Muriel Laso pide auditar los exámenes y correcciones de la PAU.
La portavoz de Educación del Partido Popular vasco, Muriel Larrea, ha reclamado una auditoría externa que analice tanto las pruebas de acceso a la universidad realizadas este año en Euskadi como los criterios aplicados durante su corrección.
Larrea ha considerado que lo sucedido con los exámenes de euskera no puede reducirse a un error de gestión y ha exigido una revisión independiente que permita aclarar lo ocurrido, depurar responsabilidades y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
Una evaluación basada en el conocimiento y el esfuerzo
La representante popular ha advertido de que los principales perjudicados son los estudiantes, especialmente los procedentes del modelo A de la enseñanza concertada.
El Partido Popular vasco defiende que las pruebas de acceso a la universidad deben evaluar exclusivamente los conocimientos, las competencias y el esfuerzo académico del alumnado, sin penalizar opciones lingüísticas o modelos educativos plenamente legítimos.
Larrea ha denunciado que determinados sectores de la EHU están priorizando, a su juicio, planteamientos identitarios frente a la excelencia académica y los derechos de los estudiantes. También ha alertado del riesgo de convertir la selectividad en un instrumento de exclusión para quienes han elegido estudiar principalmente en castellano.
El PP pide responsabilidades al Gobierno vasco
La portavoz de Educación ha señalado que esta situación no puede producirse sin el conocimiento o la falta de actuación del Gobierno vasco.
Larrea ha acusado al PNV de instrumentalizar la educación y de permitir que determinadas posiciones ideológicas condicionen el funcionamiento de la universidad y el acceso de los alumnos a los estudios superiores.
También ha criticado la reducción de líneas y plazas del modelo A en la red pública, una política que, según ha explicado, lleva a muchas familias a elegir centros concertados para poder mantener el modelo lingüístico que desean para sus hijos.
La dirigente popular ha reprochado igualmente el silencio del PSE-EE y ha considerado que los socialistas vascos han antepuesto la estabilidad de su coalición con el PNV a la defensa de los alumnos afectados por las correcciones del Tribunal 11.
Una auditoría independiente y sin arbitrariedades
Larrea ha insistido en que la auditoría debe ser completamente externa, con criterios técnicos y sin interferencias políticas o académicas.
El análisis deberá estudiar el contenido de las pruebas, las instrucciones trasladadas a los tribunales, los criterios de evaluación, las correcciones realizadas y las posibles diferencias entre estudiantes y modelos lingüísticos.
El PP vasco sostiene que la transparencia es imprescindible para recuperar la confianza de los alumnos y sus familias en un proceso decisivo para el acceso a la universidad.
“Lo que ha pasado este año no puede volver a producirse”, ha subrayado Larrea.
Larrea cuestiona la cátedra de Justicia Sociolingüística
Preguntada por la futura cátedra de Justicia Sociolingüística de la EHU, financiada por la Diputación de Gipuzkoa, Larrea ha expresado su preocupación por que pueda utilizarse para tratar de condicionar el posicionamiento de los jueces en cuestiones relacionadas con la política lingüística.
La portavoz popular ha defendido la promoción y normalización del euskera, al que ha definido como una lengua de todos los vascos, pero ha rechazado que se impulse mediante la imposición, la confrontación o la presión sobre las instituciones.
El Partido Popular vasco apuesta por acompañar a la sociedad en el aprendizaje y el uso del euskera de una manera sensata, integradora y compatible con la libertad lingüística.
Larrea ha advertido de que una política basada en exigencias desproporcionadas puede generar rechazo hacia la propia lengua y ha reclamado una normalización que respete la pluralidad de la sociedad vasca.
Marisa Gayo: «El Consell moviliza cerca de 900.000 euros en ayuda humanitaria para Venezuela»
La portavoz de Derechos Humanos del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Marisa Gayo, ha defendido la respuesta humanitaria de la Generalitat ante la emergencia provocada por los terremotos en Venezuela y ha recordado que el Consell ha movilizado cerca de 900.000 euros para atender las necesidades de la población afectada.
“Que no nos den lecciones de solidaridad con Venezuela quienes la borraron de la cooperación valenciana durante ocho años”, ha afirmado Gayo en relación con la enmienda presentada por el PSPV sobre la emergencia humanitaria en el país latinoamericano.
Gayo recuerda la exclusión de Venezuela del Plan Director
La portavoz popular ha señalado que el anterior Gobierno del Botànic excluyó a Venezuela de la lista de países prioritarios del Plan Director de la Cooperación Valenciana y no destinó ayudas al país en materia de cooperación al desarrollo.
