soluciones de carácter inmediato y temporal, a la demanda de tráfico en la A-7”.
Por último, desde el Grupo Municipal VOX Málaga se va a “exigir a la Administración central, que realice un plan de inversiones que ayude a mejorar la red estatal de carreteras en Málaga”, más concretamente “la red de comunicación de la capital para poder asumir la demanda actual y el futuro incremento de población y con ello aliviar la saturación de la red existente”.
Antonio Alcázar: «Lo que nos han dado no es una evaluación real de los problemas, sino una lista de buenos deseos y promesas».
El portavoz del Grupo Municipal VOX Málaga, Antonio Alcázar, acompañado de varios miembros de la ejecutiva provincia, ha denunciado esta mañana “la manipulación del equipo de gobierno popular con un plan estratégico disfrazado de auditoría en la Gerencia de Urbanismo y que lo único que trata es de ocultar los resultados a los malagueños”.
Alcázar, ha explicado que “hace más de un año, Urbanismo anunció una auditoría externa para mejorar el funcionamiento de esta Gerencia debido a la saturación y los largos plazos de resolución, que en algunos casos ha llegado a superar los seis años” por lo que, ha continuado diciendo “esta situación afecta gravemente al desarrollo urbanístico de la ciudad y desalienta a inversores y promotores”.
Al hilo de esto el portavoz ha señalado que “llevamos un tiempo preguntando por la auditoría para ver en qué punto se encontraba y poder revisar la gestión” a lo que ha destacado que “después de un año, y sin haber obtenido respuesta alguna por parte de la GMU, nos hemos enterado por una filtración de que lo que llaman auditoría, no es más que un plan estratégico”, es decir, “que lo que nos han dado no es una evaluación real de los problemas, sino una lista de buenos deseos y promesas”.
La diferencia es fundamental, ya que una auditoría debe decir en lo que se está fallando, en cómo se puede mejorar la gestión, si falta personal, si se necesita más inversión en recursos o si se necesita mejorar la organización, entre otras cuestiones, pero lo que han dado, a criterio de Antonio Alcázar “no aporta nada útil, es decir, que tenemos un bonito documento lleno de promesas vacías, pero no se nos dice qué hay que solucionar para mejorar”.
“Nos han dado humo, cuando lo que necesitamos saber es por qué Urbanismo está colapsado, qué falta y cómo podemos solucionarlo”, ha sentenciado el edil.
El Grupo Municipal VOX Málaga solicitará en la próxima Comisión plenaria de Urbanismo que se aclaren estos hechos, y en caso de seguir entendiendo que la existencia de la auditoria ha sido una quimera política, mero márketing exigiremos responsabilidad sobre los costes en los que se haya podido incurrir en la realización de un documento que nada tiene que ver con un informe auditor.
Patricia Rueda: «Marlaska aloja inmigrantes ilegales en hoteles con el dinero de todos».
La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que exige al Gobierno que tome «medidas urgentes para evitar el impacto negativo del Real Decreto 933/2021 en la competitividad del sector hotelero español».
Este Real Decreto establece nuevas obligaciones para los establecimientos de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, que deberán registrar y comunicar de manera detallada los datos personales de los clientes a las autoridades.
Rueda ha recalcado que esta norma «no sólo impone una gran carga administrativa, sino que también obliga a las empresas a recabar datos sensibles de los clientes para el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska». Así, ha explicado la diputada que «se les pedirá no sólo el DNI o pasaporte, sino también información como la forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil o domicilio».
Esos datos, ha cuestionado Patricia Rueda, «¿también se los van a pedir a los inmigrantes ilegales que alojan en Torrox, por ejemplo, en los hoteles pagados por los españoles?». Y, dirigiéndose a Marlaska, le ha preguntado, alertando sobre la gravedad de la situación, «¿le va a exigir a los inmigrantes ilegales la misma información que a los turistas legales?».
Patricia Rueda ha advertido que «estas obligaciones, que han generado gran preocupación en el sector, afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas debido a la falta de infraestructura tecnológica adecuada y al incremento de la carga administrativa». La aplicación de esta normativa, ha continuado, «va a poner en una situación muy delicada a un sector fundamental para nuestra economía, afectando gravemente a su competitividad en comparación con otros países de la Unión Europea».
