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El PP exige a Sánchez en Les Corts la limpieza urgente de barrancos y cauces ante la llegada de las lluvias “para evitar riesgos con el comienzo del otoño”.

El Grupo Popular en Les Corts ha presentado una PNL urgente en la que insta al Consell a que solicite al gobierno de España que las Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura “procedan a la limpieza urgente y mantenimiento de los cauces, ríos y ramblas de la Comunitat Valenciana”.

La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha señalado que “estamos muy preocupados por la situación de abandono de la limpieza de los cauces, de forma que, ante precipitaciones importantes, mantengan una capacidad óptima de desalojo de los caudales y se evite el taponamiento y las empalizadas. Los ciudadanos no tenemos por qué volver a sufrir la dejadez, el abandono y la falta de compromiso del gobierno socialista con nuestra tierra”.

“Es crucial trabajar en la prevención -ha continuado-, una circunstancia que a la vista de cómo se encuentran muchos barrancos y cauces llenos de cañas, sedimentos y residuos de todo tipo, es evidente que no existe. No queremos volver a vivir lo sucedido con las últimas lluvias torrenciales provocadas por distintas DANAS. Para eso es clave la prevención, pero parece que a Sánchez eso no le importa”.

María Gómez, también alcaldesa de Almoradí, ha lamentado que “la situación llega hasta el extremo de que hay alcaldes que han reclamado la limpieza con sus propios medios de estos cauces naturales y se han topado con la intransigencia y negativa de una administración pública que, en manos del PSOE, no actúa. Parece que la Confederación no ha aprendido nada de lo que hemos vivido. Tiene muchos deberes que hacer y no los hacen”.

Para la diputada popular “la CHJ y la CHS deben atender la llamada de auxilio de unos alcaldes que ven en sus barrancos un potencial riesgo para sus vecinos. Pero la actuación debe ser conjunta y coordinada, por eso deben asumir sus competencias propias y limpiar, desbrozar y adecuar los cauces en todo su recorrido. Mirar hacia otro lado mientras permanecen de brazos cruzados es poner en riesgo a poblaciones enteras, en una muestra de desidia que nos hace daño a todos”.

Por último, María Gómez ha recordado que “la limpieza, mantenimiento y vigilancia de los cauces es competencia exclusiva del Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismos dependientes del Ministerio de Transición Ecológica, que tiene la obligación de la construcción y conservación de las infraestructuras hidráulicas, así como de la gestión medioambiental del dominio público hidráulico en su demarcación. Es su responsabilidad el mantenimiento del buen estado y la limpieza de los cauces y no lo están haciendo. Parece que estén ocupados en otras cosas”.

La portavoz de Agua del Grupo Popular en Les Corts, María Gómez, ha acusado al PSOE de utilizar el agua como “arma política” para contentar a Castilla-La Mancha mientras castiga a la Comunitat Valenciana. La parlamentaria ha reaccionado así a las declaraciones de la portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, que reclamaba acelerar la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Gómez ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez y los dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha “vuelven a poner en riesgo el futuro del trasvase Tajo-Segura con decisiones arbitrarias que limitan el acceso al agua a miles de familias que dependen de este recurso para vivir”.

En vísperas de la Semana Mundial del Agua, la parlamentaria ha recordado que el trasvase “no es un capricho, sino una infraestructura esencial que desde hace 46 años garantiza agua de boca a más de 2,5 millones de personas y riego a 140.000 hectáreas en el sureste español”. En este sentido, ha advertido de que los recortes impulsados por el Gobierno central “suponen un golpe letal a nuestra agricultura, a la competitividad de nuestras empresas y a miles de empleos que dependen del agua”.

La portavoz popular ha exigido al Ejecutivo central que “escuche a los regantes, a las organizaciones agrarias y a las instituciones valencianas que llevan meses reclamando soluciones reales y no más castigos”. En este sentido, ha defendido la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional que garantice “un reparto solidario y sostenible del agua en España basado en criterios técnicos y no en decisiones políticas”.

“Mientras el Consell de Carlos Mazón trabaja para asegurar el relevo generacional en el campo, el Gobierno de Pedro Sánchez pone trabas al desarrollo de nuestras tierras. No vamos a permitir que se condene a la Comunitat Valenciana a perder empleo, agricultura y futuro por motivos ideológicas”, ha concluido Gómez.

La portavoz del Agua del GPP, María Gómez, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que “garantice la continuidad del trasvase Tajo-Segura, tan necesario y esencial para el desarrollo de la huerta alicantina” a la vez que ha solicitado “el fin de los recortes políticos e ideológicos que venimos sufriendo en los últimos años”.

“Es un hachazo continuo que no corresponde a criterios técnicos, es un ataque político a autonomías gobernadas por el Partido Popular como la Comunitat Valenciana”, ha insistido Gómez. La diputada del GPP ha recordado que “según lo previsto en octubre entrarán en vigor las nuevas reglas de explotación, lo que supondrá unos graves recortes que pueden condenar a nuestros regantes y a nuestra agricultura, lo que puede provocar la desaparición de miles de hectáreas de cultivos”.