“Fue precisamente el Botànic quien expulsó a Venezuela de la lista de países prioritarios de la Cooperación Valenciana. El PSPV y Compromís ignoraron al pueblo venezolano durante ocho años y ahora se acuerdan de él”, ha manifestado.
Gayo ha calificado la enmienda socialista como “un ejercicio de propaganda” y ha explicado que no plantea crear una nueva línea de ayuda, sino reducir en cinco millones de euros una partida de 8,7 millones destinada a cooperación internacional para sustituirla por otra.
Cerca de 900.000 euros para actuaciones humanitarias
Frente a esta propuesta, la diputada popular ha puesto en valor la rapidez con la que actuó el Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca tras los terremotos registrados el 24 de junio.
Según ha explicado, la Generalitat movilizó equipos de rescate en apenas 48 horas y activó ayudas cercanas a los 900.000 euros para desarrollar actuaciones humanitarias inmediatas.
A través de los convenios de cooperación con Farmamundi y Cruz Roja, se desplegaron tres centros ambulatorios de atención sanitaria y se distribuyeron suministros de primera necesidad y equipos de cocina para situaciones de emergencia.
El Ejecutivo valenciano también ha previsto una línea específica dirigida a la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas, cuya publicación está prevista para septiembre.
“Este Gobierno actúa con rapidez, eficacia y responsabilidad”, ha subrayado Gayo, quien ha destacado que la respuesta de la Generalitat se puso en marcha desde los primeros momentos de la emergencia.
Respuesta activada en dos días
Gayo también ha comparado los tiempos de reacción de ambos gobiernos autonómicos ante distintas emergencias internacionales.
La portavoz popular ha recordado que, después del terremoto de Siria, el Ejecutivo del Botànic tardó cerca de dos meses en convocar el Comité de Acción Humanitaria y de Emergencia y tres meses en resolver las ayudas.
En el caso de Venezuela, ha señalado, el actual Consell activó el mecanismo de emergencia en dos días y resolvió la convocatoria en poco más de dos semanas.
“Esa es la diferencia entre utilizar las tragedias para hacer política y ponerse a trabajar desde el primer momento”, ha concluido.
El Partido Popular de la Comunitat Valenciana reafirma su compromiso con una cooperación internacional eficaz, responsable y capaz de ofrecer una respuesta inmediata ante las emergencias humanitarias.
Carlos Novillo: «La Comunidad de Madrid logra contener más del 81% de los incendios forestales»
La Comunidad de Madrid ha logrado que más del 81% de los incendios forestales registrados en la región durante 2026 se hayan quedado en conatos, al afectar a una superficie inferior a una hectárea.
Entre el 1 de enero y el 12 de julio se han contabilizado 159 siniestros, de los que 129 no superaron esa extensión, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Novillo ha señalado que estos resultados responden al trabajo preventivo desarrollado durante todo el año y a la rápida intervención de los profesionales que forman parte del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, INFOMA 2026.
Menos superficie afectada por los incendios
Los incendios registrados en lo que va de año han afectado a 122,24 hectáreas, de las que únicamente 1,96 corresponden a superficie arbolada.
Aunque el número de siniestros supera ligeramente la media de años anteriores, la superficie quemada es cuatro veces inferior a la registrada como promedio en el periodo de referencia.
Los incendios forestales más relevantes se han producido en El Molar, con aproximadamente 13,7 hectáreas afectadas; Gargantilla del Lozoya y Pinilla del Valle, con 6,84; Zarzalejo, con 6,58; Alcobendas, con 3,5; y Colmenar de Oreja, con 3,24 hectáreas.
Todos estos incendios están siendo investigados por el Cuerpo de Agentes Forestales para determinar sus causas.
“Estas cifras reflejan la rapidez y eficacia del operativo, pero no debemos confiarnos y tenemos que seguir atentos a las recomendaciones de los profesionales ante semanas de riesgo extremo”, ha advertido Novillo.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
El consejero ha recordado que el INFOMA permanece activo durante los doce meses del año, aunque el periodo de riesgo alto se extiende desde el 15 de junio hasta el 30 de septiembre.
Cuando todavía queda más de la mitad de la campaña, el Ejecutivo regional ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución y sigan las indicaciones de los servicios de emergencias.
La Comunidad de Madrid mantiene activas distintas campañas de sensibilización en redes sociales para prevenir negligencias en espacios naturales, recordar la necesidad de llamar al 112 al detectar humo y explicar cómo actuar ante un incendio.