En su iniciativa parlamentaria, Rueda pide al Gobierno que aclare cómo va a garantizar que este Real Decreto no comprometa la competitividad del sector hotelero. «Es fundamental que el Ejecutivo explique qué medidas va a adoptar para asegurar que nuestras empresas no se vean penalizadas frente a sus competidores europeos», ha subrayado.
La diputada ha insistido en que «no hay que demorar ni retrasar, hay que paralizar la aprobación que han propuesto para el 2 de diciembre. La aprobación de un Real Decreto que todo el sector critica».
Finalmente, Rueda ha mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica al «imponer normas y burocracia para los autónomos y empresas, demonizando al sector». Una situación que ha descrito como «Gran hermano para el honrado y manga ancha para los delincuentes», ha concluido.
Hernández Quero: «La ocupación ilegal no es un problema anecdótico, sino una amenaza real que afecta a cada vez más ciudadanos».
Carlos Hernández Quero, diputado nacional de VOX por Málaga, acompañado por la diputada nacional, Patricia Rueda, ha comparecido ante los medios en la localidad de Manilva para expresar su apoyo y solidaridad con los vecinos que, según ha explicado, «llevan demasiado tiempo padeciendo las consecuencias de un doble juego perverso».
Así, durante su declaración, Hernández Quero ha destacado «el grave problema que representa la ocupación ilegal en esta zona, especialmente por parte de mafias organizadas y grupos de inmigrantes ilegales», quienes, ha señalado, «actúan con total impunidad, violencia y extorsión».
«Estamos ante una situación insostenible en la que muchas familias, que con esfuerzo y ahorro consiguieron una vivienda para vivir en paz y tranquilidad, ahora se encuentran sumidas en un día a día marcado por la preocupación y el desconcierto», ha afirmado el diputado, quien, no sólo ha denunciado la ocupación ilegal en sí, sino también lo que considera «un abandono» por parte de las autoridades. «Un Estado que no protege ni respeta el derecho a la propiedad es un Estado indigno de tal nombre», ha subrayado.
Hernández Quero también ha criticado el enfoque de la izquierda política y mediática, asegurando que «intentan presentar la ocupación ilegal como un problema anecdótico cuando esto no es una cuestión superficial, es un problema que afecta y daña el día a día de decenas de miles de familias y de su entornos».
Tal y como ha explicado el diputado de VOX, «la degradación de barrios y municipios, como es el caso de Manilva, es una prueba palpable de las consecuencias de la ocupación».
Sobre este asunto, Hernández Quero ha recordado las medidas que su grupo parlamentario propone para combatir la ocupación ilegal, incluyendo «la implementación de un desalojo express y el endurecimiento de las penas», con el objetivo de que «estas acciones sean verdaderamente disuasorias». También, en esta línea, ha señalado la necesidad de «la creación de un registro de okupas para evitar que puedan beneficiarse de ayudas sociales y exonerar a los propietarios de los inmuebles ocupados del pago de ciertos impuestos mientras dure la ocupación».
Finalmente, Hernández Quero ha destacado «la importancia de la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales que participen en ocupaciones» y, en el caso de inmigrantes legales, ha abogado por «su deportación si han cometido delitos». Así, «todo será poco para preservar la vida, la propiedad y la seguridad de los ciudadanos honrados», ha concluido.
Patricia Rueda: «España debe seguir ejemplos como los de Italia o Alemania que han logrado reducir la inmigración ilegal y mitigar riesgos de terrorismo».
En el marco de las recientes jornadas organizadas por la Fundación DENAES, Patricia Rueda, diputada nacional de VOX, ha denunciado el incremento de la criminalidad y la inmigración ilegal como principales amenazas para la seguridad y el bienestar de las comunidades españolas.
Durante su intervención, Rueda ha subrayado la importancia de visibilizar y combatir estos problemas que, según ha explicado, están afectando negativamente a numerosas localidades, especialmente en áreas como Málaga, Campo de Gibraltar y La Línea de la Concepción. “Estamos siendo rehenes y padecemos las consecuencias de una política migratoria que, bajo el falso buenismo, está llenando nuestras calles de inseguridad, miedo y desesperanza”, ha afirmado Rueda.
En este sentido, Rueda ha presentado datos alarmantes del Ministerio del Interior, indicando que «en Málaga la criminalidad ha aumentado un 12.8% en delitos sexuales», en comparación con el promedio nacional del 4.8%. “Este incremento está directamente relacionado con la inmigración ilegal que tanto denuncia VOX”, ha asegurado.
