María Eugenia Carballedo denuncia ante el Defensor del Pueblo el caos ferroviario cronificado en España.
La portavoz del Partido Popular en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, María Eugenia Carballedo, ha reclamado al Defensor del Pueblo que actúe de oficio ante la “grave y sostenida degradación” del transporte ferroviario en España.
Carballedo ha denunciado que esta situación está afectando de forma severa a la movilidad de millones de ciudadanos y comprometiendo la seguridad de un servicio público esencial.
La dirigente popular ha subrayado que, un año después de las primeras advertencias, el deterioro del Cercanías, la alta velocidad y la media distancia “se ha cronificado”, con retrasos constantes, cancelaciones, averías, roturas de catenaria y trenes circulando sin aire acondicionado.
Además, ha lamentado la “ausencia de información” y el “maltrato” que sufren los pasajeros ante un sistema ferroviario cada vez más deteriorado.
Carballedo ha recordado que esta legislatura queda marcada por el accidente de Adamuz, en el que murieron 46 personas y 120 resultaron heridas, y ha reprochado que “nadie haya asumido responsabilidades” pese a que las víctimas siguen reclamando una investigación completa.
Asimismo, ha alertado de que la Fiscalía Europea investiga el uso de fondos europeos destinados a ese tramo ferroviario.
La portavoz popular ha denunciado también un “contexto de corrupción sistémica” en el Ministerio de Transportes, con altos cargos investigados y el exministro José Luis Ábalos condenado por el Tribunal Supremo.
Carballedo ha acusado al Ejecutivo de incumplir la ley al no convocar la conferencia sectorial y de bloquear la aplicación de la Ley de Movilidad Sostenible, que permitiría a los ciudadanos conocer el estado real de la red ferroviaria española.
Por todo ello, ha pedido al Defensor del Pueblo que ampare a los usuarios y exija al Gobierno una auditoría completa de la red ferroviaria, un plan de mantenimiento certificado, un calendario vinculante de actuaciones y la recuperación de las indemnizaciones por mal funcionamiento del servicio.
“Los españoles merecen un servicio ferroviario fiable, seguro y gestionado con transparencia”, ha concluido.
María Eugenia Carballedo exige al Defensor del Pueblo actuar ante la «corrupción sistémica»
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Eugenia Carballedo, ha reclamado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que deje de permanecer “impasible” ante la “corrupción sistémica” y el “deterioro democrático” que, a juicio del Partido Popular, atraviesa España.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Carballedo ha reprochado a Gabilondo que cuestionase las referencias al deterioro democrático mientras “las instituciones se ponen al servicio del poder” y se normaliza una situación política marcada por investigaciones y escándalos de corrupción.
El PP alerta de una “crisis institucional sin retorno”
La diputada popular ha advertido de una “crisis institucional sin retorno” y ha pedido al Defensor del Pueblo que actúe frente a “la podredumbre” y los ataques dirigidos contra el poder judicial y la UCO.
Carballedo ha denunciado una “corrupción sistémica” que, según ha señalado, “rodea al presidente del Gobierno” y “envilece las instituciones y fulmina la confianza de los ciudadanos”.
Asimismo, ha acusado al Ejecutivo de gobernar “no por el interés general, sino por la codicia de sus dirigentes”.
El PP denuncia una “utilización partidista” de las instituciones
La dirigente popular ha sostenido que existe una utilización partidista de las instituciones del Estado y ha acusado al PSOE de impulsar “una trama criminal” destinada a “corromper el Estado de Derecho” y “boicotear las causas judiciales que cercan al presidente del Gobierno”.
En este contexto, ha recordado el caso de Santos Cerdán y las investigaciones relacionadas con las denominadas “cloacas”.
Carballedo critica el colapso de servicios públicos y la gestión migratoria
María Eugenia Carballedo ha vinculado también el deterioro democrático con el funcionamiento diario de la Administración.
“Gestionar trámites con la Seguridad Social, las oficinas de empleo o extranjería se ha convertido en morir en el intento”, ha afirmado.
La diputada popular ha denunciado el “colapso administrativo” que sufren los ciudadanos y ha asegurado que la degradación de los servicios públicos “aumenta la desconfianza hacia unas instituciones colonizadas”.
Asimismo, ha criticado la política migratoria del Ejecutivo por desarrollarse “sin planificación real de integración”, sin coordinación con ayuntamientos y comunidades autónomas y ocultando, según ha señalado, informes técnicos y policiales.
El PP pide recuperar la confianza institucional
Carballedo ha advertido de que el Gobierno “crea problemas donde antes no existían” por motivos “electoralistas e ideológicos”, citando cuestiones como la vivienda, la inmigración o el transporte ferroviario.
También ha criticado que el Ejecutivo “celebre récords de recaudación fiscal mientras los ciudadanos pagan más y reciben menos servicios”.