También se ha alertado del riesgo de plantar arizónicas cerca de las viviendas, debido a la elevada combustibilidad de sus resinas y de sus ramas secas.
Más de 5.600 hectáreas de trabajos preventivos
Durante este año, el Gobierno regional ha desarrollado actuaciones preventivas en 5.652 hectáreas mediante trabajos selvícolas, siegas de verano, pastoreo controlado y mantenimiento de cortafuegos.
La gestión forestal, la limpieza del terreno y la coordinación de los Agentes Forestales con agricultores y entidades agrarias resultan fundamentales para disponer de montes mejor preparados y garantizar una cosecha segura.
Durante los periodos de riesgo alto también se limita el uso de maquinaria como desbrozadoras, radiales o sopletes en terrenos forestales y en la franja de 400 metros que los rodea.
Más de 6.100 profesionales y voluntarios
El operativo INFOMA 2026 cuenta con más de 6.100 profesionales y voluntarios, un 2,3% más que el pasado año. La Comunidad de Madrid ha elevado su dotación hasta los 52,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,5%.
A esta inversión se suman los 38,7 millones de euros aprobados por el Consejo de Gobierno para adquirir 36 vehículos autobomba rural pesada.
Cada jornada participan en el dispositivo 571 efectivos distribuidos entre 22 parques de bomberos, 25 retenes de brigadas forestales, 38 torres de vigilancia, 17 dotaciones con autobomba forestal pesada, dos puntos de intervención rural y un Grupo Especial de Drones.
El operativo incluye además a más de 2.200 integrantes del Cuerpo de Bomberos autonómico, más de 350 agentes forestales, 3.420 voluntarios de Protección Civil pertenecientes a 113 agrupaciones locales y 180 profesionales de Madrid 112.
Tecnología y vigilancia las 24 horas
El dispositivo dispone de ocho helisuperficies y diez helicópteros, tres bases de maquinaria, 27 autobombas pesadas, dos unidades mecanizadas, ocho camiones nodriza y 49 vehículos todoterreno.
También incorpora satélites, sistemas avanzados de telecomunicaciones, drones y cámaras de vigilancia que permiten reforzar la detección temprana y mantener la capacidad de respuesta durante las 24 horas del día.
Apoyo a otras comunidades autónomas
La Comunidad de Madrid también ha colaborado con otras autonomías mediante el envío de medios humanos y materiales.
El Ejecutivo regional ha participado en las labores de extinción de los incendios declarados el 2 de julio en Leciñena, Zaragoza, y el 10 de julio en El Barraco, Ávila, y Ocaña, Toledo.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid reafirma así su compromiso con la prevención, la coordinación entre administraciones y la protección de los ciudadanos y del patrimonio natural frente a los incendios forestales.
Alma Ezcurra anuncia más seguridad jurídica para los agentes que protegen las fronteras.
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha anunciado que el PP registrará una reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para reforzar el amparo jurídico de la Policía Nacional y la Guardia Civil ante los intentos de entrada irregular por vía marítima.
Ezcurra ha explicado que la iniciativa pretende regular el rechazo en frontera de las personas que traten de acceder irregularmente a Ceuta o Melilla a nado, garantizando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan intervenir “con toda la legalidad y con todas las garantías”.
El anuncio se produce después de que el Tribunal Supremo confirmara que la legislación vigente no permite aplicar el régimen especial de rechazo en frontera a quienes intentan entrar a nado, al estar actualmente vinculado a los elementos físicos de contención fronteriza.
Adaptar la ley a las nuevas rutas de entrada
Ezcurra ha recordado que la regulación actual contempla el rechazo de las personas detectadas mientras intentan superar los elementos de contención de las fronteras de Ceuta y Melilla.
La disposición adicional décima de la Ley de Extranjería establece, además, que cualquier actuación debe respetar la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional suscrita por España.
La dirigente popular ha señalado que la presión migratoria en ambas ciudades autónomas se está produciendo ahora fundamentalmente por mar, por lo que considera necesario adaptar la legislación a esta nueva realidad.
Según ha indicado, la reforma cuenta con el aval de la Abogacía del Estado. Ezcurra ha pedido a todos los grupos con representación parlamentaria que respalden una modificación dirigida a ofrecer seguridad jurídica a los agentes encargados de proteger las fronteras.
El PP alerta del aumento de la ruta balear
Durante su intervención en Palma de Mallorca, Ezcurra ha advertido del crecimiento de las llegadas irregulares a Baleares. Ha señalado que el pasado año entraron de forma irregular unas 7.500 personas, frente a las aproximadamente 700 registradas en 2018.