La diputada ha destacado que VOX es la única formación política que se opone claramente a una inmigración ilegal masiva y desordenada, proponiendo una “ley de deportaciones masivas” y el apoyo a inmigrantes legales que respeten las leyes y las raíces culturales españolas. “Defendemos a aquellos que vienen a sumar, a quienes respetan a las mujeres y nuestras raíces”, ha puntualizado.
Ahondando en el asunto, Rueda ha querido citar ejemplos internacionales de éxito en el control de la inmigración, mencionando que «Italia ha reducido la emigración ilegal en un 65% y que Alemania está reconociendo los riesgos vinculados al terrorismo yihadista». En contraste, ha criticado duramente a los partidos PP y PSOE por su «ineficaz gestión de las fronteras y la aprobación de medidas que facilitan la inmigración ilegal». Estos partidos “han votado a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales, priorizando los votos sobre la seguridad y el bienestar de los españoles”, ha denunciado la diputada de VOX.
Así, Rueda ha hecho un llamamiento a la sociedad civil para que asuma su responsabilidad en la defensa de la nación, instando a denunciar estos problemas y a participar activamente en iniciativas que fortalezcan la estructura familiar como núcleo de una sociedad sólida y segura. “Con familias fuertes podemos tener una nación fuerte”, ha afirmado, rechazando las etiquetas de machismo, xenofobia y racismo dirigidas a VOX.
Finalmente, la diputada ha advertido sobre una posible tendencia hacia la dictadura bajo el actual gobierno, acusando a Sánchez de asaltar las instituciones y cercenar derechos y libertades. “No podemos aceptar ni de brazos caídos ni con la boca cerrada esta situación. Hay que actuar en defensa de la nación española”, ha concluido Rueda.
Antonio Alcázar: «Nos oponemos a que se impongan restricciones que perjudiquen a quienes no tienen los recursos para cambiar de vehículo o adaptar sus vidas a medidas tan drásticas».
Antonio Alcázar, portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Málaga, ha expresado su satisfacción tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que anula varios preceptos de la Ordenanza 10/2021 de Movilidad Sostenible. Según Alcázar, esta decisión es una clara victoria para los ciudadanos de menores recursos y las pequeñas empresas, que han sido los más perjudicados por las restrictivas medidas impuestas por el Ayuntamiento de Madrid.
Durante su comparecencia, Alcázar estuvo acompañado por la diputada nacional Patricia Rueda, Yolanda Gómez, Francisco Garrido de Torremolinos, Carlos Chinchilla del Rincón de la Victoria y Antonio Luna de Fuengirola, quienes también apoyaron sus declaraciones y compartieron la preocupación por la posible implementación de medidas similares en sus municipios.
«El Partido Popular no sólo incumplió su promesa de derogar Madrid Central, sino que amplió las restricciones, perjudicando gravemente a los madrileños más vulnerables. La Justicia ha sido clara al reconocer la falta de estudios adecuados sobre el impacto económico que estas medidas tendrían sobre las familias y autónomos, algo que desde VOX denunciamos desde el principio», ha afirmado Alcázar.
En su intervención, Alcázar también ha aprovechado para advertir sobre los planes del Partido Popular de instaurar Zonas de Bajas Emisiones en Málaga capital como en diferentes puntos de la provincia, alertando de que podría suponer un golpe similar para los malagueños más desfavorecidos. “Lo que ha ocurrido en Madrid con la Zona de Bajas Emisiones podría repetirse aquí. Los mismos errores, la misma falta de previsión económica y el mismo desprecio por las clases trabajadoras y los autónomos. Desde VOX nos oponemos a que se impongan restricciones que perjudiquen a quienes no tienen los recursos para cambiar de vehículo o adaptar sus vidas a medidas tan drásticas”, ha subrayado el portavoz de VOX.
Alcázar ha denunciado que, al igual que en Madrid, el Partido Popular en Málaga no ha considerado el impacto económico que estas restricciones podrían tener sobre las familias malagueñas, especialmente aquellas que dependen de sus vehículos para trabajar, cuidar de sus hijos o atender a familiares. «En lugar de aprender de los errores en Madrid, el PP parece dispuesto a repetir el mismo modelo aquí, afectando gravemente a los malagueños que ya luchan por salir adelante», ha añadido.