“Mientras el Consell de Carlos Mazón lucha y apuesta por el relevo generacional en el campo, el Gobierno central solo pone trabas para el desarrollo y crecimiento de nuestras tierras con medidas que únicamente provocan pérdidas de empleo en una zona en la que la agricultura es uno de los principales motores económicos y cuyos productos se exportan por todo el mundo por su gran calidad”.

La diputada popular ha defendido la necesidad de aprobar y poner en marcha “un plan hidrológico nacional que favorezca que autonomías en las que disponen de más agua de la que necesitan puedan repartir esos excedentes a las que más falta nos hace ese bien tan esencial”.

El PP pide reabrir el diálogo sobre el Trasvase Tajo-Segura y rechaza las nuevas reglas de explotación impuestas unilateralmente por el Gobierno.

El Grupo Popular ha presentado una PNL en les Corts en la que instan al Consell a rechazar firmemente las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica al considerar que “no responden a criterios técnicos objetivos ni cuentan con el consenso de las comunidades autónomas afectadas”.

También se solicita en el texto “la reapertura inmediata del proceso de diálogo institucional y técnico con todas las comunidades autónomas implicadas, con el fin de acordar una gestión sostenible, equitativa y viable del trasvase Tajo-Segura”.

La portavoz de Agua del GPP, María Gómez, ha explicado que “estamos ante un atropello institucional que no tiene sentido porque reducen el volumen hídrico mensual automático y elevan el tope justo cuando los embalses acumulan niveles inéditos y más agua se está lanzando al mar. No tiene ningún sentido. La única explicación es volver a castigar a la Comunitat Valenciana por una cuestión ideológica y partidista. Sánchez y los socialistas nos dejan sin luz y sin agua”.

“Estamos ante una nueva decisión arbitraria del Ejecutivo central que pone en peligro a miles de familias, empleos y empresas de la provincia de Alicante. El Gobierno de Sánchez actúa sin aval técnico, ni consenso territorial, a espaldas de regantes y agricultores y con interés político con el grave perjuicio para la Comunitat Valenciana”, ha añadido.

María Gómez ha afirmado que “todos los grupos parlamentarios deberíamos salir a defender a nuestros agricultores desde la unidad, la justicia y la equidad que merecen nuestros ciudadanos ante esta deslealtad del Gobierno Sánchez. La socialista Morant es cómplice de este nuevo atropello a los regantes perpetrado desde la Moncloa. Ella calla y agacha la cabeza. Nunca consigue nada para nuestra tierra a la que su Gobierno se dedica a castigar. Esta medida pone en peligro una de las zonas más productivas del país”.

La diputada popular ha señalado que “desde el PP vamos a defender con firmeza los derechos hídricos de esta tierra, y no vamos a aceptar que se siga discriminando a la Comunitat Valenciana por criterios ideológico”.

La portavoz de agua del GPP, María Gómez, ha señalado que «de los cuatro millones presupuestados en 2024 para obras de encauzamiento se han ejecutado 3,2 millones de euros. Esta ejecución contrasta con la de años anteriores, con el Botànic. Así, en 2021 apenas se ejecutó el 11% de la partida nuevas infraestructuras de encauzamientos de ramblas y barrancos, o el 13,6% en 2020”.

María Gómez ha señalado que “la solución a los problemas de inundación se debe plantear en un ámbito supramunicipal, de cuenca hidrográfica. Y las competencias de encauzar los barrancos son exclusivas del Gobierno central. En área urbana los ayuntamientos pueden actuar y la Generalitat les puede ayudar. Pero las actuaciones por ejemplo en los barrancos del Poyo, la Saleta o el Magro son exclusivas del Gobierno de Sánchez. La Generalitat puede asumir algunas actuaciones menores, pero no son las obras importantes de encauzamiento en estos barrancos”.

En este sentido, la portavoz popular ha acusado al Gobierno de Sánchez de “destinar cero euros en 2024 para obras nuevas que impidan lo sucedido, según los datos de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar”.

Gómez ha explicado que “la Generalitat, en materia de inundaciones, tiene competencias de ordenación territorial; pero en materia de obras sus posibilidades de actuación se limitan a prestar ayuda técnica y económica para encauzamientos y defensas en tramos urbanos en coordinación con los municipios afectados y con la aceptación del organismo de cuenca”.

El GPP ha solicitado al Gobierno de España la convocatoria urgente de la mesa de la sequía para poner en marcha actuaciones que permitan paliar la alarmante situación actual de sequía.

El GPP ha presentado una propuesta en Les Corts en la que señala que la mesa de la sequía es el foro para tomar decisiones que puedan mitigar las graves consecuencias derivadas del año hidrológico más cálido y uno de los más secos en la Comunitat desde que se tienen registros.

La portavoz del agua del GPP, María Gómez, ha señalado que “es necesario que el Gobierno de España respete los derechos de los ciudadanos y los sectores productivos de la Comunitat Valenciana en materia hídrica, así como la aplicación del principio de igualdad entre regiones”.