“La mayor parte de las rutas de inmigración irregular en Europa están disminuyendo, pero la ruta balear, la denominada ruta argelina, está aumentando”, ha subrayado.
La vicesecretaria popular ha defendido que “cualquier país que se quiera tomar en serio a sí mismo tiene que proteger sus fronteras” y ha reclamado una mayor cooperación con los países de origen y tránsito para controlar las redes y reducir las salidas irregulares.
Más medios para quienes protegen las fronteras
Ezcurra también ha denunciado un “repliegue del Estado” en Baleares y ha advertido de las dificultades que encuentran los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros empleados públicos para trabajar y residir en las islas.
“Si no protegemos a las personas que nos protegen, ¿qué estamos haciendo con nosotros mismos?”, se ha preguntado.
El Partido Popular defiende el refuerzo de los medios humanos y materiales destinados al control fronterizo, así como unas condiciones adecuadas para los policías nacionales, guardias civiles y servidores públicos desplazados a Baleares.
Una política migratoria ordenada y responsable
Ezcurra ha advertido de que una gestión desordenada de la inmigración irregular puede aumentar la presión sobre la seguridad, la vivienda y los servicios públicos.
La dirigente popular ha situado como ejemplo el incremento de los expedientes vinculados al proceso de regularización impulsado por el Gobierno. Según ha señalado, las previsiones iniciales en Baleares rondaban las 10.000 solicitudes, mientras que ahora se situarían en unas 33.000.
Ezcurra ha concluido que la respuesta no depende únicamente de los recursos económicos, sino también de la “voluntad política”. El Partido Popular defiende una política migratoria legal, ordenada y vinculada a las necesidades laborales, que proteja las fronteras, persiga a las redes de tráfico de personas y garantice el respeto a los derechos humanos.
Ester Muñoz: «El Gobierno ataca a los jueces para evitar explicar la corrupción»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado al Gobierno de construir un “relato político” con el objetivo de “intentar no dar explicaciones de la corrupción que rodea al presidente del Gobierno”.
Durante una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, de La Sexta, Muñoz ha recordado que el propio abogado de David Sánchez ha negado haber apreciado lawfare o actuaciones prevaricadoras por parte de los jueces.
La dirigente popular ha advertido de que “todos aquellos regímenes autoritarios gobernados por populistas siempre empiezan igual, atacando a los jueces”, y ha calificado de “muy peligroso” que miembros del Consejo de Ministros acusen a magistrados de prevaricar cuando sus resoluciones no favorecen los intereses del Gobierno.
El Gobierno intenta desviar el contenido de la sentencia
Muñoz ha señalado que el Ejecutivo “está mintiendo” al tratar de centrar el debate únicamente en la absolución por tráfico de influencias, cuando, según ha explicado, la sentencia dedica “más de 100 folios” a fundamentar una condena por prevaricación.
“Todos aquellos que están diciendo que se le ha condenado por ser hermano del presidente mienten”, ha afirmado. La portavoz popular ha incidido en que la resolución judicial no condena por el parentesco con Pedro Sánchez, sino por la comisión de un delito de prevaricación.
Muñoz ha sostenido que ha quedado acreditado que se creó “una plaza ad hoc” para David Sánchez por parte de compañeros del Partido Socialista. Aunque no se haya podido probar judicialmente la existencia de tráfico de influencias, ha considerado que “ha quedado acreditado el nepotismo” y que “le han regalado una plaza”.
Defensa de la independencia judicial
La portavoz del GPP ha recordado que España cuenta con “un sistema garantista y con un poder judicial independiente que enjuicia cuando la gente comete actos que son ilícitos”.
El Partido Popular defiende el respeto a las decisiones judiciales, la separación de poderes y la independencia de jueces y magistrados frente a cualquier intento de presión o deslegitimación política.
Muñoz ha advertido de que las instituciones democráticas deben respetarse incluso cuando sus resoluciones no coincidan con los intereses del Gobierno o de los partidos que lo integran.
Muñoz critica los insultos de Óscar Puente a Feijóo
La dirigente popular también ha censurado los insultos del ministro Óscar Puente al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que el ministro “ha sido maleducado”.
“No es normal hablar en esos términos del jefe de la oposición”, ha señalado Muñoz, quien atribuye estos ataques al nerviosismo existente en el Gobierno ante la evolución de los casos que afectan al entorno político y personal del presidente.
“Están muy nerviosos y ansiosos porque están viendo cómo se va cayendo su castillo de naipes. Por eso prefieren ese tipo de insultos”, ha añadido.