En cuanto a un posible recurso del Partido Popular ante el Tribunal Supremo por la sentencia en Madrid, Alcázar ha sido tajante: “Si el PP decide recurrir esta sentencia, estará cargando de nuevo contra las familias y los trabajadores, aquellos que más han sufrido por estas medidas injustas. En Madrid, Almeida debe devolver el dinero recaudado por las multas impuestas a los ciudadanos y, en Málaga, no podemos permitir que se sigan los mismos pasos de imposición y recaudación bajo la excusa del fanatismo climático”.
Por último, Alcázar ha reafirmado el compromiso de VOX con la defensa de los ciudadanos más vulnerables, tanto en Madrid como en todos los municipios en los que quiere imponerse esta restricción. “VOX seguirá defendiendo a los españoles de las políticas restrictivas y recaudatorias. En la provincia de Málaga y en toda España, lucharemos contra la imposición de Zonas de Bajas Emisiones que castigan injustamente a los más desfavorecidos. No vamos a permitir que el PP continúe perjudicando a las clases medias y trabajadoras con estas imposiciones”, ha concluido Alcázar.
Yolanda Gómez: «Es urgente adoptar políticas que abaraten la construcción, para que se construyan viviendas más económicas».
El Grupo Municipal VOX Málaga ha presentado una iniciativa en la que solicita al Ayuntamiento de la capital que “adopte de manera urgente políticas que abaraten la construcción y fomenten la creación de viviendas asequibles”.
Para la portavoz adjunta, Yolanda Gómez, “La vivienda es un derecho fundamental, recogido en nuestra Constitución, pero el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un lujo al que muchos malagueños no pueden aspirar”, por ello, en la próxima Comisión de Economía “vamos a proponer la reducción del tipo de gravamen del ICIO, que actualmente se sitúa en el 3,8%, uno de los más altos permitidos por ley”.
Según ha explicado Gómez, “esta tasa no solo encarece la construcción de viviendas, sino que también desincentiva la inversión en el sector”, señalando que “reducir el ICIO al 3% supondría una reducción de ingresos de unos 2,6 millones de euros, una cantidad perfectamente asumible en los presupuestos municipales, además de que Curiosamente, esta es una cifra muy similar a lo que el equipo de gobierno del PP gasta en asesores y puestos de confianza”.
A criterio de la edil de VOX “la prioridad del PP parece ser la de engordar la administración con personal afín, en lugar de utilizar esos recursos para facilitar el acceso a la vivienda y desde nuestro partido no estamos dispuestos a seguir permitiendo que el dinero público se malgaste de esta manera mientras miles de malagueños siguen sin poder acceder a una vivienda”.
Por eso, además de proponer la reducción del ICIO, “instamos al Gobierno de España a reducir el IVA que grava la compra de viviendas, y pedimos a la Junta de Andalucía que baje el ITP, un impuesto que encarece aún más el acceso a la vivienda en nuestra comunidad”, ha sentenciado Yolanda Gómez.
El pasado 4 de julio se celebró una nueva edición del Punto de Encuentro Inmobiliario, organizado de manera conjunta por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga) y la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco-Promotores). Este encuentro, en el emblemático Castillo de Gibralfaro, se centró en uno de los mayores problemas que afronta nuestra ciudad: la crisis de vivienda.
En este foro, se debatió sobre los altos precios y la escasez de viviendas en Málaga, y los participantes coincidieron en que debe haber una colaboración público-privada real para abordar este desafío. Los datos que se presentaron fueron alarmantes. Según el Banco de España, la cantidad de viviendas que necesitamos es diez veces mayor que las que se están produciendo anualmente. Esta situación refleja la inacción de los poderes públicos para tratar la vivienda como un bien social prioritario.
Una cuarta parte del precio de una vivienda son impuestos, como el IVA, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP). Esto nos lleva a preguntarnos si, de verdad, la vivienda es una prioridad para las administraciones públicas.
Desde el Grupo Municipal Vox Málaga tenemos claro que “se necesitan medidas valientes y una verdadera política de vivienda, no más promesas vacías”. La construcción de vivienda de protección oficial, aunque necesaria, no es suficiente para resolver el problema de manera inmediata. Es por eso que “exigimos medidas a corto plazo que aborden la crisis actual, como la reducción de impuestos que encarecen la vivienda y la adopción de políticas que incentiven la construcción”.