El Partido Popular insiste así en la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones, reforzar el Estado de Derecho y garantizar una Administración eficaz al servicio de los ciudadanos.
María Eugenia Carballedo reclama al Defensor del Pueblo defender a los ciudadanos frente al caos político.
La diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Eugenia Carballedo Berlanga, ha instado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a no permanecer “impasible” ante el deterioro institucional y democrático que, según ha denunciado, atraviesa España bajo el Gobierno de Pedro Sánchez.
Durante la comparecencia de Gabilondo en Comisión, Carballedo ha advertido de que “el deterioro de nuestra democracia está llegando a un punto en el que el Defensor del Pueblo no puede quedarse callado”.
La diputada popular ha preguntado además “dónde está el umbral de lo tolerable y admisible” tras la imputación por corrupción del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el contenido del reciente informe del Parlamento Europeo sobre la situación institucional española.
El PP denuncia “colonización institucional”
Carballedo ha enumerado varios hechos que, a juicio del Partido Popular, evidencian una “grave degradación institucional”.
Entre ellos, ha citado “la colonización de instituciones serviles a Moncloa”, los ataques al poder judicial, la situación del fiscal general del Estado o la presencia de dirigentes socialistas investigados por corrupción.
“Lo que nunca había ocurrido en España sucede hoy: un expresidente del Gobierno imputado por corrupción”, ha señalado.
Críticas a la regularización masiva de inmigrantes
La dirigente popular también ha reclamado al Defensor del Pueblo que actúe de oficio ante la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno.
Según ha denunciado, el Ejecutivo pretende llevarla a cabo “sin planificación, sin integración real, sin consenso con ayuntamientos ni comunidades autónomas y ocultando informes técnicos y policiales”.
“El Gobierno somete a España a una avalancha de regularizaciones sin explicar sus consecuencias ni garantizar el control”, ha advertido.
Guardia Civil, Policía y víctimas del terrorismo
Carballedo ha pedido además respaldo institucional para que Guardia Civil y Policía Nacional sean reconocidas como profesiones de riesgo, especialmente ante la presión del narcotráfico.
Asimismo, ha alertado sobre el “goteo incesante” de beneficios penitenciarios a etarras, denunciando que se están produciendo excarcelaciones “sin arrepentimiento real y sin desvinculación del entorno que sigue legitimando a ETA”.
Vivienda, sanidad y transporte ferroviario
La diputada popular ha reprochado también al Defensor del Pueblo que no haya reflejado en sus informes problemas como la huelga médica, el apagón eléctrico o el deterioro del transporte ferroviario.
“Los ciudadanos viven sin garantías en Cercanías y el Gobierno sigue sin asumir responsabilidades”, ha criticado.
Carballedo ha denunciado además que el Ejecutivo “crea problemas en lugar de solucionarlos”, citando la crisis de vivienda y el caos ferroviario como ejemplos de la falta de gestión del Gobierno.
María Eugenia Carballedo: «El Defensor del Pueblo debe recurrir esta ley que borra una década de delitos del independentismo catalán».
La diputada del GPP María Eugenia Carballedo señala que “no hay derecho” a que Ángel Gabilondo se “quitara de en medio” después de recibir “una avalancha” de más de 200 quejas ciudadanas y más de 30 peticiones de recurso de inconstitucionalidad, contra “una ley hecha al dictado de delincuentes y que ha movilizado en las calles a decenas de miles de personas”
Recrimina al Defensor del Pueblo que ante una ley arbitraria -“fruto de un trato: impunidad a cambio de votos”-, se invente “razones institucionales previas al examen de fondo” para no recurrir su inconstitucionalidad
“Defender la igualdad de los españoles debe estar en el frontispicio de la institución que representa. Ha tenido una oportunidad histórica de servir a los españoles en su defensa pero, siendo grave que no lo ha hecho, es peor que a nadie le haya sorprendido su dejación”, critica
“No encontrará en la historia de los más de 40 años de su institución una ley cuya constitucionalidad haya sido más cuestionada. Ninguna que haya tenido una contestación social más rotunda ni más mantenida en el tiempo y usted, que tiene plena legitimación para interponer un recurso, se quita de en medio”, censura
Exige “valentía” al Defensor del Pueblo para defender a las instancias judiciales de una amnistía que supone “una absoluta injerencia del poder legislativo en la actuación propia y exclusiva del judicial”
Le echa en cara que no sea capaz de tomarse en serio un asunto que cuestiona los principios democráticos. “Se trata de una ley que borra una década de delitos del independentismo catalán. ¿Qué eso de que la ley está suficientemente recurrida?”, le pregunta
“Usted conoce muy bien los argumentos de quienes han acudido en su auxilio, porque fueron los mismos que Sánchez y sus ministros utilizaron antes de las últimas elecciones generales, en plena campaña, para convencer a los españoles de que la amnistía no tiene cabida en la Constitución”, resalta