El CIS y la negativa de Sánchez a convocar elecciones
Preguntada por los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, Muñoz ha ironizado con que “cada vez que hay un caso de corrupción, el CIS suele poner todavía más puntos de distancia entre el Partido Socialista y el Partido Popular”.
La portavoz parlamentaria ha cuestionado la credibilidad de esos resultados y ha señalado que, si los datos reflejaran realmente la situación electoral, “Pedro Sánchez ya habría convocado elecciones”.
Confianza en la selección española
Sobre la final del Mundial, Muñoz ha expresado su confianza en que la selección española conquiste el torneo. Además, ha mostrado su preferencia por una final frente a Argentina, al considerar que sería “una final hispanoamericana”.
Feijóo: «La democracia no puede subordinarse al proyecto personal de nadie»
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a las fuerzas democráticas de Europa e Iberoamérica a reforzar su cooperación frente al avance del populismo, el autoritarismo y la degradación institucional. “Basta ya de corrupción política, de poder autocrático y de destrucción de valores”, ha proclamado durante la apertura del EPP Libertas Forum, celebrado en Madrid.
Feijóo ha advertido de que los dirigentes autoritarios pueden llegar al poder mediante procedimientos democráticos para después debilitar los contrapesos institucionales. “Si recela de los jueces, desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, cuestiona la independencia de las instituciones y teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más: ese es un presidente autoritario”, ha aseverado.
El presidente del PP ha subrayado que el deber de quienes defienden la democracia es desenmascarar estas prácticas, porque “la democracia nunca puede estar subordinada al proyecto personal de nadie”.
Más libertad, más unidad y más democracia
Frente a los autoritarismos, Feijóo ha defendido “más libertad”; frente a la división, “más unidad”; y frente al miedo, “más democracia”. En este sentido, ha reivindicado el Libertas Forum como un proyecto estable de cooperación entre partidos y organizaciones comprometidos con la dignidad de la persona, la libertad individual, la separación de poderes y el imperio de la ley.
El presidente del Partido Popular ha garantizado que un futuro Gobierno del PP situará a España del lado de Europa, del vínculo atlántico, de las instituciones independientes, de la igualdad de oportunidades, de la propiedad privada y de la defensa de la libertad.
“España, más pronto que tarde, se incorporará al despertar democrático que permita reconstruir nuestras instituciones, nuestras libertades individuales y nuestras alianzas históricas”, ha afirmado. Asimismo, ha asegurado que “España dejará atrás los tiempos en los que un Gobierno elegido democráticamente blanqueó e hizo negocios con dictaduras”, porque “el cambio está más cerca”.
Una alianza entre Europa e Iberoamérica
Feijóo ha defendido la creación de una alianza estable entre Europa e Iberoamérica para responder conjuntamente a los desafíos del populismo y del deterioro democrático. A su juicio, Occidente no debe replegarse, sino reafirmar los principios que han permitido construir sociedades libres y prósperas.
El presidente del PP ha reivindicado la “fraternidad entre Europa e Iberoamérica” frente a las políticas de rivalidad, enfrentamiento o revancha. Ambos espacios conforman, ha recordado, una comunidad estratégica de más de 1.100 millones de personas, con un enorme potencial para impulsar la prosperidad, la competitividad, el comercio y la inversión.
Feijóo ha alertado de que comunistas, populistas, autoritarios, dictadores y radicales han aprendido a tolerar sus diferencias para actuar unidos contra las democracias liberales. Por ello, ha considerado imprescindible que quienes defienden “la persona, la libertad y la ley” refuercen también su colaboración internacional.
“Occidente representa la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la independencia judicial, los derechos humanos y el Estado de Derecho. ¿Esto es lo que se tiene que replegar?”, se ha preguntado.
Apoyo a quienes defienden la libertad
Durante su intervención, Feijóo ha expresado la solidaridad del Partido Popular con el pueblo venezolano y con quienes trabajan por la reconstrucción del país y por la recuperación de sus libertades.
También ha reivindicado la resistencia de quienes se enfrentan a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, señalando que constituyen la demostración de que “el anhelo de libertad nunca desaparece”.
El presidente del PP ha celebrado las señales de esperanza que se están produciendo frente a los regímenes autoritarios iberoamericanos y ha reclamado al presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que Latinoamérica sea una prioridad para la Unión Europea y reciba una atención estratégica equiparable a la que durante décadas se ha dedicado a Norteamérica.
“El futuro de Europa e Iberoamérica debe construirse sobre nuestros valores compartidos, la libertad, la democracia y la cooperación. No levantando muros, sino creando oportunidades para nuestros ciudadanos”, ha concluido.