En conclusión, “Málaga no puede esperar más y las administraciones, especialmente el Ayuntamiento del PP, deben dejar de lado sus intereses partidistas y centrarse en resolver los problemas reales que afectan a los ciudadanos”, ha dicho Yolanda Gómez, finalizando señalando que “desde VOX Málaga seguiremos luchando para que las políticas de vivienda sean una prioridad, y para que los recursos públicos se destinen a lo que realmente importa: garantizar que todos los malagueños puedan acceder a una vivienda digna”.
Antonio Alcázar: «Es necesario agilizar las obras hídricas en la zona del Guadalhorce».
El portavoz del Grupo Municipal VOX Málaga, Antonio Alcázar, ha presentado una iniciativa en la que solicita al Ayuntamiento de Málaga que “refuerce su compromiso y agilice la realización de las obras hídricas necesarias en la zona del Guadalhorce, para su ejecución en el menor plazo de tiempo posible”.
Alcázar ha recordado que “la parte baja del río Guadalhorce es una de las grandes asignaturas pendientes de la capital y que requiere de un gran número de infraestructuras y actuaciones a lo largo de su cauce”.
Desde el Grupo Municipal VOX Málaga se ha manifestado en diferentes ocasiones que se requiere medidas urgentes en materia de infraestructuras hídricas en la capital, sobre todo en el entorno del Guadalhorce
Entre otras obras de mejora, según ha señalado el concejal “se requiere especial atención sobre la red de suministro de agua “en baja” dado a las pérdidas en el caudal que sufre la red de suministro de agua sanitaria por su antigüedad”.
De igual forma e importancia se requieren actuaciones en estas zonas “ante la falta de la debida individualización de la red de saneamiento o, incluso, ante la grave falta de una red de alcantarillado que ayude a la debida y efectiva evacuación de agua pluvial”, ha afirmado Alcázar.
Pero desde luego, una asignatura pendiente y de extraordinaria urgencia, según ha apostillado el portavoz del G.M VOX Málaga, “es el debido encauzamiento del propio río Guadalhorce, pues tal y como la propia Junta de Andalucía por medio de la Dirección General de Recursos Hídricos, la considera como una de las áreas con mayor riesgo potencial de inundabilidad de toda la Cuenca Mediterránea Andaluza”,.
Hay que recordar que desde el 2016 existen diversos planes de actuaciones a acometerse en el río para evitar este grave riesgo. De hecho, desde estas fechas se han realizado alguna de las obras necesarias para el correcto y adecuado encauzado, pero ni han sido todas las necesarias, ni a fecha actual, por desgracia, se prevén que se realicen las que son necesarias para solventar esta grave situación en un corto periodo de tiempo.
Situación que se va agravando por el paso del tiempo, no sólo por una cuestión de mera probabilidad de que suceda en corto plazo de tiempo las situaciones que ya se han sufrido en los años anteriores, con los daños que comportan y por el grave riesgo a la seguridad de los residentes de la zona, sino porque, con el desarrollo de la ciudad desde dichas fechas, esta zona ha venido desarrollándose ampliamente, siendo los dos últimos proyectos, la ampliación del centro comercial “Plaza Mayor” y la construcción de la ciudad deportiva del C.F. de Málaga, ambos ubicados dentro de la zona de inundabilidad y por ende en zona de riesgo.
Antonio Alcázar ha querido dejar claro que esta situación no tiene como principal responsable a la Administración andaluza o al Consistorio malagueño, sino que “depende del Gobierno central, quien ha mantenido desde un principio un comportamiento esquivo con este tema debido a la falta de toma de decisiones y diligencias”.
Para el concejal, la Administración central está “eludiendo acometer la principal obra en la zona, siendo esta la sustitución del puente de la Azucarera por uno nuevo más elevado y de mayores dimensiones, de forma que se adapte al encauzamiento de esta parte del río que se realizó décadas atrás y en el que la actual pasarela de la MA-21 ejerce como un tapón o barrera en momentos de fuertes precipitaciones”.
Y ha finalizado recalcando que “esta medida aseguraría, de forma efectiva, cualquier riesgo, en base a los estudios realizados, tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte de la Asociación de Polígonos de Málaga”.