“Desde hace años el Gobierno de España viene aplicando recortes como con el trasvase Tajo-Segura que ha sufrido 26 recortes desde 2018, incumpliéndose los compromisos adquiridos con la Comunitat Valenciana en materia hídrica y negando ayudas (hasta en cuatro ocasiones) a nuestros agricultores y ganaderos que están sufriendo las consecuencias de la sequía. Por eso también pedimos en nuestra propuesta que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se sustenten en criterios técnicos y a través de un grupo de trabajo entre todas las comunidades autónomas”, ha añadido.

María Gómez ha recordado que “desde la Conselleria de Agricultura se están adoptando medidas como llevar agua a las explotaciones ganaderas, y un plan de ayudas extraordinarias de 17 millones de euros para la agricultura de secano y la ganadería. Somos líderes en reutilización de agua y se han puesto en marcha actuaciones de emergencia para garantizar el suministro de agua potable en municipios del interior. Por eso, también pedimos en Les Corts, establecer una línea de ayudas destinada a los agricultores y ganaderos que han sufrido pérdidas a consecuencia de la sequía durante 2024, así como impulsar rebajas fiscales para los mismos”.

María Gómez, diputada del PPCV, ha destacado que “la Vega Baja vuelve a ser una prioridad para el Consell después de ocho años de abandono por parte del Botánico”. Así se ha pronunciado la también alcaldesa de Almoradí, que ha asegurado “que el resultado del PSPV en la Vega Baja de hace un año no fue una casualidad, fue la contestación a ocho años de promesas incumplidas”.

La dirigente popular ha remarcado que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio “no ha eliminado ninguna inversión” y ha subrayado que las actuaciones en las carreteras CV-913, CV-915, CV-941 y CV-950 se llevarán a cabo y que en otras vías hay actuaciones en marcha. En este sentido, ha recordado que ya han comenzado las obras de emergencia para la reconstrucción del puente de la CV-95 sobre la Rambla de Lo Quiles en San Miguel de Salinas por un importe de 2.689.301 euros.

“La comarca ha pasado de estar olvidada a ser una prioridad”, ha destacado Gómez, que ha insistido en que no sólo se mejorarán esas carreteras, sino que también se llevarán a cabo actuaciones en cuestiones tan fundamentales como el agua. “Están planificadas actuaciones en la CV91 y otras vías para mejorar la seguridad vial. Una respuesta tras al abandono del Botánico durante las dos últimas legislaturas y la falta de inversiones del Gobierno de España”, ha remarcado.

La alcaldesa de Almoradí ha afirmado que la Generalitat también está comprometida en realizar actuaciones en materia hídrica. “A través de la Entidad de Saneamiento (EPSAR) la Generalitat invertirá este año un total de 13,1 millones de euros en distintas actuaciones para mejorar los sistemas de depuración y reutilización de agua en la Vega Baja”, ha incidido.

Entre los proyectos destaca la nueva estación de Almoradí, con una actuación global que superará en los próximos años una inversión de más de 20 millones, así como 16 reformas de terciarios para dar cumplimiento a la legislación europea en la materia, la construcción de una nueva estación de bombeo en Pilar de la Horadada y nueve ampliaciones o mejoras en las depuradoras de Orihuela Casco, Orihuela Costa, Pequeñas Orihuela, Callosa de Segura, San Miguel de Salinas y Benferri.

 La portavoz de Agua del GPP, María Gómez, ha lamentado que “PSPV y Compromís hayan votado en contra de la aprobación en la Comisión de Medio Ambiente de una PNL en la que se solicita al Gobierno de España aplicar la solidaridad hídrica y realizar las aportaciones de agua necesarias para garantizar el equilibrio ecológico en l´Albufera, así como la aprobación del Plan de Emergencia para el parque natural”.

María Gómez ha señalado que “los socialistas ni siquiera están dispuestos a pactar nada. No son capaces de alcanzar ningún acuerdo en cuestiones objetivas sobre el tema del agua. El PSOE se mueve en unos mantras sobre la cuestión hídrica que ya nadie se cree. Es increíble que el PSPV defienda las siglas socialistas antes que los intereses de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.

La portavoz popular ha indicado que “la política de agua debería dejar de ser un arma de confrontación política entre territorios y entre partidos. Solicitamos con esta propuesta en defensa del agua necesaria para la Comunitat Valenciana que se practique a nivel nacional la misma solidaridad interterritorial que practicamos en la Comunitat Valenciana”.

En la propuesta aprobada se exige al Gobierno de España respeto a los derechos hídricos de nuestros espacios naturales protegidos; que las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura se sustenten en criterios técnicos; avanzar en la modernización de las infraestructuras hídricas para mejorar en reutilización; alcanzar un Plan Nacional del Agua junto con las comunidades autónomas y la aplicación del principio de igualdad entre regiones, así como la resolución de la deuda hídrica contraída desde hace años con la Comunitat Valenciana.