Marisa Gayo reivindica la solidaridad de los valencianos con una ley que protege y reconoce su labor.
La ponente del Grupo Parlamentario Popular para el Proyecto de Ley del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, Marisa Gayo, ha defendido durante el debate del texto en Les Corts que “esta ley es una herramienta necesaria para convertir las buenas acciones de voluntad en un voluntariado que perdure en el tiempo”.
Gayo ha puesto en valor el trabajo de los más de 8.000 voluntarios que hay en la Comunitat con historias personales de valencianos y valencianas que dedican su tiempo y su dinero a los demás. “Centenares de voluntarios en nuestra tierra inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa y más justa”, ha afirmado.
La diputada popular ha recordado que “24 años después de la primera ley sobre voluntariado de la Comunitat”, esta norma garantiza el derecho de la ciudadanía a participar de forma consciente y activa en la construcción de una sociedad “más solidaria y justa”. En esta línea, el texto “establece un marco actualizado y flexible” para el desarrollo y promoción de la acción voluntaria.
Entre las principales novedades de la ley, Gayo ha destacado la creación del Registro de Entidades de Voluntariado y de la Tarjeta del Voluntario, que “servirá para acreditar competencias, dar seguridad jurídica y garantizar derechos”, así como el desarrollo de planes de voluntariado y la coordinación entre entidades públicas y privadas a través del Consejo Valenciano del Voluntariado. La parlamentaria ha explicado que esta tarjeta “ha sido una reivindicación de las organizaciones que han participado en el desarrollo de esta norma”.
“Somos una Comunitat comprometida, con una rica historia de solidaridad, con un compromiso arraigado que promociona los valores y principios de los castellonenses, alicantinos y valencianos. Somos un pueblo que sale el primero a la calle a ayudar, lo hemos hecho siempre. Somos un pueblo cuyo valiente corazón nos impulsa a realizar una acción de buena voluntad ante cualquier circunstancia”, ha concluido.
Marisa Gayo: «La contratación de intérpretes marroquíes está provocando incomodidad entre los saharauis».
La portavoz de Derechos Humanos del GPP, Marisa Gayo, ha denunciado que el Ministerio del Interior está contratando traductores marroquíes para los saharauis que solicitan asilo en nuestro país y ha lamentado que “la contratación de estos intérpretes está provocando incomodidad entre los saharauis considerando el enfrentamiento en los respectivos países de origen”.
Gayo ha remarcado que se están imponiendo traductores de origen marroquí, pese a tratarse de diferentes dialectos, lo que dificulta la comunicación de los solicitantes de asilo. En algunos casos los afectados alegaron que se saltaron todos los procedimientos y el más absoluto derecho a la defensa al no recogerse de forma correcta sus declaraciones.
La diputada popular considera que desde que el actual Gobierno Central unilateralmente cambió la posición de España respecto al Sáhara Occidental los saharauis están siendo abandonados. “El Ministerio del Interior está llevando a una situación de desamparo y de denegaciones de protección internacional”, concluye la diputada del GPP.
Por ello, el PPCV va a solicitar, a través de una proposición no de ley en Les Corts, la contratación de traductores e intérpretes de la misma nacionalidad del solicitante de asilo. Asimismo, reclama al Ministerio del Interior que agilice los trámites de asilo o apátrida para los saharauis que lo soliciten.
Marisa Gayo: «La inmigración necesita un debate serio y templado, no actuar a golpe de titular».
La diputada del GPP, Marisa Gayo, ha pedido al Gobierno de España fortalecer el trabajo de Cooperación con las comunidades autónomas.
En este sentido, el GPP ha presentado una propuesta en Les Corts en la que pide al Gobierno de España “trabajar con las comunidades autónomas para actuar de manera unificada” e insta al Consell a “continuar el compromiso con la Cooperación valenciana al desarrollo”.
Gayo ha explicado que “la Cooperación al desarrollo es vital para frenar los flujos migratorios masivos y, con ello, la perdida de tantas vidas humanas. Resulta vital que desde el Gobierno de España se impulse una Cooperación Internacional suficiente y necesaria para atajar los graves problemas estructurales que sufrimos actualmente, y trasladar a la Unión Europea la necesidad de una Cooperación unitaria de los veintisiete miembros”.
“El Gobierno de España tiene que tomarse en serio la Cooperación y contar con las Comunidades autónomas para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos reconocidos. La inmigración es una cuestión de fondo que requiere medidas profundas a medio y largo plazo, y no actuar a golpe de titular como viene haciendo. Para esto es necesario una política exterior en condiciones”, ha señalado.
La propuesta presentada en les Corts recoge una serie de peticiones concretas, entre las que destacan reforzar los equipos de la Secretaría de Estado de Cooperación internacional y a su Dirección general de políticas al desarrollo sostenible para aumentar su capacidad de gestión, con medios adecuados presupuestarios y personal suficiente y formado; que se cubran los puestos vacantes de las oficinas técnicas y acabar con el déficit de personal; que se aplique el VI Plan Director de la política de cooperación para el desarrollo sostenible, tras el retraso prolongado en el desarrollo del mismo; que se apruebe la reforma de la AECID, la Ley de subvenciones para el Desarrollo o que el Gobierno lidere ante la Unión Europea el impulso y compromiso de los estados miembros con la Cooperación al desarrollo”.
Marisa Gayo: «No podemos seguir mirando a un lado mientras nuestros jóvenes son desconocedores de nuestra historia más reciente, las víctimas del terrorismo etarra».
En el debate de la nueva ley, Marisa Gayo ha señalado que “la anterior ley de Memoria que realizó el gobierno del Botánico hizo de una cuestión de justicia, recuerdo y respeto, un elemento de confrontación ideológica. Ahora proponemos una Ley que busca ensalzar la concordia y aprender a no sembrar discordia y abarca también hasta nuestros días”.
“Hemos trabajado esta Ley para que nuestra historia, toda nuestra historia, sea conocida sin sectarismos ni intereses partidistas. Las víctimas lo son con independencia del lugar donde fueran asesinadas y esta Ley de Concordia tiene como uno de sus objetivos el de construir un modelo basado en el respeto a la dignidad humana y en la convivencia excluyendo la confrontación partidista”, ha añadido.
Gayo ha afirmado que “no podemos seguir mirando a un lado mientras nuestros jóvenes son desconocedores de nuestra historia más reciente, las víctimas del terrorismo etarra. Mantiene la reparación de las víctimas. Estamos para evitar las discrepancias. No es restrictiva ni limita. Ahora se amplía y reconoce el derecho a las exhumaciones e identificación de las personas desaparecidas”.
La nueva Ley de Concordia reconoce el acceso a toda la documentación existente sobre las víctimas y establece nuevas garantías para la protección de los lugares objeto de violencia política y social. También establece un marco jurídico estable y suficiente para desarrollar políticas de concordia democrática a través de la vía reglamentaria.
Creará una Unidad de Concordia que profundizará también en las minorías, una tarea inacabada y en la que debemos trabajar. Esta Ley luchará contra el antisemitismo, el antigitanismo y la islamofobia. Esta Unidad será la encargada de seguir trabajando para, entre otros, esclarecer los casos de bebés robados y ayudar a las investigaciones del Patronato de la mujer. También, de continuar el trabajo de los fusilamientos de Paterna o los 400 valencianos que murieron en los campos de concentración nazi.
Marisa Gayo ha criticado que desde la izquierda “ataquen la Ley de Concordia, mientras querían imponer su Ley, la Memoria de las dos Españas. Una Ley que en siete años sólo desarrolló tres artículos. Que nunca se supo del Instituto y el Consejo de la memoria”.
Por último, la diputada popular ha afirmado que “la sociedad española ya pasó página del franquismo. Hay miles de historias familiares de abuelos, bisabuelos, familiares, amigos… a todos ellos les debemos vivir sin odio. Vivir en Paz, con Concordia y en Democracia. Sin instrumentalizar la historia para no faltar a su memoria”.
Marisa Gayo: «La ley consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista y de toda violencia política».
La ponente del GPP de la Ley de Concordia Democrática, la diputada Marisa Gayo, ha pedido al PSPV “menos mentiras y engaños” y ha lamentado el uso espurio de una contestación al Gobierno de España por parte de tres relatores de una agencia de la ONU con fines partidistas. La ley consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista y de toda violencia política”.
Gayo ha respondido así a las declaraciones del síndic del PSPV, José Muñoz, en las que ha llegado a amenazar con una posible salida de la ONU de la Comunitat Valenciana. “Pedimos que deje de hacer el ridículo y tenga más rigor y seriedad; menos alarmismos, mentiras y engaños” tras aclarar la propia ONU que la carta de sus relatores es una «opinión» no vinculante elaborada a instancias del Gobierno español”.
La diputada popular ha aclarado que “el famoso “informe” no es ninguna recomendación a las comunidades autónomas sino una contestación a una comunicación del Gobierno de España pidiéndoles que investiguen esas normas que, en el caso de la Comunitat Valenciana, ni siquiera está aprobada. Ellos lo que hacen es pedir información. No es en ningún caso un informe vinculante, ni un dictamen, ni unas recomendaciones de Naciones Unidas. Son tres relatores pidiendo información porque así se lo ha pedido un Gobierno”.
Marisa Gayo ha insistido en que “la contestación al Gobierno no es ningún toque de atención. Es un procedimiento que ha iniciado el Gobierno de España de forma partidista y haciendo uso de los mecanismos de Naciones Unidas. Y como toda solicitud conlleva una solicitud de información por parte de las personas que han sido reclamadas a investigar. No hay más. Solo hay que leer el final que dice que se le hagan aclaraciones por parte del Gobierno”.
La diputada popular ha señalado que “basta con echar un simple vistazo al texto dirigido literalmente a “Su Excelencia” Pedro Sánchez para percatarse de su falta de objetividad y rigor. Está lleno de insinuaciones, errores e inexactitudes que no se corresponden con el texto de la norma valenciana que se está tramitando ni son producto de ninguna investigación seria. En realidad, la Proposición de ley que tramita Les Corts trata con exquisita precisión la igualdad de todas las víctimas de la intolerancia, tanto las víctimas de la dictadura franquista como las del terrorismo”.
En este sentido, Marisa Gayo ha desvelado que “en 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez descalificó un informe de la ONU pidiendo la liberación de los golpistas independentistas presos y su indemnización. Entonces el Gobierno cuestionó su imparcialidad, despreció sus argumentos y cargó duramente contra la credibilidad y honestidad del grupo de trabajo que lo redactó”.
“Quienes ahora se llenan la boca esgrimiendo esta contestación en ningún caso vinculante de tres relatores de la ONU para atacar al Consell de Carlos Mazón son los mismos que en 2019 no tenían ningún problema en despreciarlo, atacarlo e incluso llegaban a alertar de la necesidad de evitar la utilización de esos informes con fines espurios”, ha concluido.